¿Es Barcelona una ciudad violenta?

Barcelona: la Sagrada Familia, el Camp Nou, la Font Màgica de Montjuïc. Turistas por todas partes: asiáticos haciendo fotos a la Pedrera, europeos con chanclas y calcetines paseando por las Ramblas, norteamericanos de fiesta en el Port Olímpic. 'Bicing' y coches de lujo, tiendas de recuerdos en el Raval y 'boutiques' en el Paseo de Gracia, 'hipsters' y alternativos conviviendo en armonía; postales bucólicas de una ciudad aparentemente paradisiaca.

En 2011, las imágenes del desalojo de Plaça Catalunya dejaron clara la distancia existente entre esas postales idílicas y la realidad de la ciudad. A ello también colaboró la emisión del documental 'Ciutat Morta' sobre el caso 4F en el segundo canal de la televisión pública catalana. El reportaje congregó a más de medio millón de personas frente al televisor, un 19% del share: una cifra absolutamente inhabitual en un canal que normalmente se mueve alrededor de un 1,5% de audiencia.

La alarma social se magnificó con el caso de Esther Quintana, la manifestante que perdió un ojo tras ser alcanzada por una bala de plástico, y estalló definitivamente con hechos como la paliza que propinaron los Mossos d'Esquadra a un transeúnte en el Pou de la Figuera hace escasas semanas. Una vez pasado el torbellino mediático provocado por 'Ciutat Morta', sin embargo, en VICE hemos querido preguntarnos hasta qué punto choca la imagen de ciudad perfecta e idílica con la realidad.

"Barcelona no es una ciudad violenta de ningún modo, y sus cuerpos de seguridad tampoco lo son", asegura Carles Reyner, portavoz de la Guardia Urbana. "Los delitos que se cometen aquí son de baja intensidad. Creo que a veces tenemos la piel muy fina, deberíamos viajar por el mundo para ver y comparar". Si bien es cierto que los niveles de criminalidad de la Ciudad Condal son relativamente bajos en comparación con los de otras ciudades del mundo, también es verdad que son de los más altos del Estado. La polémica generada en los últimos tiempos, sin embargo, no apunta tanto al crimen en sí como a la gestión del mismo por parte de los fuerzas de seguridad.

"En Barcelona la situación es preocupante: tenemos un grave problema social en lo referido a vejaciones, malos tratos e incluso torturas", avisa Andrés García Berrio, abogado y miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona. De hecho, la Plataforma por la Prevención de la Tortura, de la que García Berrio es miembro, registró en su informe de 2013 hasta 31 casos de malos tratos policiales en la provincia de Barcelona. "En el caso concreto de la Guardia Urbana, tenemos a sus agentes persiguiendo manteros, trabajadores sexuales, lateros… E incluso hemos registrado actuaciones con componentes discriminatorios y racistas", explica el joven abogado.

La ONG Amnistía Internacional, que elabora cada año un informe sobre la situación de los Derechos Humanos alrededor del mundo, registró el abuso de la fuerza policial como una de sus principales preocupaciones en España el pasado 2014. El caso de Barcelona recibió una mención especial. Sobre ello habla Dani Vilaró, responsable de comunicación de Amnistía Catalunya: "creemos que Barcelona tiene un problema serio en lo referente al maltrato y a la tortura policiales. No decimos que sea algo sistemático, sino que es persistente: pasan los años y sigue el goteo de casos", explica. Vilaró, además, apunta a uno de los mayores problemas de los maltratos: la impunidad.

"Los políticos y responsables de los fuerzas de seguridad, siempre con excepciones loables, han decidido mirar hacia otro lado en lo referente a los malos tratos", explica García Berrio: "las autoridades muestran una confianza total en los cuerpos y nunca buscan a las ONGs para usarnos como elementos de control", asegura. Vilaró se expresa en términos similares: "Nos entrevistamos regularmente con miembros del Gobierno y de los cuerpos policiales y la sensación es que las autoridades niegan que exista un problema. Se nos asegura que hay pocos casos y que ya se investigan, pero a nosotros nos parece insuficiente".

Según Vilaró, negar la existencia de estos casos lleva implícita la impunidad efectiva: "si no se investiga, no se establecen medidas eficaces para controlar los abusos", declara. A ello se le une una tendencia que recibe una escasa cobertura mediática: la concesión de indultos a agentes condenados por maltratos. "El Gobierno recurre muchas veces a la figura del indulto en estos casos pasado un tiempo, cuando nadie se acuerda de ellos. Esto abre la puerta a la impunidad", afirma Vilaró.

Desde la Guardia Urbana, Reyner admite que en cuerpos de seguridad grandes (de 3.500 a 4.000 agentes, en el caso de la GU) siempre puede haber errores, pero defiende la buena voluntad del cuerpo: "Todas las fuerzas estamos sometidas a la ley. Se ha dicho que la Guardia Urbana suma más denuncias por maltratos que el resto de cuerpos del Estado juntos y eso es falso. Tenemos un código deontológico como referencia y un servicio interno dedicado a la investigación de los abusos", explica. El portavoz asegura que el cuerpo está "muy preocupado" por la situación: "Creemos que los casos son puntuales, aunque si fuese uno solo ya sería preocupante. Sin querer rehuir la responsabilidad, no obstante, tampoco podemos caer en la necesidad de autojustificarnos constantemente, porque así no podríamos trabajar", argumenta. Reyner va más allá y apunta a intereses más oscuros: "El caso 4F nos ha hecho mucho daño e incluso se ha instrumentalizado políticamente en contra nuestra. Nuestra actuación se ha visto como una prueba más de que el sistema no funciona y ello beneficia a aquellos políticos que dicen querer sustituirlo", asegura el portavoz.

¿Existe alguna solución para terminar con estos casos y con el clima de desconfianza que generan? "Estamos en un momento de cambio social en relación con los Derechos Humanos. La sociedad civil cada vez está mejor organizada y tiene mejores instrumentos", explica García Berrio: "antes la violencia policial la sufrían los colectivos marginalizados que no tenían herramientas: la llegada del 15-M provoca un cambio de paradigma. Todos dijeron 'podría haber sido yo', y eso cambia la situación". La implicación del ciudadano, por lo tanto, podría ser el catalizador que necesita este grave problema: "desde Amnistía Internacional creemos que los casos más mediáticos han arrojado luz sobre estos problemas y mucha gente ha abierto los ojos", asegura Vilaró: "la sociedad ha visto que el problema existe y está dispuesta a trabajar para solucionarlo".

Les toca mover ficha, pues, a los cuerpos de seguridad: "Sabemos que debemos adaptarnos y evolucionar paralelamente a la sociedad. Estamos convencidos de que ofrecemos un buen servicio, pero tenemos que explicarlo bien y seguir mejorando", reflexiona Reyner. El portavoz de la Guardia Urbana barcelonesa apuesta por el uso de la tecnología para ayudar a solventar el conflicto: "Estamos trabajando en la posibilidad de que los agentes lleven una cámara en todo momento: eso es una garantía para todos, tanto para el policía como para el ciudadano", explica.

Convertir Barcelona en un lugar mejor, pues, está en manos de las autoridades, pero también de la ciudadanía: "Creo que estamos dando un cambio cualitativo y que el sentido crítico permanecerá. Estamos en un momento de transformación, cada vez tenemos más herramientas y nos organizamos mejor", explica García Berrio. "Para solidificar el cambio será necesario el trabajo de hormiguita, día a día, combinado con una buena labor estratégica, política y comunicativa. Solo así aseguraremos que no se nos apague la voz", concluye.