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​¿Será delito de terrorismo insultar a los Reyes en las redes sociales?

El 1 de julio entra en vigor el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que puede recortarnos libertades.

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Hay mucho debate en torno a la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, del nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida popularmente como Ley Mordaza, que ha despertado ya la movilización entre ciertos colectivos que consideran que esta nueva ley va a traer aparejadas situaciones como: "Sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. Leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta", como denuncia el Colectivo Diagonal.

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También será delito protestar frente al Congreso o grabar a la policía sin su consentimiento. Lo que proponen ante esta Ley aprobada por el PP es la desobediencia y la manifestación de repulsa frente a lo que se considera una injusticia. El caso es que según los expertos es una reforma muy importante para la sociedad. "Se trata de una reforma ambiciosa que modifica varios centenares de artículos de nuestro actual Código Penal", afirma Manuel Marchena Perea.

Entre las últimas polémicas que ha levantado esta ya, de por sí, polémica ley, desde algún medio se ha apuntado la posibilidad de que pueda ser considerado delito de terrorismo insultar a la Corona desde las redes sociales. Así lo destaca, por ejemplo, EcoRepublicano. Es verdad hace un tiempo ya vimos cómo se castigaba con el secuestro de una publicación de humor satírico una portada protagonizada por Don Felipe y Doña Letizia y que propició que gran parte del núcleo duro de la revista El Jueves emigrara hasta Orgullo y Satisfacción, una nueva cabecera en la misma línea combativa.

¿Pero qué pasará ahora con el nuevo Código Penal de inminente entrada en circulación? En principio solo ha existido un cambio en la redacción, estaba castigado y sigue estando, pero habla de "delitos graves" contra la Corona, no hace mención a críticas, ni al uso de las redes sociales. Así que por ese lado no nos van a considerar terroristas por hacerlo. Aunque cuidado con el uso del humor en las redes sociales. Como se ha podido comprobar en los últimos días, puede resultar realmente peligroso.

Consultamos a Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo para que nos los explique: "Ha cambiado en el régimen jurídico que se puede aplicar a los delitos contra la Corona (arts. 485-491 CP) cuando concurren determinadas finalidades. Las injurias a la Corona seguirán castigadas con pena de prisión o de multa. Sin embargo, si el delito contra la Corona -por ejemplo, unas amenazas- se comete con ciertas finalidades, se aplicará en nuevo artículo 573 y se considerará un acto de terrorismo".

¿Y cuáles son estas finalidades? Nos lo explica el mismo profesor: "Subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella".

Y si esto pasa, o se demuestra, vienen las consecuentes penas: "En general, la pena prevista para las injurias a la Corona es prisión de seis meses a dos años o multa dependiendo de la gravedad. Si se le da el tratamiento de acto de terrorismo por apreciarse la concurrencia de esas circunstancias que mencionaba, la pena podría ser superior".

Aclarado, pues, el punto de la monarquía y el terrorismo. Lo que sí esta claro es que esta nueva Ley Mordaza va a traer grandes "restricciones en nuestras libertades de asociación y reunión", como comentó Carlos Escaño, de la Plataforma No Somos Delito, durante la protesta con hologramas con la que trataron de ironizar hace unos meses sobre esta notable restricción de libertades que vamos a sufrir todos a partir del próximo 1 de julio. Y que fue aprobada por el Gobierno, desatendiendo las críticas de ONGs, distintos movimientos sociales, la Unión Europea y la ONU.