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Canadá contempla derogar sus leyes racistas e investigar las muertes de los indígenas

Justin Trudeau ha prometido “una reformulación absoluta de las relaciones entre Canadá y los ciudadanos aborígenes de todo el mundo” y abrirá una pionera investigación oficial sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres aborígenes.
Justin Ling
Montreal, CA
Imagen vía Adrian Wyld/The Canadian Press
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El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau ha prometido "nada más y nada menos que una reformulación absoluta de las relaciones entre Canadá y los ciudadanos aborígenes de todo el mundo". Así se ha manifestado en una reunión mantenida con representantes de las distintas comunidades aborígenes que viven en Canadá.

Trudeau se dirigió a los medios de comunicación antes de comparecer ante una reunión con una asamblea de ciudadanos autóctonos celebrada ayer en Gatineau, Quebec. El primer ministro canadiense dio la bienvenida a los asistentes a la cumbre en seis de las distintas lenguas aborígenes que se hablan en su país.

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Trudeau subrayó cinco de las promesas de su campaña electoral, referidas a reiniciar y fortalecer las relaciones del gobierno con sus ciudadanos indígenas. Y lo hizo incluso mientras su gobierno todavía era incapaz de reformar la legislación que traza las relaciones entre la administración canadiense y muchos de los aborígenes de todo el país — la llamada Ley Indígena.

Ayer, sin embargo, cuando el primer ministro recordó las cinco promesas que piensa enarbolar, los jefes provinciales de las distintas comunidades prorrumpieron en una sonora ovación.

La primera medida adoptada ha sido anunciar el compromiso del gobierno para abrir una investigación sobre el asesinato y las desapariciones de varias mujeres aborígenes. Trudeau se ha propuesto erradicar de raíz las causas de tales crímenes, los factores sociales que hay detrás de ellos, el proverbial fracaso del gobierno para combatirlos y las circunstancias generales que los han provocado. Según el flamante primer ministro, la violencia contra las mujeres indígenas es "una tragedia nacional".

De tal manera, las reuniones y los encuentros con las familias de las víctimas han sido programados de manera inmediata y arrancarán el próximo viernes.

El gobierno ha hecho caso de los múltiples llamamientos de las comunidades y las organizaciones aborígenes. Estas han pedido que las investigaciones no arranquen hasta que varios de sus depositarios hayan expresado sus puntos de vista. Las consultas podrían prolongarse durante meses. Mientras tanto, el gobierno deberá diseñar los detalles de la investigación, que será desplegada en algún momento de los dos próximos años.

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Today, we announce the launch of a national inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls: — Justin Trudeau (@JustinTrudeau)December 8, 2015

Tuit del primer ministro "Justin Trudeau: hoy anunciamos la apertura de una investigación sobre las desapariciones y los asesinatos de varias mujeres y niñas indígenas".

Carolyn Bennet, responsable de la cartera ministerial sobre Asuntos Indígenas, ha prometido que el gobierno se tomará "todo el tiempo que haga falta para hacer las cosas bien".

Las mujeres indígenas del Canadá encabezan, con mucha diferencia, una de las estadísticas más luctuosas de la violencia sexista en el país norteamericano: se asesina seis veces más a mujeres aborígenes que a ciudadanas canadienses no aborígenes. Así lo establecen las estadísticas del país. Igualmente, los hombres aborígenes son asesinados en cantidades mayores a las registradas entre los ciudadanos no aborígenes del país. De tal manera, se ha decidido que la investigación contemplará casos tanto masculinos como femeninos.

El Congreso Aborigen del Canadá, que representa a muchos aborígenes integrados en la vida urbana, ha calificado la investigación como una "medida valiente". El máximo responsable del organismo en cuestión, Dwight Dorey, ha añadido, además, que ya iba siendo hora de que las peticiones de más de 1.200 abuelas, madres, hermanas, tías, hijas, primas y amigas sean escuchadas. Hacía demasiado tiempo que habían sido ignoradas", ha dicho.

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Trudeau también ha prometido redoblar la inversión en la educación de las comunidades aborígenes de manera "significativa" — se estima que si Trudeau respeta la cifra prometida, alrededor de 500 millones de dólares serán destinados anualmente a tal efecto.

Además, el primer ministro canadiense también ha prometido satisfacer todas las recomendaciones emitidas por la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, y se ha comprometido a adoptar la declaración por los Derechos de los Aborígenes de Naciones Unidas. De tal forma, su administración incrementará el presupuesto destinado a la educación de las comunidades aborígenes — además de otras, como instituir una jornada festiva para rendir tributo a los supervivientes de los maltratos en las escuelas públicas, reescribir el juramento de fidelidad a la patria canadiense en las ceremonias de ciudadanía, e incorporar el reconocimiento de las comunidades aborígenes. Claro que adoptar las promesas podría ser más complicado que formularlas.

Uno de los compromisos que fue saludado con una cerrada ovación por parte de los jefes de las comunidades, ha sido el de derogar el límite de las cantidades contempladas por el gobierno, para así incrementar la financiación de los ayuntamientos por encima del dos por ciento que cifra actualmente la ley.

"Es una medida que no ha tenido en cuenta el crecimiento demográfico de nuestras comunidades ni el coste de llevar a cabo los programas contemplados", ha expresado Trudeau.

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Otras de las promesas proclamadas por el primer ministro durante su campaña presidencial ya han sido impulsadas. Sin embargo, Trudeau quiso ofrecer nuevas garantías a los jefes de las comunidades, como derogar todas las leyes discriminatorias para con los aborígenes proclamadas por los gobiernos anteriores al suyo.

"Vamos a llevar a cabo una revisión exhaustiva de la legislación impuesta de manera unilateral por el gobierno anterior sobre la población indígena", explicó Trudeau. "Y nos encargaremos de evaluar todas aquellas medidas que pongan en entredicho vuestros derechos, todas aquellas que sean incompatibles con el principio de gobernabilidad, y aquellas que no tengan sentido a nivel de política pública. Todas las estipulaciones legales que sean consideradas inadecuadas, serán abolidas"

'Vamos a llevar a cabo una revisión exhaustiva de la legislación impuesta de manera unilateral por el gobierno anterior sobre la población indígena'

Pese a todo, la promesa no se ha hecho extensible a la ordenanza del articulado legal canadiense que ha provocado la reformulación entera de la relación de la administración de Ottawa con las comunidades aborígenes — la bochornosa y perversa Ley Indígena.

Se trata de una ley que tiene más de 140 años de antigüedad. Esta prohibía las religiones tradicionales y las prácticas culturales de las comunidades indígenas, suprimió el derecho al sufragio de la población aborigen, y cifró múltiples restricciones en el comercio con los aborígenes, entre otras muchas medidas aberrantes.

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La Ley Indígena ha sido enmendada de manera extensible para erradicar todos aquellos epígrafes discriminatorios. Sin embargo, sigue determinando la manera en que las comunidades aborígenes eligen a sus representantes municipales, sigue interponiendo prohibiciones a las exenciones fiscales y, en última instancia, deja todas las decisiones financieras en manos del gobierno canadiense.

La ministra de Asuntos Aborígenes, Carolyn Bennett afirmó ayer que su administración está "absolutamente" dispuesta revocar la legislación actual.

Bennet anunció en compañía de Patty Hajdu, ministra de Asuntos sobre la Mujer, y de Jody Wilson-Raybould, ministra de Justicia, los primeros detalles de la investigación gubernamental sobre la desaparición y el asesinato de mujeres aborígenes en Canadá.

Wilson-Raybould se refirió específicamente al papel que jugará la ley Indígena en la investigación.

"Será uno de los asuntos a debatir", explicó la ministra. "Y no solo para establecer los temas de la investigación. Nuestra intención es escuchar la opinión de las familias, escuchar la opinión de las organizaciones aborígenes nacionales y la de muchos otros, para encontrar la manera de atacar la raíz del problema, de la pobreza y de la marginación. No nos cabe duda que la precariedad de las estructuras del gobierno para combatir los problemas de las comunidades indígenas es una de las causas del conflicto".

Sin embargo, la comunidad indígena sigue mostrándose dividida sobre cómo abordar el problema. No existe un consenso sobre qué hacer con la ley: si revisarla, derogarla, reescribirla o incluso — tal y como han sugerido algunos académicos de derechas —, abolirla junto con el resto de legislaciones sobre la reserva indígena.

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La ley se refiere a las comunidades indígenas, lo cual significa que otros grupos como los Métis o los esquimales Inuit del Canadá no están contemplados en su redactado.

En declaraciones emitidas ayer, el responsable nacional de la Asamblea de Comunidades Indígenas, Perry Bellegarde, proclamó que Canadá tiene que avanzar y dejar atrás la ley Indígena. Y no es el primero en expresarse en tales términos.

Cuando el gobierno liberal de 2002 enmendó la legislación, la Asamblea de Comunidades Indígenas condenó la medida por considerarla como un remiendo perezoso.

"La ley Indígena es un documento racista. ¿Por qué deberíamos construir nada basado en un documento racista?", proclamó el entonces responsable de la Asamblea, Matthew Coone Come, a la cadena CBC.

Uno de los sucesores de Coon Come al frente de la Asamblea, Shawn Atleo, expresó qué le parecía la ley Indígena sin tapujos en una columna de opinión publicada por el periódico Toronto Star en 2010.

"La ley Indígena nos fiscaliza desde la cuna hasta la tumba. La ley estipula que, una vez hemos llegado a este mundo, es el gobierno quien tiene que decidir si se nos considera indios o no. Y cuando fallecemos es el gobierno el que dispone de todas las potestades y atribuciones sobre nuestras herencias y propiedades. De hecho, la ley ampara al gobierno para que decida todo lo relacionado con la población india. Faculta incluso al gobierno con la potestad de arrebatarnos a nuestros hijos y matricularles en escuelas públicas. La ley ha secuestrado nuestro desarrollo político y económico, e interpone una diabólica e imparable burocracia para impedir nuestro acceso a todo lo relacionado con los asuntos indígenas", escribió Atleo.

El último intento por llevar a cabo la reforma se produjo en 2012, cuando el congresista conservador Rob Clarke, introdujo una normativa destinada a abolir determinados aspectos de la ley. Clarke se comprometió, además, a trazar un plan para que el gobierno canadiense derogara la ley Indígena en su totalidad. La ley dispone que Bennet, como responsable ministerial que es, tiene que informar al parlamento sobre cuál es el progreso gubernamental para cumplir con el plan de fulminar la ley de una vez por todas a principios de 2016.

El ex primer ministro canadiense Stephen Harper — el hombre cuyo legado está tratando de desmantelar Trudeau — aseguró en 2012 que la derogación de la ley es algo que necesita llevarse a cabo de manera cautelosa. "Es un árbol de raíces muy hondas", relató. "Rebanar el tronco dejará un enorme agujero".

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