Así persiguen en China a las voces críticas con el coronavirus

Joshua Left es un empresario de 28 años que dirige una startup de coches sin conductor en Wuhan. Left viajó a San Francisco para pasar unos días de vacaciones a mediados de enero, justo cuando llegaban a Estados Unidos los primeros informes del estallido en China de un brote vírico con “síntomas similares al SARS”.

Left empezó a preocuparse de inmediato por su familia en Wuhan, donde parecía haberse originado el brote y el pánico. Temiendo que no les llegaran noticias sobre la magnitud de la epidemia, les envió por WeChat información que creyó que tal vez no conocían en China.

“Entonces empezaron a pasar cosas raras”, nos explicó.

Left, que pidió que no reveláramos su nombre chino completo, dijo que primero recibió un mensaje de advertencia de los administradores de WeChat. Luego, empezó a recibir mensajes muy específicos, aparentemente escritos por cuatro de sus amigos en WeChat, en los que le pedían que les enviara su ubicación, la dirección del hotel de San Francisco en el que se alojaba, su número de habitación y el de su teléfono estadounidense.

Luego, recibió en su móvil un mensaje advirtiéndole de que alguien en Shanghái había intentado entrar en su cuenta.

Como no reveló su paradero, desde las mismas cuentas empezaron, de forma simultánea, a instarle a que regresara urgentemente a China.

Left nos contó que creía que sus amigos le enviaron aquellos mensajes coaccionados por el Ministerio de Seguridad del Estado, que esperaba que acabara revelando su ubicación, y que aquello formaba parte de un plan del Gobierno chino para acallar cualquier voz disidente o que intentara difundir información sobre el coronavirus.

China no solo ha redoblado esfuerzos para controlar el relato en torno al brote del coronavirus, sino que se ha servido de plataformas de internet para rastrear a quienes se atreven a mostrarse críticos al respecto. Ya sea realizando un seguimiento de usuarios de Twitter mediante el número de teléfono o hackeando cuentas de WeChat para hallar sus ubicaciones, El Gobierno de Pekín está dispuesto a silenciar cualquier información negativa que surja en la red, aunque para ello deba recurrir a la intimidación, los arrestos o las amenazas de emprender acciones legales.

Ahora, Left teme por su vida y se esconde en California, incapaz de volver a China por miedo a que lo detengan.

Denunció su caso al Departamento de Policía de San Francisco y al FBI, pero no ha recibido respuesta de ninguno. El departamento de policía nos confirmó que ha recibido la denuncia de Left, en la que asegura que el Gobierno chino está “reprimiendo a sus ciudadanos” y la ha tomado con él por considerarlo “un opositor declarado del Gobierno”.

Left nos explicó que, ya cuando estudiaba en la universidad de Wuhan, lo habían interrogado agentes de seguridad nacional por sus actividades, aunque no habían llegado a arrestarlo.

La empresa que opera WeChat, Tencent, no quiso responder a ninguna pregunta sobre el incidente. Como empresa china, Tencent tiene instrucciones estrictas de facilitar al Gobierno información sobre sus usuarios. Como dato, la empresa cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene un número cada vez mayor de usuarios en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El Ministerio de Seguridad del Estado chino no respondió a nuestra solicitud para entrevistarnos con un portavoz.

Pero Pekín no solo utiliza plataformas propiedad de China para rastrear a las personas que manifiestan su opinión respecto a esta crisis.

El 20 de enero, Jiang Ming, residente de la ciudad china de Dongguan, en el delta del río Pearl, respondió a este tuit criticando la tardanza del Gobierno chino en reaccionar al brote de coronavirus.

La respuesta de Ming ⎯a simple vista inocua y que ya ha sido eliminada⎯ se traducía como “La responsabilidad de destruir la tiranía; ¿quién se atreve?”.

En China, está prohibido usar Twitter, pero Ming lo hizo a través de una red virtual privada (VPN), al igual que muchos otros ciudadanos chinos.

Varios días después de publicar el tuit, Ming recibió una llamada del Ministerio de Seguridad del Estado para concertar una reunión. Solicitó una citación judicial, pero desde la agencia le dijeron que no podía hacerse por teléfono, así que se negó a asistir.

A los pocos días, unos agentes llamaron a su puerta en Dongguan, una ciudad de más de 8 millones de habitantes cercana a Hong Kong.

Los agentes le enseñaron una captura de pantalla de su tuit y le dijeron que “su contenido suponía un ataque al Partido Comunista de China”.

Asimismo, le dijeron que habían encontrado sus datos a partir del número de teléfono que constaba en su cuenta de Twitter, que a su vez estaba vinculada a su identidad en la base de datos del Gobierno.

En la base de datos había una dirección antigua de Ming, pero los agentes consiguieron seguirle la pista llamando a su familia hasta obtener la dirección actual.

Desde Twitter, se negaron a hacer comentarios sobre cuentas concretas, pero una fuente de la empresa negó categóricamente que se hubiera facilitado al ministerio el número de teléfono u otros datos personales, y señalaron que el Gobierno chino “es propietario de los proveedores de telecomunicaciones y tiene acceso total al tráfico de datos”.

Ming fue detenido. Durante el interrogatorio, le informaron de que el detonante de la investigación fue que la frase “灭霸” (que se traduciría como “exterminar o abolir al tirano”), lleva implícita una amenaza al líder del país.

El teléfono de Ming fue confiscado para recabar pruebas, pero le facilitaron otro móvil, que usó para hacer fotos a escondidas de la “promesa” que le obligaron a firmar y en la que se comprometía a no repetir la “amenaza” que había escrito.

El equipo de VICE ha tenido acceso a las fotos que hizo Ming de esa nota.

El Gobierno de China recibió críticas generalizadas por su reacción tardía en la gestión de la crisis del coronavirus, y su aparato censor también ha fracasado en su intento de impedir comentarios negativos en internet.

“En general, lo que hemos visto con este brote en China ha sido un breve periodo en que la censura no era tan estricta y hubo espacio para cierto periodismo amarillista”, nos explicó Fergus Ryan, analista del Australian Strategic Policy Institute (ASPI) y especializado en el estudio de las redes sociales chinas.

La ineficacia a la hora de censurar el contenido negativo pudo deberse a que los encargados de hacerlo no estaban en su puesto de trabajo, puesto que la situación coincidió con la migración masiva de personas a sus ciudades de origen para celebrar el año nuevo lunar.

Sin embargo, Ryan opina que el enfoque menos estricto podría haber sido una medida tomada a propósito por el Gobierno de Pekín para recabar más información sobre el alcance del brote.

“No estamos ante una situación de censura típica para el Partido”, nos contó Chrlie Smith*, uno de los fundadores de GreatFire.org, organización que hace un seguimiento de la censura en internet ejercida por el Gobierno chino.

“Son conscientes de la necesidad de compartir información que pueda ayudar a detener la propagación del coronavirus, pero hay tanta gente indignada por cómo se está gestionando el tema que las autoridades no saben qué censurar y qué no”.

Sin embargo, después de las primeras declaraciones públicas sobre la crisis del presidente Xi Jinping, el 20 de enero, se intensificaron considerablemente los esfuerzos por acallar a quienes criticaban al régimen por su gestión.

A Ming le dijeron que, en la misma semana en que lo interrogaron, habían arrestado a otras 10 personas por compartir contenido relacionado con el brote de coronavirus.

El momento de los arrestos es indicativo de la voluntad censora de Pekín, un cambio que Smith también apreció en el número de visitantes de un navegador que su organización ha creado y que muestra a los ciudadanos chinos las noticias que se han censurado en el país.

“Hasta el 24 de enero, registramos entre 18 000 y 29 000 clics en los artículos que aparecen en nuestra página de inicio”, dijo Smith. “Pero el 25 de enero, la cifra alcanzó los 50 000 y se ha mantenido desde entonces”.

El pico de tráfico refleja un deseo creciente de disponer de información censurada en China. Al igual que Ming, muchos ciudadanos utilizan VPN para intentar acceder a esta información, pero desde hace unas semanas, el Gobierno chino también está eliminando estos servicios.

El Gobierno también está eliminando las protestas en línea tras la muerte de un médico que intentó advertir al mundo del brote el pasado diciembre. Está aprovechando la popularidad de WeChat para silenciar a la gente fuera de China que intenta hacer llegar información a la gente del país.

Esta misma semana, en Xiantao, una ciudad de cerca de 1,6 millones de habitantes, la comisión de salud publicó directivas para los sanitarios y funcionarios del Gobierno en las que se prohibía todo, desde mencionar el brote en chats de grupo hasta retuitear cualquier cosa que no sea el relato oficial o conceder entrevistas sin permiso.

“Tras ese breve periodo, a finales de enero, se produjo una constricción del sistema del aparato de censura y un aumento en los esfuerzos de difundir propaganda que ofrece un retrato muy idealizado de lo que está haciendo el Gobierno para gestionar la crisis”, dijo Ryan.