Actualidad

La 'revolución socialista' venezolana acaba de dar un giro de 180 grados

Una nueva ley permite a los inversionistas extranjeros ingresar al sector petrolero, el cual fue nacionalizado por el fundador de la 'revolución socialista' del país, Hugo Chávez.
16 Octubre 2020, 7:26pm
hugo chávez, revolución socialista, privatización
Una mujer con una mascarilla facial pasa junto a un mural que representa al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en Caracas el 17 de abril de 2020. Crédito: Federico Parra/AFP) (Foto de FEDERICO PARRA/AFP a través de Getty Images.

En un cambio radical, el presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, se está preparando para privatizar algunas de las empresas estatales que fueron nacionalizadas por su predecesor y fundador de la "revolución socialista" del país, Hugo Chávez.

Una nueva legislación conocida como "ley antibloqueo" ayudará al gobierno de Maduro a consolidar aún más su poder al permitir que haya inversión privada extranjera en el asediado sector petrolero del país. La nueva legislación también permite la creación de licencias para vender partes de las diferentes empresas estatales, como cerveceras y productoras de alimentos, con el fin de recaudar fondos para programas sociales.

"La izquierda denuncia que abrirle la puerta a la inversión privada y la privatización es una violación a la soberanía y una traición al 'chavismo'", dijo Paul J. Angelo, miembro latinoamericano del Consejo de Relaciones Exteriores.

“Chavismo” es el nombre que se le ha dado a la ideología nacionalista y socialista adoptada por el difunto y carismático Hugo Chávez, quien gobernara este país rico en petróleo desde 1999 hasta su muerte por cáncer en 2013. Sin embargo, ahora, la pobreza extrema, la escasez de alimentos y los apagones han venido a reemplazar el fervor socialista de muchos.

“La ley antibloqueo es la respuesta de la administración de Maduro ante las sanciones estadounidenses y el objetivo específico de estas privatizaciones es restaurar la capacidad del régimen para financiar programas sociales ahora que se está quedando sin dinero”, dijo Angelo.

En 2002, Chávez destituyó a los altos mandos de la petrolera estatal PDVSA, y cinco años después nacionalizó partes del sector petrolero, expulsando así a importantes petroleras estadounidenses como Exxon. A medida que subían los precios del petróleo y el gobierno llenaba sus arcas con las ventas de petróleo a Estados Unidos, Chávez utilizó parte de esos ingresos para impulsar programas sociales y cumplir su promesa de reducir la pobreza. También soñaba con difundir su tipo de socialismo por América Latina.

Tras la muerte de Chávez, quien toleró la corrupción y la mala administración durante su mandato, su protegido Maduro reclamó la victoria electoral. Sin embargo, cuando el precio del petróleo colapsó en 2014, también lo hizo la economía venezolana junto con todos los esfuerzos de reducción de la pobreza financiados por el dinero del petróleo.

"Retóricamente, el intento aquí es culpar a Estados Unidos y otros actores sancionadores, en lugar de abordar las propias responsabilidades del régimen de Maduro por la disminución de los recursos", dice Angelo.

Con Maduro a la cabeza, Venezuela llevó al socialismo a sus límites, utilizando la vasta riqueza mineral del país para gastar en lo que sea que el gobierno considerara necesario. Cuando la producción de petróleo se desplomó, Maduro comenzó a extraer oro y a exportarlo a sus aliados a cambio de importaciones de alimentos. Las políticas socialistas y el gasto descontrolado hicieron que la hiperinflación se disparara.

En 2017, las protestas antigubernamentales generalizadas se encontraron con la brutal represión de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Maduro consolidó aún más su poder al tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y neutralizar al parlamento. El líder del parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se declaró presidente a principios de 2019. A pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea apoyan a Guaidó, el esfuerzo para lograr la transición de Venezuela hacia la democracia fracasó.

En un acto de desesperación, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a imponer sanciones más severas a los miembros del gobierno y a la empresa petrolera estatal en un intento de detener a Maduro y su círculo íntimo. Los principales miembros del gobierno de Maduro han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por abusos contra los derechos humanos, corrupción y tráfico de drogas.

Venezuela está intentando eludir esas sanciones con esta nueva ley. Maduro dijo que la legislación "contiene una característica especial que contrarresta el bloqueo y las sanciones ‘criminales’ impuestas por Estados Unidos".

“Nuestro país cree en mí y cree en esta ley”, agregó con orgullo. "Porque yo la escribí".

Algunos observadores creen que las sanciones de Trump han fracasado en gran medida y especulan que Maduro venderá acciones de la industria petrolera estatal a aliados como Rusia y China. Irán, que ya ha logrado eludir las sanciones al enviar combustible a Caracas, la capital de Venezuela, también es un posible inversor.

Al economista Francisco Rodríguez le preocupa que, en lugar de debilitar al régimen, las sanciones hayan llevado a los venezolanos comunes a la pobreza y, en consecuencia, hayan fortalecido el poder de Maduro.

"Estados Unidos le ha pedido efectivamente a los venezolanos que paguen el precio por las atrocidades de Maduro", escribió. “Continuar haciéndolo no le ganará corazones ni mentes. Al contrario, eso solo aislará aún más al régimen de sus propios fracasos y abusos".

De hecho, Maduro mantiene el poder mientras los venezolanos comunes tratan de conseguir comida y hacen filas para adquirir gasolina para sus autos. La gasolina, que alguna vez fuera barata y abundante, ahora es extremadamente difícil de encontrar, todo debido al doble golpe al sector petrolero que han representado tanto la mala administración como la imposición de sanciones a las importaciones de combustible. Las protestas por esta escasez cada vez más severa se están intensificando. En el estado central de Yaracuy, una ola de manifestantes antigubernamentales tomó las calles a causa de la falta de combustible y alimentos.

Ahora, para hacer uso de esta nueva ley, Maduro tendrá que encontrar compradores para las acciones de la petrolera PDVSA y las otras empresas estatales que su administración busca privatizar. Las sanciones de Estados Unidos actualmente prohíben que las empresas estadounidenses y las empresas de energía extranjeras hagan negocios con el régimen de Maduro. Queda por ver quién se atreverá a tomar ese riesgo.