Una luz en la oscuridad: Segunda semana de la Brigada Nacional en Sinaloa

El delantal que Martha tiene puesto lleva estampada la frase "¿Dónde están?" en el frente, a la altura del pecho. Se lo hicieron anoche. Ella lo puso entre las playeras que hacían fila para ser impresas por un bastidor casero, en una de las mesas del Deportivo Stase, dónde ahora estamos sentadas.

"Nosotros lo conseguimos al Tec. Hablamos con dos mujeres de la cocina y desde que les dijimos quiénes éramos, qué hacíamos y para qué, nos abrieron las puertas". Cuando dice Tec, habla del campus del Tecnológico de Culiacán, a espaldas de la Iglesia de la Lomita, desde dónde puede verse toda la ciudad. Quiénes son y qué hacen: son la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Estuvieron hasta el domingo 29 en el Tec y luego se mudaron para el Deportivo. Todos duermen en colchonetas en el piso y se cubren con mantas que fueron donadas. Comen cereales del DIF y las delicias caseras que prepara Martha con su grupo de ayudantas fieles. Son todas mujeres solidarias de la localidad e integrantes del Colectivo Voces Unidas por la Vida, uno de los más antiguos de México.

"Nos comisionamos en Voces Unidas como anfitriones para que la Brigada tuviese un recibimiento digno y pudiera hacer el trabajo lo más cómodo posible. Andábamos buscando hospedaje en dónde albergar a tantas personas cuando mi hijo, que estudió en el Tec, me lo sugirió", explica Martha. Su esposo, Jesús Cutberto está  desaparecido desde el 1 de mayo de 1977. Hace 40 años. Entonces ella tenía 25 y él 32. Estaba embarazada del hijo que ahora le ayudó a preparar el hospedaje para los brigadistas: otros familiares de distintos puntos de la república mexicana que durante 15 días dejaron sus rutinas y sus casas y se unieron a la búsqueda en Culiacán. Esta es la tercera vez que se reúnen como Brigada Nacional y eligieron a la capital de Sinaloa.

"Nunca deja de doler; no puedes permitirte olvidar porque eso sería darles la muerte. Para mí, es como si hubiera sucedido ayer. No olvido las palabras del entonces gobernante, Alfonso Calderón Velarde: 'lo siento mucho, están muertos'. Así, fríamente. No entiendes, no puedes asimilar de golpe esa noticia. Y menos cuando supimos que fue una venganza personal hacia el gobernador, hacia él mismo. Mi marido era parte de su cuerpo de seguridad, se llevaron a seis. Fueron secuestrados por el General Ricardo Cervantes García Rojas, que entonces comandaba la 9ª Zona Militar, aquí, en Culiacán, Sinaloa. Desde entonces están desaparecidos".

Martha puede detallar cada momento de estos 40 años y por las dudas trae los documentos y pruebas de lo que denuncia. "No he cambiado mi versión de las cosas en 40 años", dice y extiende una copia de su declaración de aquel año. Es cierto. Su versión es la misma.

Se puede trazar una línea entre aquellos desaparecidos y los de hoy, dice el profesor Oscar Loza, economista y fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa a comienzos de la década de los 70. Hay tres etapas en las que pueden dividirse los casos aún pendientes que se han dado en el estado, explica. Hay 42 personas que fueron (y continúan) desaparecidas entre 1975 y 1979. El primer caso sin resolver del que se tiene registro fue el de la maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Lourdes Martínez, en el año 75. Hay un segundo momento de auge, dice Loza, entre 1994 y el año 2003, en que permanecen 87 casos sin resolver.

"En el primer periodo el perfil de los desaparecidos es de personas jóvenes, luchadores sociales o activistas políticos. En la segunda etapa ya aparecen empresarios como víctimas, o gente que de alguna manera tuvo contacto con el narcotráfico. Ambas etapas tienen en común la participación de agentes de seguridad del estado y de privados o civiles en las desapariciones. Siempre han actuado en complicidad y compartiendo experiencias".

La tercera etapa, como es cantado, empieza en diciembre de 2006 con la declaración de la guerra contra el narco en México, aunque para el profesor Loza, el momento auge en Sinaloa vino tras el quiebre entre los Guzmán Loera y los Beltrán Leyva, en 2008, que desató una lucha intestina dentro de la organización criminal que dominaba el estado. "El perfil de los desaparecidos actuales sigue siendo de personas jóvenes en su mayoría, estudiantes pero no activistas, algunas involucradas en la comercialización de droga, pero muchas más fueron testigos involuntarios de enfrentamientos o crímenes, personas que estuvieron en el lugar equivocado. En el 44 o 45 por ciento de los casos denunciados se señala como victimarios a agentes de seguridad del Estado, y el resto, presumiblemente civiles, actuando en conjunto. El problema ahora es la cifra".

Según números oficiales, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa mantiene abiertas 1,912 carpetas de personas desaparecidas (casos sin resolver), que se sumarían a unas 1,500 más, previas al año 2011. El Registro Nacional de personas extraviadas da cuenta de 2,407 casos abiertos en ese estado, pero entre las organizaciones se estima que en realidad son unas 3 mil las personas que se encuentran desaparecidas en Sinaloa desde el comienzo de la guerra contra el Narco.

Jorge Daniel Armenta, de 25 años, hijo de Lourdes, es uno de ellos. Jesús Guadalupe González, de 32, hijo de Eva, es otro. También Ricardo Alexander Méndez, que el 6 de enero pasado cumplió 24 años. O Carlos Omar Pérez, de 27, detenido en Los Mochis por policías municipales, y desaparecido desde entonces. Todos son casos ocurridos durante el año 2015. Sus madres han sido prácticamente las únicas encargadas de buscarlos.

Habla Susana, madre de Ricardo, que llevaba 9 meses y 25 días tras el rastro de su hijo: "Hemos salido a búsquedas entre las madres de Culiacán y queremos seguir aprendiendo. Hace 4 meses que me uní a Voces Unidas. El gobierno del estado ha brindado carros y vigilancia para las búsquedas, pero creemos que no ha trabajado en la manera que debe porque cuando tenemos un hallazgo, no siguen revisando el área para encontrar más enterramientos clandestinos".

En diciembre del año pasado, las "puras mujeres" se apersonaron en una criba no muy lejos del río Culiacán, porque los trabajadores de esa cantera habían hallado dos cráneos mientras removían tierra con una máquina. Las madres localizaron al día siguiente otros dos cráneos y un hueso, además de ropa.

Nancy temblaba entonces como tiembla ahora, porque sus hijos podían estar ahí, como pueden estar en el lugar dónde la Brigada sale a peinar el 31 de enero, en su sexto día de búsqueda. Viene de Aguaruto, un pueblito olvidado en el municipio de Culiacán, que hace de frontera entre la capital y San Pedro Navolato; un lugar en dónde todas las calles son de terracería y la mayor parte de la gente vive del trabajo agrícola para firmas estadounidenses. Su hijo, Luis Ángel Cardiel; su sobrino Jesús Eduardo Nieblas y un amigo de ellos, Jesús David Camacho, están desaparecidos desde el domingo 5 de junio de 2011, cuando bajaron al río a cazar palomas en una moto Itálika roja y negra, y ya nunca regresaron. Hace seis años, los tres tenían 17.

En la mañana del sexto día también hay mucho entusiasmo entre las mujeres, porque la gente del lugar se abre y la información ha ido fluyendo. Apenas un día atrás, la Brigada realizó su segundo hallazgo entre las milpas de El Potrero de Sataya, una zona rural en Navolato, a menos de una hora de la capital. Consiguieron, con mucho esfuerzo y un toque de suerte, dar con el testimonio de una persona que vio el lugar exacto del enterramiento clandestino. Que pudo comentar cómo "los malandrines" custodiaron ese punto durante días, hasta que se fueron.

Los ánimos se mezclaron entonces para las buscadoras, como cada vez que hay un hallazgo. ¿Cómo ponerse feliz al encontrar los restos de un muerto? ¿Cómo no sentir que la emoción las embarga cuando esos restos pueden ser los que le traigan un poco de paz a alguna de ellas?

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El paso siguiente al hallazgo es la identificación genética. Sesenta personas se presentaron con la Brigada Nacional a que se les tomara una muestra de sangre, "bien sencilla, apenas un pinchazo, como una toma de azúcar", que se incluirá en el Base Nacional de Perfiles Genéticos manejada por la Procuraduría General de la República (PGR). Es con esta base de datos con la que se contrasta la que se toma de los restos recuperados del enterramiento clandestino.

Las muestras de sangre fueron tomadas por elementos de la División Científica de la Policía Federal. Susana Trujillo, la perito encargada, se negó a comentar sobre la tarea, excusándose en que sólo su supervisor, de quien no dio mayores referencias, podía dar declaraciones a la prensa. Similar respuesta brindaron Alberto Flores y Berenice Alvarado, enviados por el área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Federal y Carlos Adrián Beltrán, funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, presentes durante los últimos días de Búsqueda.

Ninguno de los tres funcionarios oficiales enviados para brindar apoyo psicológico y emocional a las madres durante la Brigada Nacional aceptó ser entrevistado. Tampoco pudieron precisar cuántas de las familias que participan de la Brigada tienen sus casos en el fuero federal, por ejemplo. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque sólo aquellas que lograron que sus casos sean atraídos por la PGR reciben la atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. El resto, las que tienen sus casos a cargo de las procuradurías estatales, no recibe ningún tipo de contención o ayuda desde ningún nivel de gobierno.

"La CEAV re-victimiza a las víctimas", disparó Juan Carlos Trujillo, uno de los promotores de la Brigada Nacional, junto a su madre María Herrera y a su hermano Miguel, uno de los buscadores expertos.

"Llegar a Sinaloa fue un gran reto para la tercera Brigada Nacional porque aquí se mueven los grandes hilos de la política interna del país y es la región dónde, como es sabido por todos, el fenómeno del narco se montó como una empresa formalmente constituida. La sinaloense es una sociedad que por generaciones ha visto cómo este mercado se incrustó en su vida cotidiana, y que ha tenido que normalizar algo como la desaparición forzada".

Trujillo explicó que la primera alianza que la Brigada Nacional busca en un territorio al que decide llegar es con la Iglesia, pero que en Sinaloa —a diferencia de la respuesta obtenida en el sur de Veracruz con las dos primeras Brigadas Nacionales— hallaron distancia y desatención entre la institución religiosa y las víctimas. "No logramos una audiencia con el Obispo, a pesar de que insistimos. Tampoco que nos brindaran alojamiento, cuando sabemos que tienen disponibilidad", explicó una de las madres.

En Sinaloa, los coordinadores de la Brigada se propusieron modificar el tratamiento y la atención que reciben las víctimas locales por parte de las instituciones, así como abrir los canales de comunicación entre las personas que tienen información sobre enterramientos clandestinos y las familias que buscan de manera organizada.

Dos reuniones clave cosecharon en estas dos semanas, además de las búsquedas en campo. Una con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; y otra con el Subprocurador General de Justicia, Jesús Martín Robles Armenta. En ambas lograron el compromiso político de abrir las puertas, de levantar las trancas institucionales y de colaborar desde el centro del poder político con las familias sinaloenses. Las mujeres de Voces Unidas no habían logrado que el gobernador, que acaba de ser electo, las recibiera hasta que apareció la Brigada y concretó la reunión.

Ordaz Coppel anunció públicamente su voluntad de dar prioridad a las búsquedas de personas desaparecidas y anunció que reforzará el equipo de la PGJE, que hoy cuenta con cuatro investigadores para atender los más de dos mil casos abiertos en el estado.

En la reunión, las familias exigieron al gobernador que las reciba periódicamente en reuniones con él y su gabinete de seguridad; que facilite la contratación de personal judicial para búsqueda y que se actualice la legislación estatal concerniente al tema. En lo que más hicieron hincapié, sin embargo, tanto en la reunión con Ordaz Coppel como con Robles Armenta, es que el Estado tenga mayor respeto y humanidad en el trato a los cuerpos sin identificar que están en poder de la Procuraduría local y que son enviados a fosas comunes.

"Que se envíen 300 cuerpos a una fosa común es como un clavo en el corazón para nosotras", explicó una de las integrantes de Voces Unidas.

El clavo se hizo más profundo cuando una familia vino a aportar valiosa información que tiene que ver con esta desidia hacia los cadáveres. Tan valiosa fue la información que permitió el tercer hallazgo de la Brigada Nacional en Sinaloa.

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Es la penúltima noche de trabajo y todos se reúnen para planificar la salida del día siguiente. El gran grupo debe dividirse en tres, para atender las tareas pendientes. El primero asistirá a reunirse con el subprocurador Robles Armenta; el segundo grupo realizará la última jornada de búsqueda en las inmediaciones de Aguaruto, y el tercer grupo asistirá a una exhumación en el cementerio de El Quelite.

Durante la primera semana de búsqueda, una familia de esa localidad chiquita les indicó que ellos enterraron un cuerpo, que identificaron como el de su hijo desaparecido. Sin embargo, diez días más tarde, el muchacho se comunicó desde Estados Unidos, diciendo que había logrado cruzar la frontera.

"Mi mamá se enfermó y ha tenido recaídas por todo lo que se ha publicado sobre nosotros. Fue muy duro para ella volver a hablar de este tema", explica la hermana del muchacho que apareció vivo.

"Recibimos la llamada de la Fiscalía diciendo que habían hallado un cuerpo y que fuéramos a Culiacán a identificarlo. Fue el 14 de diciembre de 2014 y supuestamente era mi hermano. A los días recibimos su llamada desde Estados Unidos pero no le creíamos, porque nosotros lo habíamos enterrado: estábamos inseguras, pensamos que era una extorsión. Cuando nos comprobó que sí era él, con fotos y llamadas más frecuentes, acudimos a Culiacán a decir que mi hermano estaba vivo, que fueran por el cuerpo y que por favor nos avisaran cuando lo hicieran, porque nosotras seguíamos visitando su tumba como si fuera nuestro familiar".

El sol azota sobre las cabezas de todos a pesar de que no sean todavía las diez de la mañana. El cementerio de El Quelite, una localidad a 38 kilómetros de Mazatlán en dónde viven menos de dos mil personas, tiene entrada por la calle principal del pueblo y otra por atrás, donde colinda con una escuela pública. Además de los periodistas y el grupo de la Brigada que acudió a la exhumación, está el equipo oficial, encabezado por el Fiscal de la Zona Centro de Sinaloa, José Luis Leyva Rochín y el fiscal de homicidios dolosos del estado, Juan Carlos Carreón.

Leyva Rochín se acerca al grupito de periodistas y consulta si hemos visto el expediente del caso. No, ninguno lo ha visto. Él sí lo trae entre las manos. Increíblemente, —porque acceder a un expediente judicial en México con esa facilidad despierta la sospecha del más crédulo—, lo abre frente a nuestras caras y busca las fotos de la autopsia del cuerpo que sacarán en minutos de una tumba apócrifa. Una vez que la familia se dio cuenta que no era a su hijo a quien habían enterrado, sacó el nombre de la cruz blanca que corona la tapa de concreto en el piso.

Mientras uno de los trabajadores del Panteón empieza a cortar el concreto sin guantes ni ningún tipo de protección, Leyva Rochín intenta que los periodistas culpemos a la familia del error institucional:

"No estaba desfigurado ni golpeado cuando lo identificó la familia. Lo común en una identificación legal es que si así está el cuerpo, no se le practique un análisis de ADN. Sólo se hace cuando el cuerpo está deforme o cuando se encuentran osamentas", dijo el representante de la justicia.

¿No se va a investigar por qué se cometió este error de identificación?, se le pregunta.  "Se va a investigar por qué la familia identificó a quien no era", respondió. Acto seguido dijo gracias y se retiró del grupo de periodistas.

"Estaba consciente de todo esto", retruca la hermana de la familia a la que Leyva ensucia. "Fui personalmente a dar parte del error al licenciado en Culiacán en cuanto confirmamos que mi hermano estaba vivo. Me respondieron que se iba a hacer una exhumación para sacar el cuerpo y devolverlo a dónde nos los habían traído. Yo les dije que me avisaran, para acompañarlos y decirles dónde era. Nunca recibí ninguna llamada", contó. ¿Cuándo fue esto? "A los 15 días que lo habíamos enterrado".

Dos años después que la familia avisara que el muerto no era suyo, la apertura de la fosa se concretó el jueves 2 de febrero de 2017, gracias a la presión que ejerció la Brigada Nacional.

"Sentimos bien feo cuando hicieron la exhumación; la verdad, no se siente bien, se siente tristeza. Nosotras andábamos desesperadas por encontrar a mi hermano y la mente traiciona. Tenía muchas características iguales, pero no se le practicó ningún análisis. Alcanzó con nuestra palabra para que nos lo entregaran. Estábamos seguras entonces, vivíamos con tanta angustia. Entiendo que deben hacerse esos análisis de manera rutinaria, para que a nadie le vuelva a pasar lo que nos pasó a nosotras", dijo la hermana.

El Subprocurador de Justicia, Martín Robles Armenta, confirmó públicamente que desde el año 2005, la justicia sinaloense ha enviado centenas de cuerpos sin identificar a fosas comunes en todo el estado. La Brigada reclama por su apertura, como también porque se tomen muestras de sangre de cada persona que concurre a denunciar la falta de un ser querido. Y que se tome en ese momento, no más tarde.

Pero sobre todo, lo que exigen es la conformación de un grupo de búsqueda inmediata, con investigadores dedicados exclusivamente a eso y que así aumenten las posibilidades de hallar a una persona con vida. Mientras las evidencias están frescas, los rastros no se han borrado y los testigos están cerca.

"La Brigada quiere sacar a las búsquedas oficiales de los escritorios y romper esta lógica del crimen perfecto institucional", explicó Juan Carlos Trujillo.

"Es necesario cambiar el enfoque y la percepción que se tiene de las víctimas y de lo que sucede. Cambiar la percepción de un país deshumanizado y construido desde la violencia, marcado por los daños que quedan en los hijos de los que faltan, pero también en los hijos de los victimarios; de las personas que sobreviven bajo la lógica de la carencia y la falta de amor. La Brigada Nacional es para nosotros una figura de paz y confianza para que la gente se abra y hable de lo que sabe, porque la información es una porción de luz que se le devuelve a una familia que han dejado en la oscuridad".