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Puede que los servicios secretos españoles también estén leyendo tus correos

¿Cómo trazar la línea entre la seguridad nacional y el derecho a la privacidad?
20.6.13

La sociedad estadounidense se ha escandalizado tras las revelaciones del ex técnico de la CIA, Edward Snowden, sobre el sistema de vigilancia PRISM, que recoge datos para la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA). Correos electrónicos, vídeos, chats de voz, direcciones de IP, archivos e incluso datos de las redes sociales. Ocultar el rastro que dejamos en internet cuando nos reflejamos en el objetivo de la Administración requiere algo más que un simple borrado del historial. Desde 2004, en España opera un primo hermano del PRISM, el SITEL, Sistema Integrado de Interceptación Telefónica. Ambos empezaron a desarrollarse en 2001, tras el atentado a las Torres Gemelas, cuando la colaboración entre George Bush y José María Aznar era más estrecha.

Como PRISM, la tecnología de SITEL encierra más de lo que su propio acrónimo anuncia. No sólo intercepta comunicaciones telefónicas, sino que es capaz de captar correos electrónicos, archivos enviados por la red, direcciones IP de ordenadores, rastreo de la navegación por internet, etc., según explican fuentes policiales y próximas al CNI. Todo ello lo bebe de los operadores de internet y la telefonía móvil.

El sistema, al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fue creado por Ericsson y su plataforma de almacenamiento, en el complejo policial de Canillas (Madrid) es mantenido por Fujitsu. Una serie de agentes seleccionados de la Policía Nacional y Guardia Civil, así como del CNI, son sus únicos usuarios. El narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales son los motivos que ponen SITEL en marcha, sólo tras la autorización de un juez.

Sin embargo, la Ley General de Telecomunicaciones española abre una puerta trasera que permite a los investigadores disponer de información antes de la autorización judicial, como la identidad de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico o la situación geográfica de la terminal. “Existe un período de supervisión previo, en el que el agente habilitado recopila esta información y luego solicita la orden al magistrado. Antes de la intervención del juez ya se han recopilado datos muy personales”, señala el abogado Guillermo Díaz Bermejo, experto en los aspectos jurídicos de SITEL, y que reclama una mayor regulación jurídica para el sistema.

En el caso de Policía y Guardia Civil, sólo un juez puede permitir que sus investigaciones prosperen. En el caso del espionaje es distinto. “Es un servicio de inteligencia. No se busca judicializar una causa, sino información, dibujar el contexto, lo que está ocurriendo para ser capaz de anticiparse a las amenazas”, señala un jefe de grupo de policía judicial de la Policía Nacional en Madrid. “El CNI no tiene ningún tipo de control cuando utiliza el sistema. Es una laguna de la ley y hay que confiar en la buena fe de los agentes”, señala Díaz Bermejo. Una laguna que posibilita el espionaje indiscriminado de cualquiera. “Si hay intereses ocultos y secretos de los órganos del Estado, no me queda duda alguna de que cualquier ciudadano puede ser, digamos, espiado”, asegura Díaz Bermejo, que apunta la posibilidad de que los Cuerpos de Seguridad también implanten cookies en remoto, en ordenadores de objetivos de los espías. “Esto es tanto como dar la lleve de casa a la policía para que investigue sin límite lo que quiera… La constitucionalidad de esta medida, si es que se aprueba, es más que dudosa”, explica.