Semana del Crimen

Privadas de su libertad: la proporción de mujeres trans y travestis es mayor dentro de la cárcel que fuera de ella

En VICE hablamos con mujeres trans y travestis que están siendo apresadas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante
23.11.18
Ilustración por Staff de VICE

Artículo publicado por VICE Argentina

En Argentina, una travesti parada en la calle, subiendo o bajando de un auto, hablando con otras personas en la calle, es suficiente para que el denominado “olfato policial” se active y comience la persecución judicial. La presunción de inocencia desaparece cuando se trata de mujeres trans y travestis en la calle. Soraya llegó a la Argentina desde Perú hace cinco años. En este tiempo estuvo presa ya tres veces en el penal de Ezeiza, siempre por el mismo motivo: infracción a la ley de drogas. Tiene 35 años. La primera vez que la detuvieron fue en 2013. Tenía 12 bolsitas de cocaína. La última vez fue en abril de este año: el 18 de ese mes recuperó su libertad por solo tres días. El 21 de abril, cuando volvía de cenar con una amiga, un policía la frenó mientras subía a un taxi en el barrio porteño de Once. El parte policial dice que llevaba 52 bolsitas fraccionadas. Ella dice que le pidieron plata a cambio de evitar la detención y como solo tenía 4 mil pesos volvieron a llevarla presa. “Me conocen de la parada, me tienen marcada”, dice a VICE desde el pabellón 11 donde está junto a otras 24 mujeres trans y travestis, casi todas presas por infracción a la ley de drogas, 23.737. Hoy solo tres de sus compañeras no están encerradas por ese motivo. La historia de Soraya no es aislada, está encadenada a la aplicación discriminatoria de la ley vigente.

“Narcotravestis”, etiquetan las coberturas mediáticas con un neologismo estigmatizante que colabora con el perfilamiento que se traduce en criminalización. Son mujeres y trans que ponen el cuerpo para traficar cocaína como una estrategia de supervivencia y terminan encerradas. La exclusión social y la pobreza son las principales causas que las involucran con el micro tráfico y también con el consumo. Las historias evidencian que hay una división sexual de las tareas dentro de las cadenas del narcotráfico: los hombres manejan los hilos invisibles de las grandes redes mientras que las travestis, trans y las mujeres cis ponen el cuerpo y caen presas. Son el último eslabón.

“Está aumentando el encarcelamiento de delitos de drogas de personas trans”, asegura a VICE Josefina Alfonsín, integrante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). “El paradigma de la denominada ´guerra contra las drogas´ es prohibicionista, plantea un endurecimiento. El giro punitivista tiene género porque afecta más a mujeres cis y travestis”, advierte.


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Según cifras del Sistema Penitenciario Federal (SPF), hacia fines de diciembre del 2017 había 40 trans y travestis detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza 5. El 68 por ciento fueron detenidas por delitos vinculados a la infracción a la ley que regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes. De estas, el 85 por ciento se encuentra en calidad de procesada. “Es un dato llamativo y preocupante porque da cuenta de un abuso de la prisión preventiva”, agrega Josefina Alfonsín. Otro dato: más de la mitad de las detenidas proviene de países latinoamericanos, la mayoría son peruanas. Una hipótesis: las trans y travestis migrantes muchas veces están condenadas de antemano.

La situación se replica en territorio bonaerense. OTRANS es una asociación civil que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad trans en Argentina. En 2016 presentaron un habeas corpus preventivo, es decir, una acción que busca evitar las detenciones ilegales o cualquier otra modalidad de restricción ilegal. Tras esa acción judicial a Sala IV de la Cámara de Garantías de La Plata informó que el 91 por ciento de las mujeres trans y travestis bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encontraban para ese entonces privadas de la libertad por infracción a la ley 23.737. En el caso de las mujeres trans y travestis migrantes en el SPB, el 100 por ciento estaba presa por estupefacientes.

En todo América Latina y el Caribe las mujeres están siendo apresadas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante y el crecimiento del encierro supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del planeta. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encierro de mujeres están creciendo a una tasa más rápida. En esa vorágine entra el encarcelamiento de travestis y trans.

Todavía los informes y relevamientos internacionales siguen siendo binarios y no registran la categoría T para contar con estadísticas y conocer la magnitud de la problemática. El año pasado se creó una red a nivel América Latina que trabaja con personas LGBT en cárceles: Red Corpora en libertad. A fines de noviembre harán el primer congreso de personas LGBT privadas de su libertad. Será en Uruguay.

Según el Institute for Criminal Policy Research, la población carcelaria femenina total en el territorio latinoamericano ha aumentado en 51,6 por ciento entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20 por ciento para el caso de los varones. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60 por ciento de las presas están por delitos relacionados con drogas. La población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó 271 por ciento en Argentina entre 1989 y 2008, y 290 por ciento en Brasil entre 2005 y 2013. Los datos se desprenden del informe “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe”, de la organización de derechos humanos WOLA —Washington Office on Latin America—.


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En el caso de la población T esas cifras potencian situaciones de exclusión y evidencian cómo se relaciona el Estado con las personas transgénero. Si se observa solo la provincia de Buenos Aires, las mujeres trans y travestis están más representadas en las cárceles que fuera de ellas. Mientras que la población de mujeres trans y travestis representa el 0,022 por ciento de la población total de la provincia, son el 0,16 por ciento de la población privada de su libertad en el mismo territorio. Es decir, la proporción de mujeres trans y travestis es mayor dentro de la cárcel que fuera de ella. Los datos se desprenden de un informe de perfilamiento realizado por la organización OTRANS que cruzaron estadísticas del RENAPER, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires con las del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Desde OTRANS señalan la doble discriminación: en Buenos Aires, ser mujer trans o travesti incrementa 28 veces más el riesgo de ir presa para una persona extranjera.

“No existe otro grupo poblacional que esté preso en su totalidad bajo la misma calificación. Esto da cuenta del uso excluyente de la ley 23.737 como método de criminalización”, advierte un informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con un amplio colectivo de organizaciones de derechos humanos ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés).

Cambian los nombres y las distintas nacionalidades, pero casi todas las historias de las travestis y mujeres trans presas comparten un mismo guión: se les imputa la comercialización de estupefacientes, un delito no excarcelable; la única prueba en su contra es el relato policial y ahí la libertad se vuelve intermitente en sus vidas. “Las encuentran con bolsas y sin testigos de los hechos empiezan la causa judicial. En Once, la misma policía las traía para vender y cuando se rebelaban las metían presas. Todas las que están acá son de Palermo, Flores y Once”, dice a VICE Emilce Lobo, activista travesti argentina de 40 años detenida en Ezeiza. Para ella estas historias deben ser judicializadas como casos de trata de personas. “Hay un grupo de peruanos que las obliga a vender. Ellas son víctimas de trata”, dice.

Emilce ha pasado por distintos penales, por diferentes motivos. Desde hace tres años un diálogo se repite cuando ingresa una chica nueva a la cárcel:

—¿Por qué estás?

—Por droga

Cuando recuperan la libertad ella sabe que quizás pronto vuelvan, como Soraya, que se fue y volvió a los tres días. Por eso les dice: “Espero no verte acá la semana que viene”.

Aunque el dinero incautado y la poca cantidad de drogas no indican comercialización, se las persigue por eso: se criminalizan economías de subsistencia. Un análisis de 20 expedientes (seleccionados al azar) realizado por OTRANS Argentina en marzo de 2017 señala que las cantidades de droga encontradas van de entre los 0,5 y tres gramos de cocaína en las detenciones callejeras, llegando a ocho gramos en los allanamientos de domicilios. En la totalidad de las causas, la calificación legal propuesta por la policía y convalidada por la fiscalía y el Juzgado de Garantías interviniente es de “comercialización de estupefacientes”.

Desde 2009, el paradigmático fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce la inconstitucionalidad del art. 14 de la 23.737, segundo párrafo, que sanciona el consumo de estupefacientes. Naciones Unidas y la CIDH declararon que perseguir la venta de estupefacientes al menudeo es criminalizar la pobreza, lo que se agrava cuando no se distingue entre menudeo y narcotráfico y estipula penas de 4 a 15 años, no excarcelables.


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En el caso de la población travesti y trans hay otro escrito judicial que sentó jurisprudencia, es el fallo Zambrano. El 4 de septiembre de 2016 a la madrugada fueron demoradas en la ciudad de La Plata alrededor de 25 mujeres trans y travestis peruanas y ecuatorianas, en una razzia policial que fue difundida en los medios como un “operativo contra narcotravestis”. Nueve de ellas fueron trasladadas a la comisaría novena. Cuatro quedaron detenidas más de una semana. Solo una tenía menos de 1 gr de estupefaciente entre su ropa interior. El 12 de septiembre de 2016, la Cámara de Apelación y Garantías dictó una sentencia histórica: anuló el procedimiento policial por considerarlo vejatorio en grado sumo. Además del maltrato, la policía emplea con ellas un lenguaje abusivo y muchas veces no respeta sus identidades de género autopercibidas.

“Hay patrones que las mantiene detenidas porque les niegan las excarcelaciones. No tienen domicilio fijo para dar o no tienen trabajo formal. El accionar judicial evidencia un desconocimiento de la realidad travesti/trans. Tampoco se activan medidas alternativas a la prisión”, dice a VICE Josefina Alfonsín.

El encierro a las travestis y trans perseguidas por el microtráfico de drogas no coarta únicamente sus libertades. Algunas mueren bajo custodia del Estado. El 1 de enero de 2017 murió Pamela Macedo Panduro, de 29 años; el 16 de marzo de ese mismo año Angie Velázquez Ramírez, de 36, y el 26 de noviembre Damaris Becerra Jurado, de 40. Las tres eran migrantes peruanas y estaban en el penal de Florencio Varela. Las investigaciones por sus muertes continúan impunes. OTRANS señaló que a sus detenciones arbitrarias y causas armadas le siguieron tratos degradantes, falta de acceso a la salud y, por último, la muerte.

En un país como Argentina, en el que la Ley de Identidad de Género fue la primera en no patologizar, el control de las identidades trans sigue vigente en la calle. La ley de drogas cumple la misma función discriminatoria que tenía los viejos edictos policiales derogados. Los códigos contravencionales fueron modificados y ya no pueden penalizar el ser travesti, pero la infracción a la ley de drogas es la técnica que encontraron las fuerzas de seguridad en tándem con el Poder Judicial para disciplinar sus existencias.

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