Oleada de expulsiones de activistas pro derechos humanos en Marruecos

"Me interrogaron durante cuatro horas en una comisaría de Rabat con mucha amabilidad. Incluso me ofrecieron cigarrillos cuando se terminaron los míos", cuenta a VICE News el director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, John Dalhuisen. A la delegada en Marruecos de la ong NOVACT, L.V., la policía le dijo: "Esto no es una expulsión. No tendrás ningún problema para volver. Te estaremos esperando con flores a la vuelta", relata la cooperante española. Sin embargo, los dos están convencidos de que nunca podrán regresar a Marruecos. En 10 días, el gobierno marroquí ha expulsado a 5 activistas extranjeros vinculados a organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Los últimos expulsados, el jueves pasado, son dos investigadores de Amnistía Internacional que preparaban un informe sobre derechos humanos en la frontera entre Marruecos y España, John Dalhuisen y su compañera Irem Arf, investigadora sobre los derechos de los migrantes y los refugiados. Arf y su traductor fueron detenidos en Oujda, al nordeste del país, poco antes del mediodía. A Dalhuisen le esperaba la policía, casi a la misma hora, en el hotel donde se alojaba en Rabat.

Según la nota que difundió el Ministerio del Interior, "no tenían autorización de las autoridades competentes". John Dalhuisen asegura que las autoridades estaban informadas del viaje y nunca dijeron que no pudieran venir. Simplemente, no respondieron a las comunicaciones que AI enviaba. Posponían la respuesta, pero el viaje "no era ningún secreto y además, la acusación que me hacen para expulsarme es la de alteración del orden público", explica Dalhuisen, todavía perplejo. Le metieron en un avión de vuelta a Londres. A su compañera, en otro a París. Era la primera vez que Dalhuisen venía a Marruecos, "y probablemente haya sido la última", lamenta.

AI calificó la expulsión como un "flagrante intento de evitar una investigación legítima sobre los derechos humanos" y aseguró que la decisión de expulsar a su personal plantea "serias sospechas de que las autoridades tienen algo que ocultar".

Desde principios de los 90 no habían tenido ningún problema, pero la organización, conocida por sus informes sobre la tortura en cárceles y comisarías, ya estaba en la mira de Marruecos. En septiembre pasado las autoridades les prohibieron una actividad para formar a jóvenes en materia de derechos humanos.

El 19 de mayo AI presentó en Rabat su último informe sobre torturas. En él se documentan 173 casos entre 2010 y 2014 de palizas, simulación de ahogamiento, asfixia y violencia psicológica y sexual. Técnicas, que según explica la organización, emplean las fuerzas de seguridad marroquíes "de forma endémica" para "incriminar a presuntos delincuentes y silenciar la disidencia".

Amnistía Internacional denuncia las torturas de la policía en Marruecos. Leer más aquí.

Escoció tanto que las autoridades marroquíes contestaron en cuanto terminó la rueda de prensa de AI con otra rueda de prensa en la que el delegado de la comisión interministerial para los derechos humanos, Abderrazak Rouhane, aseguró que el informe estaba "lleno de falsedades".

Dalhuisen cree que su expulsión fue fruto de una acumulación de tres elementos: "el último informe sobre la tortura, lo asertivos que están siendo en los últimos meses restringiendo todas las actividades que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos y el dossier político de control de fronteras, que es un tema muy sensible en sus relaciones con España", analiza.

Es muy probable que la delegada de NOVACT en Marruecos, L.V., tampoco pueda volver a pisar Marruecos. Como en el caso de Dalhuisen, la policía también le dispensó un trato impecable el 22 de mayo pasado, cuando iba camino al aeropuerto para volar a España. Durante el trayecto, fue detenida e interrogada sobre sus actividades en Marruecos, pero la dejaron marchar con una sonrisa. "Nunca mencionaron que me estaban expulsando. Incluso me dijeron que antes de volver, debería cambiar el pasaporte porque estaba muy estropeado", recuerda la cooperante.

Volvió el 1 de junio con un pasaporte renovado. El día 3, los mismos policías se presentaron en su casa, fue interrogada en comisaría, en Rabat, y trasladada por carretera hasta el puerto de Tánger-Med, donde cogió un ferry a Algeciras: expulsada de Marruecos por "apadrinar acciones no autorizadas en el marco de las ofensivas emprendidas por organizaciones extranjeras que sostienen causas de conductas desviadas", según el Ministerio del Interior, que también la acusa de haber entrado "con una identidad falsa", aludiendo con su pasaporte renovado.

NOVACT trabaja en Marruecos apoyando a la comunidad LGTB y está financiada con fondos de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. En Marruecos, la homosexualidad está castigada con penas de hasta tres años de cárcel, como recoge el artículo 489 del código penal.

Coincidiendo con la expulsión de la delegada de NOVACT, dos integrantes de FEMEN de nacionalidad francesa fueron detenidas y expulsadas por besarse con el pecho desnudo junto al mausoleo donde están enterrados Mohamed V y Hassan II. Una tercera, la española Lara Alcázar, ha explicado que fue expulsada del país antes de que pudiera participar en la acción, de la que se han desvinculado tanto NOVACT como Aswat, el único colectivo de defensa de derechos LGTB que se mantiene en activo en Marruecos, aunque de forma clandestina.

Las expulsiones vinieron precedidas de la actuación del grupo británico de rock Placebo en el festival Mawazine de Rabat, en la que el guitarrista Stefen Olsdal exhibió un enorme 489 tachado que se había pintado en el torso y salió al escenario blandiendo un bajo pintado con la bandera arcoíris. Después llegaron varias manifestaciones de protesta — más o menos espontáneas — por la acción de las FEMEN. El ambiente estaba caldeado — estamos en fechas inmediatamente anteriores al mes sagrado del Ramadán, que comienza esta semana.Tanto, que la revista Maroc Hebdo, conocida por su manga ancha a la hora de elegir titulares, se lanzó con el titular "¿Hay que quemar a los homosexuales?" en su portada. Las autoridades ordenaron retirar el semanario.

Durante semanas, los debates en la radio, los editoriales en las revistas y las reacciones en las redes sociales se han centrado en si se debe o no despenalizar la homosexualidad, algo que no parece probable con un gobierno de corte islamista como el PJD, actualmente en el poder, y con una sociedad que rechaza de forma mayoritaria la homosexualidad.

El debate más amplio es la restricción del trabajo de las ONG dedicadas a la salvaguarda de los derechos humanos en Marruecos. El diputado español de Izquierda Plural, Josep Pérez Moya, ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al gobierno sobre la expulsión de la delegada de NOVACT, que la ONG califica de "ilegal", porque no tuvo acceso a asistencia consular ni a un abogado. Amnistía Internacional piensa seguir trabajando en su informe, más adelante.

"Amnistía Internacional ya son niños grandes. Pueden arreglárselas. El problema somos nosotros, los que nos quedamos aquí", explica a VICE News un activista marroquí que prefiere no revelar su identidad. En el caso del colectivo gay, la intimidación ha funcionado. Algunos militantes han abandonado sus casas y han cortado el contacto con sus amigos.

La persecución a estas organizaciones, tanto extranjeras como locales, no se remonta sólo al último mes. En el último año, el Ministerio del Interior ha prohibido decenas de actividades de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más grande, contestataria y activa en el país. Después fueron objetivo los periodistas Ali Anouzla, acusado de enaltecimiento del terrorismo, y Hicham Mansouri, periodista de investigación encarcelado por adulterio.

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El gobierno, además, se propone reformar el código penal, que data de 1963, pero varias organizaciones de la sociedad civil han protestado porque entienden que el anteproyecto es retrógrado. Se mantiene la pena de muerte, se siguen penando las relaciones fuera del matrimonio y se aumentan las multas para las relaciones homosexuales. Además, invocando la "amenaza terrorista", se autoriza a las fuerzas de seguridad a dispersar una manifestación. Y se castigan actos tan ambiguos como la "ofensa a las religiones" o la "debilitación de la fe de un musulmán", dejando la puerta abierta a abusos judiciales y policiales.

Ahora el objetivo han sido las organizaciones extranjeras, con las que Marruecos parece querer demostrar, como ocurre en otros ámbitos, que es un país soberano y que no va a tolerar ninguna injerencia en su forma de abordar el tratamiento de los derechos humanos en el país. Tampoco hay nadie que la exija. En la última Reunión de Alto Nivel España- Marruecos celebrada en Madrid el pasado 5 de junio, no se habló ni de la cooperante española ni de la situación de los derechos humanos en el Sahara. Al término de la reunión, en la declaración conjunta suscrita por los dos gobiernos, España alababa "el modelo democrático marroquí, singular en la región, que se articula en torno a la tolerancia, la apertura y la libertad".

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