Cultivo de marihuana legal: un sueño dorado en la Sierra de Guerrero

Entre tepehuajes, pinos, encinos, guajes y pochotes, y nutridas con abundante agua, buena luz y tierra fértil, unas tres mil plantas hembra de metro y medio, cargadas de cogollos y con grandes hojas despuntan en la barranca. Serafín y sus socios las han estado cultivando por más de tres meses en una tierra rentada de un pueblo de la Sierra de Guerrero; han invertido también unos 30.000 pesos mexicanos (1.500 dólares) en fertilizantes, plaguicidas, agua y mano de obra. Desmachar —lograr que las plantas macho no germinen a las hembras y arruinen los cogollos— ha sido casi una labor cotidiana.

Ante el desplome abrupto del precio de la goma de opio de 20.000 pesos (1.000 dólares) a 3.000 pesos (150 dólares) el kilogramo a fines de 2017, Serafín y sus colegas cambiaron el cultivo de maíz bola, como se le conoce en la región a la amapola, por la marihuana.

“Ya la cultivábamos año con año, de generación en generación, pero recién hemos venido a saber que se llama cannabis… y que no es lo mismo que andar marihuano”, señala mientras caminamos hacia el carro en el que llegamos saltando baches, ríos y barrancas. Luego resalta las múltiples propiedades medicinales de la planta con la certeza de que la ciencia respalda su actividad y ojalá pronto la ley: tres comisiones del Senado de México —de Justicia, Salud y Estudios Legislativos— aprobaron el dictamen de proyecto de ley para la regulación del uso de la marihuana el pasado 3 de marzo, dictamen que puede ser revisado mínimamente y que debiera convertirse en ley antes del 30 de abril según un decreto de la Suprema Corte de Justicia.

La apuesta por el cultivo de marihuana de Serafín y sus socios, y hacerlo bajo un marco regulatorio legal, no se reduce solo a sustituir un cultivo por otro: pretenden crear fuentes de empleo más digno, menos sujetas a las dinámicas extorsivas del crimen organizado y del mercado neoliberal. Finalmente estas últimas lograron lo que décadas de políticas militares de erradicación forzada de cultivos jamás consiguieron: acabar con la producción de amapola como fuente de la goma de opio para heroína.

El fentanilo, un opioide sintético fabricado en laboratorio con menores costes de producción y mucho más potente y dañino, empezó a entrar en 2017 desde China a Estados Unidos a través del Puerto Lázaro Cárdenas, y pronto proliferaron laboratorios en territorio mexicano bajo el control del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Nuestra fuente de empleo era [la goma]. Todo el Filo Mayor vivía de la amapola”, señala Serafín, haciendo eco de las cifras que manejaba la Unión de Comisarios de la Sierra, que en varios encuentros internacionales ha mostrado que esta planta daba trabajo directo a más de 100.000 campesinos, 10% de ellos mujeres, e incluso a jornaleros que llegaban de las regiones indígenas de la Montaña. “Pero cuando los precios se desplomaron la economía de la Sierra se terminó. Ahora hay una pobreza muy gacha”, añade.

Con la falta de empleo la economía tomó un cariz macabro: incrementaron los secuestros por parte del crimen organizado, la petición de derechos de piso, la prestación de servicios “de seguridad” a las mineras canadienses que operan en la región, el trabajo de halconato (vigilancia), la tala clandestina y las extorsiones. Por tener una vaca o un taller de autos, la cuota podía ser tan elevada que la gente se vio obligada a dejarlo todo y salir de manera forzada.

La expulsión masiva escaló con las disputas por el control del territorio entre grupos del crimen organizado. En noviembre de 2018, tres mil personas armadas del autodenominado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), liderado desde Tlacotepec por Onésimo Marquina Chapa, que controla la zona minera de Mezcala, entraron en el territorio bajo el influjo del Cartel del Sur, cercaron la plaza y expulsaron a más de 1.200 personas de varias comunidades; entre ellas, Filo de Caballos, Campo de Aviación y Los Morros.

Meses después se restableció el tráfico de rutas y escuelas en la zona, pero bajo un férreo control del tránsito de personas, horario e información. El diablo anda suelto y el precio de la vida se devaluó al insulto: según varios rumores, un sicario puede cobrar hasta 3.000 pesos (150 dólares) a la semana.

En marzo de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, los desplazamientos forzados masivos en la Sierra continuaron. Unas 800 personas de las comunidades de El Balsamar, Chautipa y Tepozonalco, fueron expulsadas de su hogar.

Tricomas, trimear, terpenos son palabras que suenan a tierra prometida en boca de Serafín y de los hombres y mujeres que han venido a jornalear en la casa de secado. Llegamos a la casa tras manejar unos treinta minutos desde el campo de cultivo, por un camino rodeado de terrenos escarpados, algo de tlacolol (siembra de maíz en pendientes desniveladas) y bosques. El patio tiene una vista privilegiada al valle, agarra señal de radio y permite ubicar cualquier movimiento en las carreteras de acceso, por la vanguardia, por la retaguardia. Bajo el sol cenital, tres mujeres y varios hombres recortan, limpian y pulen los cogollos de marihuana ya secos, con unas tijeras grandes, un poco oxidadas. A esto le llaman trimear, un anglicismo importado de la boyante industria cannábica de Estados Unidos. Entre botellas de pepsi-cola y bolsas de sabritas, sus hijos juegan con cubos de agua y las plantas.

El jornal de 150 pesos (7,5 dólares) que Serafín y sus dos socios campesinos les pagan a estas familias por la tarea es mayor que casi cualquier otro en estos tiempos de escasez. Al menos les genera algo de dinero que gastan en la escuela de sus hijos, en zapatos, en ropa y en comida.

Con su cosecha a punto de caramelo, y todavía en la clandestinidad, Serafín y sus socios temen perder todo el trabajo de cultivo y trimen si los militares llegan a erradicar o decomisar los cogollos. Por eso hablan por el radio, están ojo avizor. Serafín cuenta que “si encuentran las plantas, las cortan, las queman, las acaban y toda la inversión se pierde. Aunque a veces agarran la onda. Como Ejército los mandan erradicar todos los plantíos, pero ellos saben que es nuestra única fuente de vivir aquí… se compadecen. Saben que la Sierra vive de esto”.

La idea es pues cultivar con criterios de calidad e incluso ofrecer un producto “orgánico”, libre de pesticidas. Solo con un cannabis fino, piensa Serafín, podrán competir en el mercado mexicano regulado. Él y sus socios creen que con la legalización ya no habrá más erradicaciones forzadas a manos de militares y que el crimen organizado perderá parte de su poder. Esto, claro, en caso de que la regulación se haga contemplando ciertos criterios afines a los productores campesinos y las realidades regionales.

“Pienso que el Gobierno va a venir a revisar cuántas matas sembraste… y en vez de que tú lo vendas al narcotráfico, ya lo vas a vender a un mercado que esté regulado”, comenta Serafín , mientras limpia un poquito el terreno y agarra entusiasta varias plantas, algunas bien cargaditas de tricomas y otras algo encocadas. “Si el Estado controlara la producción, podría controlar los precios y no pasaría como con los precios de la amapola, que cayeron tan bajo”.

¿Es así de simple? Serafín ignora el problema de los acaparadores y las dinámicas predatorias del mercado neoliberal, en el que el grueso de los beneficios queda en los eslabones de la cadena productiva más alejados de los productores. En mercados legales, como el café, el mango o el aguacate, las dinámicas, con menos sangre aparente, también se tornan extorsivas. El precio que los acopiadores pagan por los productos a los campesinos es irrisorio en comparación con el precio en los lugares de consumo. Eso, además de la cuestionable capacidad real del Estado mexicano para controlar algo.

Ahora bien, en mercados ilegales la diferencia entre los beneficios que obtienen los productores y aquellos que obtienen los acaparadores es mucho mayor. En los “buenos tiempos de la goma”, antes de que se desplomara el precio, esta se compraba a unos 1.000 dólares el kilo a los campesinos; una vez transformada en heroína en el norte de México tenía un precio aproximado de 35.000 dólares por kilo (según solicitud de información 001700089210 en CENAPI y PGR). En Estados Unidos este precio era, al por mayor, de 77.383 dólares en 2006 y unos 53.333 dólares en 2016. Al por menor, quedaba en alrededor de 559 dólares el gramo en 2006 y 491 dólares el gramo en 2016. ¡559 veces era la diferencia de precio entre la materia prima y la droga ya manufacturada y cortada en las calles de Nueva York!

¿Qué les hace pensar que con la regularización sí se pagará un precio justo por la marihuana cuando esta sea legal?, ¿que la regularización terminará con la violencia?

“Pues mire, que se logre la pacificación con esto, ¿pues quién va a querer andar metiéndose en problemas? Si la marihuana es legal, tú te vas a dedicar a trabajar porque sabes que esta va a ser tu economía”, me contesta convencido Serafín, sin entrar de lleno en las dificultades de lograr un precio justo.

“La regulación de cannabis y de amapola no es el fin, y no va a ser la vara mágica… pero es que no hay una sola cosa que vaya a arreglar todos los problemas en México”, dice Zara Snapp, cofundadora del Instituto Ría y promotora de la campaña #RegulacionPorLaPaz, quien ha examinado las experiencias de regularización de cannabis medicinal o recreativo en otros lugares del continente.

“Lo que queremos es ir avanzando en una dirección donde se respeten los derechos, donde no haya tanta impunidad, donde existan la verdad, la justicia, y la construcción de paz. Entre las propuestas para la regulación está el que se cree un fondo donde ciertas ganancias de este mercado vayan, a través de los impuestos, a mecanismos que ya existen, como por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda”. Este es un organismo estatal mandatado en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, pero cuyos presupuestos actuales, considerando las miles de fosas que agujerean el país, es irrisorio.

El sueño dorado del cultivo de cannabis en la Sierra como alternativa al derrumbe de los precios de la amapola y la violencia extorsiva también se enfrenta con barreras estrictamente agrícolas. Según mencionan algunos agrónomos de la Universidad Autónoma de Chapingo que prefieren guardar el anonimato, los climas propicios para el cultivo de “la bola” son templado-frío, mientras que para la marihuana son templado-caliente. La producción de cannabis no podría sustituir los cientos de hectáreas de cultivo de amapola que había en Filo Mayor a más de 1.000 metros de altura.

En la barranca y en la casa de secado, con algunas cosas que van leyendo, Serafín y sus compañeros mejoran el cultivo de la planta, decididos a que su suerte cambie con la nueva legislación. “Primero es arar y lograr una buena tierra, germinar la planta, desmacharla, sembrarla, abonar, fumigar, llevarla a un almacén de secado…. luego trimearla”, cuenta Serafín.

Las plantas ya cosechadas y bocabajo se mecen con la brisa de la tarde que va entrando. “Antes las vendíamos enteras, con hojas. La flor se maltrataba, se tiraba, se amontonaba, y ya la marihuana se volvía negra, con hongos. También la secábamos al sol, la maltratábamos, la pisoteábamos o la prensábamos. Los tricomas, los terpenos y la clorofila se perdían”.

“En las mañanas frías, cuando cae el sereno, las plantas se humedecían. En tres días tirábamos tres meses de trabajo. Pero ahora seleccionamos flor por flor y las limpiamos. Una vez que seca, la limpiamos de nuevo, después trimeamos y la ponemos a secar en un bote de cristal que vamos abriendo cada día. Si usted fumara, usted preferiría fumarse una colita de este cogollo que estar fumando una marihuana prensada sin color u oxidada… Ahora la planta vale más”.

Y hay empresas transnacionales que saben muy bien que ahora la marihuana “vale más”. En los últimos años se han disparado las inversiones en biotecnología y marketing. Laboratorios vanguardistas, impolutos, con el blanco nuclear de las batas y la precisión milimétrica de las pipetas y las probetas, se abocan a la mejora y patente de especies. Los bancos de semillas —muchos de ellos en España, uno de los líderes mundiales en patrimonio genético de la cannabis— permiten manejar con mayor precisión las dosis de Tetrahidrocannabinol (THC), el cannabinoide más psicoactivo; de cannabidol (CBD), con propiedades más analgésicas y algunos de los más de ciento cincuenta cannabinoides que contiene la planta.

El sector ha pasado de la clandestinidad a cotizar al alza en el IBEX 35, en el Nasdaq, en el New York Stock Exchange o en mercados “Over The Counter” (OTC). Multinacionales de origen canadiense o israelí, como Canopy Growth Corporation, Aurora Cannabis Inc., Tilray, Inc., GW Pharmaceuticals PLC Sponsored ADR o Cronos Group Inc. encabezan las listas de inversión. Soplan números de cambio.

En materia legislativa, la cannabis con usos recreativos ya es legal en Uruguay, en Canadá y en más de diez estados de Estados Unidos. Su consumo con fines medicinales ha sido regulado en más de treinta países y en enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud recomendó retirar el cannabis de la lista de “sustancias peligrosas y sin ningún uso médico” y considerar su potencial terapéutico. Esta recomendación fue acatada por la Convención de Estupefacientes, el principal organismo encargado de la formulación de políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes de la ONU, unos meses después. En Ginebra y Viena, a orillas del Ródano y el Danubio, en los pasillos diplomáticos del sistema de control de drogas el fin del prohibicionismo en materia de cannabis parece ya imparable, pero la pugna está por el modelo de legalización: más centrado en los intereses del capital privado o más sujeto a regulaciones por parte del sistema público.

En México, mientras el Grupo Promotor de la Industria de Cannabis pugna por lo primero, algunas organizaciones, como el Instituto Ría, Reverdeser o México Unido Contra la Delincuencia, tratan de introducir cláusulas sociales en la ley, ajustadas a los pequeños productores rurales o a los que practican autocultivo. Mientras tanto los mercados, ese ente mágico y animado del capitalismo, se revuelven y los analistas financieros estiman el tamaño del mercado del cannabis a los próximos años: Gran View Research estimaba que el mercado del cannabis medicinal en México en 2018 tenía un valor de 47.3 millones de dólares, y Market Watch, avizoraba un valor de 249.6 millones de dólares para 2025.

Para limitar el control de los mercados de cannabis por parte del sector privado y transnacional y lograr que su regulación permita realmente una reparación de los daños en comunidades rurales asoladas por la violencia, desde el Instituto Ría consideran que esta debería contemplar permisos de siembra y cultivo de cannabis solo para el sector social, en particular para ejidos, bienes comunales, propiedades cooperativas y pequeños propietarios. Según Zara Snapp, “es necesario que los permisos de cultivo se restrinjan solamente para ellos y que además puedan obtener licencias para poder transformar la planta y venderla, siendo ellos los únicos actores que tengan la posibilidad de una integración vertical”, algo que ya se intentó con la regulación de la amapola, que fue aprobada por el Congreso del estado de Guerrero en 2017 pero que quedó atascado a nivel federal.

De lo contrario los campesinos podrían pasar a depender de un cartel criminal a ser sobreexplotados como mano de obra barata por empresas del sector privado transnacional, que verían en México condiciones “competitivas” (es decir salarios de hambre, regulación ambiental de colapso) para la ganancia corporativa.

Mientras tanto por estos caminos serranos, sin maestros, sin doctores, sin red de telefonía, suenan los armadillos. En sus pueblos ya no se celebran fiestas ni ramadas, los chivos hace ya tiempo que no son animales y balan. Son AK-47 y matan.