El INVEA tuvo dos oportunidades de cerrar el colegio Rébsamen pero no lo hizo

El Instituto de Verificación de la Ciudad de México tuvo dos oportunidades de cerrar el Colegio Enrique Rébsamen antes de que se derrumbara con el sismo del 19 de septiembre y matara 26 personas.

La primera fue ocho meses antes, cuando descubrió que el Colegio violaba la norma del uso de suelo permitido para esa zona y también, que el documento que lo acreditaba era falso. Ahí se fue la primera oportunidad: el INVEA decidió ponerle una multa leve y no clausurar el lugar. La dueña del Colegio, Mónica García Villegas se amparó para no pagar esa multa —con el Colegio funcionando— y el Tribunal superior al que acudió no le dio la razón.

La segunda oportunidad de cerrarlo, tres meses antes del sismo, fue cuando el Tribunal Contencioso Administrativo envió al Instituto verificador un mensaje claro por medio de una notificación oficial: “el INVEA ganó el juicio”.

Sin embargo, el INVEA ya no actuaría hasta la segunda quincena de septiembre de 2017, cuando la catástrofe movió este expediente detenido. La muerte activó también la denuncia que el INVEA había encargado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) por el documento fraguado que envió la dueña del Colegio, quien nunca compareció ante el Instituto.

Según un documento publicado por la periodista Shaila Rosagel en Sin embargo, la Fedapur tuvo abierta la investigación por la falsificación del documento del Rébsamen sin moverla durante 7 meses, hasta el 25 de septiembre —6 días después del sismo— cuando giró un oficio pidiendo información a la Delegación Tlalpan.

A un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, accedimos el primer documento emitido por el INVEA sobre el Colegio Enrique Rébsamen, que consiste en la visita de verificación al lugar y la multa leve que se le dio al inmueble ante una irregularidad grave.

Al expediente sumamos el relato de un trabajador del Instituto que aporta detalles sobre cómo leer el documento, además de un testimonio que evidencia episodios de abuso laboral y hostigamiento hacia los trabajadores por parte de los jefes que ocupan cargos de confianza. Por temor a represalias, su relato se presenta anónimamente.

La perspectiva inmediata es que el INVEA irá difuminándose en los albores de la nueva Constitución de la Ciudad de México, dónde sus principales funciones —la verificación del uso de suelo de inmuebles y de los carteles espectaculares de publicidad— se transfieren a la potestad de una nueva área de gobierno, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y a las Alcaldías en que se transforman las Delegaciones.

¿Quién asumirá la responsabilidad por sus omisiones cuando el Instituto haya desaparecido?

El documento con el que el INVEA acreditó las irregularidades del Colegio Enrique Rébsamen está fechado el 23 de enero de 2017 y firmado por el licenciado Israel González Islas, Director de Calificación “A” del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Su conclusión es la aplicación de una multa por 1499 salarios mínimos (podía ser hasta de 3000) —con valor 71,68 pesos mexicanos al momento—, que equivalen a 107.448 pesos mexicanos, unos 5700 dólares. También se “conminó” a su directora a que al día siguiente de recibida la sanción “se abstenga de realizar la actividad de Colegio y Secundaria Técnica en el inmueble visitado”

González Islas no realizó la visita al inmueble, pero determinó la pena ante la irregularidad registrada.

La fuente consultada del Instituto explicó que tanto el cargo de González Islas como Director de Calificación A que se encarga de los inmuebles (hay también uno B, encargado del transporte) como el de su inmediato superior, Jonathan Solai Flaster, Coordinador de Substanciación de Procedimientos, son cargos de confianza y no designados por concurso, como la mayoría de los verificadores. Son estos niveles de confianza quienes deciden a quienes se verifica y qué multas se les impone una vez hecha la tarea técnica de los verificadores.

El proceso del Rébsamen en el INVEA inició con la denuncia de vecinos. El área de Atención ciudadana es el primer puesto dónde el Instituto descarta aquellos casos que no son materia que les corresponda. Es el primer filtro para las denuncias, pero la del Rébsamen pasó.

El documento indica que la orden que envió a un verificador al predio (previamente debe haber realizado una primera visita dónde se confirman los datos recibidos en la denuncia) fue emitida el 26 de Octubre de 2016. Un año antes del sismo.

El verificador concurrió al día siguiente al lugar dónde —según explica el documento rendido por González Islas— constató la primera infracción que “debe ser considerada como grave” ya que no respeta el uso de suelo establecido en el Programa de Ordenamiento Territorial de la Delegación Tlalpan, vigente desde el año 2010.

Esta es, básicamente, la chamba del INVEA: revisar si las construcciones cumplen los parámetros establecidos. No lo hacía en este caso el Colegio Rébsamen.

El expediente cita que la zona está catalogado como (H) habitacional y el “personal especializado en funciones de verificación” observó que en la práctica, el suelo era usado para un Colegio y una Secundaria Técnica de “planta baja y dos niveles, con salones de clase, alumnos y cafetería”.

El documento redactado por González Islas sostiene que se está “sobreponiendo así su interés privado al orden público e interés general y social, así como el de la política urbana del Distrito Federal”

La segunda infracción fue evidenciada el 16 de diciembre de 2016, ocho meses antes del sismo, cuando el Instituto recibió la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (Seduvi) diciéndoles que ellos no habían expedido el documento que la dueña del Colegio les había presentado.

Según el documento al que accedimos, el Rébsamen tenía un Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos para funcionar en la Colonia Nueva Oriental Coapa. Este tipo de certificados se utiliza para reconocer la legalidad de un rubro por el tiempo que lleva funcionando en esa zona de la ciudad, aunque ya no se permitan instalaciones de este tipo (como las pulquerías por ejemplo, que venden alcohol en lugares donde ya no se permite). Este no es el caso del Colegio Rébsamen, de construcción reciente.

El problema fue que la “Constancia de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos, número CAD 1569-93, folio 16122, con fecha de expedición 7 de septiembre de 1993, a favor del inmueble ubicado en calle Rancho Tamboreo, número 19, colonia Nueva Oriental Coapa” es falso.

La Seduvi le avisó al INVEA que el número CAD corresponde a un predio en Iztapalapa, no en la Delegación Tlalpan. Tiene la misma fecha de expedido pero en la Seduvi ese número corresponde al “predio ubicado en calle Cesar Elpidio Canales (antes calle 4) s/n, Manzana 102, Lote 845-D, Colonia Santa Martha Acatitla, Delegación Iztapalapa”.

“Por lo que se concluye que no fue emitida por esta Secretaría”, puede leerse.

A pesar de que la normativa prevé la clausura del lugar como una opción ante esta irregularidad; y que, si se revisan otras resoluciones del INVEA —disponibles en su sitio web reunidas en un excel— puede encontrarse multas más severas aplicadas en casos menos graves, González Islas aplicó una multa leve.

Una semana después del sismo y con el Colegio derrumbado, el Consejero Presidente del INVEA Meyer Klip Gervitz, celebró esta multa como parte del trabajo previo hecho por su Instituto y se justificó públicamente de no haber clausurado el predio porque la Ley de Establecimientos Mercantiles dice que un Colegio es un “establecimiento de bajo impacto”.

A primera vista y ante la evidencia señalada, aunque el Rébsamen no vendiera bebidas alcohólicas —que es clave para determinar el bajo impacto— por el enorme edificio que ocupaba casi una manzana (antes de ser demolido a fines de agosto de 2018) circulaban 347 menores de edad a diario: 130 adolescentes de secundaria, 185 niños en primaria y 32 infantes en la educación prescolar.

A fines de Noviembre de 2017, dos meses después del sismo, tres vecinas de la Colonia Nueva Oriental Coapa dónde estaba el Rébsamen, —Greta Alonso, Susana Calderón, Gabriela Sánchez— le dijeron al periodista Héctor García, del Diario Basta que además del Colegio derrumbado, hay otros nueve centros educativos violando la regulación de ordenamiento territorial en las ocho cuadras donde se extiende la pequeña colonia.

Para comprobar si la multa fue pagada por García Villegas, solicitamos a la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad mediante un pedido de acceso a información pública, que respondiera si había cobrado esa multa forzosamente, según dicta el procedimiento legal ante el no pago de manera voluntaria por la dueña del Rébsamen. La Tesorería de la Ciudad de México respondió a la pregunta diciendo que la información solicitada era confidencial.

El INVEA fue creado como producto de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien ligó la muerte de 12 personas en la disco News Devine en junio de 2008, con la expedición de permisos de uso de suelo amañados por parte del personal de las Delegaciones capitalinas.

En el comienzo, lo que se buscaba conformar era un equipo de técnicos que pudieran apartarse del procedimiento corrupto de los moches y las mordidas a los inspectores. Con esa ilusión ingresó al Instituto el trabajador que es fuente anónima de este artículo y que concursó por su puesto. Tiene formación universitaria.

La primera sorpresa que se llevó fue que el primer día de trabajo los pusieron a todos a hacer ejercicio, vestidos con camisa y zapatos lustrados. Luego, vinieron los días en que les tocó hacer “operativo” revisando locales y la jornada que había comenzado a las 9 de la mañana, se extendía sin aviso previo ni paga extra, hasta la madrugada del día siguiente. Dos noches a la semana llegaron a hacer operativos en los momentos de mayor trabajo.

El aniversario del sismo también significa para el INVEA el vaciamiento de sus actividades principales, que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la Ciudad de México —el 17 de septiembre— y la complementaria Ley de Alcaldías, son transferidos de nuevo a la órbita de los poderes ejecutivos locales.

Antonio Azuela, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó esta coyuntura diciendo que “hay una creencia que con una Constitución podemos refundar todo y va a ser casi como olvidarnos del pasado, pero ese pasado va a pesar”.

En cuanto al INVEA particularmente, explicó que no es una instancia que regule, sino que está para observar y vigilar que se apliquen las regulaciones que otros hacen. Por eso es tan llamativa su pasividad ante el caso Rébsamen.

Azuela prefirió no comentar al respecto por no conocerlo en detalle la situación del Colegio, pero aventuró a decir que en medio del “clima general de impunidad” que se vive, la redacción de la Constitución “también está expresando ese malestar”.

Es curiosa que la parte referida a este tema (tercer párrafo del punto 6 en el artículo 16) parece haber sido escrita con las irregularidades del Caso Rébsamen en mente.

La Constitución de la Ciudad de México dice que “la ley deberá prever sanción penal” para quien saque provecho económico de un uso de suelo distinto del permitido, así como para quien “presente documentos apócrifos” en temas de ordenamiento territorial.

Es decir, señala como un delito las conductas que al INVEA multó de manera leve.

Sobre la perspectiva de la disolución del Instituto en los nuevos parámetros legales que entraron a regir mientras este artículo se escribía, Azuela dijo que el INVEA “tendría que revisarse a fondo y hacerse una evaluación seria, porque se corre el riesgo de crear otra institución sin darse cuenta de cuál era el problema” a resolver.

Este trabajo es un esfuerzo por sumar a la investigación común de los sucedido el 19S, en el entendido que las catástrofes nunca son del todo naturales, sino previsibles y denunciadas.