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Víctima de la trata en Argentina: ‘prefería morir antes que seguir en el prostíbulo’

En Argentina hay más de 3.000 mujeres desaparecidas. Un país de origen, tránsito y destino de la trata donde las redes que trafican con el sexo de mujeres esclavizadas, operan gracias a la corrupción y a la insuficiente colaboración de las autoridades.
12.8.15
Protesta contra la trata y la explotación sexual de mujeres el 12 de diciembre de 2012 en las calles de Buenos Aires. (Imagen por Victor R. Caivano)

"Los agentes de policía recibían coimas de los tratantes y se acostaban con las chicas que querían" asegura a VICE News Dalida Mayellin Jiménez, que fue captada y engañada por una red de trata que presuntamente debía conseguirle un visado e ingresarla en España.

Para costear el viaje y pagar por los papeles, el padre de Mayellin, hipotecó y acabó por perder la casa donde ambos vivían. Pero la joven, de 24 años de edad, nunca pisó España. Su destino era, en realidad, Dulcinea, un burdel de la ciudad argentina de Mar del Plata situado en la calle San Salvador.

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Argentina es un país de origen, tránsito y destino de la trata en el que las redes que se dedican a traficar con el sexo de mujeres esclavizadas, operan y prosperan gracias a la corrupción y a la aún insuficiente colaboración entre las fuerzas de seguridad y las autoridades provinciales y federales.

A menudo, la falta de diligencia de algunos funcionarios, la inexistencia de un abogado querellante gratuito que represente a las víctimas o a sus familiares o la ausencia de un método adecuado en la gestión de los casos por parte de la administración provincial, contribuyen al estancamiento de las investigaciones, dificultan la búsqueda de desaparecidas y permiten a las redes seguir con su actividad delictiva.

Con todo, la ley contra este delito, aprobada en 2008 y modificada en 2012 y que eliminó la figura del consentimiento de la víctima como elemento exculpatorio para el tratante, aumentó las penas de los explotadores e impulsó nuevos organismos contra la trata, ha significado un gran paso adelante.

En Argentina, hay más de 3.000 mujeres en paradero desconocido, según un informe publicado en 2014 por la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, y aunque se desconoce cuántas de ellas fueron, han sido o están siendo víctimas de explotación sexual, el Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos da cuenta de la dimensión de esta lacra: 4.439 personas, la inmensa mayoría mujeres, fueron liberadas desde 2008 y hasta junio de 2015 de una situación de esclavitud sexual.

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Además, expertos y activistas coinciden en señalar que la acumulación de casos de mujeres de entre 12 y 18 años desparecidas es muy significativo. "Las mafias suelen captar a las chicas más vulnerables, la pobreza y la juventud son factores de riesgo", cuenta Celeste Perosino, de Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT).

Con todo, estas cifras sólo son aproximativas. Así, en el informe de 2014, que recopila el número de mujeres desaparecidas a partir de denuncias interpuestas en Argentina, hay lagunas importantes como el hecho de que algunas autoridades provinciales no facilitaran ninguna información al respecto y limitaciones de peso, como la imposibilidad de contabilizar los casos de aquellas víctimas, sobre todo extranjeras — que suponen la mitad del total y proceden mayoritariamente de Paraguay y República Dominicana — que no están detrás de ninguna denuncia. Mayellin, por ejemplo, no figura en ninguna de estas dos estadísticas. No hubo denuncia por desaparición ny no la rescataron, escapó.

"Van a hacer lo mismo que en su país, pero cobrando"

Cuando esta víctima de explotación sexual y otras nueve dominicanas que habían sido objeto del mismo engaño llegaron al prostíbulo Dulcinea, en Mar del Plata, el 2 de enero de 2010, las mentiras de los tratantes cesaron. De repente, todo tenía sentido: haberlas llevado de República Dominicana a Argentina en vez de viajar directamente a Europa porque "en la embajada española de Buenos Aires es más fácil conseguir la visa" o que "Tolete", el pseudónimo del captador, rehusara viajar con ellas como había prometido inicialmente para que Jorge Daniel Sánchez, el tratante y propietario del burdel que regentaba con su familia, se encargara de las chicas a su llegada a Buenos Aires.

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Ese día, Jorge Daniel se destapó y ya dentro del prostíbulo arrojó al suelo una maleta llena de piezas de lencería: "yo pagué sus viajes, me deben mucha plata, así que pónganse esta ropa, con ella van a laburar, porque hasta que no me devuelvan lo que es mío, no se van para España". No se preocupen, añadió, "aquí van a hacer lo mismo que hacían en su país, sólo que cobrarán a los hombres por ello".

Carteles de personas desaparecidas en el Aeropuerto de Buenos Aires. Muchas mujeres acaban siendo víctimas de la trata para ser explotadas sexualmente. (Imagen por María Altimira)

A partir de entonces, todo se derrumbó. Mayellin vivió en un estricto régimen de encierro y las amenazas hacia ella y sus compañeras fueron continuas. "Nos decían que nuestras familias lo iban a perder todo, que si nos marchábamos de allí y salíamos a la calle cualquier tipo nos matarían. En Argentina, decía Jorge Daniel, las chicas como ustedes, putas indocumentadas, aparecen muertas en las basuras", relata Mayellin.

Aterrorizadas, sin documentación, dinero, ni teléfono, y sin ningún contacto en un país desconocido para ellas, salir de allí parecía imposible.

"Para los hombres, no eras nada. A veces nos obligaban a hacer pases [servicio sexual] sin preservativo porque así cobraban más a los clientes y cuando estabas indispuesta trataban de que consumieras drogas. Pero hubo cosas mucho peores. Un día un cliente pagó para mantener relaciones sexuales conmigo por la parte trasera, yo me negué y él intentó meterme un palo por el culo. Tuve suerte, se armó tal escándalo en esa habitación que, al final, tuvieron que sacarlo", relata Mayellin con una voz que se debate entre la pretendida firmeza y la conmoción latente.

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Cuando sucedían cosas así, dice, "te descontaban el pase del sueldo que, en principio, debías cobrar por el trabajo pero que nunca te abonaban. Luego, también te quitaban dinero para pagar las comidas y hasta para sobornar a los policías que, según los tratantes, se encargaban de 'cuidarnos'".

Esos agentes cobraban las coimas de Jorge Daniel, y se beneficiaban de los servicios sexuales de las chicas a cambio de proteger el negocio. "Pocos días después de llegar, nos sacaron a todas del burdel porque les dijeron que habría un allanamiento, así que sólo dejaron a los familiares del propietario y a las chicas que vendían su cuerpo por propia voluntad y colaboraban con la red", recuerda.

La complicidad de los funcionarios

De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de EEUU publicado a mediados de 2014 "la complicidad de funcionarios gubernamentales en delitos relacionados con la trata de personas" es motivo de seria preocupación en Argentina. El documento asegura que algunos funcionarios de policía "brindan protección a burdeles en donde se explotan a víctimas de la trata o avisan a sus propietarios de los allanamientos inminentes".

En el mismo sentido, el informe recoge las denuncias de diversas organizaciones contra jueces que presuntamente "recibieron sobornos de los tratantes o no investigaron adecuadamente los signos de complicidad oficial".

Gustavo Vera, diputado por el partido Bien Común y titular de la Fundación Alameda, una organización especializada en la lucha contra la corrupción, asegura a VICE News que "en Argentina tenemos un problema de mafiosidad, de conexión corrupta entre un estado sobornable y la mafia del crimen organizado, hay muchos inspectores, policías, e incluso jueces y políticos metidos en la trata en un país en el que la explotación sexual y el narcotráfico van de la mano".

'Yo pagué sus viajes, me deben mucha plata, así que pónganse esta ropa, con ella van a laburar, porque hasta que no me devuelvan lo que es mío, no se van para España'.

PROTEX, que como el programa de rescate y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Tratay Explotación de Personas, fue creada a raíz de la ley que se aprobó hace siete años, publicó, a principios de este año, un informe sobre las causas judiciales relacionadas con este delito donde se explicita que en sólo 5 de las 126 sentencias dictadas hasta 2014 hubo funcionarios condenados. Uno de ellos se refiere al caso de Mayellin. En total, tres policías y dos ex policías.

"Una de las fórmulas con las que se trata de atajar la connivencia de los funcionarios o la administración pública con las redes de trata es la federalización del delito, es decir, trabajar con fuerzas de seguridad y fiscales federales — en vez de con los locales o provinciales — y ampliar la investigación a otros delitos asociados a la trata. Esto, es lo que permite la legislación que recién aprobamos en 2008 y 2012", explica Alejandra Mángano, coordinadora de PROTEX a VICE News.

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La huida de Mayellin

"Llegó un momento en el que prefería morir antes que seguir en el prostíbulo", relata Mayellin. Cuando tres meses después de su llegada a Dulcinea, ella y otras dos compañeras lograron escapar del prostíbulo gracias a la ayuda de un cliente que las llevó a una estación de autobuses para viajar a Buenos Aires, estaban decididas a denunciar los hechos.

Sin embargo, al llegar a la capital bonaerense, los agentes de la comisaría que encontraron al lado de la estación de destino les dijeron que debían interponer la denuncia allí donde habían sucedido los hechos.

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Pese a los obstáculos y al miedo, Mayellin acabó denunciando y tras dos años de investigación el proceso de instrucción terminó. El juicio estaba por celebrarse cuando, asegura, comenzó a recibir amenazas por teléfono por parte de los tratantes. Nadie excepto el Ministerio de Justicia, afirma, tenía el número de teléfono que utilizaba entonces; ellos le dijeron que estaba en reserva de identidad, que los acusados no iban a saber nada hasta que no empezara el juicio. "Mentira, estaban todos combinados".

Sin embargo, el caso llegó a buen puerto y, en mayo de 2014, el juez condenó a siete personas a penas de entre uno y siete años de cárcel, entre ellas Jorge Daniel, su mujer, uno de sus hijos, el ex policía Claudio Marcelo Campos y otros colaboradores.

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Yamila Cuello y Susana Graciela Becker

El caso de Yamila Cuello, desaparecida el 25 de octubre de 2009 en la ciudad de Córdoba, sigue sin esclarecerse y tras seis años todavía no hay condenados, ni procesados. Soledad, su hermana, carga contra la lentitud y el estancamiento del proceso judicial durante su entrevista con VICE News.

De acuerdo con PROTEX "hay una hipótesis subyacente de delito de trata de personas", pero para Soledad el caso está muy claro y el culpable se llama Néstor Simone, un antiguo novio de Yamila que le doblaba la edad y que siempre "andaba en apuros".

El día que Yamila desapareció iba a comer a casa de unas amigas y pidió que le tuvieran el agua caliente para bañarse porque volvería pronto. No lo hizo y Soledad y su madre fueron a denunciar los hechos a la comisaría. Allí les dijeron que volvieran a las 72 horas para asegurarse de que realmente estaba desparecida. Una práctica muy extendida en las comisarías provinciales y que, según el comité y el resto de organismos involucrados en la lucha contra este tipo de problemática consultados, intenta subsanarse con campañas informativas para que los ciudadanos sean conscientes de su derecho a denunciar desde el primer momento.

Margarita Meira posa junto a María Beatriz Rolón, miembro de Madres de Constitución, quien muestra el retrato de Carina Natalia Fedato, su sobrina desaparecida. (Imagen por María Altimira)

Luego, Soledad habló con los vecinos de Néstor y éstos le aseguraron, explica, "que los vieron discutiendo en la calle unos días antes" de su desaparición. Él la llamaba, la atormentaba, no la dejaba vivir, asegura Soledad.

Al cabo de un tiempo, un amigo de Néstor, explica, le contó y luego declaró ante el juez que éste la obligó a mantener relaciones sexuales con tipos para saldar sus deudas de juego.

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"A mi todos, salvo los activistas que me han apoyado desde el principio, me han decepcionado: la comisaría, la fiscalía, que no respondía las peticiones de información que le hacía nuestro abogado asesor y, también, María Amelia Chiofalo, ex secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas y José Manuel de la Sota, ex gobernador de Córdoba".

Chiofalo, que sólo recibió a Soledad tras dos años de peticiones de audiencia, renunció al cargo después de ser duramente criticada desde distintos sectores que trabajaban para erradicar la trata. El ex gobernador "nunca llegó a reunirse conmigo", asegura. Soledad organiza cada año una marcha para denunciar la desaparición de su hermana: "me sirve para demostrar que hay un día del año que me mata pero que yo la sigo buscando".

'El juicio se cerró en falso y adujeron su muerte a un accidente provocado por una fuga de gas del apartamento de la calle Tucumán donde se encontraba, pero las piezas no encajaban'.

La lucha en la calle y contra la trata ha sido una constante en la vida de la activista Margarita Meira, que el 23 de marzo de 1992 y tras un año de búsqueda infructuosa supo que su hija Susana Graciela Becker había muerto.

"El juicio se cerró en falso y adujeron su muerte a un accidente provocado por una fuga de gas del apartamento de la calle Tucumán donde se encontraba, pero las piezas no encajaban", asegura. El primer perito policial, dice, definió el suceso como "una muerte dudosa", además las ventanas del piso "del hombre que la mató" estaban encintadas. Pero, posteriormente, los peritos judiciales contradijeron esta versión.

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Hoy, su lucha continua al frente de la asociación Madres de Constitución y su marido, que trabajaba como taxista, se licenció en derecho y defiende causas de víctimas de las redes de explotación sexual de forma gratuita. De hecho, una de las cinco propuestas que la organización que lidera planteó a Cecilia Merchán, que dirige el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, dedicado a coordinar todos los ministerios y organismos que luchan contra la trata, es la necesidad de que las víctimas o sus familiares cuenten con un abogado querellante público que les represente, en vez de con un abogado que realice tareas de asesoramiento, como ocurre ahora.

Para Merchán esta es una demanda lógica y en la que se está avanzando desde una perspectiva más transversal. "El Ministerio de Justicia está trabajando en generar oficinas específicas que aborden el patrocinio jurídico gratuito y eso incluye no sólo las causas penales por trata sino todas las consecuencias que la trata genera y que se abordan por la vía civil" declara Merchán a VICE News.

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Sin embargo, no considera viables algunas de sus otras propuestas como tipificar la trata como un delito de lesa humanidad para impedir que éste prescriba o resarcir económicamente a las madres que buscan a sus hijas desaparecidas.

"Cuando tu hija desaparece, hay que salir a buscarla, y eso, a menudo, significa perder el trabajo. Pero tus obligaciones siguen siendo las mismas: pagar el alquiler y la comida, atender a tus otros hijos…", dice Meira. "La lucha de todas las madres, considera, es la misma. Hay mucho que hacer", sostiene, "Argentina está llena de burdeles y en cada uno hay 10 chicas contra su voluntad".

Reapertura de los prostíbulos

En un país donde la prostitución por cuenta ajena está prohibida desde finales de los años 30, resulta difícil entender la tranquila existencia de locales donde se comercia con el sexo. De hecho, VICE News corroboró la reapertura de burdeles bonaerenses que habían sido allanados y clausurados.

"El problema es que se clausuran y cambian el rubro. Si antes era una whiskería, lo habilitan como una casa de masajes. Entonces, la investigación tiene que volver a empezar y el juez, reordenar la clausura", explica Zaida Gatti, máxima responsable del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Vecinos de los locales ubicados en la calle Montevideo 55 de la Capital Federal, donde además se rescataron diversas víctimas de explotación sexual, y de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2123 en la zona Tribunales de la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmaron, sin sorpresa alguna, la presencia de dichos burdeles: "sí, trabajaban diversas putas, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no?".

Sigue a María Altimira en Twitter: @mariaaltimira