Un año después aún hay tres jóvenes en prisión por la pelea de Alsasua

Un encontronazo en un bar a las cinco de la madrugada durante las fiestas del pueblo que acaba en un banquillo de la Audiencia Nacional, ese lugar históricamente pensado y diseñado para juzgar a los terroristas más sanguinarios, gente con 50 muertos a sus espaldas.

Órdenes de prisión preventiva, acusaciones por delitos terroristas sobre la mesa y peticiones de 50 años de cárcel para la mayoría de los acusados. Es la historia de Aratz, Iñaki, Julen, Jon Ander, Jokin, Adur, Oihan y Ainara, los ocho jóvenes que participaron en la pelea/agresión/atentado (elija su tipo penal preferido) contra dos guardias civiles de paisano y sus parejas. Sucedió el 15 de octubre del pasado año en un bar de la localidad navarra de Alsasua.

Conocerán el caso porque ha sido mediático. Ha ocupado horas de televisión y portadas de prensa. Y ha sido precisamente esto, los focos desde el minuto uno, lo que han convertido esta pelea de bar con un tobillo fracturado —hecho condenable, por supuesto— en un terremoto con réplicas legales de consecuencias dramáticas para los ocho jóvenes. Estos días se cumple un año desde el ingreso en prisión de todos ellos. A día de hoy tres siguen aún en preventiva. El resto, en libertad con cargos a la espera de un juicio que se celebrará el 17 de abril de 2018. Un juicio en el que tendrán que defenderse para evitar esos 375 años de cárcel que suman las peticiones que dibuja la fiscalía en su acusación de “lesiones terroristas”.

“El terror se respira en cada esquina de este pueblo”, relataba una buena mañana Ana Rosa Quintana en un especial sobre lo sucedido en Alsasua. La presentadora de televisión le daba veracidad y sello de periodismo matutino a esa teoría que empezaba a circular en redes sociales y en los idearios de algunos partidos políticos: lo sucedido en aquel pueblo navarro no había sido una pelea de bar, sino un atentado terrorista contra la Guardia Civil en tiempos post ETA.

Al tiempo que Ana Rosa ponía sobre el asunto el contexto de terror, el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, visitaba acompañado por la víctima de ETA Ortega Lara a los dos guardias civiles agredidos en aquel bar. De uniforme ambos, uno de ellos posaba junto a los políticos mostrando la escayola. Aquel día y tras hacer pública en redes sociales la foto, el líder derechista ya dibujaba el asunto como un atentado.

El presidente del Gobierno, en los momentos posteriores al hecho, y antes de que los focos y la atención mediática hubieran tocado sus cotas más altas, no se atrevía a ir tan lejos como el líder de Vox o la periodista de Telecinco. Mariano Rajoy usaba su cuenta de Twitter para, en un mensaje personal —de esos que acaban con la firma MR— calificar de agresión —no de atentado ni de terrorismo— lo sucedido, mandar ánimos a los guardias civiles y asegurar que no habría impunidad para los agresores.

Cuando de interpretación de delitos se trata, la línea a veces puede ser tan fina como el tabique que separa la política de la Justicia. Sembrado ya un contexto, de poco importó que el propio atestado de la Guardia Civil viera un posible delito de odio y no de terrorismo, ni que en su informe descartaran que aquello hubiese sido un ataque organizado, sino un enfrentamiento casual. Ahora le tocaba a la justicia decidir si aquello era pelea de bar o ataque terrorista y el ruido ambiental apuntaba a lo segundo.

Una moneda al aire que al caer marcaría la diferencia entre una multa o una vida en prisión. Los familiares de los ocho jóvenes se lamentan en los medios de comunicación un año después de aquella pelea en las fiestas del pueblo: “si esto hubiera sido en otro lugar de España no estaríamos en esta situación”.

No les falta razón porque ese terror subjetivo, que Ana Rosa Quintana podía respirar en cada esquina del pueblo, es el que permite elegir una interpretación u otra del código penal: bronca de bar, delito de odio o terrorismo.

Al lanzarse la moneda al aire, dos tribunales, la Audiencia Provincial de Navarra -que consideraba aquello una pelea de bar o en todo caso un delito de odio contra la Guardia Civil- y la Audiencia Nacional –que lo consideraba un acto de terrorismo- se disputaron el caso de los jóvenes de Alsasua.

La moneda cayó del lado de la Audiencia Nacional y una jueza, ahora conocida por los encarcelamientos del Govern de Catalunya, la jueza Lamela, se hizo cargo del asunto optando por pedir penas que igualan o superan las aplicadas a atentados de ETA con varios muertos durante los peores años de plomo en Euskadi.

"A lo largo de los años en la Comunidad Foral de Navarra se ha imbuido en un sector de la población un sentimiento de odio hacia la Guardia Civil". Así comienza el escrito de acusación que pide casi 400 años de cárcel para los acusados: oliendo ese terror en cada esquina que no se huele judicialmente si la agresión en el bar se hubiera producido a unas horas de allí. En El Ferrol, por ejemplo.

Un concejal del PP de la localidad gallega fue condenado hace tres años a un año de prisión y a una multa de 1.200 euros por atentar contra unos agentes de la policía tras negarse a pasar un control de alcoholemia.

El concejal no entró en prisión y pagó una multa de 1.200 euros, lo que parece una condena lógica por una bronca violenta. ¿El matiz? Al concejal no se le intuyó odio hacia la autoridad, ni en El Ferrol “se respira el terror en cada esquina”. Los delitos de odio en España, un tipo penal pensado para defender ataques a colectivos o individuos por cuestión de raza, sexo o creencias religiosas, van un paso más allá de la condena aplicada al concejal popular. En este caso, las penas pueden llegar a ser de hasta cuatro años de cárcel en los casos más graves y en las interpretaciones más duras.

En Alsasua nos encontramos un caso provocado por lo que podríamos llamar el Efecto Ana Rosa, ese por el cual un suceso pasa de ser una bronca en una feria que podría acabar en una multa o en el caso más grave en una condena mínima de prisión, a tomar dimensiones que hacen que las peticiones de cárcel (375 años) superen las pedidas en los ochenta para el dirigente más sanguinario de ETA, Txikierdi, que ordenó centenas de asesinatos (para él se pidieron 350 años). Cuando llegue el juicio, todo eso puede cambiar. El sentido común pide que eso pase.