La ley mordaza o cómo Trump le quitó financiación al aborto en todo el mundo

El exempresario, exprotagonista de reality, exdueño de Miss Universo, Donald Trump, lleva poco más de una semana en la Presidencia de Estados Unidos: un periodo diminuto frente a los cuatro años (ocho, tal vez) que le esperan, pero que ya ha sido suficiente para sentir el peso de lo que promete ser uno de los periodos presidenciales gringos más polémicos y agresivos de la historia reciente.

Desde el viernes 20 de enero, el mismo día de su posesión, el presidente Trump ha estado firmando órdenes ejecutivas, proclamaciones y actas que van desde declarar un nuevo feriado —el Día Nacional del Patriotismo—, solicitar avances en el diseño y construcción del muro en la frontera con México, hasta prohibir completamente la entrada a Estados Unidos de refugiados provenientes de ciertos países, en su mayoría musulmanes. Y aunque la firmatón de Trump no es excepcional —el mismo Obama, durante su periodo, tuvo que ir a Corte después de que los republicanos afirmaran que se estaba excediendo con las órdenes ejecutivas— la materia de los documentos, y la publicidad que el mismo Trump le ha hecho a su maratón de firmas, lo han vuelto el protagonista de noticias, manifestaciones y preocupaciones en todo el mundo.

Una de las polémicas órdenes ejecutivas que firmó el presidente la semana pasada es una ley que, durante años, se ha instaurado y tumbado en los ires y venires de los gobiernos republicanos y demócratas: la Mexico City Policy, también conocida como la Global Gag Rule o la Ley Mordaza, en español. La medida prohíbe que organizaciones internacionales que practican o dan información sobre abortos reciban dinero del gobierno estadounidense. Una medida anti-aborto que, en teoría, busca disminuir la práctica en el mundo y desincentivar la labor de las agrupaciones que la respaldan.

Y aunque la medida estuvo vigente durante el gobierno de George W. Bush, y además es probable que cualquier otro republicano que asumiera la presidencia la hubiera puesto en marcha, las constantes declaraciones de Trump sobre las mujeres, durante su campaña, le dan una imagen nueva a la norma: una más agresiva y peligrosa. No es para menos cuando quien firma la norma es un presidente que ha twiteado mensajes de este calibre:

26.000 abusos sexuales sin reportar en las fuerzas armadas, sólo 238 han sido sancionadas. ¿Qué esperaban estos genios cuando pusieron a hombre y mujeres juntos?

Por el momento, varias organizaciones dedicadas al trabajo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia y Latinoamérica todavía están evaluando cómo la medida puede afectar sus labores. Mientras a organizaciones locales, como Oriéntame, la Ley Mordaza no las afecta financieramente, hay otras, como Profamilia, sobre los que aún no es claro cuál puede ser el impacto y lo siguen estudiando.

Aún así, incluso las organizaciones que no reciben dinero estadounidense afirman que la medida, de todas formas, las alcanza en un nivel simbólico: genera un ambiente de rechazo y estigma alrededor del aborto que refuerza el trabajo y protagonismo de grupos de derecha en el debate público, incluso sin plata de por medio.

Por el momento, y mientras las organizaciones nacionales y latinoamericanas se pronuncian sobre la medida, en VICE le presentamos una pequeña guía de todo lo que debería saber sobre la Ley Mordaza, para que, en caso de que la cosa se ponga grave, sepa qué es lo que está pasando y quién está detrás de todo.

Fue durante el periodo de Ronald Reagan, en 1984, que la Ley Mordaza se anunció por primera vez. La norma le demanda a las organizaciones internacionales que certifiquen que no van a practicar ni promocionar el aborto como una forma de planificación familiar para poder recibir plata del gobierno estadounidense. Y eso aplica incluso cuando los programas específicamente relacionados con aborto son financiados por otras entidades o gobiernos y el dinero gringo va a otras labores como la atención a maternidad, VIH o planificación. La ley también prohíbe que las organizaciones apoyen proyectos de legalización del aborto en otros países. Es decir, si por algún lado se menciona el tema de aborto, no hay plata.

La medida no aplica para las organizaciones locales, que cumplen estas funciones al interior de Estados Unidos. Sin embargo, sí aplica cuando esas organizaciones locales promueven practican o hablan de aborto en otros países.

La rama ejecutiva, típicamente el presidente, es quien desde 1984 se ha encargado de tumbar o hacer vigente la ley. Después del periodo de Reagan, que fue hasta 1989, George Bush (papá) mantuvo en pie la medida hasta 1993. En ese año, el demócrata Bill Clinton llegó a la Presidencia y anuló la norma, que luego fue retomada por Bush hijo y que luego, de nuevo, fue anulada por Obama. En todos los casos, incluyendo a Trump, ha sido activada o tumbada por órdenes ejecutivas, una figura del gobierno gringo a través de la cual el presidente instaura una regulación que, una vez firmada, todos los oficiales y agencias del gobierno deben seguir.

Aunque la ley también puede instaurarse por el Congreso, hasta ahora eso sólo ha pasado una vez: durante el último año de mandato de Clinton como parte de un arreglo más grande que buscaba saldar la deuda de Estados Unidos con Naciones Unidas.

Según el Guttmacher Institute, un centro estadounidense de investigación social y científica sobre salud sexual y reproductiva, cada año se realizan 56 millones de abortos en el mundo. De esos, más o menos la mitad son abortos inseguros: procedimientos que no son acompañados por profesionales médicos capacitados y que muchas veces se realizan de forma casera, clandestina y riesgosa para la salud. Esos abortos inseguros, que en países en vía de desarrollo representan el 95% del total de abortos realizados, suceden cuando las mujeres no tienen acceso a información ni acompañamiento sanitario cuando se enfrentan a un embarazo no deseado: a veces por violación, otras veces por falla de un método anticonceptivo o, incluso, por desconocimiento y falta de acceso a métodos anticonceptivos. Los abortos inseguros, por supuesto, muchas veces terminan en complicaciones médicas y, en los peores casos, en muertes.

En varios países latinoamericanos y africanos, la ayuda de organizaciones internacionales como, por ejemplo, Planned Parenthood —una organización estadounidense que entre sus labores internacionales provee información sobre aborto— ha ayudado a reducir los índices de muerte por aborto y de problemas de salud en los países donde los recursos son pocos y las leyes sobre salud sexual restrictivas.

Varios estudios y organizaciones afirman que, cuando entra en vigencia la ley y la plata se corta —al contrario de lo que buscaría la norma— el número de abortos no disminuye, sólo se hacen inseguros y peligrosos. E incluso aumentan. Con la Ley Mordaza en acción, las mujeres de los países que se benefician del dinero estadounidense no dejan de abortar, sino que abortan de forma insegura porque ya no cuentan con información profesional ni lugares seguros para interrumpir su embarazo.

Además de lo evidente que puede ser la agenda política que instaure el país más influyente del globo, Estados Unidos es, además, el financiador más grande de programas de salud pública en el mundo. USAID, la agencia del gobierno que administra la ayuda que el gobierno provee a nivel internacional destina 2.9 mil millones de dólares a programas de salud, lo que en países como Kenia, por ejemplo, representa la mitad del presupuesto nacional destinado a programas sobre Sida y VIH: cuando Bush hijo instauró la Ley Mordaza, la mitad de las clínicas de salud en ese país tuvieron que cerrar.

Por un lado, según la organización estadounidense Champions of Global Reproductive Rights, el hecho de que la medida no sea constante, sino que cambie según la orientación política del presidente, afecta a las mujeres y al proceso que las organizaciones adelantan en países en vía de desarrollo.

Pero, además de eso, la medida viene más dura con Trump. En 2003, el presidente Bush declaró que la ley no aplicaba en la financiación de programas internacionales dedicados a la atención de Sida y VIH, y que las organizaciones producto de asociaciones entre gobiernos no estaban incluidas dentro de la ley. La cosa cambió con el nuevo presidente, quien extendió la norma a todo tipo de asistencia en salud apoyada por Estados Unidos en el mundo, incluyendo los programas de planificación familiar y los programas de VIH y Sida. Además, extendió la política para incluir a todas las agencias y departamentos que se ocupen de programas de salud en el mundo y que podría incluir labores del Departamento de Defensa, USAID y el Departamento de Salud.

*VICE Colombia estará pendiente de cómo afecta la Ley Mordaza a las organizaciones colombianas y latinoamericanas que trabajan por el aborto y los derechos de las mujeres.