Estos son los cinco agresores sexuales más nefastos de la guerra en Colombia

Este artículo fue publicado originalmente en ¡PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.

En Colombia, la violencia sexual se conjugó con la guerra como una estrategia de los armados, legales e ilegales, para deshumanizar a sus víctimas.

Así lograron imponer sus políticas y su moral sobre los cuerpos y los territorios que invadían.

La violencia sexual como arma de guerra marcó la vida de al menos 15.076 personas, de acuerdo a un nuevo informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), titulado La guerra inscrita en el cuerpo.

Los actores del conflicto ordenaron abortos forzados, agredieron sexualmente a niñas y adolescentes y las obligaron a prostituirse, también torturaron sexualmente a sus víctimas y les cercenaron los genitales.

Se trata de evidencias del horror: de la consolidación de un poder machista y agresivo, que se propulsó por medio de la guerra y se impuso en hombres, mujeres y pueblos enteros.

En el conflicto armado —que también fue íntimo y así reforzó aquella consigna de que ‘lo personal es político’—, la mayoría de víctimas de violencia sexual quedan en el anonimato. Por la vergüenza o justificación social. O por el miedo a nuevas represalias y señalamientos.

¿Quiénes fueron los responsables de tanto dolor?

¡Pacifista! revisó La guerra inscrita en el cuerpo y encontró a estos cinco nefastos protagonistas.

Muchos comandantes de las Farc han asegurado que la violencia sexual estaba prohibida en la guerrilla, pero el prontuario de señalamientos contra algunos de sus miembros va de abortos forzados a esclavitud sexual.

Es el caso de Raúl Reyes, una de las cabezas del secretariado de las Farc, asesinado por el Ejército en 2008 en Sucumbios, Ecuador, en la operación Fénix que ordenó el gobierno de Álvaro Uribe.

Gina, una de las víctimas que narró su historia para el informe del CNMH, cuenta cómo Reyes ordenaba que algunas niñas reclutadas por la guerrilla se convirtieran en sus escoltas.

“Él siempre llevaba su doble intención”, cuenta Gina. “A él le gustaba cogerlo a uno que para escolta, siempre tenía muchachas así, y después abusar de uno”.

Gina fue escolta de Reyes por dieciséis años, pero en su relato asegura que no fue la única víctima de esclavitud sexual del guerrillero. Su alta posición en la organización permitía, según ella, que sus actos de violencia sexual quedaran impunes.

En 2016, el hermano de Raúl Reyes, Jairo Eliecer Devia, fue recluido en la cárcel de Florencia, luego de ser sindicado de acceso carnal violento con un menor de catorce años de una institución educativa donde era docente.

“No sé si en todos los grupos será igual, pero es lo más duro. ¡Lo más duro!”, dice Gina. “Porque eso es como una mancha que queda ahí que uno no se la puede borrar, a toda hora uno mantiene en eso”.

Subteniente Raúl Muñoz Linares. | David Campuzano – El Espectador

Contra el exmilitar Raúl Muñoz Reyes pesa la condena más alta impuesta a un militar en Colombia.

Sesenta años de prisión por violar a Jenny Torres, de catorce años, y por posteriormente asesinarla a ella y a sus hermanos Jeferson, de seis años, y Jimmy, de nueve. A los hermanos Torres el militar los enterró en el jardín de su casa.

Como lo narró en 2010 la revista Semana, Muñoz había violado a otra niña de doce años un día antes de la masacre de los Torres. Pidió disculpas a su mayor, pero quiso justificarse diciendo que había tenido sexo con la niña con el consentimiento de esta.

Según el informe del CNMH, este hecho “permite presumir que se considera aceptable las relaciones establecidas por los militares con niñas y adolescentes en los territorios aledaños a las bases militares, y que las prácticas de enamoramiento se constituyen en mecanismos de justificación de la violencia sexual”.

Ella era la rectora del colegio Nuestra Señora del Rosario del corregimiento de Riachuelo, en el municipio de Charalá, en Santander. Ella y su esposo Luis Moreno, exconcejal del municipio, fueron señalados de facilitar el reclutamiento y el tráfico sexual de niñas y niños de la institución educativa.

Según sostuvo la Fiscalía al capturarla en 2016, la rectora organizaba reinados de belleza en el colegio para que Carlos Alberto Almeida Penagos, alias Victor, comandante del Frente Comunero del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se llevara algunas niñas a los campamentos de los paramilitares y allí fueran abusadas.

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Hoy Gutiérrez y Moreno cumplen una condena por homicidio agravado por la muerte de Libardo Díaz, un habitante de Riachuelo señalado por la pareja como colaborador de la guerrilla y asesinado por el grupo paramilitar. Según la Fiscalía, los estudiantes encontraron el cuerpo en un jardín del colegio.

Los casos de delitos sexuales no han avanzado por vicios en el proceso.

En el prontuario de Botalón están inscritos asesinatos, desaparición forzada y reclutamiento de menores.

El exjefe paramilitar recibió una pena alternativa bajo la Ley de Justicia y Paz. En 2015, luego de cumplir la condena, Botalón quedó en libertad. En 2017, sin embargo, fue capturado por reincidir en redes de microtráfico.

Según el CNMH, Botalón fue responsable de la violación y tortura sexual de dos trabajadoras sexuales en Cimitarra, Santander. Junto a otros de sus hombres, el exjefe paramilitar llevó a dos trabajadoras sexuales a un cementerio, las amarró a un árbol y las desnudó. Luego de lanzarles agua fría, los hombres las violaron. Cuando las víctimas se negaron a realizar algunas prácticas sexuales, fueron golpeadas y amenazadas para denunciar a Botalón.

Por el crimen, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a Triana y a varios de sus hombres.

El ERG surgió como una disidencia del ELN luego de los fracasados diálogos de la guerrilla con el gobierno de César Gaviria.

Su comandante, Olimpo de Jesús Sánchez Caro, fue señalado por varias excombatientes de la guerrilla por la práctica de abortos forzados.

Según una sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, setenta y un por ciento de las mujeres a las que se les practicó el aborto no consentido ingresaron al ERG cuando eran menores de edad. Tres de las víctimas eran menores de edad cuando las obligaron a abortar.

Según el CNMH, los abortos fueron realizados por enfermeros o civiles que los guerrilleros contrataron. Algunas de las mujeres fueron agredidas en más de una ocasión.

“Había una política muy rígida de que no podíamos tener hijos”, narró una mujer al Tribunal de Medellín.

“Si alguna estaba embarazada tenía que obligatoriamente abortar… Yo aborté en una casa o un salón grande, era de día no sé si en la mañana o en la tarde y allá me aplicaron una inyección y el médico me hizo abrir las piernas y me metió algo que me chupó el bebé, me dolió muchísimo”.

Por estos hechos y prácticas como la tortura y el acceso carnal violento, Héctor Albedis Arboleda Buitrago, alias El Enfermero, fue capturado en Madrid, España, en marzo de 2017 y deportado a Colombia. Arboleda ha negado haber pertenecido a algún grupo armado, pero varios testimonios lo vinculan al ERG y a las Farc.