Si eres periodista y vives en Buga, mejor cierra Facebook

Y parece que es cierto. El juez autorizó que se hiciera una búsqueda en la cuenta de Facebook del periodista, "como datos de suscriptores [sic], direcciones de conexiones IP, servicios utilizados, teléfono móvil o correo [sic] electrónico asociado [sic], lista de contactos, destinatario de mensaje ime [sic] enviados y claves de acceso" entre noviembre y diciembre de 2016. Ahí se puede colar cualquier conversación con familiares, amigos o fuentes de información en otros casos. La orden del juez es tan amplia que uno podría decirle que se le olvidó pedirle a Solano que entregara sus notas de Primaria y Transición. Le faltó poco para pedir que se investigara el Facebook de todas las personas en Buga.

La orden del Juez Tercero se da en el marco de un proceso judicial que está siendo adelantado contra Solano a raíz de una denuncia interpuesta por James Hernán Gómez Serrato, un concejal de Buga. Solano ha hecho denuncias sobre posibles hechos de corrupción en los que, al parecer, Gómez Serrato está involucrado. Las fuentes de Solano han decidido permanecer anónimas.

Y ahí es donde está el principal problema y la mayor razón por la que la orden del juez es una exageración. La información que entregan las fuentes de Solano está amparada por la reserva de la fuente o secreto profesional, consagrado en el artículo 74 de nuestra Constitución.

El secreto profesional es el derecho que permite que nuestros médicos no anden contándole a todo el mundo si tenemos verrugas o no. También se trata de la garantía que permite que una persona con problemas le pida asesoría a un abogado, a un psicólogo o a un cura. Sin el secreto profesional, sería imposible ejercer cualquiera de esas profesiones. La Corte Constitucional ha dicho algo parecido. Si cualquiera de estas personas estuviera obligada a divulgar lo que sus clientes les cuentan, se quedarían sin trabajo.

Ese principio aplica para el periodismo. Sin el secreto profesional, las grandes denuncias por corrupción o por violaciones de derechos humanos se quedarían ocultas. Si su jefe estuviera involucrado en torcidos, ¿se arriesgaría a contarle a un periodista que no pueda garantizarle que va a mantener su nombre en secreto?

La respuesta es obvia: muchas de las personas que hacen denuncias anónimas a la prensa lo hacen basadas en la confianza. Si su nombre es expuesto, pueden arriesgarse a todo: al despido, a la muerte o a que le suceda algo a sus seres queridos. Sin este derecho, casos como las chuzadas del DAS o los muchos carruseles de contratación serían completamente desconocidos.

Este derecho ha sido reconocido por varias instancias internacionales. En el 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, desde el caso Goodwin contra el Reino Unido, en 1996, que obligar a que un periodista entregue sus fuentes tendría como efecto que la gente se sienta inhibida de hacer denuncias.

Es increíble que, después de tanto tiempo, los jueces y los fiscales sigan haciéndose los locos con este derecho. En 1993, un senador citó a Plinio Apuleyo al Congreso para que dijera quién le había hecho unas denuncias. Plinio dijo que no iba a responder esas preguntas porque atentaban contra el secreto profesional. La Corte Constitucional le dio la razón al periodista y se refirió a una ley de 1975, anterior a nuestra Constitución, que garantizaba ese derecho. "Obligar al periodista a revelar el origen de sus informaciones implicaría limitar su acceso a la noticia al silenciar, en muchos casos, a quienes conocen los hechos", dijo la Corte.

En el 2015, la Fiscalía de Eduardo Montealegre tuvo que enfrentar varios cuestionamientos por citar a periodistas para que contaran asuntos relacionados con sus investigaciones. Dos años después, la Fiscalía de Nestor Humberto Martínez sigue cometiendo el mismo error. Esto ocurre a pesar de que, en 2016, el entonces Fiscal Encargado, Jorge Perdomo, firmó una Directivaque supuestamente garantiza que los fiscales no van a cometer abusos contra el secreto profesional de los periodistas. Martínez dirá que sus fiscales son independientes, pero la verdad es que este tipo de cosas no pasarían si las directrices fueran claras.

La orden del Juez Tercero está vigente en este momento. ¿Permitirá Martínez que se violen los derechos de Solano? ¿Llegó la hora de que cerremos Facebook?

* Asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). @EmmanuelVP

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