El costo de un preso en la guerra contra las drogas

América Latina ha dado un viraje en el discurso del combate a las drogas. Los ejemplos sobran. Está, por ejemplo, la Declaración "Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma", realizada por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia en 2009, que terminó en una serie de recomendaciones para la aplicación de políticas públicas más seguras, eficientes y humanas. Por ahí derecho va la Organización de Estados Americanos, que adoptó en 2013 la "Declaración de Antigua" (Guatemala) en la que pedía a los estados miembros fortalecer sus acciones para reducir el hacinamiento carcelario, disminuyendo las penas cuando el daño del delito no fuera tan grande (tráfico menor de drogas, por ejemplo).

La cosa no es exclusiva de organizaciones multilaterales. Es también de gobiernos. El de Uruguay, por ejemplo, cambió en 2013 sus leyes para crear un sistema de regulación de la marihuana (consumo y acceso); Costa Rica, por su parte, bajó las penas para el delito de ingresar drogas en centros carcelarios; Colombia, por otro lado, ha cambiado el discurso (empezando por el Presidente, Juan Manuel Santos) y ha insistido por un cambio global de enfoque. De hecho, en marzo de este año, Yesid Reyes, el actual ministro de Justicia, dijo en Viena que las políticas de drogas no estaban dando los resultados esperados y que había que cambiarlas.

Todo eso está. Todo eso importa. Sin embargo, el lunar en este paisaje es más bien grande. Un documento de este año, del Colectivo de Estudios de Droga y Derecho, CEDD, muestra de forma clara cómo, pese a la proliferación de esos discursos, la herramienta penal (es decir, encarcelar gente) sigue siendo la medida principal para acometer la estrategia y solución de la problemática del tráfico de drogas. Los números aclaran: de acuerdo con dicho estudio, las tasas de encarcelamiento de los países de este hemisferio superan (a excepción de Bolivia) el promedio mundial. Siendo de 144, la de Colombia es de 245.

Más números, ya no en proporción, sino puros. La cifra de colombianos encarcelados por delitos que tienen que ver con drogas aumentó de 11 808, en 2002, a 23 141, en 2015. Eso es mucha gente presa que implica no sólo una contradicción en el discurso político sino, además, un costo altísimo. En billete puro y duro, un preso nos cuesta al día, según datos actualizados a octubre del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la suma de $39 313. Eso quiere decir que al año el Estado colombiano se gasta en todos sus presos un poco más de $332 000 millones. O sea, el monto suficiente para construir, por ejemplo, tres hospitales del tamaño y la calidad del Hospital Nacional de Colombia (el primer hospital universitario propio de la Universidad Nacional), inaugurado el pasado 17 de noviembre en Bogotá.

Para pensar, ¿no?