Montaje: VICE Colombia
“Aquí hay sectores en donde de un barrio a otro no se puede ir o sus habitantes tienen que reportar cuando llega una persona que no pertenece al barrio. Aquí hay toques de queda abiertos. Y así han asesinado a mucha gente”, explicó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, un centro de investigación que le hace seguimiento a violaciones de Derechos Humanos en Norte de Santander.Esta investigación es un producto de La Liga Contra el Silencio, un esfuerzo colectivo de varios medios de comunicación para denunciar casos de autocensura en el periodismo colombiano y contribuir así a la libertad de expresión. El artículo a continuación fue publicado originalmente en Verdad Abierta.
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La violencia ha llegado a tal punto en La Parada que entre agosto y diciembre del año pasado han sido asesinadas más de 20 personas. Aunque la Policía Metropolitana capturó a varios de los responsables de estos hechos, los homicidios no paran.“Desde septiembre se vienen armando muchas balaceras y se ha vuelto muy peligroso ir a cubrir esa parte de la frontera. La gente no quiere que la vean hablando con periodistas y nos toca esperar a la Policía para llegar hasta allá”, contó un periodista.No son miedos infundados. En San Faustino, corregimiento de Cúcuta, atacaron un periodista del diario La Opinión y otro del Q´hubo (de la misma casa editorial) cuando se disponían a cubrir un homicidio. Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2017. A eso de las 8 de la noche, en una trocha conocida como El Hueco, un hombre en una moto los detuvo y los conminó a que se devolvieran, a pesar de que advirtieron que eran periodistas.De regreso, los comunicadores fueron rodeados por doce hombres más que intentaron abrir las puertas del carro. Mientras huían, dispararon contra el automóvil y tiraron una piedra que rompió el vidrio trasero.“Fui a contarle al comandante de la Policía y salí regañado, que por qué me metía a esa zona, a esa hora, que por qué no les informaba a ellos. Incluso al día siguiente salió un comunicado dando a entender que la culpa era de nosotros por meternos allá”, narró uno de los periodistas."Fui a contarle al comandante de la Policía y salí regañado"
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Algunas han existido desde hace años, son amplias y están pavimentadas, como es el caso de la conocida como ‘Pika de dos’, una ruta controlada por ‘Los Pelusos’. Pero la mayoría son trochas que han abierto en los últimos años las bandas criminales.“Es un trabajo complicado, porque mientras usted monta todo un operativo para cerrar una trocha, eso es cuestión de unos pocos días o meses para que las bandas abran otra trocha con retroexcavadora”, reconoció un funcionario de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que solicitó no ser identificado.La mayoría están ubicadas en un punto que se conoce como Astilleros, entre Puerto Santander y Tibú, pero es en este primer municipio donde se han concentrado los enfrentamientos. “Ahorita se está presentando una lucha donde termina una trocha que se llama ‘los negros’, por el sector de Venezuela en una parte del Cerro La Popa. Este cerro es importante porque es la parte alta donde usted domina el paso fronterizo de Colombia hacia Venezuela y donde hay una cantidad de trochas, por eso es importante para ellos”, dijo el coronel Barrera.“Es un trabajo complicado, porque mientras usted monta todo un operativo para cerrar una trocha, eso es cuestión de unos pocos días o meses para que las bandas abran otra trocha con retroexcavadora”
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Hostilidades
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Además de los grupos armados ilegales, el problema es que, siendo el contrabando un problema histórico, gran parte de la población de la frontera vive de este negocio y cualquier intento de las autoridades por desmantelarlo es asumido como un intento por arrebatarles las fuentes de ingreso. Por eso, es común que cada vez que la Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta hace una incautación se genera una asonada o revuelta.Así sucedió, por ejemplo, a mediados de 2016 cuando la Polfa se tomó la vereda el Diamante, en Puerto Santander, en la zona fronteriza con Boca de Grita, para desmantelar los pasos de combustibles y centros de acopio. La respuesta de la población fue violenta y atacaron las instalaciones de la Alcaldía y de otras dependencias públicas locales.Un periodista y un reportero gráfico del diario La Opinión acudieron a la zona para cubrir los hechos, pero no lograron avanzar hasta donde estaban ocurriendo los hechos. Cuando iban de regreso a Cúcuta, en intermediaciones de Aguaclara, se encontraron con un tronco prendido en llamas que obstaculizaba el paso de tres vehículos: el de los periodistas, el de alcalde de Puerto Santander y el de una organización no gubernamental, acompañados por agentes de la Policía. Pocos minutos después atacantes desconocidos dispararon contra la caravana. Nadie salió herido en el incidente."Ves una estación de policía gigante, pero sabes que es de papel, y eso intimida, porque no tienen certeza de qué terreno estás pisando"
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Como medida de autoprotección algunos medios y periodistas han optado por frecuentar en menor medida esos lugares y valerse de diversas fuentes para cubrir las historias sin llegar hasta el lugar de los hechos. “Han pasado muchos hechos por allá y nos toca es buscar la forma de comprar fotografías a la gente, que tome con el celular. Se volvió una zona vedada para nosotros. La información la obtenemos con la autoridades, Policía o Ejército. Fuente sólo oficiales”, indicó un reportero.La situación de inseguridad ha generado mayor dependencia de las fuentes estatales que, desde sus oficinas de prensa, se empeñan en resaltar los resultados positivos solamente. Y romper ese círculo no es fácil. “Cuando sacamos algo contrario nos dicen que estamos atacando a la Policía. Hemos tenido muchos problemas con los homicidios, porque lo toman como algo personal, que no hay que sacarle todas las cosas malas, que la ciudad necesita más apoyo de los medios de comunicación, que es nuestra culpa que no vean el departamento como una opción de inversión”, describió otro periodista consultado.Del otro lado de la frontera tampoco reciben información. Los periodistas colombianos que han intentado obtener una entrevista con autoridades locales venezolanas en relación con el contrabando no han obtenido respuestas. Cuando periodistas de El País de Cali intentaron con el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, sólo obtuvieron este mensaje de la encargada de comunicaciones: “Hay un manejo tendencioso de los medios colombianos hacia Venezuela (…) ojalá las imágenes que obtuvieron no sean solo del ELN sino también de los paramilitares colombianos, que hay bastanticos por esta zona”.En el trasfondo de este convulsionado panorama quedan preguntas que, a juicio de los periodistas, es difícil investigar: ¿Qué empresarios están detrás del gran contrabando? ¿Cuáles son los daños medioambientales que ha causado la continua apertura de trochas ilegales? ¿Hasta qué niveles llega la complicidad de las autoridades a lado y lado de la frontera con los grupos ilegales?