Predicciones VICE: ¿qué se viene para Colombia en políticas de drogas?

Aun con la camiseta de la Selección puesta, a lo que toca pararle bolas es a esto último. Porque, sea usted un apático de la democracia o no, con el próximo presidente de Colombia todo puede cambiar de rumbo. Incluida la política de drogas del país.

Acá les dejamos algunos apuntes para entender lo que podría traer el 2018 en materia de producción, consumo y políticas públicas sobre drogas en pleno año electoral.

A Colombia el tema de las drogas ilícitas le toca las fibras más sensibles. No solo por la larga historia de violencia derivada del cultivo y tráfico de estupefacientes a través de la cual se inundó de coca y amapola el campo colombiano, sino por las dificultades históricas para generar alternativas viables a un modelo represivo que se ha mostrado tremendamente inefectivo. Tan inefectivo que, según el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 de las Naciones Unidas, socializado el año pasado, el aumento de hectáreas de hojas de coca entre 2015 y 2016 fue del 52 por ciento (en 2016 se sembraron 50.000 hectáreas de coca más que en 2015).

Ese incremento, como se informó en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en marzo de 2017, no solo fue en Colombia, sino en el mundo entero. Como informamos aquí en su momento, una de las grandes revelaciones de esa convención fue que no solo los cultivos de coca aumentaron, sino que “también crecieron las hectáreas de cultivo de amapola y marihuana; además creció la comercialización de drogas, la producción de nuevas sustancias y el consumo de las mismas”.

Pero la salida a ese carrusel no se va a dar si todos los eslabones no generan estrategias conjuntas que dejen de lado el modelo represivo y la fallida “guerra contra las drogas”. Como nos contó Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, después de asistir a la convención de Viena, la cosa es difícil porque Estados Unidos se ha encargado de sancionar y culpar a los países productores y “no fue capaz de asumir las consecuencias de una lucha prohibicionista y retrógrada contra las drogas. Fue a presentar con muertos el fracaso de su lucha sin pedirle disculpas a sus ciudadanos”. Según cifras presentadas en esa convención, en Estados Unidos se presentaron 55.000 muertes por sobredosis de opioides durante 2016. 16.000 se dieron por el uso de heroína, y el resto por derivados. “Ellos vienen a Colombia y nos regañan porque cultivamos coca, pero en la convención de Viena no hablaron nada de consumo”.

Con Trump a punto de inaugurar su segundo año y el consumo aumentando en los Estados Unidos (que, según cifras de la DEA, recibe el 92% de la cocaína de Colombia), el panorama no se ve favorable. El mismo tono del informe de la DEA sigue siendo echar la culpa a Colombia y los países productores, más que revisar conjuntamente los eslabones de consumo y producción para regular, mitigar riesgos y reducir el impacto en ambos lados de la cadena.

Sin embargo, en Colombia, como ha señalado el Colectivo de Estudios Drogas y Derechos de Rodrigo Uprimmy, desde hace unos años se han vivido una serie de “cambios significativos” en términos normativos y de políticas públicas en el acercamiento al consumo de drogas ilícitas, “pasando de un enfoque eminentemente represivo, a uno que lo concibe como un asunto de salud pública y derechos”. Una de las acciones clave fue la despenalización del consumo de dosis personal en los noventa, a raíz de la cual se aró el terreno hacia la comprensión de que el uso de drogas, como señala el Colectivo, “no puede ser penalizada en un Estado Social y Democrático de Derecho como el colombiano”.

Este 2018, que será el escenario de la fase más retadora en la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc, arranca con los embrollos de un ambicioso proyecto que, dando tumbos, ha ido avanzando: la sustitución de cultivos. Como sabemos, es uno de los puntos clave del Acuerdo y uno de los que, de resultar bien, marcaría una diferencia profunda en la relación entre el campo colombiano, la producción de estupefacientes y las alternativas de vida de los campesinos por fuera de la coca.

El año pasado empezó a andar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), un proyecto del Gobierno para cambiar el cultivo de coca por economías legales. Como recapituló en noviembre Andrés Bermúdez, colega de ¡PACIFISTA!, el PNIS estuvo bajo las miradas de todos en 2017 no solo por los rechazos de la oposición y los paros cocaleros en varias regiones del país, sino por la incidencia del presidente Trump y el gobierno gringo, y el funesto episodio en Tumaco, que documentamos acá el pasado 6 de octubre, en el que murieron al menos seis campesinos en el marco de una protesta contra la erradicación forzada.

Esto pone de frente, como afirma Bermúdez, que para combatir el problema de la coca (cuyos cultivos, como se anotó antes, están en sus niveles históricos más altos en quince años, alrededor de 160.000 hectáreas), el año pasado Colombia quedó en tensión entre dos estrategias muy distintas de la guerra contra las drogas, corriendo en simultáneo y compitiendo: los proyectos de sustitución voluntaria y las estrategias represivas de erradicación forzada —la “zanahoria” y el “garrote”, como se les ha llamado popularmente—.

“Las dos metas del Gobierno de sustituir 50.000 hectáreas de coca y la de erradicar a la fuerza otras 50.000 [en 2017] riñen entre sí. En teoría, la sustitución se iba a hacer con los campesinos, y la erradicación forzosa se guardaba para los ‘cultivos industriales’ (o no campesinos) o los que hubieran sembrado después de la fecha corte de julio de 2016. Pero, sin que el Ministerio de Defensa siquiera se esforzara por definir el tamaño de un cultivo industrial, las dos estrategias se vienen pisando los zapatos”, afirmó Bermúdez en un análisis de un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en ¡PACIFISTA!.

Sin embargo, aun con la falta de coordinación que ha llevado a la disputa entre esas dos estrategias del Gobierno, el proyecto de sustitución voluntaria está en marcha y, a pesar de los cuestionamientos y el paso lento, dando resultados. El informe de la FIP hizo saltar a la vista las consecuencias —positivas y negativas— del comienzo de la implementación de los programas del PNIS. Por un lado, que la coca sí se está sustituyendo en las zonas donde históricamente ha sido más duro (Guaviare, Putumayo, Caquetá, el sur del Meta), que las personas están cumpliendo con el compromiso de salir a sustituirla y que las Farc sí están ayudando en el proceso de tránsito. Pero, por otro, que la riña entre ambos modelos (el de la erradicación forzada y el de la sustitución voluntaria) y las demoras le están jugando en contra, que la violencia en las zonas cocaleras sigue aumentando, y que, como han detectado muchos, la plata no va a alcanzar para los subsidios de las familias que suscriben acuerdos con el PNIS.

Aun así, a pesar de los logros, fue imposible cumplir con la meta de 50.000 hectáreas sustituidas que se fijó Santos el año pasado. A eso se sumaron, como analizó Juanita Vélez en La Silla Sur, los enredos del proyecto de ley con el cual se haría posible que los campesinos que se comprometan a arrancar la hoja de coca y a no volver a cultivarla no terminen en la cárcel, que le daría la seguridad a más cocaleros de que habrá alternativas viables cuando empiecen a sustituir.

En medio de las presiones de Estados Unidos, los paros de cocaleros y el control de las bandas criminales, el seguimiento a los cultivos de coca y el proyecto de sustitución será un tema crucial para el país este 2018. Con los candidatos en el ruedo, habrá que estar atentos a sus miradas sobre esta política y cómo desenredar los choques entre las políticas de erradicación forzada hacia la que presionan los gringos y el proyecto de alternativas económicas que ayude a que marche la sustitución voluntaria de cultivos.

Pero, más que la sustitución que, de hecho, está ocurriendo, quedan los grandes retos: una vez saquen la coca los campesinos y opten por otros cultivos, garantizar que esas alternativas sean viables; que haya vías para sacar los productos; que haya compradores y cadenas de comercialización sólidas; y, sobre todo, que haya mayor apoyo ciudadano para ayudar a quienes están sustituyendo.

El caso de estos indígenas es, en ese sentido, ejemplar y podría servir de ejemplo de una sustitución voluntaria exitosa:

El año pasado quedó lista la normativa para la regulación de la producción de marihuana medicinal en Colombia. En abril de 2017, el Gobierno expidió el decreto en el que reglamentaba la ley que permite el uso del cannabis con fines medicinales en el país; luego, en agosto, lo hizo con tres resoluciones sobre la obtención de las licencias, los servicios de evaluación para otorgarlas y el área permitida para su cultivo. En noviembre pasado, El Tiempo señaló que ya se han entregado catorce licencias del Ministerio de Salud “para la fabricación de derivados y se han dejado en firme nueve licencias del Ministerio de Justicia: una para uso de semillas, dos para cultivos de plantas psicoactivas y seis para cultivos de plantas no psicoactivas”.

Con las licencias otorgadas, a las empresas que aspiran a producir marihuana (Cannavida S.A.S., Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S., Khiron Life Sciences Corp., FCM Global.S.A.S, Canmecol.S.A.S, Medcann S.A.S. y Pharmacielo Colombia Holdings S.A.S.) solo les faltan dos pasos para que sus plantas salgan al mercado: registros sobre la especie a cultivar del ICA y certificados del Invima. Y aunque del papel al campo hay un trecho enorme, como arrojó un informe que publicamos el año pasado sobre las trabas —estas sí reales— para el arranque formal del negocio en el país, según las proyecciones que se han hecho a partir de la normativa, Colombia entraría a jugar en forma en el mercado mundial de la marihuana medicinal el próximo 2019.

Y sí: con el terreno normativo dispuesto, este 2018 será el año en el que empezaremos realmente a ver florecer el negocio del cannabis lícito made in Colombia.

Eso lo reforzó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la autoridad encargada de regular el mercado de la marihuana legal en el mundo, otorgándole a Colombia un cupo de 40,5 toneladas que, por no haber arrancado en forma aún, todavía no se ha usado, pero que —si todo marcha bien— empezará a usarse el próximo año. En sintonía con el análisis de algunos economistas, El Tiempo afirmó que esa era una oportunidad de oro, pues solo en 2015 “Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y España importaron en total 36,9 toneladas de cannabis para suplir su producción de medicamentos”. Colombia podría llegar a suplir esa demanda.

Pero el tema tiene un extraño doble filo.

Aunque Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, dijo que el cannabis podría convertirse “en un nuevo commodity para el país”, hay todavía un profundo problema cultural: la mojigatería colombiana y la presión conservadora que ha hecho que, por ejemplo, un curso de cultivo de cannabis en la Universidad Nacional fuera cancelado silenciosamente y sin mayores explicaciones, según informaron nuestros colegas de ¡PACIFISTA! en agosto, “para no reforzar su estereotipo de paraíso marihuanero del país en términos de consumo”. Y así está el pulso: una encuesta reciente de Cifras y Conceptos, Caracol Radio y Red+Noticias arrojó que el 69% de los colombianos no apoya la legalización de la marihuana (aunque la pregunta no especifica si medicinal o recreativa).

Este tema sin duda marcará la agenda electoral. Allí veremos si, como estamos enrutados, el salto de Colombia hacia la creación de una industria de cannabis legal podría llegar a cambiar otras políticas de drogas o a significar el primer atisbo hacia la legalización de la marihuana recreativa (que no); o si, con el triunfo de algún candidato de derecha y según ha dicho el mismo Iván Duque, en vez de regular, “Colombia va a asumir una lucha frontal contra las drogas”.

A lo que tocará pararle bolas en este 2018, además de a los candidatos, es a la experiencia de California, en los Estados Unidos, que desde hace unos días legalizó el cannabis también para usos recreativos —no sin controversias y opositores, comenzando por el mismo presidente Trump—. La semana pasada, el New York Times analizó mostró el vuelco represivo que su administración ha iniciado en el país: una nueva guerra contra la legalización en la que está haciendo todo lo posible para que las autoridades endurezcan las leyes federales contra la droga en los estados que han descriminalizado su producción y venta.

Del caso californiano podrían analizarse los efectos de una decisión como la legalización recreativa a nivel local, así como su incidencia en el mercado mundial y, en consecuencia, en la experiencia colombiana (en ese estado, como acá, el proceso empezó con la despenalización y regulación de la marihuana para usos medicinales). Además, ya sabemos que las directrices gringas sobre drogas suelen terminar enmarcando las experiencias locales de países como el nuestro. De ello, la “guerra contra las drogas” es solo una muestra de su terrible fracaso…

El Observatorio de Drogas de Colombia (OCD) señala lo mismo año tras año: el trago, el cigarrillo y la marihuana son los reyes indestronables para los consumidores colombianos. Hay particularidades, claro. Por ejemplo, en el más reciente informe se afirma que el consumo de alcohol se mantuvo estable, el de tabaco ha disminuido y el de drogas ilícitas sigue aumentando. Como en todo el mundo, la marihuana es la más consumida y, acá en el país, le siguen la cocaína, el basuco y el éxtasis.

Una tendencia que de seguro continuará este año es que los colombianos —y, según el Informe Mundial Sobre Drogas 2017, casi todo el mundo— seguimos buscando y consumiendo variaciones de marihuana cada vez más potentes. Un estudio de “caracterización química, taxonómica y de mercado de la marihuana producida y consumida en el país, realizado entre 2015 y 2016”, en el que se analizaron 316 muestras de marihuana de diecisiete ciudades, dio como resultado que el treinta y cinco por ciento de las muestras encontradas registró concentraciones de THC del diez al quince por ciento (en 2010, el promedio no pasaba del 8 por ciento).

Las otras grandes protagonistas, que fueron la gran preocupación durante la convención de Viena de la ONU y en un estudio reciente de consumo en universitarios colombianos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), son y serán este año las Nuevas Sustancias Psicoactivas (o NSP, como las han abreviado). Estas sustancias son aquellas que, según la ONU, “no están incluidas en las listas de fiscalización internacional”. Compuestos nuevos camuflados en drogas conocidas, nuevas sustancias, etc.

La que más atención ha recibido en Colombia es el NBOMe, que hizo su aparición mediática el año pasado por una alerta del Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia. A pesar de ser cuento viejo —fue sintetizado por primera vez en 2003 y se popularizó desde 2013— solo hasta estudios recientes y al comunicado del Sistema de Alertas Tempranas en el país se corroboró la aparición de siete nuevas NSP que se venden como LSD pero son realmente sustancias tipo NBOMe, una droga psicodélica derivada de la feniletilamina sustituida psicodélica 2C-I. Según Medicina Legal, en 2017 murieron tres personas en Colombia por consumirla.

Esto será crucial para el diseño de políticas de consumo y prevención este año; más aún, ahora que el estudio de uso de drogas en jóvenes universitarios de la UNODC arrojó que de 2009 a 2016 se cuadruplicó el consumo de LSD (o, por lo menos, lo que aparenta serlo) y ahora es la segunda droga más apetecida por los estudiantes colombianos. Como anotamos antes, las investigaciones posteriores al estudio también hallaron que lo que acá se está consumiendo realmente no es LSD "sino que corresponde a sustancias del grupo de las Fenetilaminas, en formas de presentación muy parecidas al LSD y con efectos similares, pero donde muchas de ellas no son sustancias controladas como sí lo es el LSD, por lo cual es más fácil para los traficantes evadir los sistemas de control de sustancias psicoactivas".

En términos de políticas públicas, lo que sabemos es que cuando se alertó por la presencia del NBOMe en los trips colombianos, Ana Maria Peñuela Poveda, coordinadora del grupo Convivencia Social y Ciudadana del Ministerio de Salud, sostuvo en El Colombiano que la lucha contra estas sustancias era una prioridad del Gobierno con estrategias como el Plan Decenal de Salud a 2021 y la Ley Estatutaria de Salud (como parte del “manejo integral de consumo de sustancia psicoactivas desde el enfoque de derechos humanos y salud pública”).

En palabras de la Acción Técnica Social (ATS), “que no le metan gato por liebre, el NBOMe no es LSD”. Mientras las organizaciones y grupos de estudio ahondan en esta y otras NSP (como las piperazinas, las fenetilaminas, la ketamina, entre otras), la recomendación será que este 2018 tenga cuidado al comprar cualquier droga sintética o cualquier cartón de supuesto LSD: le pueden estar metiendo la mano. El año pasado nos contaron cuáles son las sustancias más alteradas del país y, sí, el LSD, el Éxtasis y el 2CB encabezan la lista.

Si va a consumir, una recomendación: infórmese y, si puede, testee antes con ATS y su proyecto Échele cabeza. Puede conocer más de ellos acá.