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La guerra contra las drogas destruye vidas, y también el medioambiente

A poco de la cumbre de la Asamblea General de la ONU en políticas internacionales sobre drogas, la Open Society Foundation asegura que la devastación medioambiental es uno de los daños colaterales más nocivos derivados por los programas antidroga.

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

Las políticas antidrogas de larga data, respaldadas por Naciones Unidas y financiadas por Estados Unidos, no han fracasado únicamente a la hora de disminuir el tráfico de drogas, sino que podrían ser también responsables de la degradación medioambiental y de la aceleración del cambio climático.

En un informe publicado por la fundación Open Society Foundation, la investigadora Kendra McSweeney ha hecho un llamado a reconsiderar la que le parece una política de "gato y ratón". De hecho, las medidas adoptadas han provocado que los cultivadores, los productores y los traficantes se hayan desplazado en busca de nuevas fronteras. Este desplazamiento ha provocado deforestación y contaminación química de algunos de los ecosistemas más sensibles del planeta, incluyendo parques naturales y reservas indígenas.

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"Existen infinidad de daños colaterales causados por la política contra el narcotráfico y las drogas en general. Ahora lo que queremos es que la comunidad global conozca las extendidas maneras en que se está dañando el medioambiente", relata McSweeney, una geógrafa que trabaja para la universidad de Ohio.

Los hallazgos se producen a escasos meses de que se celebre la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés), programada para abril del próximo año. Los expertos en políticas narcóticas esperan que la sesión, que pretende avanzar "hacia una estrategia integrada y equilibrada para combatir el problema global de los estupefacientes", explore los daños colaterales provocados por el fracaso de políticas que llevan demasiado tiempo focalizadas en la erradicación o en las campañas de prohibición.

Durante los últimos 40 años, Estados Unidos se ha gastado más de un trillón de dólares en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas por todo el planeta. Sus estrategias siguen persiguiendo la erradicación y la prohibición de manera tan estéril como sistemática. A pesar del elevado costo económico y humano de estas políticas, el consumo de estupefacientes se ha mantenido relativamente estable y los ingresos continúan siendo tan boyantes como de costumbre. Las estimaciones varían muchísimo, pero la Organización de Estados Americanos, asegura que el mercado de las sustancias ilegales factura 320 mil millones de dólares al año.

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El impacto medioambiental del cultivo de drogas ha sido discutido en círculos políticos —la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha reconocido que los herbicidas y fertilizantes que se emplean para plantar y enriquecer las plantaciones de cocaína son nocivos para el medioambiente. De hecho, se estima que entre 2001 y 2013 más de 700.000 acres de bosque sucumbieron al avance de la plantación de cocaína— sin embargo, apenas se ha debatido hasta qué punto son las mismas políticas antidroga las que están provocando la degradación medioambiental.

El informe subraya que este es un dato fundamental, puesto que las políticas antidroga "van en dirección contraria a las iniciativas adaptadas por Naciones Unidas para proteger la biodiversidad, conservar la riqueza de los ecosistemas planetarios, preservar los derechos de las poblaciones indígenas, mitigar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible". Se trata de una abominable contradicción institucional, que, según McSweeney, debería ser abordada en la sesión del UNGASS destinada a las política en materia de estupefacientes.

"La cantidad de tierra que se requiere para suministrar cocaína, marihuana y heroína es muy pequeña", añade McSweeney. "Sin embargo, se ha convertido en un problema medioambiental porque se siguen destruyendo los campos de cultivo, de manera que los productores, al querer satisfacer la demanda, necesitan desplazarse a nuevos terrenos para seguir produciendo: son las políticas antidroga las que alimentan y mantienen viva la naturaleza móvil del cultivo".

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Las campañas de fumigación, por ejemplo, son habitualmente empleadas para erradicar los cultivos de sustancias prohibidas. Estas han sido la piedra angular del multimillonario Plan Colombia fundado hace 15 años, un paquete de ayudas creado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país. Durante años, el gobierno se ha dedicado a rociar con glifosato —el principio activo reunido en Monsanto— las plantaciones ilegales de cocaína, lo que ha tenido efectos devastadores en la vida animal, las cosechas de comida, el ganado y la salud de los residentes en las zonas colindantes.

El gobierno colombiano, de hecho, ha entrado en la puja por el control de extensiones remotas de terreno controladas por los grupos paramilitares y por las guerrillas, especialmente las Farc, que han sido formalmente acusadas de promover el narcotráfico y el terrorismo. En 55 años, el conflicto armado en el país se ha cobrado las vidas de una cantidad estimada de 220.000 personas, el 80% de las cuales eran civiles.

"A finales de 1990, cuando el conflicto armado interno se estaba intensificando, quienes denunciaron el impacto medioambiental de la llamada 'guerra contra las drogas y el terrorismo', fueron convocados por los miembros del gobierno por ser cómplices de las guerrillas", explica Guillermo Ospina, un investigador de la Universidad del Cauca que ha estudiado durante años el impacto de las políticas antidroga.

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Ospina asegura que esta actitud ha cambiado con los años. Sin embargo, cuando el país anunció una prohibición en el uso del glifosato a principios de año, gran parte del daño ya estaba hecho: entre 2001 y 2014 Colombia perdió casi 4 mil metros cuadrados de selva virgen por culpa del cultivo de cocaína. El año pasado, la cocaína fue cultivada en 16 de los 59 parques nacionales del Estado.

"En Colombia se metieron en los parques nacionales porque estos quedan fuera de los límites en los que se emplean sistemas de fumigación", cuenta Vanda Felbab Brown, experta analista en el Brooking Institute. "Pero en Perú, los cocaleros han dado rienda suelta al cultivo en parques nacionales, no solamente porque se sublevaron contra los campañas de erradicación, sino porque el control gubernamental era más laxo".

Bolivia ha logrado reducir satisfactoriamente el cultivo de cocaína, a pesar de que el presidente del país, Evo Morales, expulsara de su estado en 2008 a la DEA, la agencia estatal estadounidense destinada a combatir el narcotráfico.

Más allá de las zonas de producción de estupefacientes, las restricciones están fortaleciendo la seguridad en las rutas habituales, de manera que los traficantes buscan introducir la manufactura en las zonas más remotas posibles. Según el informe, las áreas de tránsito son lugares donde el maltrato ambiental sigue a la orden del día. Y dadas las actuales prohibiciones, la ingente cantidad de beneficios ilegales que están acumulando los traficantes se lava, a menudo, en la ganadería, la explotación forestal y el agroturismo, actividades todas altamente perjudiciales para el medioambiente.

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En otras partes del mundo, al igual que en América Latina, las actuales políticas antidroga se basan a menudo en proponer economías alternativas. Sin embargo, según cuenta Felbab Brown, estas economías de reemplazo que surgen cuando se restringe la industria de la droga suelen ser más perjudiciales para el medioambiente que el negocio original.

En Birmania, por ejemplo, después de que el cultivo de la amapola fuese suprimido con éxito en los años 90 y durante la primera década del siglo XXI, la caza furtiva y la explotación forestal ilegítima ocuparon su lugar. "Las dos economías de reemplazo del cultivo de la amapola, en este caso, fueron mucho más perjudiciales para el medio ambiente que las consecuencias mismas del cultivo de la flor", cuenta Felbab Brown.

El informe sugiere maneras de mejorar la política actual en materia de drogas: contemplar los costos de la degradación medioambiental que genera la legislación sobre narcóticos. Y hace, además, un llamado a las multinacionales para que sopesen cuáles son las mejores soluciones al problema a nivel regional, y cita como ejemplo el cultivo de droga en Bolivia. Los estados miembros de Naciones Unidas tendrán que redoblar su compromiso con la biodiversidad, y deberán ofrecer apoyo financiero a las comunidades indígenas y campesinas, al tiempo que deberán reconvertir los recursos destinados a la prohibición en un esfuerzo coordinado que combata el lavado de dinero en las zonas rurales más degradadas medioambientalmente.

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McSweeney añade, además, que los legisladores deberán reconocer que tales impactos resultan desproporcionados en el hemisferio Sur, donde la degradación medioambiental se ha traducido en pérdidas de oportunidades económicas para las comunidades locales.

En el pasado, estos argumentos no han incidido en las decisiones de los legisladores. Sin embargo, Ospina, que ha trabajado con varias comunidades en Colombia, está convencido de que si se aumenta la atención en el medioambiente, eso podría ayudar a combatir la lenta transformación de la política sobre drogas.

"Los argumentos relacionados con el daño medioambiental no tienen la fuerza suficiente como para producir cambios significativos en las políticas antidrogas del pasado", explica. "Pero las discusiones medioambientales han ganado cada vez más importancia entre las comunidades locales, de tal manera que ahora estas han cobrado visibilidad y están en disposición de exigir ante el abandono estatal que han padecido".

Cuatro meses antes de la cumbre del UNGASS prevista para 2016, y sólo algunos días después de que se alcanzara un histórico acuerdo sobre cambio climático en París, McSweeney confía que el informe ofrecerá un nuevo marco para el debate, probablemente uno mucho más estimulante.

"El informe es una pieza más en el arsenal de evidencias que se están recabando para denunciar lo nefastas que han sido las políticas antidroga y lo desastrosos que han resultado sus daños colaterales", dice McSweeney. "Llevamos tiempo proponiendo un cambio radical en materia de legislación sobre drogas porque parece que las aberrantes consecuencias sobre los derechos humanos de las leyes actuales no han despertado tanto interés como las charlas sobre los bosques amazónicos, y si esto es lo que hace falta para llamar su atención, estaré encantada de exponer el problema".