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Crisis en la CIDH, un golpe bajo a la democracia

En América Latina no hay plata para seguir defenfiendo los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ––CIDH–– está al borde del knock out. Algo así, como si hubiera recibido un par de golpes en la quijada por parte del campeón Mike Tyson y no quedara otro remedio que dejarse caer a la lona. En el piso y todo, tratan todavía de tomar aire durante los 10 segundos de plazos reglamentarios que da el boxeo, y levantarse. Eso sí, en caso de caer definitivamente, el golpe no solo sería para ellos, sino para la democracia misma, que necesita de una entidad como estas a nivel internacional.

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Pero vamos por el principio. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos ––OEA––, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos del continente americano. Fue creado en 1959 y tiene su sede en Washington D.C. El trabajo que realizan tiene tres pilares: el Sistema de Petición Individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias.

Es decir, que si no tiene con qué funcionar y se debilita, no habría seguimiento a muchos casos de violación de derechos humanos, ni reuniones para evaluar como están las cosas en los países del continente. Sería, insisto, un baldado de agua fría para los derechos humanos.


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La crisis por la que atraviesan viene desde 2011, cuando presentaron un plan estratégico donde le proponían a los Estados Miembros un plan de financiamiento a largo plazo. Ahí apareció una pequeña respuesta, apoyada sobre todo por la cooperación europea. pero hoy, cinco años después, esa ayudita dejó de ser suficiente.

Pero el problema, según Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, es una suma de dos factores: la primera, lo que el llama una debilidad estructural, refiriéndose a que la Comisión representa solo el 6% del presupuesto de la OEA. "Cuando los estados dicen que somos una prioridad nos cuesta trabajo un poco entender a qué se refieren ––dice el secretario––, porque somos solo el 6%, somos una prioridad del 6%". Eso, teniendo en cuenta que la OEA tiene un presupuesto de 83 millones de dólares al año.

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Lo que pasa es que algunos de los Estados Miembros han disminuido sus contribuciones o han dejado de aportar, como Canadá, que ha cerrado el bolsillo los últimos dos años. O como México, que si bien aportó dos millones de dólares entre 2015 y 2016, lo hizo para apoyar al grupo de expertos que atendió el caso de Ayotzinapa ––el de los 43 estudiantes desaparecidos––. Otros países como Chile, Argentina, Perú o Paraguay han hecho contribuciones muy pequeñas, que no son suficientes.

Y ahí viene el otro factor. Quienes sumaban parte importante de las contribuciones, como los que venían de la cooperación europea, han reconducido los fondos: en su caso, a la crisis de refugiados que atraviesa. "La Comisión por supuesto que agradece, reconoce y resalta la cooperación europea. Pero lo que es increíble e inverosímil es que sean los europeos los que hagan funcionar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", dice el secretario Emilio Álvarez.

Entonces queda la pregunta, ¿será que los estados no quieren dar para ahogar de a poco el trabajo de la CIDH? Para el secretario parece que sí. "Hay una distancia notable entre el discurso de los estados miembros y su acción. Hay un discurso muy pro derechos humanos, una narrativa muy fuerte de derechos humanos pero hay una contribución muy débil y al final del día lo que se imponen son los hechos no los discursos. Los hechos están llevando a una asfixia de la Comisión".

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Y es que, por ejemplo, mientras el Consejo de Europa destina el 41.5% de su presupuesto a los derechos humanos, la OEA destina el 9.1% para financiar a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El cálculo es más o menos así: la CIDH recibe menos de 5 millones de dólares por año de la organización, eso se traduce en 0.50 centavos de dólar por cada mil personas. Es más, la Comisión tiene menos abogados y abogadas que el número de países que atiende. Así lo dejó consignado el presidente de la comisión James Caravallo, en un artículo publicado en El País de España.

En palabras del presidente, "en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos enfrentamos a la peor crisis financiera de la historia".


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En este momento, la Comisión cuenta con ocho millones de dólares. Pero para funcionar de manera óptima, necesitan 24 millones, es decir, 16 millones de dólares más. Aunque, para funcionar de manera austera pero funcional necesitan 10.

De no conseguir el dinero, obviamente la eficacia para proteger a las víctimas y defensores de Derechos Humanos será menor. Y la CIDH tendrá que despedirse del 40% de su personal. Es más, ya tuvieron que suspender el periodo de sesiones de octubre, lo que significa dejar de reunirse con 350 organizaciones de 25 países para hablar de lo que está pasando en términos de derechos humanos.

La CIDH en Colombia

Solo en Colombia, para que se vea con más claridad, la CIDH ha realizado tres informes sobre la situación de los derechos humanos ––1981, 1993 y 1999––, así como uno sobre Verdad, justicia y reparación en 2013. Además, está actualmente siguiendo casos como el de algunos de los desaparecidos del Palacio de Justicia, la operación Génesis ––entre el ejército y los paramilitares––, en febrero de 1997 en Chocó.

De igual forma, están acompañando casos de falsos positivos cometidos en 1997, la masacre de Santo Domingo, un bombardeo llevado a cabo el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana en la vereda Santo Domingo del municipio de Tame, en el departamento de Arauca donde murieron 17 civiles ––entre ellos 4 niños y dos niñas–– y resultaron heridos 27 más. La ejecución del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, [la masacre del Aro en Ituango](http://www.cidh.org/demandas/12.050 y 12.266 Municipio de ituango Colombia 30jul04 ESP.pdf), Antioquia y otras más

La Comisión no se resigna y ya ha empezado a estudiar la posibilidad de recibir donaciones de la gente y fundaciones privadas que no pongan en duda la independencia y la autonomía de la comisión. Y se resisten a la posibilidad de perder el 40% de su personal. En palabras del secretario, "nuestro escenario es que los estados se hagan cargo. No podríamos creer que los estados latinoamericanos y del Caribe apuesten a la quiebra de la CIDH. Si eso pasa, más que una debilidad, es una derrota a la democracia en América Latina y el Caribe".