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Colombia se rajó en violencia contra la población LGBT

Investigadores de Colombia Diversa, Santa María y Caribe Afirmativo indagaron en las diferentes regiones de Colombia para conocer los crímenes hacia personas LGBT motivados por las violaciones a los derechos humanos.

por Lucía Franco
13 Octubre 2016, 12:00pm

Foto por Andy VC.

"La noche del 22 de marzo, una joven trans y su novio caminaban de la mano por el centro de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Cuando pasaron junto a un bar, un grupo de personas comenzaron a insultarlos 'por su condición sexual' . En vez de ignorar la discriminación y seguir de largo ––una reacción común para evitar mayores represalias–– la pareja se quedó y exigieron respeto de manera airada.

Esto sólo empeoró la determinación de sus agresores de hacerles saber que, a sus ojos, valían menos. Un hombre sacó un revólver y disparó. El muchacho logró escapar, pero la joven trans de 21 años murió".

Los hechos que aquí cito salen reseñados en un artículo publicado por el periódico Q'hubo, en su edición impresa del 26 de marzo de 2012. Hace parte de la recaudación de testimonios, pruebas y denuncias que comprenden las 150 páginas del informe "Cuerpos excluidos, rostros de impunidad", un informe de violencia hacia personas LGBTI hecho a tres manos por las fundaciones Colombia Diversa, Santa María y Caribe Afirmativo.

El informe tiene la siguiente metodología: aborda hechos violentos en un periodo de cuatro años (2012-2015), y da cuenta de homicidios, violencia policial, amenazas y hechos victimizantes derivados del conflicto armado cuando todos esos actos son impulsados por un deseo sistemático de hacer daño a la población LGBT por el simple hecho de serlo. Es decir, no son hechos aislados, como un atraco o una pelea con una persona perteneciente a esta minoría, sino inspirados en ese mismo hecho. Dicho de otro modo: porque soy lesbiana me matan, la policía se pone violenta conmigo, me amenazan.

Las fuentes del informe son organizaciones del Estado (226 derechos de petición enviados a Medicina Legal, Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, entre otros), medios de comunicación (digitales e impresos), publicaciones de organizaciones de derechos humanos, y diversas salidas de campo a Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cartagena... En fin.

El testimonio que transcribí arriba del periódico Q'Hubo documenta uno de los 405 homicidios a personas LGBT que tuvieron lugar en los cuatro años que cubre el informe. Las regiones del país con el índice más alto de víctimas en 2015 están en Antioquia (22), Bogotá (19) y Valle del Cauca (18). 2015, a su vez, nos trajo el deshonroso lugar de ser el país con el mayor número de defensores de derechos de las poblaciones LGBTI: nueve en total, entre los que se cuenta un líder sindical, una líder de víctimas del conflicto armado o líderes de las poblaciones. Cuatro, según el informe, recibieron amenazas. Una sufrió un atentado.


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La situación es prácticamente inmanejable: de acuerdo con el informe (la información recaudada de procesos judiciales, de investigaciones en curso y de casos no atendidos), la impunidad llega al 95% y se debe, en gran parte, dicen ellos, a un prejuicio persistente que hay en funcionarios del Estado contra la población LGBT. Las tres organizaciones asumieron la vocería de las víctimas en los procesos penales y observaron prejuicios por parte de ellos, que presuntamente entorpecían la labor del Estado al atender los casos.

Un ejemplo: "Los primeros fiscales destacados recibieron una capacitación intensiva para que tuvieran herramientas de análisis sobre violencia basada en gé- nero antes de asumir dicha posición. No obstante, algunos han cambiado de manera constante. Sólo en Bogotá, la fiscalía especializada para estos temas cambió de titular tres veces hasta mayo de 2016".

Otros, dice el informe, asumen como un castigo el ser asignados para llevar esos casos, porque dicen ser percibidos como parte de esa población. Todo lo anterior, concluyen, muestra una falta de atención del Estado frente a una problemática aislada: dicen los expertos internacionales citados que esa es la actitud que debe asumir un país cuando hay una acción sistemática comprobada contra un grupo.

Hay que fortalecer, entonces, los mecanismos de prevención, protección, garantías de no repetición, de acuerdo con los estándares internacionales de violencia por prejuicio y de género.


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En noviembre de 2015, un joven gay fue agredido físicamente y detenido de manera arbitraria por un agente de la Policía Metropolitana de Cartagena. Inicialmente, el joven tuvo una discusión con un taxista frente a su casa. En medio de la discusión, el taxista lo agredió con un palo y la víctima, al defenderse, también golpeó al taxista. El agresor se fue del lugar para volver minutos después acompañado de otros taxistas y agentes de Policía. Según denuncia de la víctima, los agentes de Policía entraron a la fuerza a su vivienda y lo golpearon mientras se referían despectivamente a su orientación sexual.

El anterior es un testimonio dado a la gente de Caribe Afirmativo. Ejemplifica uno de los problemas más grandes que se presentan en el informe: el abuso de la policía contra la población LGBT. Durante 2015 se registraron 61 hechos de violencia de esta fuerza contra personas pertenecientes a la población LGBT. Mal contados, por demás, porque 21 de estos actos tuvieron lugar en contra de dos o más personas. Son por lo menos 91 afectadas el año pasado.

Los prejuicios, de nuevo: lo que encontraron los investigadores fue una forma excesiva de intervenir en riñas en que estaban metidas personas LGBT, agresiones físicas a mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual y a habitantes de la calle. Con base en testimonios y en denuncias recaudadas a distintas fuentes, el informe concluye que los actos son reiterados cuando las personas rondan el mismo espacio, y que también hay amenazas después de la agresión como forma de intimidación.

Y, por ejemplo, esfuerzos normativos como la Directiva Permanente 006 de 2010, que busca espacios de interlocución con la Policía Nacional , dice ser "suspendida", a voz de agentes de Policía de Cartagena, cuando no hay ningún comunicado oficial de esto. Al ser interrogada la Inspección General, no niegan dicha afirmación, tampoco dice algo sobre el estado de la Directiva misma. Una aplicación correcta de dicha directiva debe ir encaminada a esfuerzos reales y concretos que permitan solucionar problemáticas de fondo.

A ojo veloz, puede verse que muchos policías no la conocen, que no hay una ruta clara para atención de casos de violencia policial, que no hay mesas de trabajo regulares entre organizaciones y la Policía Nacional. Mucha atención hay que prestarle, sobre todo, a las mujeres trans: ante un limbo jurídico que hay frente a su trabajo lo mejor es llevar la institucionalidad (y no precisamente a través de la fuerza).

Colombia Diversa, Santa María Fundación de Cali y Caribe Afirmativo del Caribe colombiano resalta la necesidad de incluir en el nuevo código de policía medidas de protección para la población LBGT en Colombia.

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Soy de Barranquilla, pero fui criado en Chalán, Sucre. Me vine a Barranquilla por la violencia. En el pueblo los grupos armados no permitían a las personas ser homosexuales [...]. las personas homosexuales eran o desterradas o asesinadas. La persona más señalada sobre estos hechos era el señor Jairo Díaz ya difunto. No sé el grupo, pero eran guerrilleros. No hay un hecho directo, pero expresaban por medio de panfletos donde estaban lista de personas que serían asesinadas si no se iban del pueblo y por medio de esto creo que fueron vulnerados mis derechos ya que fui perseguido por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente. Conocí el caso de varias personas que se reconocían como trans y las obligaron a irse del pueblo por medio de amenazas de muerte y pues obviamente eso nos afectó a todas las personas LGBT ya que, al pueblo ser un sitio pequeño,al enterarnos de este caso varias personas se fueron después de lo sucedido por miedo a ser asesinados.

Las amenazas contra grupos LGBT, dice el informe, son usadas de manera sistemática por grupos combatientes del conflicto armado colombiano. Las amenazas son otro gran capítulo de este informe. Desde 2014 aumentaron en un 50%, siendo recurrentes en lugares donde hay conflicto armado: 47 individuales o generales contra personas LGBT en 17 departamentos de Colombia. Más de la mitad, en la región Caribe.

Como puede verse, las amenazas son directamente proporcionales (en su aumento) con zonas del país que se caracterizan por tener conflicto armado, donde existe una fuerte influencia de grupos al margen de la ley, bandas criminales que retornaron en sus estructuras o estrategias de grupos paramilitares desmovilizados.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado del 7 de marzo de 2016, "las personas LGBT que ejercen labores de liderazgo social, participación política y defensa de derechos humanos enfrentan un doble riesgo en estos contextos por la combinación de factores relacionados con la percepción de su orientación sexual e identidad de género, su rol de defensa y los temas que defienden y en los que trabajan, ya que estos buscan desafiar estructuras sociales tradicionales sobre la sexualidad y el género".

Tres problemas fueron identificados en toda esta problemática: hay una dificultad muy grande en reportar los hechos en contra de personas LGBT; hay una falta de diligencia y una alta impunidad en atender las amenazas por parte del Estado y que, en el curso de la investigación, para valorar el riesgo de la víctima, se evalúa la capacidad de acción del victimario y no la indefensión de la persona amenazada. Asimismo, existe un prejuicio grande de que las prácticas y expresiones de la población LGBT se asocia con actos criminales e ilegales, así como inmorales e indeseables.

Rajados, mejor dicho.

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