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La situación es prácticamente inmanejable: de acuerdo con el informe (la información recaudada de procesos judiciales, de investigaciones en curso y de casos no atendidos), la impunidad llega al 95% y se debe, en gran parte, dicen ellos, a un prejuicio persistente que hay en funcionarios del Estado contra la población LGBT. Las tres organizaciones asumieron la vocería de las víctimas en los procesos penales y observaron prejuicios por parte de ellos, que presuntamente entorpecían la labor del Estado al atender los casos.Un ejemplo: "Los primeros fiscales destacados recibieron una capacitación intensiva para que tuvieran herramientas de análisis sobre violencia basada en gé- nero antes de asumir dicha posición. No obstante, algunos han cambiado de manera constante. Sólo en Bogotá, la fiscalía especializada para estos temas cambió de titular tres veces hasta mayo de 2016".Otros, dice el informe, asumen como un castigo el ser asignados para llevar esos casos, porque dicen ser percibidos como parte de esa población. Todo lo anterior, concluyen, muestra una falta de atención del Estado frente a una problemática aislada: dicen los expertos internacionales citados que esa es la actitud que debe asumir un país cuando hay una acción sistemática comprobada contra un grupo.Hay que fortalecer, entonces, los mecanismos de prevención, protección, garantías de no repetición, de acuerdo con los estándares internacionales de violencia por prejuicio y de género.
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