Camaradas: el Centro Democrático tiene un proyecto de ley 'castrochavista'

El proyecto pretende prohibir la creación o utilización de cuentas falsas o anónimas en redes sociales para injuriar, calumniar o vulnerar la intimidad personal y familiar de otra persona, o para difundir noticias falsas que generen pánico o confusión en la población. Quien se atreva a hacerlo iría a prisión de 1 a 2 años y pagaría multa de hasta 70 millones de pesos. A continuación, algunas razones para archivarlo.

El proyecto de ley es incompatible con la Constitución, especialmente, con el artículo 20 que prohíbe la censura previa. En Colombia, tanto la injuria como la calumnia son delitos, pero estos se comprueban con posterioridad a la publicación del discurso injuriante o calumnioso. Para ponerlo simple, en Colombia no hay censura previa sobre la calumnia, se sanciona a quien la cometa. Ahí, la palabra prohibir sobra, Margarita, es inconstitucional. Crear una cuenta anónima no es un delito, pedir cárcel para quien la cree es instalar miedo en el debate público.

Meterle miedo a la sociedad en las distintas formas de uso de redes sociales, incluyendo el anonimato, es un abuso del poder estatal. Para ello basta ver la utilidad de las cuentas anónimas en contextos difíciles como el venezolano. Buena parte de la importancia de quienes protestan en Venezuela, por ejemplo, se basa en que tienen la posibilidad de que el mundo conozca lo que pasa sin arriesgarse a decir quiénes son, porque si lo hacen, el régimen reprimirá sin compasión. Si como afirman algunos, Colombia va rumbo al socialismo Chavista, proteger el anonimato en redes debe ser un objetivo de los demócratas. Si algo puede hacernos pensar en situaciones como la venezolana es la intención de adoptar este tipo de leyes arbitrarias. Los regímenes autoritarios actuales o del futuro agradecerán que Margarita haya presentado ese proyecto si se vuelve ley, aunque lo dudo.

Ante las críticas, Margarita publicó un comunicado diciendo que la calumnia y la injuria son delitos aplicables a cualquier medio. Si es así, Margarita, ¿qué sentido tiene crear nuevos delitos sobre conductas que ya están penalizadas? Eso es algo así como decir que robar es delito, pero el que robe usando un pasamontañas no incurre en el delito de hurto, sería otro crimen, no sé cuál, sabrá Margarita. El comunicado de la congresista no soporta sino que resalta lo innecesario del proyecto de ley.

Es paradójico como el Centro Democrático se esfuerza por defender las libertades civiles en Venezuela y a la par avala un proyecto retrógrado, con amenaza de cárcel y multa, a quienes creen cuentas anónimas para difamar. De hecho, el proyecto de Margarita parece inspirado en esta iniciativa en Venezuela y otra adicional en Ecuador, países que se esfuerzan para sacar malas calificaciones en cuanto a libertad de expresión.

Entre otras cosas, Margarita pudo haberse inspirado en el artículo 57 de la Constitución venezolana: "Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades".

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El argumento menos creíble de Margarita es posar de defensora de los ciudadanos cuando legisla en causa propia. Seamos francos, de ser aprobado el proyecto, ¿Quiénes son los que van a presentar denuncias? Pues los políticos que no entendieron que en la sociedad actual no sólo reciben aplausos y "me gusta" , sino también críticas. El derecho penal está para cosas mucho más importantes y dentro de ellas no está evitar el gasto de batería en el celular de los congresistas porque reciben muchas notificaciones.

La difamación en redes sociales no es un asunto que necesite de más leyes, requiere de instituciones judiciales efectivas que tomen los delitos actuales y los investiguen de manera diligente. Un fiscal que recibe estos casos debe tener más de 400 procesos y si esta de buenas tiene un investigador del CTI que sabe de tanto de tecnología como Uribe de libertad de prensa.
Las intenciones de Margarita son casi anacrónicas. Más ahora que el Ministerio de Justicia, de la mano con el fiscal general Néstor Humberto Martínez, acaban de presentar un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca despenalizar la injuria y la calumnia.

Por último, para calumniar en internet no hace falta tener una cuenta anónima, el senador Uribe nos ha demostrado que se puede hacer impunemente desde una cuenta verificada.

El proyecto de ley de Margarita no solo da cárcel para quien calumnie en redes sociales con cuenta anónima, sino para quien reproduzca a través de cuenta anónima las calumnias publicadas por otros. Eso ya existe, se llama calumnia indirecta y está en el artículo 222 del código penal y no solo es aplicable a cuentas anónimas, también aplica a cuentas verificadas, como la de Margarita en éste retweet.

* Pedro Vaca es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

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