El Bronx se puso de moda. Cercanos a Peñalosa y sus mismos funcionarios repiten sin censar que fue gracias al golpe de El Bronx que se le dio visibilidad a la problemática de habitante de calle. Pareciera ser, más bien, que la situación desbordó la capacidad de respuesta que tiene el Distrito frente a estas situaciones y es lamentable que esa visibilidad tan cacareada se haya tenido que llevar a cabo a través de múltiples situaciones de abuso, de amenazas de "limpieza social", de persecuciones policiales, imágenes en donde los llevan como ganado a un caño o la utilización desproporcionada de la fuerza con el Esmad.Se reitera en estos debates que la intervención en el Bronx debía hacerse, pues existían niños explotados abusando de las drogas, perros que se comían a la gente y todo tipo de delitos en la zona conocida como la L. Pienso que se trata de una falsa disyuntiva. Criticar la manera como se llevó a cabo no implica de ninguna manera (diríamos los filósofos "no se sigue"), defender la existencia de un lugar en donde se cometían todo tipo de delitos y abusos. Invitar a una reflexión al respecto implica pensar de manera responsable en las vidas de quienes dependían ––o dependen–– de esas redes, de quienes vivían ahí y del impacto que genera una intervención de la manera como se llevó a cabo.La llamada "estrategia integral" no lo fue tal, porque es evidente que el distrito no la construyó desde los servicios de salud y sociales. Ni siquiera apropió unos recursos específicos para tal fin. Llevó a cabo una mera respuesta a una contingencia que, es evidente, no había tampoco medido y que ahora se le sale de las manos. Y, finalmente, el control de la zona tampoco se logró y muestra de ello son los enfrentamientos constantes, la inseguridad que reclaman los comerciantes. ¿Qué entiende entonces la Alcaldía Mayor por "recuperar el territorio"? ¿Habilitar ese suelo para el negocio inmobiliario?
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Ahora bien, según Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, la situación está desbordada simplemente porque hay habitantes de calle que no quieren seguir un tratamiento; adicionalmente, que los habitantes de calle tienen unos derechos, pero que esos derechos llegan hasta donde afectan a los de los demás. Por ello se busca que la Corte Constitucional revise la jurisprudencia que ha proferido, diciendo que la mendicidad no es un delito y que no puede haber tratamiento obligatorio para los usuarios de drogas. Esta postura vende, porque la gente tiene la idea de que la mendicidad es voluntaria y que obligando pueden tenerse resultados en materia de superación del consumo.Muy a pesar soluciones fáciles como la posibilidad de entrar en el debate del tratamiento obligatorio (debate que pensé que habíamos superado en Colombia y que me sorprende que sea justamente Daniel Mejía quien lo traiga a colación) debe aclarase que ni el Distrito ni el país se caracterizan por tener lugares apropiados para la superación del consumo; ni por cupos, ni por calidad ––¿cuántos han sido certificados?––, ni por la diversidad de estrategias que se puedan ofrecer, ni por la formación de sus profesionales.¿Cómo hará el Distrito para asegurar la cobertura y el tratamiento adecuados a estas personas que pretende internar de manera obligatoria? Si se trata de 200 personas como han afirmado, ¿se justifica toda la revisión de jurisprudencia de la Corte para poder tenerlas en un tratamiento? ¿Es mejor esperar la decisión de la Corte, gastarle propaganda y recursos a mover la opinión pública en lugar de inyectar recursos a los CAMAD, reabrirlos y fortalecerlos? Hoy la nueva estrategia de salud no contempla los CAMAD, ni la reducción de daños, ni tiene de cerca los recursos que antes tenía para atender a esta población.
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El consumo problemático o la adicción no es una situación que esté dada únicamente por los efectos de una sustancia en el organismo. Los contextos de cada individuo influyen profundamente en la relación que éste establece con la sustancia y los significados que le da. Por ello, hay personas que son consumidoras ––de una misma sustancia–– pero son capaces de llevar una vida funcional y otras no.Una de las situaciones que se encuentra en la base de esto es la alta estigmatización de los usuarios de drogas, que terminan por buscar espacios de inclusión y de significado. Por ello, los lugares como El Bronx son tan exitosos: no solamente porque sean "esclavos de las drogas" y por ende de las mafias que las proporcionan, sino porque encuentran sentido, "familia" o parche que no encontraron en ningún otro lugar, ni siquiera en su familia de sangre.Internar de manera obligatoria no permite la creación y conexión que es lo que logra superar los consumos problemáticos. Porque no tienen en cuenta estas especificidades de cada individuo, los diversos contextos y relatos. Múltiple es la literatura científica que muestra que no hay evidencia que soporte que el internamiento obligatorio tenga resultados, entonces ¿cuál sería su propósito? ¿Poder lidiar con los habitantes de calle independientemente de la superación de su consumo?
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Aparte de consideraciones técnicas y de la falta de evidencia del éxito de una medida de estas, trae serias consideraciones éticas. Apelar a la falta de voluntad para someter a alguien tiene serias discusiones sobre sus repercusiones. El uso de drogas no puede ni debe ser castigado, ni para 200 personas, ni para toda la población usuaria. Es un claro desconocimiento de la condición de ciudadanía del habitante de calle, una violación a todas las libertades fundamentales que no vale la pena enumerar, por una propuesta que no tiene un soporte técnico ni científico.Hay estrategias comunitarias que pueden reconstruir vínculos, conexiones, en lugar de aislar y encerrar, que pueden implementarse también en el marco de comisión de delitos. A nivel internacional existen cientos de experiencias, de contextos diferentes y muy parecidos al nuestro que pueden dar luces sobre cómo conseguir los resultados que dicen buscar, respetando al habitante de calle. Apostarle a estrategias que no exijan abstinencia es abrir el abanico de posibilidades y reconocer esa diversidad de individuos. Es adaptar a sus necesidades. Yo invito a la Alcaldía Mayor de Bogotá a que pacte, pregunte, concerté y explore. La política de salud y social no se implementa, como dicen coloquialmente, "a la maldita sea". A menos que, entre los objetivos de la intervención, tales dimensiones no estén consideradas.* Directora del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición, una organización que trabaja temas sobre la transición a la paz.
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Ahora bien, según Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, la situación está desbordada simplemente porque hay habitantes de calle que no quieren seguir un tratamiento; adicionalmente, que los habitantes de calle tienen unos derechos, pero que esos derechos llegan hasta donde afectan a los de los demás. Por ello se busca que la Corte Constitucional revise la jurisprudencia que ha proferido, diciendo que la mendicidad no es un delito y que no puede haber tratamiento obligatorio para los usuarios de drogas. Esta postura vende, porque la gente tiene la idea de que la mendicidad es voluntaria y que obligando pueden tenerse resultados en materia de superación del consumo.Muy a pesar soluciones fáciles como la posibilidad de entrar en el debate del tratamiento obligatorio (debate que pensé que habíamos superado en Colombia y que me sorprende que sea justamente Daniel Mejía quien lo traiga a colación) debe aclarase que ni el Distrito ni el país se caracterizan por tener lugares apropiados para la superación del consumo; ni por cupos, ni por calidad ––¿cuántos han sido certificados?––, ni por la diversidad de estrategias que se puedan ofrecer, ni por la formación de sus profesionales.¿Cómo hará el Distrito para asegurar la cobertura y el tratamiento adecuados a estas personas que pretende internar de manera obligatoria? Si se trata de 200 personas como han afirmado, ¿se justifica toda la revisión de jurisprudencia de la Corte para poder tenerlas en un tratamiento? ¿Es mejor esperar la decisión de la Corte, gastarle propaganda y recursos a mover la opinión pública en lugar de inyectar recursos a los CAMAD, reabrirlos y fortalecerlos? Hoy la nueva estrategia de salud no contempla los CAMAD, ni la reducción de daños, ni tiene de cerca los recursos que antes tenía para atender a esta población.
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Aparte de consideraciones técnicas y de la falta de evidencia del éxito de una medida de estas, trae serias consideraciones éticas. Apelar a la falta de voluntad para someter a alguien tiene serias discusiones sobre sus repercusiones. El uso de drogas no puede ni debe ser castigado, ni para 200 personas, ni para toda la población usuaria. Es un claro desconocimiento de la condición de ciudadanía del habitante de calle, una violación a todas las libertades fundamentales que no vale la pena enumerar, por una propuesta que no tiene un soporte técnico ni científico.Hay estrategias comunitarias que pueden reconstruir vínculos, conexiones, en lugar de aislar y encerrar, que pueden implementarse también en el marco de comisión de delitos. A nivel internacional existen cientos de experiencias, de contextos diferentes y muy parecidos al nuestro que pueden dar luces sobre cómo conseguir los resultados que dicen buscar, respetando al habitante de calle. Apostarle a estrategias que no exijan abstinencia es abrir el abanico de posibilidades y reconocer esa diversidad de individuos. Es adaptar a sus necesidades. Yo invito a la Alcaldía Mayor de Bogotá a que pacte, pregunte, concerté y explore. La política de salud y social no se implementa, como dicen coloquialmente, "a la maldita sea". A menos que, entre los objetivos de la intervención, tales dimensiones no estén consideradas.* Directora del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición, una organización que trabaja temas sobre la transición a la paz.