Hicimos un quiz de armas al candidato que quiere que más civiles las porten

Este artículo fue publicado originalmente en ¡PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.

El tema del porte de armas por parte de ciudadanos ha generado una inmensa controversia en los últimos días por la propuesta del candidato a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, quien recientemente propuso que se le haga una modificación a las normas colombianas para que a los ciudadanos se les facilite adquirir armas de manera legal.

Desde que se conoció la propuesta, el candidato ha enfrentado duras críticas en redes sociales y medios de comunicación, en especial porque aún está muy reciente la masacre del 14 de febrero en una escuela de la Florida, Estados Unidos, que terminó con diecisiete personas asesinadas por un joven que había adquirido armas de manera legal. Incluso, el candidato Eli Shnaider (de la Alianza Verde) llegó a regalarle una bolsa de sangre a Garcés durante un debate, como símbolo de lo que podría venir si su propuesta es acogida en el futuro.

Si bien las normas de posesión de armas son radicalmente diferentes en países como Colombia y Estados Unidos, la iniciativa de Garcés abrió una discusión. Mientras el candidato argumenta que su política se enfoca en la seguridad ciudadana por medio de la defensa, sus opositores coinciden en que es una idea peligrosa para un país que registra más de 10.000 muertes violentas al año.

Un estudio, publicado por la organización Small Arms Survey, que nombra a los Estados Unidos como el país con más cantidad de armas legales en el mundo, ubica a Colombia en la séptima casilla de naciones con el mayor número de muertes relacionadas a armas de fuego. Aunque nuestro promedio de armas registradas por habitante es bajo —5,9 por cada 100 personas, mientras que por ejemplo en Perú es de 18,8 y en Uruguay de 31,8— la existencia y circulación de armamento ilegal en el país no es tenida en cuenta en la medición, y es bien sabido de la gran cantidad de actividades delictivas que se cometen en el país—narcotráfico, hurto, extorsión, etc—con dicho armamento.

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Según Gunpolicy.org, en Colombia hay alrededor de 3’200.000 armas portadas por ciudadanos. De esta cifra se estima que hay entre 800.000 y 2’400.000 ilegales, en posesión de comerciantes y grupos como las Bacrim y el ELN.

La Ley colombiana, en el Decreto 2535 de 1993, establece que un ciudadano colombiano solo puede tener un arma y que debe ser una persona con necesidades de seguridad excepcionales, evaluadas por el Ejército antes de emitir un permiso de tenencia. De acuerdo con esta norma, para poder comprar un arma legal, un colombiano debe llenar una serie de formularios, presentar un certificado médico de aptitud psicofísica para el uso de armas y una justificación —acompañada de elementos probatorios— que demuestre la necesidad de portar una. Sin embargo, a finales del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos emitió un decreto que prorrogó por un año la prohibición del porte de armas y la expedición de permisos, con el fin de reducir las cifras nacionales de homicidios.

En este contexto, ¡Pacifista! habló con Christian Garcés para saber si está al tanto de todos estos datos y entender por qué quiere hacer esta reforma.

¡Pacifista!: ¿Qué conoce de armas en Colombia (de su tráfico, su uso, su ilegalidad)?
Christian Garcés: Sé que en Colombia no existe una cultura armamentista. Desde hace mucho el tema de las licencias es regulado por las Fuerzas Armadas y solo Indumil, que es una empresa estatal, está autorizada para fabricar el armamento del país.

La gran cantidad de armas que circulan actualmente en Colombia se debe a los problemas de seguridad que durante décadas nos han azotado, y que desde el Congreso y la Presidencia deben enfrentarse con decisión.

¿Cuáles son los cambios que le quiere hacer al Decreto 2535 de 1993?
Hay cuestiones de forma, en lo que se refiere a celeridad, que es lo que queremos reglamentar. Notamos que el decreto no es claro frente a plazos para recibir el arma, hacer los trámites y entregar la documentación necesaria. Eso fomenta la tramitología, la aparición de intermediarios y por último corrupción. Precisar esto es importante porque hay personas cuyas vidas corren peligro y un solo día puede marcar la diferencia.

¿Por qué propone esto ahora?
Yo vivo en el Valle del Cauca, y en 2017 este fue el departamento con más homicidios de toda Colombia según Medicina Legal. Sumado a eso, en mi recorrido por todos los municipios vallecaucanos, he sido testigo del desespero de pequeños comerciantes, agricultores y ciudadanos del común frente a la inseguridad, la violencia y la imposibilidad de defenderse. Ese es el contexto que me motivó a generar una propuesta integral de seguridad, de la cual el tema del porte es una parte.

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¿Tiene alguna cifra para sustentar lo que propone?
Nuestra propuesta sobre el porte se sustenta en una investigación de la Universidad Sergio Arboleda: allí se hizo un ejercicio de política comparada que deja en claro que no necesariamente, a mayor cantidad de armas —al menos de carácter legal— hay más violencia. Por ejemplo, mientras en Colombia hay un arma legal por cada 45 habitantes, en Argentina hay una por cada 15, y la violencia allá es menor.

Según el ranking mundial de armas por cada 100 habitantes, países seguros de América Latina como Uruguay y Panamá cuentan con 31,8 y 21,7 por cada 100 habitantes. Frente a Honduras y Salvador —países con claros problemas de seguridad—, con 6,2 y 5,8 armas por cada 100 habitantes. Estas cifras que llaman la atención al revisar también el caso de Cali, que pese a las restricciones de Santos a nivel nacional, registró en 2017 que el 79 por ciento de los homicidios cometidos fueron con arma de fuego.

El bandido no pide ningún tipo de autorización para ir armado, pues su arsenal procede del mercado negro, de armas robadas y/o fabricación artesanal.

¿Qué tanto lo apoya el Centro Democrático en su iniciativa?
En su momento discutiré estas propuestas con la nueva bancada del Centro Democrático que quede elegida el 11 de marzo.

Usted dice que es “discriminatorio” que los criminales estén armados y que la ciudadanía no se pueda defender contra ellos, ¿cómo explica esta discriminación?
Los criminales no respetan la ley y andan armados. El problema es que hoy solamente personas poderosas e influyentes están accediendo al porte especial de armas, porque el porte normal fue restringido por Juan Manuel Santos mediante el Decreto 2268 de 2017.

Por ejemplo, hay bastantes comerciantes de sectores populares que no pueden acceder al porte especial, por lo que quedaron indefensos ante un extorsionista, por ejemplo.

¿Cuáles son las circunstancias especiales en las que usted cree que una persona podría o debería ir armada?
Considero que estas medidas deben aplicar para personas que estén siendo extorsionadas y amenazadas o que por su trabajo deban cargar dinero, títulos o valores que puedan ser objeto de un robo a mano armada. También personas que vivan en sectores apartados, zonas rurales, entre otros.

Sin embargo, estas circunstancias no las determino yo, sino las Fuerzas Armadas con base en estudios de riesgo, pruebas psicofísicas y exámenes rigurosos para evaluar si una persona es apta o no para estar armada.

¿Dentro de su proyecto planea que se hagan más evaluaciones psicológicas a quienes aspiren a llevar un arma?
El Decreto 2535 de 1993 ya contempla evaluaciones psicofísicas para determinar si las personas son aptas para portar armas. Debemos entrar a revisar qué tan efectivos son y determinar si deben reforzarse o no. Es evidente que este tipo de estudios son necesarios para evitar que aquí suceda lo que pasa en Estados Unidos, donde sólo se pide que las personas interesadas en adquirir un arma esperen unos días para portarla (esto varía según el estado).

¿No cree que si se facilita el acceso a armas es más fácil que se puedan replicar aquí hechos como las masacres en Estados Unidos?
Está comprobado que los causantes de las masacres en Estados Unidos en colegios, universidades y sitios públicos son ciudadanos inestables mentalmente y de esos hay allá y en cualquier parte del mundo. El problema es que las personas de Estados Unidos tienen acceso a la venta indiscriminada de armas en cualquier sitio, de cualquier calibre, alcance y precio, sin ningún tipo de control y vigilancia.

Aquí la idea es tener estrictos controles y filtros que incluyan pruebas psicofísicas profundas antes de autorizar entregar un arma, que repito: siempre será de bajo calibre y nunca de asalto.

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¿Si se ejecuta su propuesta, cómo evitar que las armas adquiridas de manera legal caigan en manos de grupos al margen de la Ley?
Lo que puedo decir es que la restricción del porte de armas legales no ayuda a evitar que las armas lleguen a estos grupos. Los estudios para adquirir el arma y el salvoconducto deben entonces ser esenciales a la hora de determinar quiénes son aptos para obtener una legal. Por fuera de esto, también es necesario reforzar los operativos de la Fuerza Pública para decomisar el armamento ilegal, impulsar las redadas para incautar armas del mercado negro y desarticular las redes de venta artesanal.

¿Por qué apostar a armar mejor a los ciudadanos que tengan permisos y no desarmar a los criminales?
No hablemos de apostar, porque con la vida no se apuesta. Claro que hay que desarmar a los criminales y es lo que sería lo ideal, pero en un Estado débil como el que tenemos ahora, tenemos que ofrecer garantías para permitir que la gente se defienda.

¿Aparte de lo referente a las armas, cuál es su propuesta para la seguridad ciudadana?
Las propuestas se basan en impulsar una reforma a la justicia que acabe con la impunidad, un aumento de efectivos de la Fuerza Pública y el aseguramiento de derecho a la legítima defensa a través de la modificación de la normativa actual. También propongo subir el sueldo a policías y militares: creo que actualmente es muy bajo.