La decisión de Trump que jode desproporcionadamente a las personas trans

El presidente Donald Trump decidió rescindir Daca, una medida que buscaba beneficiar a jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron cuando eran niños a los Estados Unidos, para que tuvieran la posibilidad de tener un permiso de trabajo. Daca, una acción ejecutiva puesta en marcha durante 2012 cuando Barack Obama aún estaba en la Casa Blanca, protegía de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes con cierto nivel educativo.

Catalina Velásquez, una activista trans inmigrante, llegó a Estados Unidos con su familia desde Colombia cuando tenía catorce años. Toda su familia fue deportada cuando apenas cursaba primer semestre de su carrera universitaria en Ciencias Políticas y Leyes Internacionales en Georgetown University.

Desde entonces, han pasado quince años y ahora teme por los efectos de la cruel e inhumana decisión del presidente Trump: vive en Washington D.C. y tiene miedo porque sabe que cuando solicitó los beneficios de Daca tuvo que decir todos sus datos personales. Esta información la hace más vulnerable a ser deportada: le quita la tranquilidad no saber en qué momento van a ir por ella a su lugar de trabajo o a su casa para deportarla. Actualmente, es analista de Políticas Públicas y tiene una Consultoría llamada Consult Catalina.

Catalina tiene miedo de que la devuelvan a Colombia, entre muchas otras, porque su entorno es muy conservador y nunca han aceptado del todo que ella sea una mujer trans. Tiene pánico de tener que volver a Medellín y empezar de cero. Lleva muchos años en Estados Unidos y siente que es su hogar porque es el lugar en donde le ha tocado madurar y terminarse de criar sola. Estados Unidos es el país donde se la ha guerreado, donde estudió, donde ahora tiene a la mayoría de sus amigos y donde formó nuevos lazos de comunidad y familia. Pero su única pesadilla no es devolverse a Colombia, también sabe que el proceso de deportación afecta de forma diferenciada y desproporcionada a las personas trans.

Por un lado, Daca y su posibilidad de tener un permiso de trabajo no tuvo en cuenta que las personas trans, inclusive con permiso de trabajo, tienen más dificultades para conseguir uno por fuera de las economías informales. Las personas trans se ven obligadas muchas veces a sobrevivir en economías altamente criminalizadas, como el trabajo sexual, cuando no logran acceder a trabajos formales. Estas economías, al ser más criminalizadas, cuentan con mayor persecución policial, aumentando las probabilidades de que una persona indocumentada e inmigrante interactúe con un agente de policía y, por lo tanto, las posibilidades de ser deportada.

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Por otra parte, cuando las personas son detenidas para ser deportadas, se ubican en instalaciones de detención para inmigrantes. En estas instalaciones, según una investigación de Fusion realizada durante seis meses y publicada en el 2014, las personas trans son víctimas frecuentes de violencia de parte de los oficiales y otros detenidos. En una sola noche, Inmigración y Aduanas puede detener hasta setenta y cinco personas trans, de los cuáles 90% son mujeres trans y 10% hombres trans.

A pesar de que las reglas de las autoridades migratorias dicen que no debe decidirse dónde ubicar a las personas en centros de detenciones para mujeres o para hombres basándose únicamente "en los documentos de identidad o la anatomía de la persona", sino que debe tenerse en cuenta la forma en la cual la persona se identifica (de acuerdo al mismo estudio de Fusion), las mujeres trans son frecuentemente detenidas en centros de detenciones para hombres. Esto podría estar haciendo a las mujeres trans más vulnerables a la violencia sexual porque aunque apenas uno de cada 500 detenidos es una es una persona trans: una de cada cinco víctimas confirmadas de violencia sexual en instalaciones de inmigrantes son trans.

En 2018 habrá elecciones legislativas y Daca parecer tener dividido al Partido Republicano. Catalina me cuenta que el Congreso podría legislar a favor de las casi 800.000 personas indocumentadas que calificaron para Daca con el fin de naturalizarlas, pero considera que es problemático que el debate se centre únicamente en los beneficiarios de Daca, ya que son "11,2 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, de las cuales más de 67 mil se identifican como personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. Muchas de las vidas de inmigrantes LGBT corren peligro porque podrían ser devueltas a países particularmente violentos con las personas LGBT como Irán, Honduras, entre otros".

Por su parte, 16 estados han demandado para bloquear la cancelación del programa.

Ojalá el pueblo estadounidense castigue en las urnas al Partido Republicano para que desde el Congreso se ejerza un contrapeso hacia las inhumanas decisiones de Trump.