Estas son las mujeres que asesoran el aborto casero en América Latina

Este artículo fue publicado en la edición de julio de 2017 de la revista VICE. Para ver todos los contenidos de la publicación, haga clic aquí.

Se trataba de un taller sobre cómo abortar en casa. Era un evento privado del que solo era posible enterarse por el voz a voz o por una invitación virtual, lo cual tiene todo el sentido en Colombia, un país donde la práctica, de forma general, es de difícil acceso. La cita no tenía lugar en un hospital o en una institución clandestina, sino en una casa del barrio Teusaquillo, en Bogotá, que hacía las veces de bar, punto de encuentro y centro cultural. Allá llegué a las 5 de la tarde, una hora antes de la hora pactada.

Había quedado de encontrarme con Anais Córdova, una ecuatoriana de 27 años encargada de dictar el taller.

Anais forma parte de Salud Mujeres, un colectivo ecuatoriano que desde 2008 atiende una línea de información para explicar cómo practicar un aborto en la intimidad de una casa, sin la compañía de un médico. Es decir, por fuera de lo que la ley permite en Ecuador y de lo que un médico está dispuesto a hacer. Contestan todos los días del año, me dijo Anais, de 5 de la tarde a 10 de la noche. El horario me pareció raro y se lo hice saber. Me explicó que antes solían contestar de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero debieron acoplarse. Ser un proyecto independiente que no recibe plata es complicado, me dijo.

También me contó que pertenece a la cuarta generación de la organización, compuesta hoy por diez mujeres, todas jóvenes como ella entre los 20 y 30 años. Anais lleva cinco años contestando el teléfono: "¿Buenas noches? Línea de información de aborto seguro". Le pregunté si alguna de las mujeres que ha asesorado ha tenido alguna vez un problema. Me respondió que sí. Uno de los abortos que acompañó terminó en una hemorragia. Pero me explicó que no fue grave: la mujer fue al hospital y la atendieron sin complicación. En cambio, ha acompañado cientos de abortos exitosos.

Mencionó algunos porcentajes relacionados con la baja probabilidad de correr riesgos como hemorragias, infecciones o abortos incompletos. Solo en dos casos de cien, me contó, algo sale mal. Esto tiene que ver con el método que usan para abortar, un medicamento que ella describe como "la pastilla que salva vidas": el misoprostol.

¿Salva vidas? ¿Una pastilla para abortar?

En total, 34 países y territorios conforman la región de América Latina y el Caribe, según las cuentas del Guttmacher Institute, una de las fuentes de información más rigurosas en el tema de aborto. De esos 34, siete países y una ciudad, Ciudad de México, han legalizado el aborto en todos los casos, de manera regulada. Se trata de Cuba, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Barbados, Belice y Uruguay.

En el extremo opuesto se encuentran otros siete países que prohíben completamente la interrupción voluntaria del embarazo: Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Surinam y Chile. Al cierre de esta edición de VICE, el Congreso de Chile todavía evaluaba un proyecto de ley para cambiar la situación. Las veinte naciones restantes, por su parte, están en el medio: Venezuela y Guatemala solo permiten el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; Argentina y Bolivia también lo permiten cuando ha habido una violación; en Panamá, también ante una malformación del feto, y otros, como Colombia, además de todo esto tienen en cuenta la salud mental de la mujer.

Solo 3 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe entre los 15 y 44 años vive en los siete países donde el aborto es legal. Las demás deben actuar bajo restricción. Pero sea o no permitido, según el Guttmacher Institute, las mujeres abortan sin excepción en todas las naciones a lo largo y ancho del continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que, si una mujer enfrenta un embarazo no deseado, la probabilidad de intentar inducir un aborto es casi la misma en territorios donde este es legal que donde es ilegal.

Es más, en 2016 un estudio de la revista especializada en medicina The Lancet recopiló datos de abortos entre 1990 y 2014 en 184 países y concluyó que las leyes restrictivas no reducen el número de interrupciones del embarazo. En cambio, en las regiones más restrictivas (principalmente países del ahora denominado Sur Global, antes llamado Tercer Mundo) la tasa es ligeramente más alta. Allí hay 37 abortos por 1.000 mujeres entre los 15 y 44 años, mientras que donde es permitido se dan 34. Como siempre, también en este tema la realidad le gana a la ley. Según la investigación, precisamente en los países con contextos más restrictivos buena parte de los abortos se llevan a cabo de forma insegura y peligrosa.

El Guttmacher Institute calcula que de los 56 millones de abortos que hay cada año en el mundo cerca de la mitad son inseguros, y que 98 por ciento de estos se hacen en países en vías de desarrollo con leyes restrictivas. Un informe de 2015 concluye que, de los 4,4 millones de abortos hechos en la región en 2008, 95 por ciento fueron inseguros. Cada año, cerca de un millón de mujeres son hospitalizadas por complicaciones. A esta tragedia se suma que entre 10 y 20 por ciento de las latinoamericanas que han tenido un aborto inseguro con complicaciones ni siquiera recibe atención médica.

Mujeres activistas como Anais quieren cambiar vidas y estadísticas: su cruzada se ancla en esas cifras.

¿Pero por qué ella? En 2008 un grupo de holandesas llegó a Quito con la idea de ayudar a crear una línea telefónica de aborto seguro atendida por mujeres. Eran médicas, ginecólogas e integrantes de Women on Waves, en español Mujeres Sobre Olas. Eso mismo: mujeres sobre olas. Aquí es cuando esta historia realmente arranca.

La organización nació en 1999 y dos años después, en 2001, ya era la protagonista de escándalos y tribunales en varias naciones europeas. Todo esto atendía a una razón: a bordo de un barco, las Mujeres Sobre Olas practicaban abortos a ciudadanas de países donde la práctica era prohibida. Una especie de piratas del aborto.

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La idea fue de Rebecca Gomperts, una médica holandesa vinculada por varios años a las organizaciones Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, que un día decidió tomar acción ante los estragos que la prohibición del aborto causaba a las mujeres en todo el mundo. Rebecca me contó por teléfono que en ese tiempo fue testigo de cómo muchas mujeres interrumpían un embarazo no deseado: con hierbas, masajes o agujas de tejer que se introducían por la vagina. Su trabajo en las embarcaciones de Greenpeace inspiró la idea de Mujeres Sobre Olas: el barco les permitía realizar abortos en aguas internacionales, lejos de jurisdicciones restrictivas. Mar adentro rige la normatividad del país al que pertenece el navío. En el caso de Gomperts y su equipo, la ley era la holandesa, entonces la más flexible del planeta.

En 2001 comenzaron las expediciones: Irlanda, Polonia, Portugal, España. Al principio en un barco pequeño que no superaba los 40 metros de largo, y luego en uno más grande equipado de un container acondicionado que servía de clínica portátil. Lo que en un comienzo Rebecca había imaginado como un servicio de aborto quirúrgico terminó en un procedimiento mucho más sencillo gracias a dos medicamentos: el misoprostol, una pastilla que induce el aborto mediante contracciones en el vientre, y la mifepristona, una pastilla que corta la producción de progesterona durante el embarazo. Combinadas, las dos pastillas garantizaban el aborto en los pocos casos en que el misoprostol solo podía fallar. Las holandesas suministraban las pastillas a mujeres que las habían contactado por correo electrónico y que llegaban al barco en pequeños botes provenientes de la costa.

Pronto, los mensajes de mujeres que preguntaban cuándo llegaría la misión holandesa a sus países empezaron a acumularse. Al mismo tiempo, la organización sorteaba sus propias barreras. "Ya ni siquiera sé cuántas veces tuvimos que ir a la corte. Fueron muchos juicios", me dijo Rebecca. En Polonia y Portugal, sus enemigos hicieron lo posible para evitar que el barco se acercara a la costa y que las mujeres pudieran subirse a bordo. En Portugal incluso fueron intimidadas por barcos de guerra con el argumento de que eran un peligro a la seguridad nacional de ese país.

Eventualmente, el alcance de la expedición marítima empezó a quedarse corto. Entonces, Mujeres Sobre Olas decidió recurrir a los teléfonos de los países de más difícil acceso y asesorar a las mujeres que deseaban abortar con ayuda de las pastillas. El procedimiento, según Rebecca, era sencillo, lo cual hacía viable capacitar a mujeres de organizaciones locales para que luego ellas mismas pudieran servir de asesoras.

Así llegaron a Ecuador en 2008, donde formaron a varias jóvenes activistas y concibieron una estrategia para dar a conocer el número telefónico de la línea. Entre holandesas y ecuatorianas montaron una pancarta en la Virgen del Panecillo, un punto de referencia en Quito, visible desde cualquier punto de la ciudad. El aviso, desafiante, decía "aborto seguro". Lo mismo hicieron en lugares icónicos de Guayaquil y Cuenca.

Cuando abrieron la línea, los teléfonos de inmediato empezaron a sonar. "Cualquier tipo de pregunta, la línea la responde y da información", me contó Anais. "También recibimos y respondemos preguntas sobre sexualidad y anticoncepción. Hemos tenido un montón de preguntas que parecerían súper extrañas, como si pierdes la virginidad cuando te rasuras, cosas así. Pero nuestro mayor énfasis es el aborto, el tema por el que más mujeres llaman".

Después de años de pruebas hechas por docenas de médicos y científicos, la OMS finalmente reconoció en 2005 la efectividad del misoprostol para inducir el aborto, así como su utilidad en complicaciones como las hemorragias después del parto o la expulsión de un feto sin vida. Hoy, el misoprostol se encuentra en la lista de medicamentos esenciales de esa organización. La OMS ha publicado guías y protocolos que explican su uso y su importancia en la salud y vida de las mujeres, sobre todo las más pobres y sin mayor acceso a los servicios de salud especializados.

En Ecuador, el aborto es permitido en dos situaciones: cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro y cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Cualquier otra mujer puede enfrentar una pena de cárcel de entre seis meses y dos años.

En los últimos años grupos que defienden la práctica en ese país como Salud Mujeres y Surkuna vienen sintiendo un aumento de la criminalización y la persecución. En 2013, el Código Penal entró en un proceso de reforma con el que varios asambleístas del Partido Alianza PAIS de Rafael Correa trataron de despenalizar el aborto en todos los casos de violación. Ahí entró el propio Correa a terciar. El 10 de octubre de 2013 dijo en el canal Oromar que la propuesta era una "traición" y que, de aprobarse el proyecto, renunciaría a la presidencia.

Al final, los mismos asambleístas que habían impulsado el proyecto debieron retirarlo.

"A partir de ese debate empiezan a aumentar las denuncias de las mujeres que han abortado", me dijo Verónica Vera, integrante de Surkuna. "Las declaraciones del presidente Rafael Correa generaron confusión en los profesionales de la salud. Eso generó temor y ocasionó que los médicos malinterpretaran la situación y asumieran que debían denunciar a las mujeres por aborto".

El resultado, según Anais y Verónica, es que, en muchos casos, las mujeres en Ecuador que llegan a los hospitales con hemorragias y otro tipo de complicaciones obstétricas, incluso en los casos de abortos espontáneos, no son atendidas, sino denunciadas y llevadas a la Fiscalía. Sin importar si aún están sangrando, me contaron.

Entre 2013 y 2015, la Fiscalía de Ecuador registró 134 denuncias por aborto. A su vez, el Consejo de la Judicatura registró 26 denuncias en 2014 y 48 en 2015. De esas 74 mujeres, la Defensoría del Pueblo atendió a 22 que terminaron en la cárcel por haber abortado. El panorama ha convertido a los hospitales en lugares donde es posible entrar como ciudadana en busca de atención y salir como criminal.

Y sin embargo, a pesar de la persecución, las mujeres en Ecuador siguen abortando. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cada año se realizan alrededor de 40.000 abortos. Para Verónica y Surkuna, esa tasa no comprende la dimensión real del fenómeno en el país. Cerca de 50 por ciento de los procedimientos, dicen, queda en el subregistro, y el número completo podría estar alrededor de los 95.000 abortos anuales.

"Todas las mujeres que no acceden al procedimiento legal acceden de otras formas. Sabemos que existen iniciativas que han logrado posicionar el tema de los medicamentos, como la línea de Salud Mujeres que da información desde 2008".

La línea se ha vuelto tal vez la instancia más confiable para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo en Ecuador. Según Anais, el aborto con pastillas es un procedimiento sencillo, no tan invasivo como una aspiración o un raspado. Las mujeres pueden controlar lo que sucede y vigilar las condiciones en que realizan el aborto: el lugar, el día y quién está con ellas mientras lo hacen.

"La apuesta con el misoprostol es una de las más anarquistas que puede haber porque tú estás decidiendo sobre tu cuerpo. Tienes toda la información para hacerlo pero no necesitas del asistencialismo de alguien más", me aseguró. Para Anais no solo es una cuestión sanitaria, también es una cuestión política.

A finales de los años ochenta, en Brasil, las mujeres se dieron cuenta de que las pastillas, diseñadas bajo el nombre de Cytotec en 1973 por G.D. Searle and Co. (hoy Pfizer) para tratar la úlcera gástrica, servían también para abortar. El estudio 'Misoprostol and Illegal Abortion in Rio de Janeiro, Brazil' es una de las varias investigaciones realizadas en ese país a comienzos de los años noventa, cuando la comunidad médica comenzó a indagar sobre los efectos de la droga en el embarazo. Encontraron que 57 por ciento de las mujeres admitidas en un hospital de Río de Janeiro por problemas relacionados con abortos había usado misoprostol.

El dato dejó claro que un número significativo de brasileñas usaban el medicamento para interrumpir el embarazo, pero que lo hacían mal. Es decir, sin cumplir las dosis adecuadas. Muchas terminaban en el hospital. Aún así, dice el estudio, las mujeres que habían abortado con la pastilla eran menos propensas a desarrollar infecciones o lesiones físicas que aquellas que habían intentado abortar, por ejemplo, con un catéter vaginal.

El descubrimiento de las brasileñas llevó a que el medicamento empezara a restringirse. Pero también hizo cambiar la imagen del aborto en todo el mundo. Interrumpir un embarazo con medicamentos, correctamente usados y bajo la mirada de una especialista, se conviritó en una opción mucho más viable comparada con otros métodos como intervenciones quirúrgicas, raspados de útero o pequeñas aspiradoras. Con el misoprostol bastaba tomar unas pastillas.

Grupos como Salud Mujeres y Mujeres Sobre Olas se han guiado por la OMS para asesorar abortos y saber cuáles son las dosis adecuadas, cuál es el tiempo de gestación máximo en el que se puede recurrir al método y cuáles son los síntomas de una situación de riesgo. Sus instrucciones y manuales se encuentran en internet.

Si uno avanza en el mapa del continente hacia el norte y llega a la cintura centroamericana, encontrará que el acceso al aborto parece igual de estrecho a la geografía. El Salvador es emblemático. Allá, el aborto tiene cara de sentencia y tragedia. Uno de los casos más icónicos tiene que ver con la señora B, una mujer que en 2013, cuando tenía 22 años, se enteró de que el feto en su vientre no tenía posibilidades de sobrevivir debido a una malformación ocasionada por un lupus eritematoso que ella padecía. La enfermedad, además, ponía en riesgo su vida. Los médicos recomendaron interrumpir el embarazo, pero el gobierno de El Salvador tenía otra opinión.

El 29 de mayo de 2013, la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de llevar a cabo un aborto. La señora B, a veces llamada Beatriz, debía continuar con el embarazo. Ese mismo día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que exigía al gobierno tomar acciones para proteger la vida de la señora B y permitir la labor médica necesaria. En otras palabras, le ordenaron al Estado dejarla abortar.

Al día siguiente, la corte salvadoreña autorizó una cesárea para interrumpir el embarazo. En ese punto, la señora B ya tenía 26 semanas, tiempo en el cual el procedimiento se consideraba un parto inducido. Tuvo lugar el 3 de junio. La señora B sobrevivió. El feto murió cinco horas después.

El caso de la señora B refleja las dimensiones más dramáticas de la restricción del aborto y de las experiencias que deben vivir las mujeres. El Salvador es tal vez el territorio más hostil en la región, pero, según Alberto Romero, miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la situación es similar en "países como Nicaragua, Honduras e incluso Chile". "Pero El Salvador es el único donde hay una persecución activa a las mujeres que abortan", me dijo.

Lo paradójico es que las leyes en El Salvador solían ser menos restrictivas y permitían el aborto cuando había problemas de salud o corría riesgo la vida de la mujer, cuando el feto tenía malformaciones que hacían imposible su vida o cuando el embarazo se había producido tras una violación. La señora B habría podido terminar su embarazo sin problema, si su caso hubiera sucedido antes de 1997. Ese año, el Código Penal salvadoreño atravesó una reforma a raíz de los acuerdos de paz de 1992, y varios sectores conservadores, vinculados a la Iglesia católica, aprovecharon para penalizar el aborto. Esto último ocurrió finalmente en 1998.

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A partir de ese momento, la Fiscalía buscó forzar al personal médico a denunciar a cualquier mujer de la que hubiera siquiera una sospecha de haber provocado su aborto. Por su parte, una mujer que abortaba corría de inmediato el riesgo de ser procesada judicialmente y condenada a penas entre dos y ocho años de cárcel. Quien no las denunciara podía ser acusado de encubrimiento y pagar hasta cinco años en prisión.

"Aquí no existe una iniciativa pública, como una línea telefónica, justamente por eso. Sabemos que hay personas que trabajan dando información, y nos parece una labor importante, pero son iniciativas que deben ser autónomas por su propia naturaleza", me dijo Alberto, cuando le pregunté si en El Salvador existía una iniciativa similar a Salud Mujeres en Ecuador. Según Anais, en el Salvador existe un grupo que cumple una labor similar a la de Salud Mujeres. Sin embargo, sus miembros se mueven en la clandestinidad. Dar con ellos para este reportaje resultó imposible.

Ante la situación, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto se ha concentrado en ayudar a las salvadoreñas encarceladas por haber abortado. Hasta hoy han logrado la liberación de quince, pero treinta siguen en prisión y enfrentan penas de entre 25 y 30 años a pesar de que el Código Penal indique que la pena máxima por abortar sería de ocho años. La razón es el tratamiento que el juez de turno le dé al caso: en la mayoría de situaciones el aborto es tratado como un homicidio. Y esto puede ser así, incluso cuando el aborto ha sido espontáneo, es decir, consecuencia de un accidente o de una complicación de salud. (De acuerdo a la OMS, una de cada cuatro mujeres en el mundo experimenta un aborto espontáneo).

Las encarceladas por aborto en El Salvador, "en la mayoría de los casos, no tienen una defensa adecuada", me dijo Alberto. Según él, al revisar sus expedientes él y su equipo no han encontrado pruebas que las impliquen en haber inducido su aborto. Así y todo, están en la cárcel. "Estas son mujeres que normalmente viven en situaciones de pobreza, de exclusión, en zonas rurales o en barrios muy marginales", aseguró.

La criminalización del aborto en El Salvador es sobre todo un problema de mujeres en condiciones económicas y sociales difíciles y vulnerables. Ellas no pueden ir a una clínica privada cuando tienen una complicación, y por eso terminan en los hospitales públicos donde el Estado tiene control y cuyos médicos trabajan bajo la amenaza de la ley.

Pero los peligros no cesan en la cárcel. El Guttmacher Institute, la OMS y varias organizaciones que luchan por la legalización del aborto sostienen que precisamente las mujeres más pobres en los países con políticas más restrictivas son quienes enfrentan un riesgo más alto de morir por un procedimiento clandestino inseguro o por una complicación o una enfermedad que podría evitarse con una interrupción oportuna del embarazo.

Alberto, de la organización por la despenalización, me contó que en El Salvador el riesgo de muerte por abortos clandestinos e inseguros ha disminuido y que esto se debe en gran parte al uso del misoprostol. El aborto con medicamentos y su amplia difusión por internet han hecho que las mujeres dejen de acudir a agujas, ganchos o palos para inducirlo. Sin embargo, aunque el misoprostol está aprobado en El Salvador, el acceso es difícil y costoso. Esto ha llevado a las interesadas a buscar a cómo dé lugar médicos, farmacéuticos o defensores de derechos que les provean la droga de forma clandestina. Otras acuden a páginas de internet poco fiables que venden el medicamento hasta por 150 dólares.

En medio de todo esto, en el país centroamericano se ha mantenido estable la tasa de muertes por complicaciones como cardiopatías o cáncer que habrían podido reducirse con un aborto.

En su camino hacia la despenalización, el gobierno y la comunidad médica uruguaya emplearon una estrategia relacionada con el aborto hoy conocida como el 'modelo uruguayo', que luego acogió también Argentina. Esta le permitía al personal médico asesorar a las mujeres sobre los métodos disponibles y seguros con los que podían abortar: típicamente misoprostol. El médico mantenía la confidencialidad, la mujer abortaba fuera del hospital y volvía después para saber si todo había salido bien.

El 'modelo uruguayo' funcionó hasta que en 2012 el Congreso promulgó una ley impulsada por organizaciones civiles desde 2008. La legislación, vigente hasta hoy, solo requiere de la voluntad de la mujer para interrumpir un embarazo de hasta tres meses. Si este es producto de una violación, la mujer tiene los mismos tres meses más otras dos semanas para tomar la decisión. Interrumpir un embarazo por fuera de ese lapso solo es posible cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero.

"Nosotros sabemos que hay una relación directa entre legalidad y mortalidad. Cuando el aborto se realiza en situaciones de ilegalidad aumenta el riesgo de muerte", me aseguró Leticia Rieppi, una médica ginecóloga a cargo del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de Uruguay en la época en que la ley fue aprobada.

"De 2008 a 2012 no tuvimos ninguna muerte por aborto en Uruguay. En el verano de 2013 tuvimos dos por aborto clandestino y en febrero de 2016 tuvimos otra. Los tres fueron casos de embarazo que excedían las doce semanas y que buscaron la interrupción por otro lado. La última señora que falleció, por ejemplo, había tenido un buen asesoramiento, pero evidentemente luego acudió a otros métodos que no eran los más seguros".

De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, el promedio anual de muertes maternas entre 1995 y 2002 en Uruguay era de 25 por cada 100.000 nacidos vivos. De esas 25 muertes, 35 por ciento era resultado de un aborto inseguro. Desde 2004, con leyes como las que llevaron a implementar el 'modelo uruguayo', el número de muertes maternas descendió drásticamente a 9 por 100.000. Entre 2009 y 2011, no hubo una sola muerte.

Hoy por hoy, en Uruguay cualquier mujer puede pedir un aborto en cualquier centro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Después de dos citas tiene que esperar unos cinco días, un lapso que la ley llama 'periodo de reflexión', para sopesar su decisión. Si en esa tercera cita la mujer sigue resuelta a interrumpir el embarazo, el médico le entrega las pastillas de misoprostol y mifepristona, y ella misma aborta en su casa. Días después, debe hacerse un control.

El procedimiento en Uruguay ha probado ser efectivo, pues las muertes de mujeres que han abortado han disminuido decisivamente en los últimos ocho años. Lo mismo ha sucedido en otros países que han adoptado una línea regulatoria no punitiva. En cambio, en lugares donde el aborto permanece ilegal las tasas se mantienen. Y cuando se reducen, lo hacen como consecuencia del uso clandestino del misoprostol.

En el caso de Colombia, la situación es intermedia. La ley permite el aborto en tres casos: por riesgo a la salud, por una violación o por malformación del feto. El misoprostol se comercializa y la mifepristona fue aprobada en marzo de este año. Pero Colombia es la prueba de que incluso cuando la ley permite el aborto, acceder a uno sigue siendo difícil. Las organizaciones han concentrado sus críticas en la forma en que la comunidad médica y la justicia interpretan el término 'salud' en los casos de aborto. Para los representantes de los grupos, una mujer que considere que su embarazo afecta su bienestar físico, mental o social debería tener derecho a interrumpirlo, lo cual corresponde a la definición del concepto de 'salud' de la OMS. Sin embargo, lo que sucede en los consultorios médicos está lejos de reflejar este principio.

"Lo que nosotros buscamos es que se respete la vida, desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural", dice Jesús Magaña, presidente de la Plataforma Unidos por la Vida, que articula varios grupos que se oponen al aborto en Colombia. Según él, cuando la vida de la mujer corre riesgo debe buscarse la seguridad y la protección tanto de ella, como del feto, algo que él considera hoy más fácil gracias a los avances de la medicina.

La importancia que grupos como la Plataforma dan a continuar el embarazo surge de una forma especial de entender la sexualidad. Eso, al menos, me dice Jesús. Para él, las relaciones sexuales deben darse en un contexto de amor basado en ideales de familia, según los cuales un embarazo no es un accidente, sino una bendición. Curiosamente, justo por esta razón Jesús y los suyos avalan el uso de anticonceptivos: un método que les permite a las familias planificar el momento adecuado de tener hijos.

Grupos y opiniones como las de Jesús Magaña abundan en la región y han ganado terreno en los sectores políticos y en las instituciones del Estado. Lo dice Catalina Martínez, directora regional del Centro para los Derechos Reproductivos, una organización estadounidense dedicada a apoyar cambios legislativos. Según ella, cada vez es más común encontrar representantes de una línea más conservadora o religiosa en escenarios de toma de decisiones, incluso en las sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esa influencia en la vida política la confirma Jesús, quien asegura que, además de conferencias y labores educativas con jóvenes, los grupos de la Plataforma han apoyado proyectos de ley y referendos en Colombia para cambiar las regulaciones del aborto. "Ahora estamos buscando nuevas alternativas para hacer esa presión. Acabamos de coordinar una serie de eventos con varios congresistas para sensibilizarlos sobre esta problemática. Cada vez crece más la conciencia de esto"

Ante la abundancia de agrupaciones como la de Jesús Magaña en la región, los activistas se han preocupado por contrarrestar la fuerza que tienen en América Latina las visiones más tradicionalistas. Para ello participan en escenarios públicos para difundir argumentos basados en la ciencia y en una ética más liberal. También se han valido de voces distintas a las del activismo para ganar credibilidad e influencia. En Chile, por ejemplo, lograron ganar como aliada a la escritora Isabel Allende, quien por años ha venido expresándose abiertamente sobre el tema.

Los testimonios daban cuenta de un proceso cotidiano. Anais añadió que la práctica podía realizarse sin traumas cuando se usaba el misoprostol de forma adecuada. Estas fueron las instrucciones que, luego, procedió a darnos:

Introducir las doce pastillas, cada una de 200 miligramos, por la vagina o ponerlas debajo de la lengua: cuatro cada tres horas. Cuando es por vía sublingual, se dejan las pastillas allí por media hora. Las náuseas, el vómito, la diarrea y el cólico son normales. La hemorragia empieza pronto y debe hacérsele seguimiento con ayuda de toallas higiénicas. Una vez superada la parte más incómoda, el sangrado se mantiene por unos días más.

Comparado con otros métodos, este es bastante sencillo. Por esta razón, las holandesas Mujeres Sobre Olas envían desde hace más de diez años los medicamentos por correo. "Solo se trata de unas pastillas", me dijo Rebecca Gomperts, la cabeza de la organización, para explicarme por qué en 2006 ella y sus colegas crearon la plataforma digital Women on Web, que recibe cerca de 10.000 correos al mes.

"Cuando empezamos, sólo había un sitio en Internet que ofrecía el medicamento, pero las pastillas eran falsas. Ahora hay muchos sitios de internet que lo venden. Algunos son reales, otros son falsos. Hay muchos que se aprovechan de las mujeres, eso es lo que pasa cuando algo es ilegal. Esa es otra de las razones por las que el aborto tiene que ser legal", me dijo Rebecca.

El crecimiento del mercado negro de misoprostol es otra de las dificultades que enfrentan las mujeres en los contextos restrictivos. Los falsos distribuidores abundan. Y en ocasiones, incluso cuando son reales, las instrucciones que les dan a las mujeres no son las adecuadas y terminan en abortos incompletos y en complicaciones obstétricas.

Por ahora, lo único que han logrado grupos como Salud Mujeres y Women on Web es armar listas de los falsos proveedores. Listas que, además, se alimentan de las propias denuncias de las mujeres. Sin embargo, Anais y Rebecca sostiene que no hay forma de destaparlos a todos. Aunque es grave, el problema está a la sombra de la discusión pública.

El taller concluyó a las 9 de la noche. Anais terminó contándonos los detalles de un aborto que acompañó y que culminó en celebración. No era la primera vez que pasaba. Los festejos eran comunes después de los abortos. A veces, nos contó, las mujeres incluso terminaban interesadas en trabajar en la línea de Salud Mujeres. "En realidad estamos celebrando la vida", dijo Anais. Para ella, lo más común es que las mujeres, después de un aborto, queden con la sensación de haber hecho lo correcto.

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