¿Qué les queda a los antitaurinos después del fallo del Consejo de Estado?

El pasado 19 de mayo, la Alcaldía de Bogotá (junto con algunas organizaciones animalistas de la ciudad) presentaron ante el Concejo Distrital una solicitud para adelantar una consulta antitaurina popular que fue aprobada el 28 de julio de este año para determinar si la población bogotana estaba o no de acuerdo con las corridas de toros o novilladas en la capital. El 30 de julio, el Alcalde remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que dijera si era constitucional o no. El 20 de agosto siguiente, el Tribunal dijo que sí. La consulta sería hecha el día de las próximas elecciones locales. Ahí estaba la esperanza de muchos.

Sin embargo, el pasado jueves 24 de septiembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado les cortó las alas, pues consideró que el hecho de prohibir o no la práctica del "espectáculo taurino" es competencia del Congreso de la República y no de una consulta popular incitada por la Alcaldía de Bogotá. Pa abajo la cosa, entonces. La ciudadanía no podrá definir eso en octubre.

Desde hace casi tres siglos se inauguraron las corridas de toros en el país y con ellas un profundo (y creciente) desacuerdo de aquellos que defienden y protegen los derechos de los animales. Según Natalia Parra, directora de la plataforma animalista ¡ALTO!, la lucha no se detendrá hasta que logren consultar al pueblo acerca de la aprobación de expresiones culturales: "Esta es una iniciativa antitaurina ciudadana que se enfrenta a poderosos bastiones del status quo bogotano, lo que hace que su aprobación sea complicada".

Para ella, a parte de sentirse frustrada como animalista, el fallo del Consejo de Estado la hace sentir fuertemente golpeada como ciudadana. "Todo el proceso para que pasara la consulta fue legal y contamos con los mejores abogados, que nos guiaron de la manera más adecuada para llegar al Consejo. Sin embargo, acá la democracia directa es débil y dejaron de lado el proceso de consulta", concluye.

Hay otras voces en este debate, por supuesto. La consulta, a pesar de tener ingredientes que a la larga beneficiarían los derechos de los animales, "reitera la ilegalidad y arbitrareidad del Alcalde Gustavo Petro sobre el matoneo jurídico de una minoría". Al menos eso piensa Felipe Negret, director de la Corporación Taurina de Bogotá una de las personas que se opuso a la iniciativa popular. "Además, su decisión de prohibir una tradición no cumple con la ley", concluye.

La consulta, tanto para los fervientes seguidores de las actividades taurinas, como para el magistrado Alberto Yepes y demás concejales que se opusieron, es la expresión viva de la llamada 'tiranía de las mayorías'. Este concepto hace referencia a la posibilidad de que en un sistema democrático una mayoría de personas puedan aplastar a una minoría particular: los mecanismos de un Estado deben estar diseñados para que esto no suceda.

En ese concepto están de acuerdo varios pensadores, entre ellos el filósofo de la economía Stuart Mill o teóricos políticos como Giovanni Sartori. Esto trae muchas incertidumbres, sin embargo. Por un lado, los taurinos se consideran como una minoría que debe poder disfrutar de sus tradiciones culturales y sociales. Por el otro, están los que, como Carolina Sanín en su más reciente columna de Arcadia, cuestionan que en un país como Colombia (donde unos mueren de sed y a otros han matado por ser de izquierda) las personas que van a ver toros sean consideradas de esa manera.

Mucho más allá del debate teórico, los antitaurinos no la tienen tan fácil. No al menos a nivel jurídico. Ahora que termina el mandato del alcalde Petro, uno de los pocos que se ha preocupado por consultar si los bogotanos están de acuerdo o no con las corridas de toros, y con el desacuerdo del Consejo de Estado en aprobar una consulta popular, las oportunidades se les agotan.

De las fuentes que consulté pude extraer cuatro posibilidades. Todas lucen difíciles.

Según un abogado especializado en derecho público, que prefirió permanecer anónimo, los antitaurinos tendrían dos opciones para hacerse oír. La primera, que las organizaciones antitaurinas se adhieran a un partido político y que este luche desde adentro para lograr el cometido. Para esta, habría que ver si les interesa unirse a una colectividad del Congreso. La segunda es crear una iniciativa popular legislativa, por medio de firmas de los ciudadanos que estén a favor que esto se discuta allá, sin intermediación de algún partido político formalmente aliado. Ya no solo sería conseguir el número mínimo de apoyos sino rezar porque el Congreso (donde abundan intereses e influenciadores) les pare bolas. El proyecto podría archivarse fácilmente.

Otro experto, un abogado bien curtido en temas de acciones públicas, que tampoco quiso figurar en este texto, me dio la tercera opción: el camino más viable para que ellos logren su cometido de preguntar si el pueblo está de acuerdo o no con las corridas de toros en Bogotá, es pedirle a la Corte Constitucional una revisión de la tutela que el Consejo de Estado negó. La Corte, al ser el órgano de cierre en materia constitucional, tiene la potestad de evaluar esta sentencia e incluso contradecirla. Eso no sería pronto. La oportunidad de presentar la consulta en una coyuntura electoral se perdería.

La última opción la vi en un comunicado de prensa que salió hoy martes 29 de septiembre de 2015, en el que los antitaurinos, liderados por Natalia Parra, e integrados por su plataforma ¡ALTO! y demás colectivos que hacen parte de esta consulta, pretenden radicar un recurso de nulidad ante la decisión del Consejo de Estado por el fallo determinado el jueves pasado. Proceso largo.

Preguntarle al pueblo sobre sus preferencias es más difícil de lo que parece.