Cajamarca está a tiempo de decidir cuánta minería quiere en su territorio

Busque "consulta popular minera Tolima" en Google. Se va a encontrar con una avalancha de noticias que casi siempre dicen una de dos cosas: que el Consejo de Estado aprobó la consulta en Cajamarca o Ibagué, o que el Consejo de Estado la tumbó. Así de confusa ha estado la pelea de dos municipios para decidir sobre la minería en sus territorios. Ambos se perfilan para seguir el precedente de Piedras, también en Tolima, donde hace más de tres años se hizo la primera consulta sobre minería y el 99% de los votantes la rechazaron.

La semana pasada, nuevamente, un fallo del Consejo de Estado tumbó la pregunta para la consulta de Ibagué y propuso una nueva. Sin embargo, todo apunta a que ni los ambientalistas ni las empresas mineras (los dos bandos que se han enfrentado todo este tiempo) quedaron totalmente conformes con la decisión.

La cosa va a así: a principios de octubre, la Corte Constitucional falló una tutela donde zanjó una controversia vieja: si los alcaldes municipales podían tomar decisiones sobre minería o si esa potestad era exclusiva de la Nación. La Corte aclaró que los entes territoriales sí podían vetar proyectos mineros que afectaran en sus tierras.

La tutela en cuestión la había interpuesto una ciudadana de Pijao, en Quindío, donde, en febrero de este año, el Concejo y el alcalde habían propuesto hacer una consulta minera. El Tribunal Administrativo de Quindío había dicho que esa competencia era de la Nación y por eso la Corte dijo lo que dijo. Lo otro que pasó en el caso de Pijao fue que el Tribunal manifestó que la pregunta que habían propuesto estaba cargada, incitaba a una respuesta y era inconstitucional. La Corte les dio la razón.

Esta era la pregunta: "¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de fuentes hídricas, afectación a la salubridad de la población, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio, con motivo de proyectos mineros?".

Casi igual era la pregunta en Ibagué y Cajamarca: "¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?".

Algunos ambientalistas defendieron esas preguntas diciendo que allí no se miente: que la minería sí contamina el suelo y las aguas y afecta el agro. Aunque tienen razón, eso no quita que la pregunta fuera sesgada. Siguiendo el argumento de no mentir, se podría preguntar, por ejemplo, si está de acuerdo con realizar actividades mineras que generen empleos en la región. Estrictamente, esa pregunta tampoco mentiría, pero habría que caerle encima por parcial y oportunista.

Con base en ese argumento, el Consejo de Estado vetó las preguntas de los dos municipios tolimenses. Para el caso de Ibagué, propuso una nueva: "¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?". Esa fue la pregunta que no dejó conformes ni a unos ni a otros. A quienes apoyan cualquier tipo de minería, porque cerraría las puertas. Y a los demás, aunque suene raro, porque rechaza todos los tipos de minería.

Las consultas mineras de Tolima fueron motivadas, sobre todo, por el rechazo ciudadano contra la empresa Anglogold Ashanti, que desde hace años adelanta exploraciones en el megaproyecto conocido como La Colosa, considerada una de las minas más grandes del mundo, y que alcanza a afectar a varios municipios del departamento, incluidos Ibagué, Cajamarca y Piedras. Esa multinacional quiere sacar de allí más de 35 millones de onzas de oro, que equivaldrían a unos 60 mil millones de dólares.

El problema de la pregunta propuesta por el Consejo de Estado (si quieren o no que haya actividades mineras) es que comete una generalización que podría ser dañina. Es cierto que varios estudios, como uno del grupo de investigación Terrae, han advertido sobre los estragos que La Colosa podría causar en el medio ambiente, sobre todo en las fuentes hídricas. Terrae apunta a que el gasto de agua que tendría el proyecto en fase de explotación podría abastecer a más de 67 mil personas diariamente, y que al mismo tiempo se estarían liberando algunas sustancias químicas que podrían contaminar el agua restante y el medio ambiente.

Sin embargo, lo que ha molestado de la nueva pregunta del Consejo de Estado, y que han aclarado incluso los ambientalistas, es que para oponerse a Anglogold haya que vetar todos los tipos de minería. El mismo Renzo García, líder del comité ambiental que promovió la consulta minera, dice que no están en contra del minero que extrae material de arrastre sino a los que afectan el derecho al medio ambiente sano. Otros ambientalistas se han manifestado en redes sociales en el mismo sentido, argumentando que no vale la pena restringir la minería que aporta materiales para la construcción.

Ecotierra, una de las ONG que encabezan la lucha ambiental en Cajamarca, propuso entonces otra pregunta, acaso más específica: "¿Está usted de acuerdo, sí o no, que en su municipio se lleven a cabo actividades y explotaciones mineras metalíferas en todas sus modalidades?". Una pregunta así restringiría, por ejemplo, el oro y la plata, pero dejaría por fuera otros materiales que en esa zona no valdría la pena prohibir. Repensar esa pregunta abriría la puerta a un debate que no es nuevo y en el que no todo tiene que ser blanco y negro, entre la conservación del medio ambiente y el extractivismo.

Anglogold Ashanti sigue en fase exploratoria y anunció este año que en 2020 presentará a las autoridades los estudios ambientales que sustenten su solicitud de licencias de explotación. En el medio tienen el obstáculo de las consultas populares que avaló la Corte y sobre los que se ha pronunciado el Consejo de Estado. En Ibagué ya está aprobada la pregunta que restringiría todos los tipos de minería y hay vía libre para la consulta. Para cambiarla, habría que empezar de nuevo el proceso. Mientras tanto Cajamarca, y de paso todos los otros municipios del país que quieran decidir sobre el uso de sus suelos, están a tiempo de pensar bien si realmente rechazan todo o solo algunas partes, dando paso a la larga discusión sobre cuál es el margen del desarrollo sostenible.