En La Guajira, la falta de agua potable sigue matando a miles de niños indígenas

Más personas en Colombia mueren a causa de la sequía y el agua contaminada que del conflicto armado. El riesgo de morir por enfermedades relacionadas con el agua es cuatro o cinco veces más alto en La Guajira que en cualquier otra parte del país.

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abr. 24 2015, 9:00pm

Una mujer parada en el suelo afectado por la sequía en el departamento La Guajira, Colombia. Todas las fotos son por el autor

Ana María Uriayu da la espalda y se rehusa a pronunciar palabra. Su vecino habla por ella, recitando una historia de pérdida compartida por incontables madres en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia. Entre las dos mujeres, suman cuatro hijos muertos en menos de un año. Ellas culpan al agua contaminada que comparte toda la comunidad.

A tan solo 5 kilómetros de la capital de La Guajira, el departamento que alberga la mayor población indígena de Colombia, la lucha diaria de estas personas contra la sed está marcada en los cuerpos de la comunidad Wayúu, un grupo étnico de más de 400.000 miembros que habitan en comunidades diseminadas por toda la península desértica. Varias veces al día, estas mujeres atraviesan los bosques de cactus que separan a sus rancherías de las cuencas lodosas donde recolectan agua contaminada y sus hijos las siguen sobre sus raquíticas piernas. El viaje puede llegar a tomar cinco horas, a veces más, y debe ser repetido en infinitas ocasiones. Hasta el más pequeño es reclutado para cargar un balde.

Según Fernando de la Hoz, director de Instituto Nacional para la Salud, "En Colombia mueren más personas por la sequía y el agua contaminada que por el conflicto armado. Además, el riesgo de morir por una enfermedad relacionada con la mala calidad del agua es entre cuatro y cinco veces más alto en La Guajira que en el resto del país". La mortalidad infantil en la Guajira ha alcanzado niveles comparables con los de Ruanda y no muy lejanos a los de Etiopía, de acuerdo con un informe publicado por las Naciones Unidas. De la Hoz cree que en realidad las víctimas fatales son muchas más de las que contabilizan los indicadores oficiales, esto debido a la escasez de servicios médicos y a la tradición Wayúu de enterrar a sus hijos en sus propias tierras.

A pesar de que la tan publicitada crisis haya atraído un flujo estable de ayudas e inversiones para la región en la última década (incluyendo un proyecto de 90 millones de dólares financiado por el Banco Mundial y una represa de 270 millones de dólares), aún no hay agua potable para la Guajira.

Pero, ¿por qué han fracasado todos estos proyectos para ayudar a los habitantes de la región?

Una mirada detallada a los proyectos relacionados con el agua de La Guajira parece indicar que la falta de control sobre los recursos públicos ha jugado un papel clave en la crisis, al igual que las políticas gubernamentales que favorecen los intereses comerciales por encima de los derechos humanos.

Una sequía récord azotó a la región el año pasado, desatando una crisis viral causada por la acumulación de agua en contenedores abiertos, lo cual es un potencial criadero para la malaria, el dengue y el chikunguña. Sin embargo los trabajadores locales afirman que El Niño no es el culpable de la presente crisis de salud.

"No podemos decir que el problema en La Guajira se deba a una sequía, eso sería falso", dijo Robert Mendez de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. "El problema del agua en La Guajira viene de muchos años atrás y se debe al mal gobierno en este departamento".

La Guajira es célebre por su corrupción y su política mafiosa; los últimos cinco gobernadores han sido investigados por malversación de fondos dirigidos a obras públicas como acueductos, saneamiento y servicios de salud. El más reciente de ellos, Juan Francisco "Kiko" Gomez, fue arrestado en 2013 bajo cargos de asesinato y tráfico de armas, solo para ser reemplazado por uno de sus amigos y aliados políticos. Pero los residentes no solo critican a los políticos locales, son aún más duros con el Gobierno Nacional que, según ellos, los ha olvidado.

En 2007, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 90 millones de dólares para brindar agua y servicio de saneamiento a la gente de La Guajira. El proyecto se ha prorrogado en dos ocasiones y la nueva fecha de entrega es octubre de este año.

"El proyecto (del Banco Mundial) nunca se ejecutó, el dinero nunca llegó a las comunidades, ni siquiera en las áreas urbanas", dijo Matilde Arpushana, una líder indígena y trabajadora por los derechos humanos que representa a más de 200 comunidades de los alrededores de la capital del departamento. "El problema del agua persiste y es terrible. Las mujeres deben caminar cinco horas, a veces más, para obtener agua. No hay agua potable en toda La Guajira".

Según Carlos Uribe, el especialista en agua y saneamiento del proyecto, la operación se vio frustrada desde un principio debido a la falta de cooperación por parte del gobierno local, problemas con el rendimiento de los empleados y confusiones acerca de la nueva política para el agua.

Sin embargo, para Nathaniel Meyer, jefe de planeación para temas de agua en Responsabilidad Corporativa Internacional, el fracaso del proyecto para brindar incluso los servicios más básicos al hospital principal es una prueba más de que el modelo de inversión privada del Banco Mundial no funciona. El Banco Mundial, que es accionista de varias compañías privadas de agua, evalúa el éxito del proyecto de La Guajira de acuerdo al número de contratos firmados en lugar de medir la cantidad de personas que están recibiendo agua. Para Meyer este caso sumado a lo sucedido con varios proyectos en Filipinas e India demuestran que firmar un contrato con una entidad privada no es garantía de que se construya nueva infraestructura.

"No hay agua para consumo humano en La Guajira". –Matilde Arpushana

En enero, el Gobierno firmó un decreto promoviendo la expansión de sociedades público-privadas por todo el país con el objetivo de llevar los servicios básicos a las zonas más pobres del país, aún cuando las empresas privadas han fallado a la hora de prestar estos servicios a lo largo de las costas Pacífica y Caribe. Al ser cuestionado acerca de la manera en que contratos privados van a asegurar el suministro de agua potable en regiones empobrecidas como La Guajira, el Banco Mundial se remite a leyes colombianas que garantizan subsidios para los servicios públicos; vale la pena anotar que estos subsidios solo cubren el 70% de la tarifa de agua potable.

"Además, las reservas indígenas pueden solicitar subsidios de otras fuentes dentro de sus transferencias nacionales, los cuales podrían ser usados para pagar el suministro de agua", afirmó un vocero del Banco Mundial, haciendo referencia al sistema de regalías nacionales.

Ambas figuras siguen siendo principalmente teóricas en una región con instituciones gubernamentales tan débiles. Cuando el suministro de agua fue delegado a los municipios locales durante la administración del préstamo del Banco Mundial, requiriendo que cada alcaldía enviara un plan para ser incluída en el proyecto, solo tres de 15 participaron, afirmó el expresidente Uribe.

"El problema es que para ejecutar necesitamos tener los diseños de los proyectos, que deberían ser gestionados por las alcaldías", me dijo. "Desafortunadamente, la capacidad institucional es muy reducida y no hubo proyectos. En los últimos cuatro años ha habido muy poco movimiento debido a problemas de gobernabilidad".

En otras palabras, la solución está en la supuesta aplicación de las políticas que hasta ahora no han logrado beneficiar a la población.

Ana María Urariyu y Teresa Apushaina frente a su ranchería en Monte Verde, La Guajira.

El otro gran proyecto de infraestructura para La Guajira, una represa que costó 270 millones de dólares, fue construida en 2010 con el objetivo de llevar agua a cerca de 400.000 personas. Almacena 93 millones de metros cúbicos de agua con una tasa de descarga de 7.760 litros por segundo. Pero los acueductos permanecen secos mientras el Gobierno espera un estudio para confirmar cuál modalidad de ejecución para el proyecto (pública o privada) generará más ganancias para el Gobierno de Colombia.

La represa es un activo público al cual la comunidad no puede acceder, según las autoridades Wayúu que han interpuesto una acción legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las autoridades indígenas alegan que la represa ha drenado al río del que los habitantes han dependido desde hace cientos de años, esto con el fin de llevar agua a las grandes propiedades del sur del departamento y al Cerrejón, la inmensa mina de carbón que se extiende por la península.

Desde que la presa se completó, 4.151 muertes infantiles han sido reportadas en La Guajira, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Niños de La Guajira

El Gobierno dice que no tiene el dinero para conectar la presa de 270 millones de dólares a acueductos, según la agencia financiera que investiga la viabilidad de las asociaciones público-privadas.

Sin embargo, una mirada a los recursos que fluyen en la región muestra que El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, obtuvo más de 250 millones de dólares en regalías solo en 2013. De acuerdo con el nuevo "mapa de regalías" del Gobierno, desde 2012 se han invertido cerca de 300 millones de dólares en La Guajira.

A menos que haya suficiente voluntad política, no habrá recursos suficientes para ayudar al segundo departamento más pobre de Colombia y la generosidad del Gobierno hacia las grandes corporaciones que operan en la región, sugiere que el bienestar de los indígenas Wayúu está bien abajo en la lista de prioridades nacionales.

Según las cinco autoridades Wayúu que se dirigieron a la CIDH, la ley colombiana dicta que los humanos deben, sin excepción, ser los primeros receptores de agua y que solo después de que sus necesidades sean satisfechas puede usarse para propósitos agrícolas, industriales y de otro tipo. Incluso en medio de la sequía y las enfermedades causadas por la escasez de agua, El Cerrejón usa más de 25 millones de litros al día, según Carlos Franco, director de Relaciones Internacionales de la mina. De hecho, El Cerrejón tiene una licencia gubernamental para usar mucho más. "Solamente usamos cerca del 17 por ciento del permiso de captación de agua", me dijo. "Tenemos permitido usar mucha más".

Como respuesta a las preguntas sobre la falta de agua en La Guajira, Franco me dijo: "Para nosotros es una pena. Es muy doloroso ver que no hay agua potable en La Guajira y no hay excusa para ello". No obstante, dijo que El Cerrejón recientemente invitó al Gobierno a trabajar con ellos para crear una solución a la crisis de agua en La Guajira.

Durante los últimos 40 años, el gigante multinacional no solo ha agotado y contaminado los recursos hídricos, también ha desplazado violentamente a poblaciones indígenas y a comunidades afrocolombianas. Según el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, representantes de las comunidades Wayúu afectadas por la minería, las multinacionales que operan El Cerrejón (Angloamerican, Glencore y BHP Billiton ) jamás han sido penalizadas por sus abusos sobre los derechos humanos de la comunidad.

"Es muy complicado litigar contra esta compañía, porque toda la legislación favorece los intereses comerciales", explicó Petra Langheinrich, vocera del colectivo. "Además, este es el problema más serio: en Colombia, y particularmente en La Guajira, el Estado y las entidades reguladoras son casi inexistentes".

El año pasado, la comunidad Wayúu en La Guajira llevó a cabo un juicio para condenar los abusos al ambiente y a los derechos humanos por parte de El Cerrejón ya que el sistema judicial destaca por su ausencia en la zona.

"En Colombia, y particularmente en La Guajira, las instituciones reguladoras del Gobierno y del ambiente son prácticamente inexistentes". –Petra Langheinrich

Si el Estado es tan débil para enfrentarse a multinacionales como las que operan El Cerrejón, ¿cómo puede asegurar que las empresas privadas proveerán el servicio de agua a aquellos que no pueden pagarlo?

En enero, el Secretario de Salud de La Guajira llamó públicamente a la cooperación entre "fuerzas que garanticen el suministro de agua potable" debido a la escalada de esta epidemia viral. Oficialmente, el departamento ha sido declarado en estado de alarma roja y ha sido declarado "una calamidad pública" en varias ocasiones durante el año pasado a causa de la sequía, desnutrición y epidemias que azotan a sus habitantes. El año pasado, La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que este departamento necesita una "intervención inmediata".

Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos ganó su reelección el año pasado con un programa basado en la paz y la equidad social, en el resto del mundo creció la esperanza por poner punto final al conflicto que durante 50 años ha enfrentado al gobierno colombiano y a las guerrillas marxistas. ¿Pero, en vista de fracasos como el de La Guajira, quién va a asegurarse de que el Gobierno preste servicios públicos de una manera equitativa en una nación en el postconflicto? ¿Será que haber puesto el énfasis en la proyección internacional del proceso de paz ha impedido una evaluación efectiva de las ayudas brindadas, las cuales se están invirtiendo, en su mayoría, en proyectos de pacificación y control del narcotráfico?

Lo que es más importante: ¿cómo cambiarán las cosas para los 900 mil residentes de La Guajira que no pueden darse el lujo de aguantar otra década más sin agua?

Victoria McKenzie es una reportera de derechos humanos y de salud mundial radicada en Medellín y Nueva York.

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