La historia de Yuliana Samboní ya había sucedido y el Estado demoró 20 años en resolverla

El "monstruo", un joven policía, apareció por primera vez cuando Catalina tenía nueve años de edad. Catalina no puede recordarlo pero su madre sí. Fue en febrero de 1993, cuando tenía 28 años. "En aquel entonces, yo tenía una relación difícil con mi esposo, y fui a buscarlo para que me ayudara con el dinero de la ruta escolar de mi hija", me diría 23 años después Sandra Janeth Guzmán, madre de la niña. La familia vivía en un apartamento en el barrio La Española, al occidente de Bogotá, y la mamá de Catalina, que se dedicaba al hogar, intentó un recurso desesperado. Desde que su esposo entró a trabajar en la Policía en 1984, ella vivió en un callejón sin salida, sometida a un dilema tenaz: resignarse a que su esposo les jorobara la vida o enfrentarlo para que cumpliera con sus obligaciones, intentando que la vida de su hija no se desbaratara por un matrimonio a punto de irse al barranco.

Catalina Vásquez nació en marzo de 1983. Su padre, Pedro Gustavo Vásquez, estudió algunos semestres de veterinaria en la Universidad de la Salle, pero con las obligaciones del hogar y la llegada de su primera hija tuvo que abandonar la universidad y su trabajo como vendedor de suscripciones en El Espectador para buscar empleo en el único sitio donde no le exigían ser profesional: la Policía Metropolitana de Bogotá. Allí fue agente en varias estaciones de la ciudad. En aquellos años era usual que los uniformados durmieran en habitaciones equipadas como un cuartel para alguna emergencia, por lo cual Vásquez dormía algunas noches en las estaciones.

El "monstruo" ––el asesino, Diego Fernando Valencia Blandón––, un agente de policía con dos años de servicio, apareció la primera vez que Catalina visitó una estación de policía. Catalina lo vio. Él estaba en uno de los baños del tercer piso de la Estación III (hoy, Germania), cuando la niña se asomó. "Ella estaba buscando a su padre, creyó verlo unos minutos antes cuando estaba con su madre en una de las banquetas frente a la estación, y le insistió para que la dejara entrar", se cuenta en el escrito de acusación del caso de Catalina sin más detalles de modo y lugar. Quince minutos después la niña no salía, su madre entró a buscarla, con el corazón agitado por una intuición alarmante. No la encontró en el primer y el segundo piso, solicitó la ayuda de un auxiliar bachiller, que cumplió su tarea a regañadientes. "Junto a una de las tazas del baño del tercer piso, Sandra Janeth encontró a su hija. Tenía un hematoma en la frente, los pantaloncitos abajo y una línea de sangre que le escurría por las piernas", quedó consignado en el expediente del caso T-3.795.843, del Juzgado 50 Penal Del Circuito en Bogotá.

Sandra Janeth recuerda esa imagen, pero hay otros detalles que recuerda aún más. La niña tenía las uñas moradas y en su cuello había hilachas de una cuerda que estaba amarrada en una de las vigas del baño, dijo. Cuando se acercó hasta la niña, estaba agonizando. Diego Valencia Blandón había asfixiado, violado y luego asesinado a su hija. Catalina apenas tenía signos vitales. Ella la abrazó y recogió con el auxiliar bachiller. "Pidieron a gritos una ambulancia que no llegó. Cuando llegaron en una patrulla de la policía hasta el Hospital San Juan de Dios, la niña no presentaba signos vitales, había muerto en el camino", quedó escrito en el expediente del caso. Un caso similar al de Yuliana Samboní, quien fue secuestrada, violada y asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera, según la confesión que hace poco dio a la Fiscalía.

Dos infanticidios atroces que han conmovido al país de los noventa y al de hoy.

La Fiscalía 20 de Unidad de Permanencia inició la investigación para esclarecer el crimen de Catalina. De inmediato detuvieron al padre de la niña como sospechoso: permaneció retenido en los calabozos de la Sección de Policía Judicial e Investigación (Sijín), y no pudo asistir al entierro de Catalina, tres días después de su asesinato. Desde que fue detenido, "no paró de llorar y jurar que él no había sido, que él jamás hubiera hecho algo parecido, que él no estaba en la Estación, que cómo carajos se es ocurría que él fuera a hacerle daño a su hija", registró un artículo de El Tiempo, cuyo título es una declaración: "Dios sabe que soy inocente, Vásquez". En el caso de Yuliana Samboní, el hermano del asesino, Francisco Gutiérrez, hizo una declaración a los medios: "Lamentamos profundamente la muerte de Yuliana. Estoy profundamente confundido por ello. Pedimos perdón por mi hermano".

En abril de 1993 comenzó el juicio. Pedro Gustavo Vásquez comenzó a aportar pruebas y testimonios que trataban de demostrar que él no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos. Que de estarlo, "habría matado al hijo de puta que le puso las manos encima a la niña", dijo en un testimonio recogido en el expediente de caso. Los argumentos fueron siendo más verídicos y admitidos como pruebas por el juez: la parte acusatoria perdía fuerza. El 11 de junio de 1993, el juez del caso determinó que ante la falta de pruebas Vásquez quedaba en libertad pero continuaba vinculado al proceso.

 Como parte de su defensa, Pedro Gustavo Vásquez señaló en las primeras diligencias del caso que "el día anterior al asesinato de su hija estuvo de turno en la Estación III. […] en la mañana del 28 de febrero de 1993 salió a desayunar al Salón Bogotá, donde comió consomé de pescado, chocolate y pan en compañía de una mujer […]. Después de pagar los mil pesos de la cuenta, caminó hasta la calle 13 y cogió una buseta de regreso a la estación, donde llegó antes de las 11:00 de la mañana", está consignado en el expediente del caso. A esa misma hora, las once de la mañana, Sandra Janeth le entregó una nota a uno de los agentes que prestaba guardia a la entrada de la estación de Germania, en la que le pedía el dinero para la ruta escolar de su hija, que estudiaba quinto de primaria en el colegio del Rosario, cuando fue asesinada.

La investigación continuó su curso durante dos años. Finalmente, no lograron resolverse las dudas sobre quién violó y asesinó a la niña. En octubre de 1994, la Fiscalía 31 debió ordenar la preclusión del caso. El agente Pedro Vásquez quedó absuelto de todo delito. Una semana después, la defensa de Vásquez interpuso una demanda administrativa a la Nación por daños y perjuicios en su contra y contra su hija. Fue indemnizado con quinientos millones de pesos de entonces.

En este punto de nuestra conversación, Sandra Janeth se lanza al agua: agita el dedo índice, a la altura de su rostro, y dice que ella estuvo segura desde un comienzo de la inocencia de su esposo, pero, dice, no era un policía ejemplar. "Él tenía muchos enemigos al interior de la Policía. Había casado pelea con otros agentes por su agresividad, indisciplina y reacción desmedida ante algunas bromas. Por eso él tuvo muchas anotaciones que le impidieron buscar un ascenso en la institución".

Los años noventa fueron una época difícil en Bogotá. Comenzaron con la oleada de bombas del Cartel de Medellín, que dejó centenares de muertos y creó una atmósfera de incertidumbre y desconfianza en la ciudad. Luego vino el proceso judicial más sonado en la historia del país: 8.000; a esto se sumó el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, así como el racionamiento de luz en el gobierno de Gaviria, el popular apagón. Un grafiti anónimo pintado en 1994 sobre la carrera Séptima decía 'Bogotá, la tenaz suramericana', parodiando el apelativo que le clavaron a la ciudad gramáticos y poetas a finales del siglo XIX.

En esta atmósfera, la Policía Metropolitana perdió su prestigio y confianza entre los ciudadanos. Antonio Caballero en su columna de Semana de marzo de 1993 escribía que "La Policía es temida y temible en todas partes, desde que la Policía existe. Pero es así porque los poderes establecidos no están interesados en moderar sus excesos, y mucho menos en castigarlos". El punto de no retorno fue el asesinato de Catalina, la niña de entonces.

Rosso José Serrano, quien asumió la dirección de la Policía en 1994, denominó su gestión con una frase publicitaria: "Cambiamos para servir a la gente".

Mientras Sandra Janeth preparaba el funeral de su hija, el crimen de Catalina era la noticia de entonces en Colombia. Las versiones de la indignación por el infanticidio atroz variaban según el medio que se consultara: "Mataron los sueños de Cata", tituló El Tiempo en su portada del 2 de marzo de 1993; "Si una persona no está segura en una estación de policía, ¿entonces dónde?", se preguntaba el editorial del diario El Espectador; "Desde el cielo, 'Cata' clama… justicia", titulaba El Espacio a cuatro columnas. Dos años después, con el caso a punto de quedar en la impunidad, Enrique Santos Calderón se preguntaba en su columna Contraescape de El Tiempo del 12 de marzo de 1995, "¿Qué es lo que pasa? ¿Qué falla? ¿Es falta de recursos y técnicas para investigar? ¿Es falta de voluntad o franca ineficiencia? ¿Es indiferencia, cinismo, corrupción? ¿Se trata de un caso imposible de resolver por razones objetivas?  Si es así, ¿cuáles son? Que por lo menos se explique a la opinión pública por qué la muerte de esta niña sigue impune. Que alguien diga algo. Tanto silencio es sospechoso".

El círculo se fue cerrando para el fiscal 31 Guillermo Vela Sarmiento y los investigadores  al mando del Mayor Marcos Duarte Valderrama. La opinión pública exigía resultados ante el macabro crimen (en las Naciones Unidas llegó a consignarse como un crimen de lesa humanidad), hasta que, el 13 de noviembre de 1995, Semana sacó en primera plana la foto de Diego Fernando Blandón, un joven policía sin mayor rango vinculado a la institución desde 1990, al momento de ser detenido, bajo el título: "El Culpable apareció".

Pedro Morales Martínez, médico forense, 65 años, calvicie consolidada y un rostro serio difícil de fotografiar, trabaja en Medicina Legal desde 1987. Ha visto pasar por sus ojos a través de los cadáveres los años más violentos de la historia reciente de Colombia: víctimas de las bombas de Pablo Escobar, miembros del Secretariado de las Farc, políticos, hinchas de fútbol, soldados, habitantes de la calle, niños, niñas. Morales, hoy Subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene una frase que resume sus 40 años descifrando a los muertos: "la morgue es muy democrática, allí todos somos iguales".

 Morales, me dice, recibió el cuerpo de Catalina Vásquez en los primeros días de marzo de 1993. Junto con su equipo de trabajo hicieron una necropsia juiciosa, detallada, minuciosa, que se convertiría en parte de la evidencia física del caso. El por entonces reducido equipo de médicos forenses trabajaba sin descanso. Morales practicaba unas 25 necropsias diarias. Además, el grupo solo contaba con un computador, que permanecía apagado y nadie sabía usar. Se identificaba a los cadáveres con un marcador y se les dejaba sobre la bandeja.

Luego de hacer la necropsia de la niña, el doctor Pedro Morales empacó con cuidado su ropa interior en una bolsa de papel (después me explicó que las bolsas de plástico degradan el ADN) y la guardó. Estaba siguiendo las instrucciones de manuales forenses norteamericanos, los primeros que llegaron al instituto. Por aquel entonces, en Colombia no existía la prueba de ADN en casos judiciales. Morales sugirió enviar la prenda de la niña a Estados Unidos. Su idea fue aprobada por el comité del instituto y dos años después del asesinato, el FBI entregó los resultados que demostraron que el culpable fue Diego Fernando Valencia Blandón: su muestra de sangre y los residuos de semen encontrados en la ropa interior y el pantalón de la niña (DNA en Q3 y Q4 que coinciden en k12, es la fórmula científica) corroboraron que el culpable fue él. En el caso de Yuliana, los investigadores del FBI ya están en Colombia para ayudar a descifrar lo relacionado con las comunicaciones (chat, WhatsApp, llamadas de celular, correos electrónicos) de Rafael Uribe y los implicados en la investigación.

Emilio Yunis explica en su libro El ADN en la identificación humana que si dos muestras de tejido humano tienen patrones diferentes de ADN eso determina que provienen de dos personas diferentes. Si, en cambio, presenta patrones iguales, existen dos posibilidades: 1). que las muestras pertenezcan a la misma persona o a un gemelo idéntico, 2). que las muestras pertenezcan a dos personas diferentes, pero donde las regiones investigadas del ADN para determinar los patrones del mismo son iguales. Por consiguiente, el aspecto central que debe guiar la identificación a través de la comparación del material genético está determinado por la proporción de personas de la misma población que tiene una misma combinación de patrones de ADN igual a la muestra de la evidencia recogida. "Hoy, las pruebas genéticas aportan la prueba de identificación más segura — explica Yunis—. Existe una probabilidad de una entre veinte millones".

En Colombia, la utilización de la carta genética como de identificación de cadáveres de NN o en casos judiciales como el de la niña Catalina Vásquez se realiza en casos excepcionales, porque es un procedimiento costoso y el banco de información que permite hacer el cotejo necesario para la identificación a través de este método está destinado a las víctimas y familiares de Justicia y Paz. El diablo está en los detalles.

En CSI Miami, los análisis de muestras biológicas (una uña, una muestra de sangre o residuo de piel) pueden conducir al perfil genético de un sospechoso. En Colombia se utiliza el CODIS desde 2002, cuando se identificaron a decenas de víctimas en la masacre de Bojayá, luego de hacer los cotejos con las muestras  genéticas recolectadas, tanto de asesinados como de sus familiares. La diferencia es que en la serie este análisis aparece en una pantalla con la imagen y datos personales del sospechoso o la víctima. En nuestro país se obtiene una descripción de los rasgos generales que debe ser completada con el trabajo diario de los peritos genéticos, tanto de Medicina Legal como del Laboratorio de Genética del CTI, ubicado en una casa del barrio Teusaquillo en Bogotá. La mayoría de los casos que llega al laboratorio del CTI demora meses e incluso años en resolverse, en parte por las órdenes de jueces y fiscales, o porque las evidencias no van en el mismo sentido de la hipótesis de los casos.

Dos días después de que el resultado de ADN llegara desde Washington, Valencia Blandón fue capturado el 13 de octubre de 1995 en la carrera octava con calle 87, en Bogotá, vestido de civil. "Ingresó al edificio de Paloquemao, se mantuvo tranquilo durante la mayor parte de la indagatoria", registró El Tiempo, que coincidió con El Espectador, pues sus periodistas asistieron a la audiencia de legalización captura. Pasada la medianoche, Valencia Blandón aceptó los cargos, y en la mañana del siguiente día, hizo frente a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa.

Valencia, además de confesar el crimen, relató lo que pasó en la mañana del domingo 28 de febrero de 1993 en la Estación de Germania. "Reconoció que violó a la niña y señaló que cuando ella trató de escapar, la tomó por los hombros, la ató con el cordón de ajuste de su chaqueta y luego la estranguló", registró Semana. Confesó también que una vez cometido el crimen colgó a la niña de una viga de un baño del tercer piso. El juzgado 50 del Circuito condenó a Diego Fernando Valencia a 45 años de prisión, decisión que confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En el caso de  Yuliana Samboli, Medicina Legal dictaminó que la causa de la muerte obedeció a asfixia mixta por sofocación y estrangulamiento. "Es decir, además de quererla matar —me explicó el abogado penalista Daniel Mendoza—,  [Uribe Noguera] se esforzó en hacerlo". Además, el cuerpo de la niña fue lavado para confundir las evidencias, por lo cual, se alteró la escena del crimen.

 En una entrevista con El Tiempo, Pedro Gustavo Vásquez comentó que Valencia Blandón "nunca (le) inspiró confianza, lo saludaba nomás —dijo—. Al hombre le decían Chimbis, y era un tipo medio loco, se cortaba el pelo al estilo punk, cuando estaba de civil andaba con cadenas en el cuello, guantes negros y un Walkman". Por su parte, Alirio Uribe, abogado de Sandra Janeth, hoy Representante a la Cámara del Polo Democrático, señaló que la Dirección de Policía determinó que Valencia Blandón tenía relaciones sexuales por dinero con algunos detenidos dentro de la Estación III.

Aunque Valencia Blandón fue condenado a 45 años de prisión, en febrero de 2006 el juzgado 50 del Circuito de Bogotá le concedió la libertad al otorgarle rebajas en la pena por confesión, revisión de sentencia, trabajo y estudios. De esta manera, de cuatro décadas, el expolicía solo estuvo una en la cárcel. Su paradero actual es desconocido, pues ni el Inpec, ni la Policía, ni la Fiscalía han permitido que Sandra Janeth y su familia puedan constatar si efectivamente, como quedó establecido por la juez que le dio libertad a Valencia Blandón, este ha firmado las minutas de registro de libertad condicional que debe hacer cada semana.

Pero aquí no terminaron las malas noticias para Sandra Janeth y su familia. Teniendo en cuenta que entre la fecha del crimen y hasta mayo de 1996 no hubo un culpable definitivo, ella no tuvo posibilidad legal de demandar a la Nación (el hecho ocurrió en instalaciones policiales y fue cometido por un servidor público). Desde 1997 comenzó un litigio que finalizó casi veinte años después. En 2012, el Consejo de Estado decidió no acceder a su demanda de reparación porque los magistrados que estudiaron el caso consideraron que la acción fue presentada fuera del término que establece la ley (dos años).

Antes de esta mala noticia ocurrió un episodio que dejó inconforme a Sandra Janeth y a su familia. Según un reportaje de El Espectador, la familia le solicitó al director de la Policía de entonces, el general retirado Luis Ernesto Giliberth, que como reparación integral a las víctimas, se realizara un homenaje en honor a la niña, en el que la institución pidiera perdón por su asesinato. El general aceptó la petición pero tres meses después llegó una carta de la oficina Jurídica de la Policía Nacional a la familia de Sandra Janeth, en la que le decían que habían estudiado la propuesta y la consideraban inviable.

En mayo de 2012, Sandra Janeth radicó una acción de tutela en la Corte Constitucional en contra de la determinación del Consejo de Estado. El magistrado Alberto Rojas Ríos revocó la decisión de la corporación contenciosa, también le reprochó que desconociera sus propios postulados sobre los términos de caducidad de este tipo de demandas. Para el tribunal constitucional, el Consejo de Estado se equivocó al contar los términos de prescripción desde cuando sucedieron los hechos. Según la jurisprudencia, se debió haber estudiado desde cuando se tuvo un cierto grado de certeza sobre quién era el verdadero responsable de la violación y muerte de la niña. Es decir, que el término de dos años con el que contaba la familia para exigir la reparación directa se debió contabilizar desde el momento en el que la Fiscalía identificó al patrullero Valencia Blandón como sospechosos del delito.

Finalmente, un fallo de la Corte Constitucional (Sentencia SU659/15) de febrero de 2016 amparó los derechos de la familia de Sandra Yaneth Guzmán, Luis Fernando, Eliana José y Jairo Alvin Guzmán Aranda; y Blanca Aranda de Guzmán y José Melquisedec Guzmán Vergara, familia materna de la niña; y ordenó al Consejo de Estado fallar en este caso y restituir los derechos, entre ellos, indemnizarlos. Por otro lado, el fallo señala que "En criterio de la Corte Constitucional implica que el Estado, sin importar el contexto en que ocurran hechos constitutivos de violencia basada en el género  (en la esfera privada de una mujer – su familia-; en la esfera pública; en el marco de un conflicto armado, etc.) debe desplegar políticas encaminadas a prevenir, juzgar, sancionar, y reparar adecuadamente los hechos vulneratorios de los derechos fundamentales de las mujeres".

El 28 de febrero de 2014, se hizo un acto público en el que la Policía pidió excusas a la familia, al país, la sociedad. Ceremonia a la que asistió Pedro Gustavo Vásquez, mientras que Sandra Guzmán no fue "porque a mí no me gusta las mentiras". Después de quedar libre, Vásquez intentó dedicarse a la zootecnia pero las cosas no le funcionaron. Trabajó aquí y allá en el rebusque diario por sobrevivir, hoy vive solo en una habitación en el barrio Villa María, en Suba, junto con sus gatos y perros. Trabaja en una cadena de supermercados haciendo domicilios, a sus 57 años luce demacrado, cansado, con una expresión de cansancio que le hace pasar por un anciano manso. ¿Qué hizo con el dinero de la indemnización? Es una pregunta que Vásquez siempre se ha empeñado en evadir, dice Sandra Janeth.

Por su parte, Sandra Janeth vive en un apartamento propio en Suba. Tiene dos hijos: uno de 17 años (apasionado por el fútbol) y otro de doce, que este año terminó la básica Primaria. Luego de estudiar higiene y salud ocupacional en el ECIEM (Escuela Superior de Ciencias Empresariales) y hacer ocho semestres de ingeniería industrial en la Uniagraria, trabaja en una empresa de telecomunicaciones, Internet y televisión satelital desde 2014.

Cuando le pregunto por el caso de Yuliana Samboní, ella se anima a decir: "Solo espero que si Rafael Uribe Noguera es hallado culpable por la justicia, pague su condena en una cárcel de verdad y no le den el privilegio de la casa por cárcel —dijo—. Ojalá que la familia de la niña no coma cuento de los interesados en salvarle el pellejo al tipo", me dice tras respirar profundamente, y mantener la mirada fija en la pared de la sala de casa de sus padres, atiborrada de techo a piso de fotografías de Catalina. Un altar dedicado a su memoria.

Hoy, frente a la estación Germania, está el Jardín de la Siempre Viva, un corazón elaborado con la flor siempre viva que el Jardín Botánico de la ciudad hizo. A un costado, está el tótem hecho por el artista urbano Guache, en un estilo gaudinao.

La familia de Catalina va hasta allí dos veces por semana a arreglar el lugar, al que consideran su tumba (aunque su cuerpo está enterrado en el Cementerio Jardines del Apogeo, en el sur de Bogotá), el refugio de su imagen congelada para siempre a los nueve años. A la edad en que los niños todavía creen en los dibujos animados, ser violada y asesinada es hacer real una pesadilla. Si Rilke decía que la patria de todo hombre es su infancia, la de Catalina Vásquez y Yuliana Samboní es la historia misma de Colombia.

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