Se viene la nueva Ley Lleras: expertos nos explican por qué debe preocuparnos

Han pasado más de cinco años desde la primera presentación de la Ley Lleras, uno de los alborotos más grandes en la más bien corta historia de Internet en Colombia. Seguramente usted recuerda el nombre, porque era homónima del entonces ministro del Interior y luego vicepresidente, Germán Vargas Lleras. Quizás también recuerda que fue polémica: la gente se quejó diciendo que la ley quería limitar sus descargas de música, películas y libros para proteger a los derechos de autor de las disqueras, productoras y editoriales.

Lo más probable es que no tenga ni idea de lo que pasó después de que se disipó el escándalo en redes sociales.

—A quienes sigan usando la piratería, pues que se tengan de atrás, porque de aquí en adelante el tema de prisión y penas se va a aplicar con todo rigor— dijo Vargas Lleras, en abril de 2011, sobre el primer proyecto de ley.

La Ley Lleras original quería permitirle a los prestadores de servicios de Internet bloquear o retirar contenidos que infringieran derechos de autor. Un prestador de servicios puede ser Claro, que le pone Internet en su casa y su celular, o Facebook, que le presta su plataforma para compartir cosas. Si ellos recibían una denuncia tenían dos opciones: dejar arriba el contenido y asumir la responsabilidad o bajar el contenido en menos de 72 horas y librarse de toda culpa. La decisión que tomarían era previsible.

La ley, sin embargo, se archivó seis meses después de presentada.

Después del primer fracaso, ya sin tener encima miradas vigilantes, el tema se siguió discutiendo en el Congreso. Entre 2012 y 2013 hubo al menos tres intentos de aprobar leyes similares. Normas que tienen que ver directamente con cosas tan cotidianas como bajar música, utilizar pedazos de videos para hacer parodias o compartir documentos académicos. Ninguno de esos intentos ha servido para llegar a consensos entre las partes. Todos fracasaron y el debate quedó en el aire.

En marzo de 2012, mientras Barack Obama estaba en Cartagena durante la Cumbre de las Américas, se incluyó la ley 201 como parte del texto aprobatorio del TLC con Estados Unidos. La sociedad recogió el nombre de la anterior y le puso a esta Ley Lleras 2.0. Entre otras cosas, el texto, en vez de referirse a los prestadores de servicio de internet, contemplaba responsabilidad civil, administrativa y penal para quienes violen derechos de autor: entre 4 a 8 años y pagar una multa que está entre los 26 y 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes. La ley, que había sido aprobada por el Congreso en solo 21 días, la tumbó la Corte Constitucional por vicios de forma.

En julio, apenas meses después, tres representantes a la Cámara presentaron el proyecto de ley 001 de 2012, que nuevamente intentó reformar la ley de derechos de autor. Ese nuevo intento introducía excepciones y limitaciones al derecho de autor, pero sostuvo varios problemas que tenían que ver con el ejercicio de la parodia. De los tres representantes al final quedó uno solo, que acabó por retirar el proyecto de ley. Casi un año más tarde, justo en el día del internet, apareció la ley 306, que retomó el texto de la Ley Lleras 2.

En el medio quedó un debate que por distintas razones no se ha terminado de dar. El Ministerio de Comercio reveló que un nuevo proyecto de ley de derechos de autor aparecerá en el segundo semestre de este año, por lo que la discusión vuelve a tomar relevancia.

Hablamos con María Juliana Soto y Nathalie Espitia de la Fundación Karisma, quienes han seguido de cerca los temas alrededor del buen uso de las tecnologías digitales y las políticas que las regulan. Nos actualizaron sobre lo que nos perdimos durante los últimos cinco años y nos contaron por qué piensan que, otra vez, hay que alzar la voz para proteger nuestros derechos en Internet.

Han pasado muchas cosas desde que reventó el escándalo de la Ley Lleras en 2011. ¿Cómo así que ha habido más "leyes Lleras"?

La Ley Lleras 2 se presentó en marzo de 2012 y fue de las más terribles. El texto ya no se centraba en los prestadores de servicio sino en la responsabilidad de los usuarios. Una de las partes más complicadas era la de la responsabilidad civil, administrativa y penal, que regulaba las penas y las multas por violaciones a los derechos de autor. En julio de ese año se presentó la que sería la Ley Lleras 3, que entre otras cosas limitaba la parodia y el préstamo de libros en bibliotecas por fuera de fines académicos. El 17 de mayo de 2013, mientras celebrábamos el día de Internet, vimos que se presentó un proyecto de ley que retomaba el texto de la Ley Lleras 2. Esa sería la 4.

Ninguno de esos intentos pasó. ¿Por qué ahora vuelve a ser relevante el tema?

Cuando salió la Ley Lleras 4, les solicitamos que abrieran un diálogo que permitiera la discusión y modificación del nuevo texto. Se realizaron mesas de trabajo con periodistas, academia, titulares, desarrolladores, abogados, etc., pero de este proceso no sabemos nada en términos sustanciales. No sabemos si se tomaron en cuenta los comentarios de las mesas de trabajo. Tres años después, solo sabemos que la Ley Lleras 2, la que definía responsabilidades a las personas usuarias, volverá en el segundo semestre de 2016. Nos enteramos por un documento de la oficina de comercio gringa (la USRT).

¿Quién está moviendo nuevamente esa ley?

En respuesta a un derecho de petición enviado por la Fundación Karisma, el Ministerio de Comercio respondió que esperan radicar nuevamente el proyecto de ley de derechos de autor el próximo semestre.

¿Qué derechos se verían comprometidos si se aprueba una de esas leyes?

Acciones como compartir un documento, subir una canción que no es de uno, descargarla, todo ese tipo de cosas serían medidas con el mismo rasero que el Gobierno pretendía medir a las grandes redes de piratería. Ahí también entra, por ejemplo, el préstamo de libros en bibliotecas para fines que no sean investigativos. Eso no está bien regulado. O utilizar partes de una canción o un video para mezclarlas.

Muchas de esas limitaciones ya existen, en teoría, pero parece que no se aplican con rigor.

Decían que no iba a pasar nada porque eso era para los grandes piratas. Pero ese argumento se cayó rápido cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, del caso de Diego Gómez, el biólogo que subió una tesis que no era suya y ahora enfrenta un proceso penal que significa de 4 a 8 años de cárcel y una multa millonaria. Eso era lo que decían que no iba a pasar. Pero ahí vemos lo que pasa si se juzgan los temas de derecho de autor a un nivel penal. El caso de Diego además toca el tema del equilibrio entre los derechos de autor y el derecho de acceso al conocimiento.

¿Algún otro caso preocupante?

Este año los aficionados al fútbol colombiano empezaron a compartir videos corticos, por Twitter o Vine, de las jugadas que les gustaban o la emoción que se vive en las tribunas. Win Sports hizo un barrido por Youtube, por Vine, por Twitter, para borrar esos videos porque son supuestamente de ellos. La mayoría de esas plataformas están regidas por leyes de derechos de autor gringas y lo que pasó fue que esta gente recibió notificaciones de que sus contenidos habían sido borrados y sus cuentas eliminadas. Ahí decían que si uno creía que su contenido estaba bajo una excepción, entonces tenía que pelearlo en una corte gringa. Ese caso nos muestra que ahí el derecho de autor limita usos muy básicos como compartir un minuto de video grabado con mano tembleque desde la tribuna.

La ley gringa contempla unos "usos justos" de los contenidos. La de acá también establece unas excepciones, pero parecen incluso más estrictas que las de ellos.

Los gringos tienen una lista mucho más amplia y que se actualiza constantemente: ahí se contemplan esas excepciones. Allá, además, es un juez quien decide cuando hay un caso donde no se sabe si el uso fue justo. Aquí, en cambio, el listado de excepciones es cerrado, no se actualiza hace tiempo y está escrito para escenarios pre-internet.

Para cumplir el TLC con Estados Unidos hay que modificar la ley de derechos de autor. Ustedes dicen que es una buena oportunidad para ajustar bien la de acá.

El Gobierno no puede olvidar que el TLC no es una camisa de fuerza que establece de manera rigurosa cómo se deben cumplir esas obligaciones a las que nos comprometimos. Eso nos da un margen de decisión que creemos que se puede aprovechar. No solamente en las restricciones sino también en las flexibilidades, en las oportunidades que tenemos para que se actualicen esas excepciones, para que de pronto podamos hablar de una cláusula abierta como la que tienen en Estados Unidos.

Toda su campaña invita a la sociedad civil a involucrarse. ¿Cuál puede ser el aporte?

Necesitamos que la gente se meta con los temas porque somos nosotros los que otra vez tenemos que lograr movimientos como el de Ley Lleras 1, donde la gente se enganchó y dijo "si van a pasar la ley, queremos ver qué es lo que van a pasar". Las industrias son las que han estado detrás de esto, con la intención de extender las restricciones y restringir las libertades. El riesgo que estamos corriendo es el de no tener un acceso libre a la cultura. No podemos ser solo las organizaciones y los colectivos los que estemos al frente de esto, sino toda la sociedad.