A las cárceles colombianas no les cabe la diversidad sexual

Agapito Cabrera Ortiz, un sacerdote diocesano que quiso denunciar la situación de hacinamiento y las injusticias de las cárceles colombianas en los 60, fue castigado por su impertinencia al ser removido de la dirección de la cárcel Modelo y nombrado cura vicario de la parroquia de Lourdes en Chapinero, para así aislarlo a un lugar en donde no incomodara al Ministerio de Justicia ni al Arzobispo de Bogotá de la época.

"Pocas cosas cambian", dice Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, en la introducción del informe Del amor y otras condenas: personas LGBT en las cárceles de Colombia, en el que simplemente se revela que cinco décadas después de las denuncias de Cabrera, "lo que sucede en las prisiones nos incomoda y muchas veces la solución ha sido ignorarlo".

Hace 17 años, mediante la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional declaró la situación de las cárceles como un estado de cosas inconstitucional, es decir, una vulneración de derechos fundamentales que afecta de manera sistemática a un gran número de personas. En ese entonces el hacinamiento era del 30%, hoy en día la cifra se ha duplicado, según lo registró el año pasado la Defensoría del Pueblo.

Esta es la situación que enfrentan los 117.000 reclusos que existen en Colombia, algunos incluso se ven obligados a dormir en el piso, en los pasillos y en las escaleras de cárceles como Vistahermosa en Cali y la Judicial en Valledupar. De ese total de reclusos que también padecen las graves deficiencias de los servicios públicos y asistenciales, la violencia y la corrupción del sistema carcelario, el 0.7% (un promedio de 800 personas) ha sido identificada como población LGBT.

El hacinamiento genera problemas particulares para esta población. Según un derecho de petición respondido a Colombia Diversa por parte de la Defensoría del Pueblo-Regional Cundinamarca, "el hacinamiento carcelario genera problemas específicos para la población trans privada de la libertad, ya que al tener una ocupación superior a la prevista, su intimidad e individualidad se puede ver limitada, pues debe compartir celdas con un número elevado de internos pertenecientes al sexo masculino, lo cual les puede hacer sentir incómodas".

Esa incomodidad no es simple retórica, parte de unas necesidades específicas de una población históricamente minorizada desconocidas por parte del Estado, entidades como el INPEC y la sociedad. Como lo afirma la misma regional de la Defensoría del Pueblo, "la principal problemática de la población LGBT privada de la libertad, sigue siendo la falta de conocimiento (tanto social como personal) de la diversidad de identidades sexuales y roles de género, ya que como se señaló suele ocultarse la homosexualidad por considerar que se puede convertir en un factor de conflicto con los compañeros heterosexuales".

Pero el problema del hacinamiento es un punto en común que comparte esta población con el resto de personas privadas de la libertad. Parte del desconocimiento del que habla la Defensoría del Pueblo, genera unas vulneraciones más sutiles pero no por eso menos importantes.

Como lo revela el informe de Colombia Diversa, la discriminación y exclusión que padece la población LGBT en las cárceles por razones de orientación sexual e identidad de género "ha tomado nuevas formas de acción y omisión". A pesar de que en 2011, mediante la directiva 10 del 5 de Julio, se impartieron instrucciones para garantizar el respeto y protección de la población de internas e internos LGBTI privados de la libertad en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, "esta no tiene procedimientos mínimos que garanticen la protección de los derechos de la población LGBT, en especial por temas de discriminación y erradicación de estereotipos o prejuicios sobre la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género". Según Colombia Diversa, esta directiva se queda corta a la hora de crear rutas de atención y protección frete a los abusos de autoridad que cometen las directivas y la guardia del INPEC, "así como tampoco la ha generado para enfrentar problemas de violencia por orientación sexual como consecuencia de la acción o la omisión de las autoridades públicas".

La orientación sexual y las identidades de género dentro de las cárceles colombianas siguen siendo percibidas a partir del prejuicio y el estigma. Para dar un ejemplo, las palabras del director del Establecimiento de Reclusión Especial de Valledupar en una entrevista realizada por Colombia Diversa, fueron: "acá todas se vuelven lesbianas por necesidad o por falta de cariño, cuando están privadas de la libertad cambian y luego salen a la calle y se vuelven normales".

En el caso de las mujeres trans, su identidad de género queda relegada desde el instante en que entran a un centro de reclusión para hombres. A pesar de que la sentencia T-062 de 2011 ordenó al INPEC reformar sus reglamentos para facilitar el uso de objetos personales femeninos de las mujeres trans, según Colombia Diversa, esto no se ha materializado pues la entidad "no cuenta con directrices sobre el ingreso de prendas de vestir, esmaltes, gel para cabello y otros objetos de cuidado personal para la población trans. En la práctica, son los directores de cada centro penitenciario los que permiten o prohíben el uso de estos productos".

En detalles tan sutiles como prohibir el ingreso de vestidos, faldas y maquillaje o el uso de aretes por parte de las mujeres trans, o el gel para el cabello que significa para algunos chicos trans una herramienta para expresar su identidad de género; se revela una dificultad por parte del sistema para "entender la identidad de género en términos teóricos y prácticos, por ejemplo: reconocer su nombre identitario, permitir el ingreso de prendas identitarias, adoptar medidas diferenciales en aspectos básicos como el baño, las requisas y el trato general en términos de la convivencia y seguridad según la identidad de género", explica el informe.

Para Colombia Diversa, los problemas de violencia y discriminación que se viven al interior de las cárceles, se presentan porque el INPEC maneja una política débil y desarticulada que por un lado no identifica los problemas y por el otro no adopta medidas para prevenir y proteger a la población LGBT.

"Las personas que tienen relaciones sentimentales y sexuales con población LGBT suelen ser altamente estigmatizadas y vulnerables a diferentes clases de malos tratos, burlas y humillaciones", apunta Colombia Diversa, "sin que el INPEC ofrezca una protección efectiva".

Entre otros problemas estructurales que vulneran los derechos de la población LGBT en los centros de reclusión, Colombia Diversa identificó casos de segregación en 20 cárceles del país, en las que existe un patio o pasillo especial para las personas LGBT. "Dicha segregación, además, tienen como estereotipo el hecho de que en algunas se asigna un mismo lugar para las personas LGBT y para las personas que viven con VIH".

De igual manera, las manifestaciones públicas de afecto como los besos entre personas LGBT "solo se permiten en espacios donde no sean vistas y son calificadas como "actos obscenos". En los días de la visita, supuestamente por respeto con las familias y los niños, no se permiten los besos".

Entre las recomendaciones que presenta la organización para que el Gobierno Nacional y las autoridades penitenciarias tomen medidas respecto a la vulneración de derechos de las personas LGBTI, se señala, entre otras cosas, que es necesario capacitar sistemáticamente al personal del INPEC y dejar de interferir en las relaciones sexuales y afectivas de las personas privadas de la libertas, al igual que reformar los reglamentos de los centros carcelarios para crear lineamientos de atención diferencial a favor de esta población.

El informe Del amor y otras condenas: personas LGBT en las cárceles de Colombia será presentado esta tarde en la Cinemateca Distrital a las 7:00 p.m.