Seguimiento a la rutina de un defensor público colombiano

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Él sube a buen paso las escaleras de los cinco pisos que tiene el Complejo Judicial de Paloquemao para que la audiencia no empiece antes de que conozca al condenado y su situación. Por cierto, nunca lo ha visto, no tiene su hoja de vida, no se le sabe el nombre de pila ni tampoco si ha sido detenido. Lo único que conoce con certeza es que cometió algún delito sexual: eso salió cuando puso el número del radicado del proceso en la página de Internet de la Rama Judicial.

Pasa por el juzgado encargado del caso a reclamar el expediente que llega por primera vez a sus manos y va hasta una sala de audiencias desocupada para leerlo, sentado en una de las sillas dispuestas para el público.

"Acceso carnal abusivo con menor de 14 años", dice el expediente.

O más claro: una mujer llegó a casa y encontró a su pareja, quien viene siendo el padrastro de su hija de siete años, supuestamente encima de la niña, que ya tenía la ropa interior en las rodillas.

El abogado me mira.

––Yo mato a un cabrón de estos ––me dice.

Pasan 20 minutos. Lo ve: el acusado está esposado hacia atrás, con el dorso de las manos descansando contra el cóccix. La estatura del criminal le llega al abogado hasta el nudo de la corbata. No lo mata.

No solo no lo mata sino que, precisamente porque imagina la fuerza del deseo de retaliación que hay en la sociedad contra este tipo de personas, está ahí para cerrarle el paso a cualquier exceso con que el Estado pueda insolar al presunto victimario. Este, a cambio por sus servicios, para ofrecerle tiene las gracias y la sonrisa.

No más.

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Atiende a toda hora los 197 procesos bajo su responsabilidad. Ochenta y dos de ellos están activos, 116 paralizados y todos se dirigen contra personas que no tienen la plata que cuesta apoderar a un abogado particular.

Así, Ángel Junca, 60 años, se gana la vida. Es lo que conocemos como un abogado de oficio.

Los que hacen lo mismo que él en los juzgados de Colombia, sin embargo, ya no se llaman así. Les dicen "defensores públicos" desde 2005, cuando se instauró el Sistema Penal Oral Acusatorio, que es el modelo que actualmente dicta las reglas con las que se reparte justicia penal en Colombia.

El abogado de oficio solía ser hasta ese año cualquier titulado en derecho que un día recibía de un juzgado la citación obligatoria para representar gratis a algún desposeído en una diligencia judicial, so pena de sanción. Ese doctor podía tener o no posgrado en penal, experiencia en el litigio de esa rama del derecho mucha, poca o ninguna, ser un jurista competente o un tinterillo.

Un defensor público, en contraste, es hoy en día un abogado seleccionado, pagado, capacitado y asistido por la Defensoría del Pueblo, con la sola misión de enfrentar a la Fiscalía, el órgano estatal acusador, cada vez que esta active el aparato judicial en contra de una persona pobre que esté acusada de algún delito.

Hay 3.973 abogados que se siguen conociendo hoy en día como "defensores públicos" en Colombia.

Abogado de oficio y defensor público. Junca fue tres años lo primero y, desde 2005, casi exclusivamente lo segundo.

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El Complejo Judicial de Paloquemao está ubicado al sur del centro de Bogotá, con el mismo nombre y muy cerca de una de las plazas de mercado más tradicionales de la ciudad. Es el escenario más importante para el giro diario del aparato de justicia penal en el Distrito, pues ahí se concentran la mayoría (121) de los juzgados penales de esta capital.

En el quinto piso del edificio está el único paradero que tienen los defensores públicos para descargar sus maletines: la Oficina Nacional de Defensoría Pública. Los defensores que la habitan, siempre por ahí de paso, la llaman el "Radicado".

El Radicado: un espacio naturalmente iluminado, de piso de madera y paredes blancas. Cinco escritorios con sus sillas, toma-corrientes, una mesa de juntas de seis puestos, todo cómodo y en buen estado, un juego de llaves para entrar a los baños del piso, un computador con su impresora inhabilitados y una ventana de muro a muro que muestra una vista de bodegas, nubes y montañas forradas en miseria.

No hay tinto, no hay agüita aromática, no hay horno microondas para calentar el almuerzo preparado en la casa, no hay escanner, no hay fotocopiadora, no hay perforadoras. No papel, no lápices.

Como tampoco hay cosedoras, otro defensor público le pide a Junca prestada la suya la tarde del primer día que él me citó en Radicado. Ángel saca de su maleta una pesada reliquia alemana color vino tinto. Durante los últimos 25 años mal contados de su vida Junca ha sido juez y fiscal, además de abogado privado y público, por eso le extiende la cosedora a su compañero mientras me bromea:

–– Aquí me dicen que del peculado algo queda.

–– ¿Y qué es el peculado?–– le pregunto.

–– La apropiación indebida de un bien público por funcionarios del Estado. Pero esta la compré a 350 pesos cuando estudiaba mi bachillerato en el año 74.

Todo el cuerpo de abogados públicos está vinculado a la Defensoría del Pueblo por contrato de prestación de servicios. Ninguno es funcionario de planta. Se ganan cuatro millones de pesos antes de descuentos legales y gastos de transporte y fotocopiado, que salen de su bolsillo todos los días, al cabo de lo cual quedan libres unos tres millones trescientos mil pesos aproximadamente. No tienen vacaciones pagas ni reciben prima.

Muchos defensores resienten sus condiciones contractuales. Dicen que el sistema penal colapsaría sin ellos, que ejercen la defensa en el 80% de los casos. La Defensoría del Pueblo afirma que los defensores públicos representaron a 155.243 procesados por cuestiones penales el año pasado.

El mismo día por la mañana le preguntó una aseadora a Junca si nos podíamos salir para que ella limpiara la oficina y entonces se armó una charla de corredor entre defensores públicos al frente de Radicado.

––Y diga que en el artículo que vamos a hacer un plantón porque nos prometieron que nos iban a renovar el contrato por nueve meses y solo nos van a extender tres y medio–– me asaltó, serio, Ómar Guzmán, defensor público desde hace 19 años.

––¿Dónde se van a plantar?–– pregunté crédula.

Cuando escuché lo que Guzmán respondió y vi el gesto cómico que hizo su cara resuelta sumada al ademán del brazo señalando el corredor hacia adelante, me di cuenta de que no había tal plantón ni tal seriedad:

–– Aquí, en Paloquemao, le vamos a echar candela a toduesto.

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Dos capturados en flagrancia. Uno bien presentado. Churro para mi gusto, y al parecer el de la fiscal, quien le reprocha momentos antes de empezar la audiencia, muy brava, como lo hubiera hecho su profesora o la mamá, que viva delinquiendo cuando podría montar cualquier negocio y le llovería el éxito "con esa pinta que tiene de actor".

El otro está vestido con un jean azul oscuro y una chaqueta, que no me fijo si lleva la marca pero en todo caso es estilo Adidas, negra con las rayas rojas. Imposible identificar su color de piel porque está todo embetunado en mugre. Mirada adulterada, pupilas dilatadas, lo rescata del sueño la reacción angustiada de su compañero cuando Junca les anuncia, en una primera entrevista que no dura más de diez minutos, que los van a acusar de hurto agravado y calificado: 12 a 28 años de prisión.

Ambos le muestran a Junca las heridas superficiales con objeto corto-punzante que les dejó la comunidad y, según ellos, la Policía, cuando los acorralaron. El de la chaqueta tipo Adidas cuenta que la gente le tiraba fósforos prendidos, para tratar de hacerla explotar, a la moto recién tanqueada en la que ellos andaban.

––No vayan a aceptar cargos porque ahí sí me dejan sin nada que hacer por ustedes–– es lo único que les pide.

Empieza la audiencia a las 4:17 pm y la fiscal expone entonces los hechos. Le robaron el celular ese mismo día a una señora que caminaba por la calle con su hija en Suba, después de una clase de natación. La madre sacó el teléfono de la maleta para llamar cuando la empujaron al piso y se lo quitaron. Ella pidió auxilio a la policía del cuadrante, que tuvo que mandar por refuerzos al encontrar que los dos tipos ya estaban en poder de los vecinos del barrio.

En una pausa de la audiencia estoy yo mirando al churro este. Pensando que, así y con todo lo amable que me preguntó si yo era periodista y le podía hacer llegar este artículo cuando se publicara, sería capaz de tirarme al piso para quitarme el teléfono si me viera en la calle con él en la mano. En esas me interrumpe el otro, el que parece casi indigente, y me pide que le preste mi celular para hacer una llamada.

Yo tengo el celular en la mano, como en la escena que imaginaba un instante antes. Mi inteligente celular que almacena valioso registro de reportería. Lo único que atino a responder es que no se lo puedo prestar sin autorización de su abogado y me voy a ver si Junca, que mira de espaldas a nosotros por la ventana de la sala de audiencias, me saca del problema.

Me saca, pues se voltea y le habla directamente a él:

–– No, no se puede. Yo no le volví a prestar el celular a mis usuarios desde una vez que me lo pidió un transgenerista capturado que yo defendía. No solo me lo devolvió todo untado de maquillaje, lágrimas, babas y mocos, sino que además llamó a la mamá y le dijo "hágame un favor: saque la plata que tengo encaletada debajo de la matera y contráteme un abogado, que este hijueputa me va a dejar meter a la cárcel."

A estos dos no los deja meter a la cárcel. En el caso del churro, Junca logra que el juez declare ilegal la captura después de demostrar que su firma en las actas de derechos del capturado y de buen trato fue falsificada. En el de la chaqueta tipo Adidas, el juez acepta el argumento de que tiene arraigo en un domicilio localizable y por ello puede enfrentar su juicio en libertad.

Ellos seguirán en contacto con Junca, que continuará a cargo de su defensa en ese proceso. Lo llamarán a preguntarle qué se puede hacer para lo de la moto, que queda incautada.

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Según lo define la Defensoría del pueblo, el defensor público presta un servicio a "aquellas personas que, por sus condiciones económicas o sociales, se encuentra en circunstancias de desigualdad manifiesta."

Puesto que el éxito de cualquier abogado depende de que logre dar con evidencia tan reveladora como para disputar la consideración de un juez que tiene al frente el producto del músculo investigativo que ejercita el Cuerpo de Investigación Técnica (CTI) de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo montó, "bajo el imperio del principio de igualdad de armas en el proceso penal", un recurso que pocos penalistas particulares pueden suplir contratando empresas privadas: el Grupo de Investigación Defensorial.

Es el equipo que levanta el acerbo probatorio requerido por los defensores públicos para sustentar sus pretensiones en juicio y, según la Defensoría del Pueblo, el único grupo de investigación creado al servicio de la defensoría pública que hay en el mundo entero.

Ciento treinta investigadores y 56 peritos especializados en 15 áreas trabajan en cinco laboratorios repartidos regionalmente para atender las solicitudes de todos los defensores públicos del país, que necesitan ponerle al juez sobre el escritorio una teoría del caso que lleve impreso el sello de calidad que otorga el respaldo científico.

–– La Fiscalía tiene 35,000 funcionarios de Policía Judicial y CTI. Nuestro grupo de investigación cuenta con solo 187 personas–– me dijo en entrevista Jairo Acosta, responsable del Grupo de Investigación Defensorial desde su creación en el 2005.

–– ¿Está entonces el ciudadano en igualdad de armas para controvertir al Estado que lo acusa cuando lo representa la defensoría pública?

–– No.

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En una cuadra aledaña a los juzgados de Paloquemao, mientras Junca y yo desayunamos arepa e´ huevo, con sol y cielo azul ambientando el pequeño local de la cafetería, le digo lo siguiente:

–– Me imagino que usted no puede rehusarse a defender a un usuario que le asigne la Defensoría.

–– Por lo general, no.

–– Y una persona que tiene defensor público es porque no puede pagar uno privado, él tampoco tiene la posibilidad de elegir.

–– No siempre. Tenemos casos como el del gerente de una empresa que al parecer defraudó al Estado por miles de millones de pesos. Él contó con un abogado defensor público y, no por echarle flores al loco este: ¡buenísimo abogado público! Fue durante muchos años secretario de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. Su defendido llegaba aquí en Mercedes Benz, tenía un Rólex de oro, que le pongo yo unos 12,000 dólares bajito, tenía dos Blackberrys, que en ese momento eran tecnología de punta. Pero, como no tenía nada a su nombre porque el Estado estaba persiguiendo sus bienes, le pusieron defensor público. Yo creo que con solo las cadenas y el reloj se hubiera podido pagar algo.

Cree que personas como esta, teniendo la capacidad financiera para estar representados por los bufetes más prestigiosos del país, deciden dejar su suerte en manos de un abogado de oficio por ahorrarse un billete. Y porque la sociedad sabe que los abogados de la Defensoría del Pueblo tienen capacitación mínimo dos horas a la semana en sesiones académicas con juristas de renombre, acceso a asesoría sobre la jurisprudencia disponible en cualquier tema, además del enriquecimiento que les aporta el intercambio permanente entre ellos mismos, que ponen sus cerebros al servicio de cualquier compañero que necesite una mano con un problema jurídico.

–– He hablado con abogados privados que tienen por principio ético no defender personas acusadas de algún delito en particular: violación, tortura…

–– Pues yo no asumía casos de delitos sexuales con menor de edad víctima – me interrumpe.

–– Pero usted no puede decir que no.

–– Yo cambiaba con mis compañeros. Les decía, listo, yo le recibo dos homicidios pero usted lléveme este sexual. En primer lugar, porque soy muy sensible, yo lloro de ver un papel mojado. En ese tiempo había una juez que decía en audiencia: "Vamos a dar un receso para que la defensa se recomponga". Apagaba el audio y me hablaba: "Vaya y chille afuera, que se va a tirar el micrófono". Hasta que se dieron cuenta un día mis jefes de que yo me deshacía de ese tipo de procesos y me dijeron: "No, hermano, usted tiene que llevar delitos sexuales".

Él les argumentaba que siempre partía de la presunción de culpabilidad en los delitos sexuales, que no era capaz de conceder el beneficio de la duda y que una persona que tiene un abogado pensando así, la lleva perdida.

–– Entonces me tocó empezar a aprender y ya los llevo normalmente. Auritica, incluso, me toca irme para una audiencia de un delito sexual y no sé nada del usuario ––dándome a entender que tenemos que terminar ya la entrevista.

Salimos inmediatamente de la cafetería y regresamos al edificio de juzgados. Él sube a buen paso las escaleras de los cinco pisos que tiene el Complejo Judicial de Paloquemao para que la audiencia no empiece antes de que conozca al condenado y su situación. La situación: acceso carnal abusivo con menor de 14 años…

En realidad no es que el oficio tenga gajes. Los gajes tienen al oficio.