¿En dónde quedó la verdad sobre el asesinato de Jaime Garzón?

Por Redacción Judicial, 'El Espectador'

Cinco disparos y una voz silenciada. “Mataron a Jaime Garzón”, informaron los medios de comunicación aquel viernes 13 de agosto de 1999, con el dolor de haber perdido al hombre capaz de hablar de las tragedias colombianas con humor y simpatía. Se fueron el lustrador Heriberto de la Calle, la cocinera Dioselina Tibaná, el abogado Godofredo Cínico Caspa y el celador Néstor Elí, todos ellos se marcharon con Jaime Hernando Garzón Forero, cuando un crimen de Estado decidió arrebatárselo a la televisión, a la gente y al futuro de Colombia.

Inicialmente, el atentado fue atribuido al entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño. Garzón tenía claro que era un objetivo para el paramilitar por su gestión humanitaria en la liberación de las personas secuestradas por el ELN. Castaño les ordenó a los hombres de la banda criminal La Terraza, de Medellín, a montarse en una moto y perpetuar el asesinato.

Sin embargo, los documentos se cubrieron de polvo durante más de una década mientras avanzaba la investigación sobre quiénes, además del máximo líder de las AUC, estuvieron detrás del homicidio de Garzón y por qué había tantas personas involucradas en ocultar la verdad con informes de inteligencia desviados y testimonios manipulados.

Dieciséis años después de su muerte, el 9 de marzo de 2016, el exdirector de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Lombana, le anunció al país lo que le daría un giro esperado al caso, cuando declaró al homicidio como un crimen de Estado. Se determinó que la Policía, el Ejército y el extinto DAS estuvieron directamente involucrados en el asesinato de Garzón, especialmente el general (r) Rito Alejo del Río, el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez.

Dos semanas después, el caso recibió otro impulso jurídico al ser calificado como un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribirá en el tiempo. El humorista y activista político fue asesinado dentro de un contexto de persecución a la oposición en una alianza entre la fuerza pública y los grupos paramilitares.

A pesar de las verdades a medias que hasta ahora salen a la luz, su caso sigue siendo un arrebato brusco e impune en la historia de Colombia. Plazas Acevedo y Rito Alejo del Río, quienes ya han sido condenados por otros crímenes, aún no son juzgados por este homicidio. Ambos se acogerán a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde se determinaría su responsabilidad en este caso. José Miguel Narváez, por su parte, continúa en un lento proceso judicial al que aún no se le augura un pronto desenlace.