“Pudieron detener la construcción de ese helipuerto”: Testimonios de damnificados a un año del 19S
Fotografía cortesía de Alejandra Brito.

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A un año del 19S

“Pudieron detener la construcción de ese helipuerto”: Testimonios de damnificados a un año del 19S

Hablamos con algunas personas para las que iniciar el día significa empezar una nueva lucha por las pérdidas de las que el gobierno no ha querido hacerse cargo.

Artículo publicado por VICE México.

Hace exactamente un año, el sismo de 7.1 grados Richter que azotó la Ciudad de México dejó 38 edificios colapsados, así como 5 mil 800 casas afectadas, de las cuáles 2 mil 273 sufrieron un daño total.

El terremoto más devastador en el país, después del también ocurrido un 19 de septiembre pero de 1985, acabó con la vida de 232 personas y dejó a cerca de 38 mil damnificados, según cifras del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

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Según asociaciones de damnificados que surgieron después de la tragedia, todos somos damnificados. Hubo quienes perdieron familiares, casas, empleos y zonas de convivencia. Pero todos perdimos la paz.

Llegada la fecha del primer aniversario del 19S, las deudas con los damnificados siguen siendo cuantiosas. La mayoría de ellos acusa al gobierno por su falta de atención. Todos tienen algo que decir, y pudimos hablar con algunos de ellos.


Alejandra Brito

Edificio Nuevo León 238, colonia Hipódromo

Pensé que mi departamento era seguro, hasta que llegó septiembre del año pasado; tuve que mudarme y mi vida cambió.

Los vecinos llevábamos meses denunciando que en el inmueble de al lado se estaba construyendo un helipuerto que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial, no podría estar en esa zona. Primero no nos hicieron caso, dejaron que terminaran de construirlo y al final logramos que lo clausuraran.

Fotografía de Saúl Lópex/cuartoscuro.com

Pero el peso añadido ya estaba ahí. Así que el día del 19S ambos edificios chocaron, el del helipuerto se nos recargó y unas de las trabes rompieron varias de nuestras estructuras.

Pedimos que vinieran a diagnosticar nuestro edificio y caímos con un perito que estaba muy interesado en el caso, y que después descubrimos que había sido pagado por el dueño del edificio de al lado. Lo botamos. Luego llegó con nosotros la encargada de protección civil de la Delegación Cuauhtémoc, quien mandó a hacer nuevas inspecciones, de las que nunca nos informaron los resultados.

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Fotografía de Saúl Lópex/cuartoscuro.com

Todos nos dejaban algo muy claro: nuestro edificio ya no era apto para vivir. Desesperados, una vez más tuvimos que gestionarlo todo por nosotros mismos y financiamos de nuestras bolsas un último estudio. Con él logramos un nuevo dictamen, que indicaba que afortunadamente no tenía que demolerse, pero sí reforzarse a profundidad. Los 15 departamentos y dos locales no podían ser habitados hasta que el inmueble estuviera listo. Pero cuatro de ellos siguen ocupados, y las obras siguen.


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La reconstrucción del Nuevo León 238 va a costarnos cerca de 5 millones de pesos, que a ver de dónde sacaremos. Yo ya no creo volver a vivir ahí, a pesar de que el departamento es de mi propiedad. Una vez que quede bien, lo rentaré.

A un año del terremoto, una de las cosas que más nos duelen y enojan es que no vimos apoyo gubernamental de ninguna especie. Eso es muy injusto porque pudieron detener la construcción de ese helipuerto, y nunca lo hicieron. Todos se hicieron de oídos sordos en su momento.


Azarell Anzures

Edificio Londres 219, colonia Juárez

El terremoto le hizo tanto daño a nuestro inmueble que los inquilinos de 44 departamentos y un local, tuvimos que sacar nuestras pertenencias y buscar un nuevo alojamiento. Esto, a excepción de un par de ancianos que apenas pueden moverse y no tenían otro lugar a dónde ir. Ellos siguen adentro.

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A nosotros tampoco nos ayudaron las autoridades. Todo lo tuvimos que hacer por nuestra cuenta. En los días siguientes al sismo pasaron varias brigadas independientes de revisión y nos dijeron que estábamos en alto riesgo, que quizá el edificio tendría que demolerse.

Fotografía cortesía de Azarell Anzures.

También nos explicaron que la estructura era obsoleta, porque databa de 1981, cuando aún se les diseñaba erróneamente en forma de H. Por eso, nos dijeron, se destrozaron algunas columnas y muros de la planta baja, así como el cubo de las escaleras y el elevador.

Fotografía cortesía de Azarell Anzures.

Fotografía cortesía de Azarell Anzures.

Contratamos a un perito, pero también eso nos salió mal. El hombre sólo hizo estudios de topografía y apenas miró los planos. Nos dio mucha desconfianza y renunciamos a él.

Yo estuve asistiendo a algunas reuniones del Grupo de Damnificados Unidos de la Ciudad, en las que me apoyaron para conseguir a otro proyectista y finalmente logramos que nuestro edificio entrara al fideicomiso de Reconstrucción. He tenido que ir a juntas casi dos veces por semana, llevar documentos a decenas de ventanillas, y tener reuniones desgastantes con vecinos a los a veces tampoco parece importarles nada.

Fotografía cortesía de Azarell Anzures.

Nos urgen los nuevos resultados del dictamen para poder acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y acceder al fideicomiso. Mientras tanto, seguimos desamparados y pagando rentas extras que no deberíamos. Esto es una lucha tortuosa y sin avance.


Carlos Acuña

Edificio Colón 1, colonia Centro

El problema es que no hace falta un sismo para convertirse en damnificado. En esta ciudad corremos el riesgo de quedarnos sin casa, sin necesidad de que los edificios se nos vengan abajo. Se dice que después de todo gran sismo, viene un Tsunami. Nosotros pensamos que lo que nos está sacando de nuestras casas es un tsunami inmobiliario. El sismo fue el pretexto perfecto para que el capital inmobiliario moviera sus fichas. En nombre de la reconstrucción se aprobaron medidas para redensificar edificios, demolerlos, cambiar usos de suelo, aumentar rentas.

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En nuestro caso, en marzo del 2018 Banca Mifel y una Inmobiliaria de reciente creación —Iteractiva—, compraron el edificio donde más de 30 familias vivían, algunas desde hace dos, tres, cinco décadas. El plan es convertirlo, junto con la empresa Público —cuyos socios son los mismos de Iteractiva— en un edificio de Coworking con restaurantes gourmet en la planta baja, además de un hotel boutique —aunque esto último viola el uso de suelo habitacional del edificio—.

Fotografía cortesía de Carlos Acuña.

Nos dieron hasta finales de este año para desalojar. Aquí viven personas de la tercera edad, algunas sin redes familiares que los reciban una vez que sean desalojados. Somos inquilinos, pero eso no quiere decir que no generemos derechos como arrendadores ni que hayamos generado un arraigo y una forma de vida ligada al espacio que habitamos. Todo eso está a punto de perderse debido a una compraventa que se hizo de manera turbia.

Algunos vecinos entramos en un proceso legal para que la venta se anule y se nos respete el derecho de preferencia: se trata de un derecho que, como arrendatario, tendrían que habernos ofrecido. El derecho a comprar la propiedad que hemos rentado durante tantos años. Al momento de vender el edificio se nos quiso ofrecer ese derecho, pero de manera viciada: por todo el edificio, 80 millones de pesos, en lugar de ofrecernos la propiedad que como tal hemos rentado.


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Además de eso, varios vecinos de la zona centro creamos la 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico. Nos dimos cuenta que no somos los únicos que sufríamos de problemas de vivienda en la zona. Prácticamente cada semana nos enteramos de algún desalojo en el Centro, ya sea de vivienda —completamente irregulares en su mayoría— o de negocios tradicionales. Cantinas, jarcierías, loncherías, misceláneas y fondas cierran para ceder el paso a las grandes cadenas.

Fotografía cortesía de Carlos Acuña.

El Centro Histórico se está vaciando: aumentan de manera arbitraria la renta en un 30%, 40% hasta volver incosteable la vida. Los departamentos no vuelven a rentarse. Hemos registrado decenas de edificios habitacionales vacíos, subutilizados, seguramente inmersos en un proceso de especulación. Muchos otros edificios vecinales son ahora usados para rentarse exclusivamente vía Airbnb, a 150 dólares la noche. El Centro Histórico se ha vaciado así de sus habitantes y de sus espacios públicos, obedeciendo a una lógica meramente mercantil. A eso se suma —creemos que por consecuencia, debido a la excesiva capitalización del espacio— la crisis de seguridad que se vive por la disputa de algunas plazas.


Fernando Sánchez

Edificio de Bolívar 189, colonia Obrera

Mi tema no tiene que ver con inmuebles, sino con que perdí a mi madre y a mi hermana en el edificio de las costureras, en la esquina de Bolívar con Chimalpopoca.

Ellas trabajaban ahí, en SEO Young International, bajo el mando de una persona originaria de Corea. En total, después del derrumbe del edificio, murieron seis mujeres que laboraban en la misma empresa. Así que los deudos tuvimos que levantar dos demandas: una de ellas, laboral, y otra, penal. Esto, porque el dueño de la empresa no quiso arreglar las cosas bien.

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Fotografía cortesía de Fernando Sánchez.

Hizo una propuesta económica muy raquítica. Y no lo digo por ponerle precio a la vida de las personas. Yo lo que menos quiero es el dinero, porque ni aunque me dieran todos los millones del mundo lograría regresar el tiempo para poder despedirme de mi mamá y de mi hermana.

Lo que me da mucho coraje es que se trató de seis personas que murieron trabajando, no de cosas materiales que se puedan pagar o reponer. Yo hablé directamente con él y le dije que entiendo que él no no tuvo la culpa del sismo, pero que sí fue responsable de que se habitara un edificio que perfectamente sabía que estaba mal. Que por eso no aceptaba su oferta y que por eso decía irme hasta las últimas consecuencias legales.

Le informé de mis intenciones por respeto a la memoria de mi madre y de mi hermana: en varias ocasiones ellas me dijeron que lo apreciaban mucho y que le guardaban cariño por haberlas contratado.

Fotografía de cuartoscuro.com

Tengo todo el apoyo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Sin embargo, ha pasado un año y cuatro audiencias, y el responsable no se ha presentado a ninguna. Ya giraron oficios de búsqueda a muchas instancias de gobierno y a la conclusión que hemos llegado después de todo este tiempo es que ya ni siquiera está en el país.


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El 25 de septiembre es la próxima audiencia. Si esta última vez no aparece, la jueza ya me adelantó que fallarían por mí, a causa de un acto de rebeldía. Pero eso tampoco me garantiza un resarcimiento económico, porque no hay quien aparentemente pueda responder en su ausencia.

No siento que las autoridades tengan verdadera empatía con nosotros. Tal parece que no les interesamos. Todos los días despierto cansado y aburrido de dar tanta vuelta sin que algo cambie; siento como si trajera escombros sobre la espalda. Sólo el recuerdo de ellas me mantiene vivo.

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