¿Adiós y ya? Estos son los otros delitos que se fueron al cielo con Peña Nieto

Artículo publicado por VICE México.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene tres meses que terminó, pero dejó varias cuentas pendientes además del incremento en la cantidad de homicidios, un asunto del que se ha hablado mucho. Por ejemplo, se fue sin explicar cómo fue que los delitos federales acumularon más de medio millón de casos durante los seis años de su gobierno. El aumento de la incidencia delictiva no tuvo cabida en ninguno de sus mensajes públicos al final de su mandato, a pesar de que hubo transgresiones que estallaron en su gestión.

De acuerdo con una análisis de la incidencia delictiva durante el gobierno de EPN realizado por VICE, entre 2013 y 2018 los delitos del fuero federal crecieron 17 por ciento en todo el país: pasaron de 98 mil hasta casi 113 mil averiguaciones previas en seis años.

Al tiempo que el político mexiquense y su familia eran huéspedes de Los Pinos, los delitos contra vías de comunicación se incrementaron tres veces (mil 200 a 3 mil 700); los crímenes contra el patrimonio y delitos financieros crecieron más del doble (4 mil 200 a 10 mil 200); mientras que los delitos contra la salud por producción y tráfico, casi se triplicaron (470 a mil 250) y duplicaron (52 a 101).

La herencia delictiva de Peña Nieto dejó un total de 586 mil delitos federales, que incluyen un incremento del 44 por ciento en los delitos contra la integridad corporal. Además, los registros de la Fiscalía General de la República (Antes Procuraduría) analizados muestran un fuerte aumento en los delitos incluidos en “otras leyes especiales” y delitos contra la salud clasificados como “otros”.

El grupo de delitos del fuero federal que más creció entre las estadísticas de la FGR, fueron los cometidos contra las vías generales de comunicación. Entre 2013 y 2018 estas infracciones subieron casi 200 por ciento, ya que de registrar mil 200 carpetas de investigación, rebasaron las 3 mil 700 carpetas.

Las sanciones están relacionadas principalmente con la obstrucción de carreteras, áreas marítimas, vías ferroviarias y la red de telecomunicaciones, un problema común en México, donde bloquear vialidades es una de las formas de protesta más recurrentes. Apenas entre enero y febrero de este año, un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo bloqueadas las vías del tren en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán durante 28 días para reclamar atraso en sus pagos y exigir plazas para los profesores normalistas. Esa fue la tónica del sexenio peñista, cuya inercia alcanza al gobierno actual.

Las multas por acciones como estas, que son consideradas ataques directos a las vías, van de los 15 días hasta 30 años en centros de detención según la magnitud del daño. Sin embargo, la variedad de las faltas que castiga la Ley de Vías Generales de Comunicación es más amplia.

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En esta ley, que tuvo su última modificación el año pasado, se contemplan delitos como iniciar obras en vías públicas sin autorización de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT). Incluye multas a conductores de cualquier tipo de vehículo que no cuenten con las licencias reglamentarias –un problema frecuente entre automovilistas–, además de que sanciona el robo de correspondencia y tiene infracciones para la falsificación de timbres postales.

Al final del sexenio de Peña Nieto los delitos contra vías de comunicación sobrepasaron las 12 mil 800 averiguaciones previas en seis años. Aproximadamente 2 de cada 100 delitos federales cometidos con el mexiquense en el Poder Ejecutivo fueron en perjuicio de las vías de comunicación.

El estallido de los delitos financieros durante el pasado gobierno tampoco es resultado de la casualidad. En los registros de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, queda constatado cómo se duplicaron los delitos en contra de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros en los últimos seis años.

Estos delitos, que se castigan con base en la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, son todos aquellos en contra del patrimonio de las empresas e instituciones del ramo financiero como bancos, afianzadoras o aseguradoras y sus clientes.

Abraham Vergara Contreras, catedrático de la Universidad Iberoamericana, explica a VICE que a menudo son fraudes realizados por la ciberdelincuencia a través de correos electrónicos, aplicaciones de bancos, de mensajería como Whatsapp, o mensajes sms y tienen que ver principalmente con el robo de identidad para realizar compras en internet sin consentimiento.

“Junto con ese robo está también la clonación de tarjetas, cuando te roban los números de seguridad, porque con ese pueden comprar donde sea en internet, son los delitos que se han visto en los últimos años cómo han crecido de manera exponencial, desafortunadamente este tipo de delincuentes va uno o dos pasos adelante de la autoridad que imparte justicia”, detalla el coordinador de las licenciaturas en finanzas y contaduría.

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Vergara Contreras comenta que estos crímenes financieros han crecido especialmente entre los usuarios Millennials, quienes son más susceptibles al robo de identidad, porque guardan sus contraseñas y claves en lugares que no son seguros, como el celular, o porque utilizan contraseñas idénticas en todas sus cuentas, incluidas las bancarias.

A decir del especialista, otros delitos financieros que entran en este espectro son, por ejemplo, los fraudes organizados entre agentes de seguros de autos y asegurados, quienes se ponen de acuerdo para chocar automóviles o desaparecerlos y cobrar los seguros. Lo mismo sucede con los seguros médicos, donde los médicos pueden hacer pasar una operación estética por una operación que en verdad sea necesaria para la salud.

En seis años, los delitos financieros registrados por la FGR sumaron más de 32 mil 700 averiguaciones previas. Durante el sexenio, seis por ciento de los delitos del fuero federal denunciados fue por crímenes financieros.

Los delitos patrimoniales que crecieron 147 por ciento, son los más cuantiosos con 176 mil carpetas de investigación en seis años. Éstos se encuentran tipificados en el Código Penal Federal e incluyen delitos como robo, en cualquiera de sus variantes, abuso de confianza, fraude, extorsión, despojo de inmuebles y aguas, o daño en propiedad ajena.

Aunque la Fiscalía no los desglosa a detalle, Abraham Vergara, quien es maestro en finanzas, comenta a VICE que uno de los delitos patrimoniales que ha crecido particularmente en los últimos años tiene que ver con el fraude entre personas de la misma familia, un crimen que se castiga con uno a cinco años en prisión y multas de hasta 300 días de salario mínimo.

De acuerdo con el experto, la cadena delictiva comienza con dos familiares que tienen negocios juntos o cuentan con firmas electrónicas mancomunadas, con el objetivo de realizar otro delito común en los últimos años como ocultar los ingresos. Por un lado, uno se encarga de generar los ingresos, mientras que el otro se ocupa de manejarlos y desaparecerlos hasta que se produce el fraude entre ellos.

Los reportes oficiales analizados por VICE muestran que, en conjunto, sumando los seis tipos de delitos contra la salud que agrupa la FGR, los niveles delictivos se redujeron 50 por ciento.

Delitos como posesión o transporte de sustancias ilegales bajaron a la mitad conforme avanzó el sexenio, mientras que las carpetas de investigación por suministro y narcomenudeo prácticamente se desplomaron a mitad del sexenio.

Los delitos contra la salud que están tipificados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada merecen mención aparte, ya que durante el primer año de Peña Nieto como presidente registraron 55 averiguaciones previas, cayeron para 2016 pero volvieron a repuntar al final del sexenio.

Las carpetas que sí agravaron sus niveles durante el pasado gobierno fueron las relacionadas con delitos contra la salud por producción y tráfico. A diferencia de los primeros grupos de delitos, estos aumentaron en más del cien por ciento cada uno.

De los 32 estados de la república, solo en nueve pueden presumir que el paso de EPN los ayudó a bajar la incidencia delictiva. En Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas los delitos del fuero federal bajaron entre 2013-2018. En las 23 entidades restantes la historia fue distinta.

Los delitos crecieron entre uno y diez por ciento en Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Campeche y Ciudad de México; hasta más de 170 por ciento como en Querétaro, el mayor damnificado por el paso del huracán mexiquense. En la tierra del acueducto la incidencia delictiva pasó de mil 100 delitos en 2013 hasta 3 mil en 2018.

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Otros estados que subieron sus porcentajes de delincuencia con Peña Nieto, al menos del orden federal, son Oaxaca (12%), Zacatecas (13), Quintana Roo (14), Jalisco (15), Estado de México (15), Yucatán (19) y Morelos (19).

En un segundo nivel de incidencia criminal, están Chihuahua (29), Michoacán (32), Nuevo León (49), Baja California Sur (52), Veracruz (57) y Durango (70). Aunque los más afectados con más del 100 por ciento de aumento en los delitos fueron, junto con Querétaro, los estados de Hidalgo (150), Puebla (140) Tlaxcala (139) y Tabasco (134), terruño del actual presidente.

Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz

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