El silencio de la Javeriana legitimó la transfobia contra una de sus estudiantes

Artículo publicado por VICE Colombia.

En febrero del 2017, a Juli Salamanca —la estudiante trans que denunció a la Javeriana por transfóbica—, la universidad le había asegurado que le iban a respetar su identidad de género y su nombre —aunque no hubiera hecho cambio de nombre ni de sexo en su cédula— y que iban a adaptar uno de los baños ya existentes en las instalaciones de la universidad para que fuera un baño mixto. Así lo documentamos y celebramos en #FuriaTravesti, mi columna de VICE, en esa época.

Indagué quién le había dicho que sí a Juli, y quién fue el que reculó. Después de enfrentar violencia y discriminación por parte de otras estudiantes, personal de seguridad y señoras del aseo, la Javeriana aceptó las peticiones de Juli. Esto ocurrió en una reunión con presencia de la Facultad de Comunicación Social, la Vicerrectoría del medio (encargada de la oficina en la universidad de todos los temas de identidad) y el grupo estudiantil Stonewall. Durante los próximos dos años, Juli se acercó constantemente a preguntar por la ejecución de la decisión y le decían que hacía falta la aprobación de la oficina jurídica.

Mientras la oficina jurídica decidía, le dieron una solución brillante y espectacular para curar la discriminación: segregarla. Le dieron tres baños para ella solita y un carnet sin nombre, solo con su apellido. Es decir, que se hiciera lejitos y escondidita para que se evitara problemas. ¡Y hasta le dieron su propia llave para abrir los baños! ¡Una verraquera esos jesuitas! ¡Todos unos loquitos y open-minded!

La respuesta de jurídica, después de dos años de espera, fue que habían elevado la petición a la Rectoría y esta decidió ignorarla. El silencio en casos de violencia se llama complicidad: “La Vicerrectoría me informó que la Rectoría, a cargo del Padre Jorge Humberto Peláez desde el 2014, nunca dio respuesta a la petición” ¿Por qué el padre Jorge Humberto Pelaez Piedrahita decidió ignorar un caso de violaciones de derechos humanos a personas de grupos históricamente discriminados dentro de su institución?

Su silencio facilitó el acoso de Juli. Me contó que el personal de seguridad empezó a acosarla y a pedirle el carné a toda hora: "un día, alcancé a contar tres requisas de parte de vigilantes diferentes en menos de 20 minutos".

Tan insoportable se volvió la situación, que Juli decidió el camino difícil: enfrentarse al poder. Durante el gobierno anterior, Juli pidió un concepto a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y este expidió un concepto favorable a las peticiones de Juli. Hablé con una persona que estaba vinculada a la Dirección de Derechos Humanos para la época y me confirmó que el concepto si se generó y de forma favorable. Asimismo, aparece en el correo de Juli desde un correo institucional.

Cuando hubo cambio de gobierno, la universidad solicitó al Ministerio que se pronunciara sobre la veracidad de dicho concepto, a lo cual el equipo encargado de Derechos Humanos, ahora en cabeza de Nayid Abú —quien se afirma que es la cuota política que pagó Iván Duque a los cristianos por su apoyo en la campaña presidencial y quien es simpatizante del partido católico y ha trabajado con Viviane Morales—, respondió en dos comunicaciones dirigidas a la Universidad Javeriana, ambas con fecha de diciembre del 2018, que no pudieron encontrar dicho concepto por ninguna parte. ¿Por qué niega Nayid Abud la existencia de un concepto favorable expedido desde un correo institucional del Ministerio del Interior?

Aunque los medios y las redes sociales han reportado el caso de Juli como una victoria del reconocimiento del nombre y la identidad de género, a nosotras nos sigue pareciendo una decisión muy salomónica y tibia. La jueza, así como la universidad, también decidió ignorar y no pronunciarse frente a otras peticiones que Juli incluía en su tutela: capacitaciones para vigilantes (la jueza se salió por la tangente y dijo que “sugería”, no ordenaba, hacer capacitaciones de género); un evento público de reparación donde se le pidiera perdón (petición absolutamente ignorada); y un manual de prevención de suicidio (la jueza le recomendó ir donde las psicólogas que ya tenía la universidad) ¿Por qué la jueza ignoró tan descaradamente peticiones tan específicas y concretas?

Lo que busca con su tutela es una reforma integral del plantel educativo para que las personas trans puedan sentirse iguales al resto de sus compañeros. Un movimiento estudiantil iniciado en el 2015 denominado la #ReformaTrans, que marcó un hito en Perú y logró que la Pontificia Universidad Católica del Perú fuera la primera universidad del país en reconocer el derecho de los estudiantes a cambiar su nombre de acuerdo a su identidad de género, fue el detonante que llenó de coraje a Juli para darse la pelea en la Javeriana. Por eso, decidieron impugnar el fallo y están a la espera de una respuesta menos salomónica.

Al igual que en el caso de Juli, una autoridad jerárquica dentro de la institución intentó echarles para atrás su proceso de reconocimiento de derechos. Después de que la Asamblea Universitaria la aprobara, el rector de la universidad, Marcial Rubio Correa, manifestó en una carta su discrepancia con la política; dijo que los estudiantes debían cambiar primero su documento de identidad oficial como requisito para que la universidad lo reconociera. La excusa de la Universidad Javeriana también fue: “que cambie su documento de identidad primero”.

Este tipo de requisitos representan una falta de empatía tremenda con la realidad de las personas trans. En Colombia aún sigue siendo súper engorroso y costoso realizar un cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad. Aunque el Decreto 1227 del 2015 cambió mucho las cosas (ya no se requieren pruebas médicas y el proceso cambió de judicial a administrativo agilizando el trámite), la falta de coordinación entre las notarías (encargadas de realizar las escrituras públicas) y las registradurías (encargadas de registrar el nuevo registro civil corregido mediante la escritura pública) —en particular cuando están en diferentes ciudades— y los costos en un contexto de desempleo y exclusión estructural, hacen del requisito un lujo al que sólo las personas trans con privilegios de clase podemos acceder.

El requisito además revive debates jurídicos que ya habían sido resueltos por la Corte Constitucional colombiana. Por un lado, la Corte ya ha dicho en repetidas ocasiones que la prueba más idónea para determinar la identidad de género de una persona es mediante el autorreconocimiento, es decir, preguntarle a la persona cómo se identifica.

Por otra parte, la Corte ya se ha pronunciado con respecto al derecho a la educación de las personas trans en instituciones de educación posteriores al colegio. En 2016, la Corte Constitucional resolvió el caso de un estudiante trans en el SENA que pedía que se le respetara, entre otras cosas, que le reconocieran su identidad de género en la institución, aunque no había hecho cambio de nombre ni sexo en sus documentos de identidad. La Corte le ordenó al SENA abstenerse de interferir “en el desarrollo y la expresión legítima de la identidad de género… brindar un trato acorde con el desarrollo y expresión legítima de la identidad de género”.

Adicionalmente, le dio seis meses para diseñar un plan que incluyera como elementos mínimos: desarrollo de actuaciones administrativas que faciliten los procesos de afirmación de la identidad de género; implementación de mecanismos de sensibilización sobre la protección de los derechos de las personas trans; diseño e implementación de rutas de atención efectivas para casos de violencia y discriminación; implementación de sistemas de información más inclusivos y menos rígidos; y promoción de grupos de interés, foros y actividades académicas que desarrollen temas de orientación sexual e identidad de género ¿Habrá cumplido el SENA con la tarea?

En el primer round la ilusionaron, le pintaron pajaritos en el aire y le salieron con un chorro de babas. Juli se levantó como pudo de ese golpe y dio el suyo con guante blanco al defender su dignidad por vías legales. Aún falta la sentencia de segunda instancia y la posible revisión de la tutela por parte de la Corte Constitucional. Mantengamos la vigilancia sobre el proceso y, mientras tanto, podemos ir avanzando en comprender mejor el problema.

Con el fin de poder dimensionar de mejor manera el problema, Juli y yo queremos invitar a todas las personas trans que están, han pasado o quieren llegar a la universidad a que compartamos en nuestras redes sociales con el #TransEnUniversidades nuestras experiencias, miedos y propuestas sobre la situación de las personas trans en las universidades.

Nos vemos en Twitter, amigues.

* Esta es una columna de opinión. Por tanto, no refleja las posturas ni opiniones que VICE en Español tenga sobre el caso.

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