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ESPAÑA

El caso Companys resucita el dossier irresoluto de los crímenes del franquismo

La petición de la organización Comisión de la Dignidad al gobierno y al ejército español para que condenen la ejecución del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, ha hecho resucitar el dossier irresoluto de los crímenes de Franco.

por María Altimira
08 Octubre 2015, 9:16am

Protesta el 3 de abril de 2014 en Madrid para exigir que se juzguen los crímenes del franquismo. (Imagen por Andrés Kudacki/AP)

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Arrestado el 13 de agosto de 1940 por la Gestapo, policía secreta de la Alemania nazi, en la ocupada población francesa de Baule-Escoublac. Encarcelado en la prisión de la Santé de París durante dos meses. Entregado a las autoridades franquistas que habían promovido su detención y trasladado a Barcelona el 3 de octubre. Sometido a un consejo de guerra [juicio desprovisto de las garantías constitucionales propias de un estado de derecho]. Ejecutado el 15 de octubre del mismo año.

Así fue el infausto final de Lluís Companys, ex presidente del gobierno regional de la Generalitat de Cataluña, que se exilió a Francia para huir de la represión del régimen dictatorial que sumió a España en el terror entre 1939 y 1975.

La Comisión de la Dignidad, una organización que lucha por el retorno de la documentación incautada durante la dictadura a sus propietarios, ha vuelto a poner encima de la mesa el caso de este ex líder del histórico partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya para pedir su reparación.

La historia de Companys está inextricablemente ligada al grueso dossier de los crímenes irresolutos cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y, sobre todo, bajo el régimen franquista. Como él, más 50.000 personas fueron ejecutadas bajo el mandato del régimen militar una vez acabada la guerra.

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Con cero condenados, un solo un juicio abierto en Argentina contra mandos dirigentes de la dictadura debido al coto impuesto por la Ley de Amnistía de 1977 [que impide llevar a cabo juicios en España] y la Ley de la Memoria Histórica congelada, el caso del ex presidente de la Generalitat es un símbolo de la impunidad con la que se cerró el capítulo más oscuro de la historia española.

La comisión envió una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para pedirle que haga un "acto de condena inequívoca" de la detención, juicio y ejecución de Companys. En el texto invitaba al gobierno español a participar en los actos de conmemoración de la muerte del ex presidente catalán que se celebrarán el próximo 15 de octubre.

Unas solicitudes que, de no cumplirse, implicarían el envío del caso al Consejo de Europa de la UE.

"Queremos un reconocimiento político, pero también jurídico de los atropellos que se cometieron. Aún hoy, Lluís Companys aparece en la sentencia que dicta su muerte como culpable, solicitamos su anulación", asegura a VICE News, Josep Cruanyes, portavoz de la Comisión de la Dignidad. Sin embargo, no es la primera vez que políticos e instituciones intentan reparar la figura de este emblemático político.

En 2013, ERC interpuso una querella contra el Estado español por "privación de libertad, tormento y homicidio calificado" a Companys. Hoy, la demanda, que fue admitida como pieza separada en la causa argentina abierta contra el franquismo por la juez María Servini, está en proceso de investigación. Cuatro años antes, el gobierno de la Generalitat pidió al Tribunal Supremo la anulación del juicio sumarísimo contra Lluís Companys.

La segunda carta, dirigida al ejército

Además, la comisión también ha hecho extensiva su solicitud al ejército con otro misiva dirigida al teniente general Francisco Boyero Delgado, máxima autoridad militar en Cataluña, a quien exige "una clara condena de esos hechos luctuosos" y al que insta a "participar en la ofrenda institucional [dedicada a Companys] que va a tener lugar en el mausoleo" del ex presidente.

La asociación también exige la devolución de los documentos institucionales de la Generalitat incautados en la operación en la que Companys fue detenido y que actualmente se encuentran en Ávila.

"Los archivos y la documentación institucional y personal incautada relativa a los años de la dictadura debe ser accesible y estar en el lugar al que pertenece", afirma a VICE News Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Para este defensor de la reparación a las víctimas y de la búsqueda de los cerca de 114.000 desaparecidos, el avance en la recuperación de la memoria histórica en España ha sido nimio.

Silva considera que el gobierno español no ha hecho prácticamente nada para resarcir a las víctimas y buscar a los desaparecidos. "Cuando nos sentamos a discutir la Ley de la Memoria Histórica [aprobada definitivamente en 2007] pedimos al gobierno se hiciera responsable de las exhumaciones, que las subvencionara y que hubiera un reconocimiento público de las víctimas".

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La iniciativa legal, afirma, no recogió ninguna de estas demandas y se sólo se comprometió a facilitar las exhumaciones. "Los derechos no se facilitan, se garantizan", sentencia. La realidad, dice, es que todavía existen al menos 2.000 fosas llenas de desaparecidos y sin exhumar.

"Vivimos de la caridad internacional. Ahora, costeamos las exhumaciones gracias a un premio que recibimos de EEUU, a la aportación de un sindicato de electricistas noruegos y a la colaboración de una organización argentina que realiza desinteresadamente las pruebas de ADN de los cadáveres y restos encontrados".

A Silva, no le falta razón, al menos de acuerdo con el criterio de las Naciones Unidas. Pablo Greiff, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentó un informe sobre la cuestión en 2014 en el que expresaba su preocupación por "la indiferencia del Estado", el discurso institucional según el cual es mejor evitar remover el pasado y la "privatización" de las exhumaciones. De hecho, Greiff pidió al gobierno que dejara sin efecto la Ley de Amnistía. 

Imagen del Valle de los Caídos, el mausoleo de la Sierra de Madrid que acoge la tumba del dictador Francisco Franco. (Imagen por Paul White/AP)

En este contexto, Silva asegura que la ley no era un instrumento necesario. De hecho, añade, "no se necesita legislar para abrir los archivos, buscar desparecidos, exhumar identificar e investigar; sólo hace falta voluntad política".

Cruanyes también asegura que la legislación aprobada no respetó ninguna de sus demandas: "que se abrieran causas para juzgar a los responsables [de las encarcelaciones, desapariciones, asesinatos y otros abusos] cometidos hasta el final de la dictadura de Franco, en 1975, que se reparara a las víctimas o a sus familiares con indemnizaciones y que se anularan los procesos judiciales que se llevaron a cabo sin garantías legales".

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La Ley de la Memoria Histórica declaró ilegítimos los juicios celebrados durante el franquismo, pero no los anuló. Además y entre otras cosas acordó la retirada de la simbología y nomenclatura franquista en los espacios públicos y la reconversión del Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco, en un museo de la memoria. Algo, que implicaba la exhumación de los restos del ex dictador.

La nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, prometió recientemente cumplir con la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones relativos al franquismo.

Sin embargo, por el momento, explica Silva, "sólo en la Comunidad de Madrid siguen existiendo más de 200 calles con nombres franquistas, el Valle de los Caídos continua albergando los restos de Franco y la ley se ha quedado sin fondos". La realidad es que desde 2013 las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica no han recibido ni un solo euro. "Daban dinero para conferencias, documentales, congresos, y para subvencionar las exhumaciones de fosas pero ya ni eso", asegura Silva.

"Excepto en el País Vasco, donde se he hecho un importante trabajo de reconocimiento público de las víctimas y de facilitar el acceso a los archivos de la época, las diferentes iniciativas autonómicas tampoco han sido muy significativas", asegura el máximo responsable de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

A falta de un balance gubernamental sobre los avances alcanzados gracias a la aplicación de la ley, la situación no parece muy alentadora. Lo mismo pasa con la demanda de la Comisión de la Dignidad en relación a Lluís Companys. "Acusamos recibo de su correo electrónico que será tramitado lo antes posible", respondió en un e-mail el Ministerio de la Presidencia respecto de las demandas de información de esta periodista sobre el asunto.

Sigue a Maria Altimira en Twitter: @mariaaltimira

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