El caso Daniela paraliza de 'miedo' a las autoridades mexicanas: 18 meses sin avances

El caso de Daniela, la sobreviviente de un secuestro de 7 años y medio con fines de explotación sexual a manos de Los Zetas y el Cártel del Golfo, acumuló 18 meses paralizado. La razón: las autoridades mexicanas tienen "miedo" de investigar.

Hace una semana, VICE News publicó la historia de Daniela, una joven costurera de Nicaragua, quien fue raptada en su país por hombres armados del cártel de Los Zetas, quienes la llevaron hasta la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al norte de México, para obligarla a dar servicios sexuales, según el testimonio que rindió ante las autoridades.

Posteriormente, debido a la ruptura de Los Zetas con sus antiguos jefes, Daniela se convirtió en víctima del Cártel del Golfo. Tras unos 90 meses en cautiverio, logró un inusual escape que le ha permitido narrar los horrores del narco mexicano en el negocio ilegal del sexo: clientes que pagan por torturar mujeres, menores asesinados, chips para controlar víctimas y el sufrimiento de mujeres que probablemente las siguen buscando sus familiares como desaparecidas.

Daniela escapó gracias a la ayuda de una persona que aún vive en Tamaulipas, quien consiguió dinero para pagarle un boleto de avión hacia la Ciudad de México con el fin de que denunciara su caso ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). En febrero de 2015, Daniela se sacudió el miedo y habló por primera vez con una autoridad judicial, sin saber que serviría de casi nada.

"Me citaron y pidieron que ampliara mis declaraciones ¡más de un año después! Les dije que sí, pero primero quería saber ¿qué habían hecho?, ¿qué habían investigado? Y su respuesta… fue que no habían hecho algo, porque les daba miedo", recuerda Daniela, de aquella reunión llevada a cabo el 18 de julio de 2016, cuando escuchó esas palabras en voz del coordinador de ministerios públicos de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, en referencia a las omisiones de la entonces fiscal Adriana Lizárraga.

A esa cita acudieron dos testigos que han corroborado que "miedo" fue el argumento que dio el personal de dicha unidad: una abogada de la organización civil Comisión Unidos contra la Trata y otra abogada de la ONG Fundación Camino a Casa, quienes pidieron que su identidad no fuera publicada por seguridad.

"Me dijeron que habían enviado a un grupo de personas de la SEIDO a Tamaulipas, pero que es una zona difícil y que los habían querido 'levantar'. Y por eso ya no regresaron a investigar, que les daba miedo que les hicieran algo, ¡ahora ellos tienen miedo!", exclama Daniela desconcertada.

El trato que recibió Daniela — mujer, centroamericana, de bajos recursos, víctima de trata — contrasta con la atención que recibió otro caso de un delito grave en Tamaulipas: la noche del 29 de mayo este año, el exseleccionado nacional [Alan Pulido](La rápida liberación de un futbolista mexicano tras un secuestro levanta sospechas en redes sociales) — hombre, mexicano, de buen nivel socioeconómico, futbolista profesional — fue secuestrado y casi de inmediato una horda de policías estatales, federales y militares lo buscaron por aire y tierra hasta regresarlo a salvo con sus familiares 24 horas después de su cautiverio. Incluso, el actual gobernador de Tamaulipas, el priista Egidio Torre, visitó personalmente el deportista para asegurarse que estuviera bien atendido, una cortesía inédita para una víctima de un delito.

Las irregularidades en el caso de Daniela no paran ahí: molesta porque no había avances en su caso, la joven nicaragüense pidió que SEIDO no siguiera al tanto de su expediente y que, a partir de agosto de este año, se hiciera cargo de su caso la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), también perteneciente a la PGR.

Sin embargo, comentó la abogada de Daniela, cuando FEVIMTRA recibió el expediente, notó que SEIDO había extraviado dos dictámenes fundamentales para el caso: se perdió una parte del antropológico y todo el de trabajo social que le habían hecho a Daniela. El primer dictamen sirve para medir el grado de vulnerabilidad de la víctima y el segundo para conocer las redes de apoyo en su lugar de origen.

Además, Daniela supo que SEIDO no había notificado al consulado nicaragüense sobre los delitos que ella había denunciado, violando así el derecho de la joven a la asistencia jurídica de su país.

"¿Cómo crees que me siento? Me siento muy enojada, porque yo estoy denunciando para que rescaten a las mujeres que están en la situación en la que yo estaba. Ahorita hay muchas personas, muchas personas que pueden estar reportadas como desaparecidas, y las autoridades no quieren ir. Me da mucho coraje", reclama.

Su enojo no está sólo reservado para las autoridades: de acuerdo con el expediente CI-FDTP-TP-1/UT-1 interpuesto ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Ciudad de México, personal de SEIDO la envío a recibir ayuda con la ONG Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y su directora regional Teresa Ulloa.

Según el relato de Daniela, Ulloa le suministraba "chorros" de tranquilizantes sin prescripción médica que la mantenían adormilada en las audiencias, le daba sólo una comida al día y la forzó a abandonar el supuesto refugio para sobrevivientes de trata que tiene la ONG que, en realidad, es un departamento particular mal habilitado.

Al preguntarle sobre los señalamientos, Ulloa confirmó que Daniela recibió medicamentos para combatir el estrés postraumático severo, pero negó darle una dosis superior a la preescrita y aseguró que le dio un buen trato a la joven.

VICE News también buscó a personal de SEIDO para dar su versión, pero declinaron a dar una entrevista y sólo enviaron una tarjeta informativa en la que afirmaron que la investigación "de estos reprobables hechos" siempre estuvo abierta y sigue su curso, pero no contestaron a las acusaciones de Daniela.

En México, quienes cometen el delito de trata de personas gozan de un promedio de 98 por ciento de impunidad, de acuerdo con el estudio Estadística sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas en México, publicado en 2014, por el Observatorio Nacional Ciudadano.

"Lamentablemente, a lo largo del territorio nacional prevalece la impunidad crónica ante la falta de justicia, reparación del daño y verdad para las víctimas de trata", se lee en las conclusiones del estudio. "Lo cual se traduce en un 2 por ciento de efectividad en procuración de justicia".

Pese a la parálisis de las autoridades mexicanas, una esperanza le queda a la nicaragüense: dos días después de la publicación de su historia, de mano de la ONG Comisión Unidos contra la Trata, conoció al gobernador electo de Tamaulipas, el panista Francisco Cabeza de Vaca, quien se comprometió a revisar el caso personalmente y a dar con los responsables, una vez que tome posesión en el cargo el 1 de octubre próximo.

"Él me dijo que hará justicia. Yo espero que sea así, porque hizo un compromiso conmigo y con la gente que sigue en las redes de trata de personas", dijo.

Hoy, Daniela está por poner en movimiento su vida: a partir de la difusión de su testimonio, le han regalado una máquina de coser industrial, le han prestado un local comercial durante 5 meses sin renta para iniciar su negocio en México, ha recibido ya una visa humanitaria temporal que puede ser definitiva y un médico está por programarle sin costo una cirugía plástica para que, cuando se observe en el espejo, mire a la joven que fue antes de que Los Zetas y el Cártel del Golfo le desfiguraran la cara.

Por todo eso, dice, está agradecida, mientras espera el regalo más grande que aún está pendiente, ahora con FEVIMTRA: que alguien más, como ella, escape del infierno de las redes de trata de personas de los cárteles de la droga en México.

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