Ex reclusos de la prisión de Jaw de Bahréin aseguran haber sido torturados y gaseados

Un informe publicado por el Observatorio de los Derechos Humanos (HRW) reclama una investigación urgente e independiente ante las denuncias de "graves abusos" a reclusos en la cárcel de Jaw de Bahréin. Estas denuncias incluyen brutales palizas, torturas y pulverización de gas lacrimógeno en los edificios de la misma.

La cárcel de Jaw, en la que viven tanto presos penales como políticos, es conocida por sus duras condiciones y hacinamiento. Según se informa, alberga más del doble de reclusos de lo que oficialmente está permitido.

Tres presos recientemente liberados relatan haber soportado semanas de torturas después de que el 10 de marzo se iniciara una operación para retomar el control de la prisión por la fuerza. Esta operación tenía como objetivo frenar un estallido de disturbios provocados tras una disputa entre el personal penitenciario y los reclusos en una sala de visitas. Durante estas revueltas, algunos reclusos fueron expulsados fuera del complejo.

Según apuntan los informes, los antidisturbios, incluidos guardias pakistaníes y jordanos, obligaron a los presos a quedarse en sus celdas mediante el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Después de recuperar el control, la policía los obligó a pasar a través de un corredor humano mientras los golpeaban con porras, cascos y patas de mesas.

Un ex recluso informó a HRW que él y otros prisioneros fueron realojados en tiendas de campaña a la intemperie durante varias semanas. Allí, sufrieron repetidas torturas y humillaciones de diferentes formas. Fueron golpeados, obligados a quedarse en ropa interior, a caminar arrastrando el culo mientras los empapaban con agua fría y cantaban consignas a favor del gobierno. Otro ex recluso agregó que los guardias les insultaron, afeitaron las cabezas de algunos y les metieron zapatos en la boca.

Gracias a un teléfono móvil, introducido ilegalmente en la prisión, fueron difundidas imágenes de internos lesionados y nubes de gases lacrimógenos dentro de los pasillos del edificioa través de las redes sociales. HRW afirmó que este hecho apoyaba sus reclamos.

"Cuantas más cosas sabemos de la respuesta de Bahréin frente a los disturbios en la cárcel de Jaw, más nos preocupa", dijo Joe Stork, subdirector para Medio Oriente y el Norte de África de HRW.

HRW reclama médicos a las autoridades de Bahréin y que un relator especial de la ONU sobre torturas tenga acceso de inmediato al centro penitenciario. El estado físico de muchos de los internos de esta cárcel se desconoce. Varias familias de presos aseguraron a HRW que han tenido poco o ningún contacto con ellos desde que los disturbios cesaron.

El centro de Bahréin para los Derechos Humanos, una organización no gubernamental prohibida desde 2004 por el gobierno del país, ha denunciado múltiples violaciones de derechos humanos dentro de la prisión, incluyendo torturas a presos jóvenes de 16 años.

La pequeña isla del Golfo de Bahréin, gobernada por la dinastía sunita Al Khalifa, ha tenido que hacer frente a constantes disturbios desde 2011 cuando la mayoría chiíta del país salió a las calles para reivindicar más libertades y democracia. El gobierno, con el apoyo de las tropas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, logró frenar las protestas. Sin embargo, han seguido surgiendo protestas intermitentes y ataques antigubernamentales desde entonces.

Amnistía Internacional informó a principios de este año que las fuerzas de seguridad de Bahréin han sido responsables de violaciones a los derechos humanos de forma generalizada en los últimos cuatro años. Estas violencias comprenden torturas, juicios injustificados, detenciones por motivos políticos y ejecuciones ilegales.

La página 79 del documento, publicado en abril, detalla decenas de casos de algunos detenidos, entre ellos presos políticos, que fueron maltratados, electrocutados, violados y quemados con cigarrillos. El informe califica de "crítica" la situación de Bahréin y cuestiona a los aliados occidentales del reino, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido y varios países europeos por su "apoyo incondicional" a las autoridades y por no ejercer presión sobre el gobierno para mejorar la situación de derechos humanos.

A pesar de la promesa publica del rey Hamad bin Isa Al Khalifa de reformar las operaciones de seguridad en el país y respetar los derechos humanos tras los disturbios en 2011, este año se aprobó una ley que pena con hasta 7 años de cárcel y 26.500 dólares de multa a cualquier persona que ofenda al rey o ultraje la bandera del estado.

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