La España tóxica: tres de los peores focos de contaminación que siguen supurando veneno

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La mayor parte de los vertidos contaminantes realizados durante décadas por las empresas Ercros, en Flix (Tarragona); Inquinosa, en Sabiñánigo (Huesca), y Fertiberia, en el Polo Químico de Huelva, siguen esparciendo su veneno.

Se trata de tres de los mayores focos de contaminación producidos por la industria química en suelo español y aunque la administración y los tribunales desautorizaron estos vertidos hace entre seis y 27 años, residuos acumulados durante años de permisividad siguen concentrados en el suelo de sus fábricas, vertederos, marismas y embalses aledaños.

Se trata de sustancias cancerígenas como el lindano, los llamados fosfoyesos, que contienen restos de metales pesados y radioactivos, y peligrosos organoclorados como los PCBs, DDT o DDE.

Los litigios contra la industria han sido muy largos y, de acuerdo con las organizaciones ecologistas, los planes de restauración exigidos en los fallos judiciales se han convertido, al ser aprobados o puestos en marcha por la administración, en operaciones demasiado limitadas o de reducida efectividad.

Desde Ecologistas en Acción y Greenpeace critican que, en la mayoría de casos, se trata de planes de contención que no implican una limpieza real y completa de las zonas contaminadas.

Las químicas implicadas todavía no habrían aportado ni un céntimo para reparar el desastre de Sabiñanigo y de Flix, aunque en este último caso se prevé que así sea cuando acabe el plan de descontaminación de la zona del embalse. En Huelva, la inmensa parte de la factura ha sido sufragada por la administración pública y se desconoce si la empresa responsable ya ha abonado los 65,9 millones de euros que los tribunales le obligan a desembolsar para las labores de contención.

"Son industrias que crecieron alimentadas por la permisividad del franquismo y que luego han bebido de su fuerza como lobby económico", asegura a VICE News el portavoz de Greenpeace Julio Barea.

El vocero de esta organización ecologista considera que "las cosas [parar el desastre, establecer responsabilidades y actuar] se han hecho tarde y a medias debido al poder de estas industrias" y, en este sentido, asegura que en el sector químico "ha habido muchos intereses y puertas giratorias".

Buen ejemplo de ello es Isabel García Tajarina, actual ministra de Medio Ambiente, que ejerció como directora de planificación estratégica de la empresa Fertiberia. Precisamente, Tejerina dio su visto bueno al proyecto para restaurar las zonas contaminadas, que fue elaborado por la propia empresa química responsable del desastre, el pasado mes de marzo.

"En España, infringir la ley y cometer delitos ambientales no penaliza", asegura a VICE News Samuel Martín-Sousa, responsable de internacional de Ecologistas en Acción.

Lo cierto es que aunque España es el país con mayores expedientes de infracción en materia medioambiental de Europa (en 2015 acumuló 28 advertencias, muy cerca de las 27 de Grecia y las 20 de Italia) los casos que se han elevado al Tribunal de Luxemburgo son testimoniales.

"Las leyes se infringen porque el castigo [tanto en España como en Europa] no suele llegar y si llega, lo hace tarde y nunca es severo", resume Martín-Sousa. Así ha sucedido con la judicialización de los tres desastres químicos provocados por Ercros, Inquinosa y Fertiberia.

Esta es la historia de las monstruosas catástrofes medioambientales provocadas por estas tres químicas.

La historia de la contaminación de Flix a manos del grupo empresarial español Ercros tiene un poco de todo: drama medioambiental, caso de corrupción y una relación de amor odio entre la población de este pequeño municipio y la firma química que llegó a emplear a cerca de 2.000 trabajadores, la mitad de los habitantes de esta población.

Se calcula que la fábrica de Flix, dedicada a la elaboración de productos básicos para la industria química y farmacéutica como el cloro, estuvo derramando vertidos tóxicos como materiales pesados del tipo mercurio, compuestos organoclorados y tierras contaminadas con isótopos radioactivos al río Ebro (y a su embalse) durante decenios.

En 2007, tras un largo proceso judicial contra la compañía, la Audiencia Provincial de Tarragona primero y el Tribunal Supremo después ratificaron la condena a Ercros por los vertidos realizados entre 1988 y 1993, único período en el que se pudo probar la responsabilidad del grupo empresarial en el desastre medioambiental contenido en el embalse de Flix.

Una actuación por la que el grupo empresarial deberá pagar el 5 por ciento del total de las tareas de restauración que se llevaron a cabo en las profundidades de dicho embalse, donde se acumulaban al menos 700 toneladas de lodos altamente tóxicos, y que ahora se centrarán en el tratamiento de la contaminación del agua confinada.

Esta última fase de limpieza llegará tras el escándalo de corrupción que salpicó a responsables de Acuamed, la empresa pública que gestiona estos trabajos de descontaminación, por desviar unos 40 millones de euros a otras obras de la administración que, como ésta, estaban siendo realizadas por FCC. Así, para reducir costes en la depuración de las aguas, cargos medios de Acuamed plantearon usar el altamente corrosivo ácido clorhídrico.

Pero al foco tóxico del embalse, se sumaron en 2009 la detección de unas 40 hectáreas de suelos industriales y las parcelas llamadas Depósito, donde se escondía un vertedero, y Aubal, una zona anexa donde se habrían filtrado compuestos orgánicos halogenados en concentraciones elevadísimas.

Ahora, y después de años de estudios parciales e incompletos encargados por la misma Ercros a una empresa especializada, el Ayuntamiento de Flix, con el apoyo de miembros destacados de la comunidad científica como los doctores Joan Grimalt, Jordi Sunyer o Jordi Sierra, ha conseguido arrancar el compromiso de la Generalitat de Cataluña para formar una comisión de expertos independiente.

La comisión deberá evaluar los trabajos de caracterización del suelo realizados hasta ahora y elaborar un plan de trabajo en 10 meses a partir de su constitución. Para Marc Mur, alcalde de este municipio tarraconense, era necesario un cambio de rumbo porque "ha habido una exigencia mínima a la empresa" y la problemática debe "afrontarse mejor y con mayores garantías" de resolución.

En este sentido Mur se refiere, en conversaciones con VICE News, a realidades como el hecho de que la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC) considerara como suelo no contaminado, tras analizar los datos aportados por Ercros, un terreno donde una persona sólo podía estar un máximo de 25 minutos para no poner en riesgo su propia salud.

De momento, la empresa, que en 2015 triplicó sus beneficios y que ha contado con ayudas públicas durante años, solo ha reservado 3,66 millones de euros y sufragado el proyecto de caracterización y un pequeño plan de confinamiento de 1,2 hectáreas en las mencionadas zonas del Depósito y Aubal.

Ercros anunció a principios de año un ERE y el cierre de su fábrica en Flix aduciendo que la normativa europea prohibirá a partir de 2018 la producción de cloro con tecnología de mercurio, la tecnología usada hasta hora en este centro de trabajo.

La noticia volvió a sacudir a un pueblo que, desde 1897, se ha desarrollado al ritmo que dictaba la gran firma química, pero que últimamente ha tomado consciencia de los pasivos con los que Ercros, tras su marcha, podría hipotecar su futuro y que Marta Pujadas en su tesis "La creación de un pasivo ambiental en Cataluña: historia de la planta química de Flix en el río Ebro (1897-2013)" estima en cerca de 500 millones de euros.

Además de las pérdidas económicas asociadas a la contaminación, los residuos podrían estar relacionados con serios problemas de salud de la población. Así lo apuntan evidencias como el aumento de los registros de cáncer detectados en la provincia de Tarragona entre 1980 y 1989 o la relación entre las concentraciones del organoclorado DDE en niños y su desarrollo temprano, tal y como refieren los estudios realizados desde los años 80 por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental.

El caso de Inquinosa (Industrias Químicas del Noroeste, S. A.) en Sabiñánigo, Huesca, es conocido como el peor desastre medioambiental del sur de Europa.

Se estima que esta fábrica de pesticidas que está todavía en pie pese a que fue abandonada en 1995, vertió al menos 120.000 toneladas de residuos de lindano, reconocido como un cancerígeno de primer grado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prohibido hace 25 años por la UE.

Inquinosa contó hasta 1989 con permisos de la administración local para enterrar los productos tóxicos primero en el vertedero de Sardás y luego en el de Bailín, aunque estos nunca estuvieron habilitados para contener este tipo de residuos. Los vertidos fueron autorizados de forma ilegal y cuando dejaron de contar con las autorizaciones, asegura a VICE News Mariano Polanco, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los mayores expertos en el desastre, "la empresa continuó vertiendo".

Pero la firma, que también desechó los remanentes contaminados al río Gállego, situado a apenas 60 metros de la fábrica, y al embalse de Sabiñánigo, nunca ha pagado por sus despropósitos pese a que debe más de 20 millones de euros.

Este montante se corresponde a la indemnización y a los intereses de demora fijados en la sentencia condenatoria que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca dictó contra Inquinosa en 2003 y que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2009.

Pese a todas las evidencias, 27 años después, la administración solo ha realizado una intervención que, además, resultó ser sumamente dañina. Fue en 2014 cuando el gobierno de Aragón decidió trasladar los residuos del vertedero de Bailín a una nueva celda de seguridad situada a unos 200 metros más arriba del antiguo vertedero y a 800 metros del cauce del río.

Los trabajos se hicieron pese a las críticas de grupos ecologistas que habían advertido sobre la peligrosidad del plan y acabaron por contaminar por la vía del Gállego, afluente del Ebro, 300 kilómetros de ríos del Pirineo y de Tarragona.

Los directores facultativos de la obra, trabajadores de la empresa contratada FCC (también salpicada por el capítulo de corrupción protagonizado por Acuamed en Flix) acabaron por reconocer que los problemas causados "eran previsibles" y que "podrían haberse aportado más medidas".

Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del gobierno de Aragón presentó el pasado noviembre el Plan Estratégico de Lucha Integral contra el desastre de Sabiñánigo. El proyecto, el tercero que se ha redactado a este respecto contando el que se elaboró en 1992 y que nunca llegó a ejecutarse, costaría 550 millones de euros y tardaría 25 años en completarse.

El documento, que tendrá que ser aprobado ahora por el parlamento autonómico y que no tiene la financiación garantizada, reconoce que no existe tecnología económica y socialmente viable para la eliminación de los volúmenes de residuos existentes y aboga por una solución de confinamiento.

"Solo aporta medidas de contención y ninguna limpieza real. Además, el consejero aseguró que que ni siquiera puede garantizar que los trabajos no provoquen otro episodio de contaminación y que tampoco contempla fuentes alternativas a los suministros procedentes del río", lamenta Polanco.

El proyecto no aborda la limpieza, ni el confinamiento de los restos contenidos en el embalse de Sabiñánigo donde se acumulan diversos tipos de residuos químicos.

Polanco asegura que este plan no va a acabar con las continuas filtraciones de los residuos de lindano al río, que es necesario un planteamiento riguroso para la zona y conocer la exposición real de los vecinos y de los habitantes a los que se suministra agua del río Gállego para estudiar como puede afectar a su salud.

La empresa Fertiberia, dedicada a la producción de fertilizantes, es una de las ovejas más negras del Polo químico de Huelva, en Andalucía. Se trata de una zona donde también se concentran otras industrias históricamente contaminantes como la petroquímica y aquellas especializadas en la transformación de productos mineros.

Durante décadas y hasta 2010, esta firma, que pertenece al grupo empresarial Villar Mir, vertió unos 120 millones de toneladas de fosfoyesos en unas balsas (algunas ya secas) situadas en la zona de marismas contigua a su fábrica onubense y al río Tinto.

Se trataba de los residuos químicos del yeso procedentes de la producción industrial de ácido fosfórico y que se componen de diferentes elementos tóxicos como las aguas ácidas, los metales pesados (plomo, zinc, cadmio, mercurio), los elementos radiactivos de la familia del uranio, los fosfatos o el arsénico.

Aunque los efectos de estos residuos sobre la salud humana no han podido ser probados, alertas como la del CSIC, que ya en 2001 aseguró que existía 'exceso de mortalidad por cáncer' en la provincia de Huelva, resultan, cuento menos, preocupantes.

En 2010, un fallo de la Audiencia Nacional, que luego sería ratificado por el Tribunal Supremo, condenó a Fertiberia a paralizar definitivamente los citados vertidos y a restaurar las marismas.

"Lo increíble es que, en realidad, la Junta de Andalucía siempre había concedido las autorizaciones ambientales [prescriptivas] para realizar los vertidos", afirma Iñaki Olano, de Ecologistas en Acción Huelva. El activista explica que se les prohibió seguir decantando residuos no porque contaminaran "sino porque se les acabó la concesión de uso de la marisma para el vertido y el gobierno central no la renovó".

Seis años después de la histórica sentencia, el Ministerio de Medio Ambiente liderado por Isabel García Tajarina, exdirectora de planificación estratégica de la propia Fertiberia, ha aprobado el plan de esta compañía para reparar la mayor parte de la zona afectada. Un proyecto que, por dictado judicial, la empresa debe avalar con 65,9 millones de euros.

Pero el plan, que propone enterrar los residuos, cuenta con fervientes detractores entre las organizaciones ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF. Entidades como Mesa de la Ría y grupos de científicos también defienden soluciones alternativas.

"Enterrar los residuos no es la solución porque están en un lugar de mucha permeabilidad y fácil difusión en contacto directo con el agua del río, y aunque logren reducir la dispersión de los contaminantes y utilicen polietileno y una capa de tierra para cubrirlos, no podrán frenarla", declara a VICE News Paco García, compañero de Olano en Ecologistas en Acción y portavoz de la ONG en el caso de Fertiberia.

García, que aboga por una limpieza real de la zona, recuerda que el soterramiento fue el remedio aportado para la llamada zona 1 o marismas del Pinar, y la zona 4, marismas de Mendaña. Desde entonces, denuncia este activista, en la zona 4, donde se utilizaron residuos urbanos para cubrir algunas de las balsas que también acumulaban las cenizas radiactivas desechadas por la empresa Acerinox, se han producido dos incendios.

Pese a la probada responsabilidad de Fertiberia y de otras compañías que vertieron sus residuos como la mencionada Acerinox, los trabajos fueron costeados con fondos públicos, mayormente procedentes de la Unión Europea (UE).

En relación al plan de reparación que afecta a la parte contaminada donde todavía no ha habido intervención alguna, la Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite un incidente de ejecución presentado por la Mesa de la Ría para impedir su puesta en marcha. La organización defiende que el proyecto no puede desarrollarse porque no cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias.

Sigue a Maria Altimira en Twitter: @MariaAltimira

Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsEs