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ESPAÑA

España prohíbe invertir en munición de racimo y minas ¿Adiós a la 'Banca Armada'?

España prohíbe la financiación de munición de racimo y minas antipersona. Organizaciones por la paz celebran esta decisión, que atribuyen a la movilización ciudadana.
Ataque de la aviación israelí sobre Gaza en enero de 2009. (Imagen por Anja Niedringhaus/AP)
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Los bancos españoles ya no podrán financiar las minas antipersona ni las bombas de racimo. La financiación de estas armas queda prohibida bajo la Ley 27/2015 del 28 de julio— que modifica la Ley 33/1998 de prohibición total de estas minas y armamento de efecto similar.

"Asimismo, queda prohibida la financiación o la publicidad de este tipo de armas, y de los conceptos explicitados en el párrafo anterior, por cualquier medio. Igualmente, queda prohibido ayudar, alentar o inducir a cualquiera a participar en una actividad prohibida por esta ley o por las convenciones de las que España es parte. La infracción de esta ley será sancionada de conformidad con el Código Penal", reza el texto legal.

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Esta decisión ratifica los compromisos del Estado español contra este tipo de municiones, de acuerdo con la opinión de investigadores en esta área.

"Como estado parte de la Convención sobre Munición de Racimo, España está cumpliendo con las disposiciones de los acuerdos, e implementar esta legislación será importante para el refuerzo de su cumplimiento. En lo pertinente al dispositivo de control de minas antipersona también vemos que España está cumpliendo con las disposiciones de la prohibición", declara a VICE News la investigadora sobre armamento de Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham.

Esta afirmación va en sintonía con el comunicado de este país en la I Conferencia de Examen de la Convención sobre Municiones en Racimo Dubrovnik, celebrada entre el 7 y el 11 de Septiembre de 2015, donde se declara que "la Convención ha supuesto un ejemplo de interacción entre la sociedad civil, las Organizaciones Internacionales y los Estados, y deseamos reforzar posibles mecanismos que permitan una acción más concertada entre estos actores para asegurar un mayor apoyo y asistencia a la aplicación nacional de la Convención".

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En ese sentido se expresó a finales de septiembre el Centro de Estudios para la Paz Delàs en un artículo en el que achacaba esta decisión a la campaña organizada por una parte de la sociedad civil a la que apela el comunicado gubernamental, "Stop Inversiones Explosivas". Esta campaña es la franquicia de una red más extensa a nivel internacional, en la que participa, entre muchas otras, la organización holandesa PAX for Peace, en parte responsable del informe sobre entidades financieras que invierten en el polémico armamento.

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"En nuestro informe hacemos una lista de las instituciones financieras que invierten en productores de munición de racimo, aunque también mostramos buenos ejemplos de instituciones financieras que han instalado políticas para prohibir inversiones en estas municiones. En el momento en el que se escribió había nueve estados que prohibieron la financiación: España es el décimo", afirma a VICE News Roos Boer, miembro de PAX.

"El redactado relevante es más bien corto, y las futuras implementaciones se tendrán que clarificar en un futuro. Desde nuestro punto de vista, la legislación podría haber sido más precisa y dar más claridad a las instituciones financieras de lo que lo hace ahora, pero es positivo que esté ahí. España es un estado parte de la Convención sobre Munición de Racimo, ¿Por qué prohibir un arma por la desgracia humanitaria que causa pero permitir que se financie la producción de ésta en cualquier otra parte del mundo?", se pregunta Boer.

"Una de las preguntas que nos hacemos es, por ejemplo, si la ley solo prohíbe la financiación de proyectos en la actual producción de munición de racimo o si la ley ha de ser entendida como una prohibición de invertir en las empresas productoras de esta munición: la compañía en sí, sin importar la actividad que financie", añade el investigador. "También sería útil hacer listas negras de compañías que deberían ser prohibidas de las inversiones en carteras de valores, así como obligar a las entidades financieras a ser más transparentes. Pero aunque esto no se clarifique mejor estamos contentos de que España se una al grupo de estados que ha legislado sobre las inversiones en estas armas prohibidas", acaba.

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Lo cierto es que fue el mismo Centro Delàs quien alertó de la posibilidad de que empresas armamentísticas españolas burlaran la firma de los tratados que prohibían la munición de racimo mediante la asociación con empresas de países que no los hubieran suscrito. El acuerdo en 2009 entre la española Explosivos Alaveses (EXPAL) y la brasileña Imbel hizo saltar todas las alarmas.

"El convenio con esta empresa brasileña no era para venderle [munición de racimo], el convenio era 'yo te vendo la tecnología pero la compras y la fabricas tú'. En ese caso era una asociación con otra empresa mediante la compra de acciones: en teoría quien fabricaba era la otra", explica a VICE News la directora del Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font. Con la nueva ley también esta posibilidad queda conjurada.

Aunque el Estado apuró al máximo la prohibición. España reconoció la transferencia de munición de racimo a la Libia de Gaddafi entre 2006 y 2008, a pocos meses de la firma de los acuerdos, tras la revelación del New York Times y HRW del uso de proyectiles de mortero MAT-120 fabricados en 2007 por la empresa Instalaza S.A.

Esta misma empresa, de la que el actual Ministro de Defensa español Pedro Morenés fue consejero entre 2005 y 2007 y a la que representó hasta su entrada en el gobierno del conservador Partido Popular (PP) en 2011, demandó al anterior ejecutivo socialista por la pérdida de beneficios que implicó la firma de los convenios internacionales. Fue el propio gobierno del PP quien desestimó la indemnización.

El banco BBVA acaparaba en 2013 el 60 por ciento de la inversión en productos armamentísticos, seguido por el Banco Santander, que el mismo año invirtió 1.700 millones en el sector, de acuerdo con datos aportados por Delàs. En el año 2012 el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa situó a la banca española como a uno de los puntales de esta industria. Pero ni las minas antipersona ni la munición de racimo serán ya productos en los que podrán invertir sin incorrer en un delito.

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Sigue a Quique Badia en Twitter: @qbadiamasoni