Tortura en Veracruz: cuando autoridades y narcos aplican la ley del todo vale

El 14 de enero de 2014 la policía de Veracruz estaba de fiesta. El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, había acudido hasta la Academia estatal de Policía de El Lencero, un enorme recinto que una vez sirvió de fábrica textil y que desde hace un cuarto de siglo es el centro neurálgico de la élite policial veracruzana. Osorio Chong, que presidía la graduación de cerca de 900 agentes municipales, alabó la disposición para luchar contra el crimen de Javier Duarte, ex gobernador y hoy prófugo de la justicia; agradeció "especialmente" la presencia de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública de Veracruz hasta el pasado agosto, cuando renunció entre acusaciones de corrupción y colusión criminal; y definió ese día como un ejemplo "del buen trabajo para devolver la tranquilidad y la seguridad a los veracruzanos". En ese mismo recinto se encontraba también Gibrán Martiz, un cantante de reggaetón de 22 años que había alcanzado cierta fama por su participación en el reality show La Voz… México. O al menos, según las coordenadas del GPS de su IPhone 4 registradas por la compañía Telcel, se encontraba su celular. Una semana antes, Gibrán Martiz había desaparecido.

"Un agente me dijo: a su hijo se lo llevó la policía, se les pasó la mano y están viendo cómo se lo regresan. Si hacen un operativo o qué", dice Efraín Martiz, su padre, recordando aquellos días de búsqueda. "Mi esposa le rogó al Ministerio Público que nos devolviera a nuestro hijo. Vivo o muerto".

Al día siguiente de la súplica, el décimo de la desaparición, apareció el cuerpo de Gibrán: 1,80m y 70kg; cabello corto, ondulado, castaño oscuro; de labios finos y ojos de un color similar al de su pelo; en el cuello lucía un tatuaje de un ocho acostado y en el tórax otro de un pentagrama con una clave de sol. El cuerpo, según el informe forense, presentaba quemaduras en la espalda, la mandíbula golpeada; un tiro en la cabeza. Martiz padre, médico de profesión, asegura que se ensañaron con su hijo, que le propinaron choques eléctricos, tablazos y, después de torturarlo, le dieron el tiro de gracia.

El relato oficial: un enfrentamiento entre criminales y policías. Los criminales habían matado a Gibrán y a otro chico. Los policías matan a los criminales y recuperan los cuerpos.

Para Efraín Martiz esos diez días transcurrieron de una forma muy diferente. El 7 de enero de 2014 llegó al departamento que su hijo acababa de rentar en Xalapa, la capital del estado costero de Veracruz, donde grababa un disco, el primero después de su paso por la televisión. Llegó preocupado. Hacía horas que Gibrán no se comunicaba por Whatsapp, algo que padre e hijo hacían constantemente. El conserje del edificio le contó que un grupo de encapuchados a bordo de patrullas de la policía estatal habían secuestrado a Gibrán y a otros dos chicos.

Esa misma noche empezaron la búsqueda. Acudieron a la policía.

Según el padre, los agentes les dijeron que su hijo no aparecía en ningún registro, que si era cierto que lo habían detenido ya estaba libre. "Después miramos cámaras de seguridad y nos dimos cuenta de que [las grabaciones] estaban borrosas, manipuladas. Había gente coludida con la policía". Uno de los chicos nunca ha aparecido; el otro era un menor. Su cuerpo apareció el 17 de enero, el mismo día, en el mismo lugar, que el de Gibrán.

"El chico que está desaparecido tuvo una disputa con un familiar de [Arturo] Bermúdez Zurita", asegura Efraín sobre los motivos del secuestro de su hijo. "Desafortunadamente se llevaron a los tres. Me dijeron que Bermúdez lo mató y luego mataron a Gibrán y al otro muchacho por ser testigos".

Efraín Martiz cuenta esto vía skype desde un país que no es México. Al fondo de la imagen se ve cómo su familia prepara la mesa para la cena. Huyeron después de sufrir amenazas por investigar qué le ocurrió a Gibrán, convencidos de que la policía lo secuestró, lo torturó y lo mató. "A otro de mis hijos le llamaron por teléfono y le dijeron 'o le bajan o tú eres el siguiente'". Desde el exilio, Efraín Martiz se lamenta de que siete policías involucrados en el caso, arrestados por detención ilegal, salieron bajo fianza y hoy están en la calle.

"En un lugar donde la cabeza, el gobernador [Javier Duarte] está mal, el resto está mal. Luis Ángel Bravo, el Fiscal General, es un servidor del pueblo que sirve al gobierno. Yo le preguntaría si tiene miedo de Bermúdez Zurita".

Es 12 de octubre de 2016 y Veracruz ha amanecido con una entrevista a Javier Duarte en la televisora de mayor audiencia en México [Televisa] en la que anuncia su dimisión como gobernador a 48 días de finalizar su mandato. La renuncia de Duarte entre una ola de denuncias por corrupción y acusaciones que lo relacionan con el crimen organizado, precipita el fin de una saga de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han gobernado el estado durante 86 años ininterrumpidos. En las charlas de café, escuchamos teorías que van desde la alegría contenida hasta el escepticismo. ¿Cambiará algo con Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo del PAN?¿Duarte huiría? ¿Lo dejarán huir? Duarte, en efecto, huirá después de 6 años de gobierno a paradero desconocido. Lo que sí es conocido es su desolador legado.

Veracruz, en el pasado un estado de carnavales y alegrías, hoy destaca por el caciquismo y la falta de estado de derecho. En la última década, desde que comenzó la 'Guerra contra el narco', según datos de la base realizada por VICE News, ocupa los primeros lugares en la lista de homicidios y secuestros. En ese tiempo, se han registrado 680 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura.

Aunque contabilizar la tortura, más allá del miedo a denunciar y la desconfianza en las autoridades, tiene un gran problema: muchos torturados no vuelven; se convierten en desaparecidos o muertos.

"La Guerra contra el narcotráfico ha afectado a muchísimas personas porque se ha impuesto una lucha contra un enemigo en la que las autoridades, desesperadas por obtener resultados, detienen arbitrariamente. Y en México se detiene para investigar, no se investiga para detener", dice Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional y autora del informe Sobrevivir a la muerte: tortura a mujeres por parte de policías y fuerzas armadas en México.

"La tortura se ha convertido en algo generalizado porque hay una cultura de tolerancia y encubrimiento. Muchas mujeres me contaban que en el Ministerio Público, los ministeriales les decían al policía: 'por qué me la traes tan golpeada si ésta no es, ahora tenemos que seguir adelante [con el proceso acusatorio]", cuenta Penman.

En la lógica de esta guerra, donde los métodos de los 'buenos y malos' se confunden, la tortura es más un vehículo para ser procesado que una violación a los derechos humanos.

La fotografía de la última década sobre la degradación social y la explosión de violencia en Veracruz es nítida; los efectos sobre la vida de las personas varían en grados, en tiempos. La guerra suele comenzar en el ambiente: con el sonido de las balaceras, el temor en las calles. Le sigue el recogimiento. La vida nocturna, por ejemplo la de Puerto de Veracruz, un lugar famoso por sus fiestas, se vacía, se impone un toque de queda implícito y las zonas a visitar se reducen. Pero para abrir los ojos el impacto debe ser más personal. Todas las víctimas consultadas coinciden en que tuvieron un despertar tardío: pensaban que a ellos no les tocaría.

El discurso oficial de que la guerra era entre 'buenos' y 'malos' caló hondo. A quien le tocaba era porque andaba "en malos pasos". Pensaban que con bajar la cabeza y mirar hacia otro lado era suficiente para estar a salvo. Hasta que les tocó. Por eso si la fecha oficial del comienzo de la 'Guerra contra el narco' es diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia, para los veracruzanos hay varios comienzos:

Para muchos, la barbarie se hizo presente en 2011, la tarde en que se encontraron tirados 35 cuerpos en Boca del Río, centro neurálgico de turismo. Según la Secretaría de Marina hay indicios de que este hecho habría sido perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Griselda Barradas vivía en José Cardel, un pueblo en el que se conocían bien las extorsiones y las matanzas de los Zetas, pero en 2013, cuando escuchó cinco disparos desde su casa se convirtió en algo personal. La balacera iba dirigida contra Pedro Alberto Huesca, su hijo, un agente del Ministerio Público, y contra su secretario. Se llevaron a los dos. Griselda nunca supo si los mataron ahí o si siguen vivos, tampoco el porqué. "Nunca me contaba de sus investigaciones para no preocuparme", dice. Después de la desaparición de su hijo sufrió una crisis nerviosa. Estuvo un año en cama, perdió su negocio y se mudó a un pueblo donde no llega la señal telefónica. Ahora ella pertenece al colectivo Solecito, un grupo de madres convertidas en antropólogas forenses improvisadas que buscan a sus hijos en fosas clandestinas.

Esmeralda López, de Medellín del Bravo, rompe en llanto y no puede continuar el relato del 12 de septiembre de 2015, cuando unos hombres a bordo de una furgoneta se llevaron a su hijo, Leonisio. En los caminos sin pavimentar y entre las humildes casas de piedra, los secuestros, los homicidios y la intimidación se han convertido en algo cotidiano. A la pareja de Esmeralda también le desaparecieron a su hijo. Su hermano dice que "quisiera saber qué celebran los mexicanos el 15 de septiembre [día de la Independencia], porque aquí ya no hay nada que celebrar".

Un día de 2011 unos hombres llegaron al negocio de desecho industrial que Herón Miranda y su hermano regentaban en Xalapa para exigir "el derecho de piso", esa eufemismo utilizado por el crimen organizado para la extorsión, que consiste en pagar dinero a cambio de protección para que te protejan de ellos mismos. Durante casi tres años los dueños del negocio pagaron religiosamente 5.000 pesos al mes [unos 250 dólares]. Hasta que el 14 de agosto de 2014 unos hombres secuestraron a Miranda.

Su mujer, Karla Aracely Pérez, vive con sus hijas en una casa alambrada, con cámaras de seguridad. Ha sido amenazada por buscar a su marido. "Mis hijas resienten la ausencia de su papá, pero también la de su mamá. Me preguntan: ¿Ya te vas de viaje otra vez? ¿Cuándo vuelves? Me siento como que estoy fallando una parte y en la otra cumpliendo. Ya no sabes cómo repartirte", dice.

Aracely González, defensora de los derechos de las mujeres, se cruzó con la 'Guerra contra el narco' y la violencia feminicida en 2007 cuando Ernestina Ascensio, una mujer indígena de la sierra, murió después de denunciar una violación sexual por parte de un grupo de militares. Aracely acompañó el caso. La versión oficial fue que murió por "una gastritis mal atendida". Desde entonces, dice González, "tengo más miedo de las autoridades que de los criminales".

Para Eleonora Martínez, una policía que pide mantener el anonimato por miedo a represalias, "la destrucción" comenzó en 2010, el año que Duarte llegó a la gubernatura. Dice que a su jefe y al resto de jefes les dieron la orden de "limpiar Veracruz". La limpieza, según ella, consistía en torturar, matar y desaparecer a cualquier persona que supuestamente estuviera relacionada con el crimen organizado. "Yo además de tareas administrativas ayudaba en las detenciones cuando había mujeres. Pero en muchos casos ya no había nadie detenido".

En esos años el crimen organizado enviaba mensajes con cuerpos desmembrados, decapitados, sin lengua. Según su versión, en vez de llevarlos a prestar declaración a su oficina, muchos detenidos iban directamente a la academia del Lencero donde las autoridades tenían un método muy similar a los criminales: la tortura.

A Claudia Medina la guerra llamó literalmente a la puerta de su casa. La madrugada del 7 de agosto de 2012 un grupo de marinos entraron a la fuerza en su domicilio y la arrestaron a ella y a su marido:

"Nos llevan en una camioneta blanca a la base naval. Tengo los ojos vendados pero escucho aviones aterrizar y despegar. La base naval está cerca del aeropuerto. Me hacen subir a un primer piso. La persona que se queda conmigo me dice que yo soy la buena, que me dedico al crimen. Yo vendo productos naturistas, le digo. Me empieza a jalar los pechos. Mientras intento esquivarlo escucho una música electrónica. Entre la música, gritos. Pienso que le están haciendo algo a mi marido. Viene otro hombre. ¡No te hagas pendeja!, me grita. Me da un golpe en la nuca. Me llevan a otro cuarto. Noto agua en los pies. Me sientan en una silla. Me atan las manos al respaldo y los pies a las patas. Me ponen cables de electricidad en los dedos gordos de los pies y un trapo en la boca. Me tiran un balde de agua. Escucho la misma música. Conforme suben el volumen las descargas aumentan. Paran. Me echan salsa picante en las fosas nasales. Me envuelven el cuerpo con un hule y me tiran al suelo. Me dan descargas. Me retuerzo. Brincan sobre mi. Estoy ahí como unos 20 minutos pero no puedo hablar con exactitud del tiempo".

Claudia Medina, al igual que Efraín Martiz, habla desde fuera de Veracruz. Después de sufrir tortura, se le presentaron 12 cargos federales y fue mostrada a la prensa como una integrante importante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dos años y medio después, un juez la absolvió de todos los cargos y confirmó la tortura. Ningún marino ha sido procesado. Su marido, Isaías Flores Pineda, está preso en una cárcel de Tamaulipas. La Procuraduría General del Estado lo acusa de ser uno de los jefes de sicarios del CJNG.

Al principio fueron Los Zetas. Después de un ataque frontal por parte de las autoridades, se debilitaron aunque no se extinguieron. La violencia en Veracruz no se destruyó, sino que se transformó: llegó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los Zetas fueron el principal objetivo del gobierno de Felipe Calderón. El CJNG, dice el gobierno de Peña Nieto, es ahora el cártel con mayor crecimiento en el país.

Veracruz asiste a una situación de "colapso: es el fin de un régimen insostenible", dice Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, unos días antes de la destitución de Duarte. Olvera retrata al exgobernador, y anterior secretario de Finanzas, como "parte de la regeneración del PRI, de los nuevos líderes del partido, que acabó siendo su degeneración".

Para entender el principio del "colapso", nos remontamos al año 2000, cuando por primera vez existe una alternancia política en la presidencia de México: "esto condujo a un régimen electoral competitivo. No hay una democracia funcional pero sí hay competencia y las elecciones cuestan mucho dinero". Además, dice el académico, hacía falta dinero para comprar voluntades y para la corrupción política.

En 2005 el hoy cónsul en Barcelona, Fidel Herrera, ganó la gubernatura. Varias fuentes consultadas aseguran que acompañantes de Herrera cargaban siempre efectivo que repartía a quién se le acercara. En los mentideros de Veracruz a Herrera se le apoda Z1, porque el rumor no confirmado cuenta que él dejó entrar a los Zetas, un cártel ávido de territorio y rutas, a cambio de efectivo para su campaña.

Veracruz se convirtió en un bastión del cártel: controlaban una ruta clave del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y se habían diversificado hacia fuentes de financiación como la extorsión y el secuestro de migrantes, bajo la perversa lógica económica de que a diferencia de la droga, la mercancía subía al norte de manera natural. Los Zetas, explica el investigador Olvera, funcionaban como McDonald's, a base de franquicias. A cambio de que la cúpula recibiera un porcentaje al mes, la delincuencia común podía utilizar un nombre que, a base de desmembrados, de decapitados, de masacres, causaba terror.

"Hubo un gran cambio cuando en 2011 Felipe Calderón dijo que los Zetas eran la fuerza a la que había que combatir y dio todo el dinero a Duarte para hacerlo. El Gobernador hizo una alianza con la Marina. Empezaron a hacer una guerra contra los Zetas con ejecuciones sumarias. Se pierde el poder central y muchos criminales se quedan sin el negocio de la drogas, de los migrantes ilegales. Sin los negocios estructurales, se dedican a la violencia común: secuestro, robo".

La violencia no cesó, sino que se transformó. Entonces llegó el CJNG.

"Los políticos sabían lo que hacían pero no sabían el precio que tenían que pagar. Supongo que a ellos el precio les valió la pena. Fidel Herrera inventó una frase: 'lo que tiene precio en política es barato'".

Desde hacía casi un año Eleonora Martínez tenía un taxi de confianza. El taxista la recogía a las 9 de la noche cuando terminaba su turno en el cuartel de la policía en Xalapa. A veces la invitaba a cenar. El 3 de octubre de 2013, sin embargo, el taxi esperaba a un par de cuadras del sitio habitual porque acababa de recoger a dos pasajeros. En vez de seguir la ruta de siempre se dirigieron al centro y dejaron el pasaje. Al emprender el camino hacia su casa, Eleonora chateaba en el celular. Hasta que el taxi se detuvo. Levantó la cabeza y vio que tres patrullas de la Policía Estatal Acreditable (PEA) le habían dado el alto. Dice que los apuntaron, les pidieron sus pertenencias, los esposaron y los tiraron a la parte de atrás de una de las patrullas. Pensaba identificarse como policía al llegar al cuartel. Pero nunca llegaron. Eleonora escuchó una llamada y la camioneta se dirigió a la academia de Policía del Lencero.

Como policía conocía bien ese lugar. Allí acudía cada vez que se tenía que capacitar o si tenía que cumplir una falta administrativa. "Ya no se usaba eso de te vamos a levantar un acta. Te mandaban allí a picar piedra". Cuenta que en 2012, la enviaron a la academia por contestarle de mala manera a su jefe. Estaba trabajando para allanar un terreno donde se iba a construir un edificio. "Me encontré una fosa muy grande, llena de cuerpos. Pero no dijimos nada. Sabíamos que la orden era desaparecer a los criminales".

En el camino hacia la academia, les pusieron una capucha. Al taxista lo electrocutaron con una chicharra, a Eleonora le propinaron golpes en la cabeza. Ella, a ciegas, reconoció la pronunciada bajada antes de entrar al recinto. Poco después los separaron. El taxista está desparecido.

"Me pasan a un vehículo y se sube otra persona. Con la culata de la pistola, me empieza a golpear en las piernas. Me pregunta que para quién trabajaba. Cuánto tiempo llevaba trabajando con la delincuencia organizada. Me apuntan con el arma. Me cortan cartucho. Les digo que no trabajo para nadie, que soy policía".

"Me pasan a otra camioneta. Llega otra persona. Me pregunta si creo en Dios. Me dice que me va a cargar la madre porque soy una delincuente. Me golpean. Me dicen: 'te voy a quitar la capucha pero si tu abres los ojos te vas a morir'. Escucho los gritos del taxista. Me preguntan: '¿escuchas cómo grita?', si abres los ojos te va a pasar a ti y peor. Me vendan los ojos. Me esposan los pies. Me golpean. Dejo de escuchar al taxista".

"Conozco la academia. Subimos. Sé que llegamos a la FRYA (Fuerzas de Reacción y Apoyo). Es el grupo de elite encargado de limpiar Veracruz. Por eso me llevan allá. En ese momento pensaba que me iban a matar. Esa era la orden".

"Me dan un agua y tengo mucho sueño. A ratos estoy consciente y a ratos pierdo el conocimiento. Ponen música. Recuerdo que sonaban Los Ángeles Azules".

"Al día siguiente me llevan a un cuarto. Me quitan las vendas y me dicen: 'mira todo lo que traían en el taxi. Y mira que no te pongo la coca'. Es una mesa de puros tabiques de marihuana. No sé si es de día o de noche. El cuarto sólo tiene un ventanuco y no entra luz. Les dije: 'si eso era mío por qué no me llevaron con las autoridades correspondientes'. Me cacheteó. Me respondió: 'porque aquí la verdad somos nosotros'".

"Me suben otra vez a una camioneta. Un hombre llega y me dice que por qué me había metido en todo eso. Otro igual. Otro llega y me pega. Me pone el arma en la oreja. Me dice que va a matar a mis hijos. Tengo una cicatriz en el mentón de la culata de su arma. Me ponen chicharra en los pezones. Si tengo ganas de ir al baño me tengo que desnudar enfrente de ellos. Hago en una cubeta. No sé cuánto tiempo pasa. Estoy desorientada".

"Salimos a la carretera. Escucho: 'jefe, ya aquí'. Me sacan de la camioneta y me hincan. Suena un nextel. No sé quién es. Me suben. Me llevan a la academia. Un hombre me dice que no pregunte por el taxista. Digo sí. Me dice: 'la orden cambió, alguien ha metido las manos por ti'. Me meten en una camioneta. Abro los ojos. Estoy en la Dirección General de Operaciones. En el cuartel".

"¿Por qué me llevaron? Quizás el taxista andada metido en algo pero yo nunca vi nada sospechosos y soy policía. ¿Por qué me regresaron? Me lo he preguntado mil veces. No lo sé".

A Eleonora la liberaron un domingo. Pasó en el cuartel la noche, incomunicada. Al día siguiente uno de sus jefes le pasó un oficio para que se trasladara a un pueblo cercano a la frontera entre Veracruz y Tamaulipas. Eleonora le dijo que no se podía presentar en ningún lado porque le habían quitado todas sus pertenencias. Dice que media hora después, su jefe le devolvió su bolso y le ordenó que se fuera a su nuevo destino.

Eleonora pidió una licencia y estuvo un año de baja sin derecho a sueldo. Presentó una denuncia en la que relata la tortura que sufrió para probar que el cambio de destino era injustificado y ganó el juicio. Este año, cumple 13 como policía, y sigue trabajando en el mismo cuartel que aquel 3 de octubre. "Quería ser del ejército pero no me aceptaron y acabé en la policía. Me gustaba. Pensaba que hacían cosas buenas. Ahora regresé por necesidad. Porque la verdad todo lo que ocurre es una porquería. No son todos, pero muchos son delincuentes con uniforme".

Hace pocos días tomó de nuevo un taxi. Hacía calor. Antes de arrancar, el taxista se bajó del coche y abrió la puerta trasera. Eleonora se paralizó. El taxista sólo quería bajar el vidrio.

El informe sobre Tortura de Naciones Unidas (ONU) presentado en mayo de 2015 señala que en México este delito es generalizado y "la utilización de torturas y malos tratos" se da entre todas las fuerzas de seguridad del estado. La mayoría de las víctimas "son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada".

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analizados por VICE News, las quejas por tortura se llegaron a multiplicar casi por cinco en los años más violentos de la 'Guerra contra el narco' respecto a antes de su inicio. En 2006 se presentaron un total de 330 quejas por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, un promedio de 28 al mes. En 2011 y 2012, la CNDH registró 1.635 quejas y 1.639 respectivamente, 136 casos al mes. A partir del 2014 las quejas disminuyeron. Pero, aun así, hasta agosto de este año los casos superan los de hace una década, con casi 60 quejas mensuales.

En Veracruz, las quejas por tortura se llegaron a multiplicar por diez. En 2006 se presentaron 20 quejas; en 2012, el máximo pico, subieron hasta 203. Desde entonces, al igual que a nivel nacional, los casos se redujeron, pero siempre se han mantenido por encima de los registrados antes del comienzo de la guerra.

*Por error se publicó esta frase: "Para muchos, la barbarie se hizo presente en 2011, la tarde en que los Zetas tiraron 35 cuerpos en Boca del Río, centro neurálgico de turismo". Ya fue corregida y sustituida por la siguiente: "Para muchos, la barbarie se hizo presente en 2011, la tarde en que se encontraron tirados 35 cuerpos en Boca del Río, centro neurálgico de turismo. Según la Secretaría de Marina hay indicios de que este hecho habría sido perpetrado por el CJNG".

*Esta es la tercera entrega de un total de diez reportajes que conforman el Especial '10 años de la Guerra contra el narco'.

*Fotografías: Cristopher Chávez.

Jefa de Contenido: Laura Woldenberg. Editora: Karla Casillas Bermúdez. Data: Saúl Hernández. Diseño: Francisco Gómez y Clementina León.

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