Las primeras declaraciones de funcionarios mexicanos sobre los Panama Papers

Este domingo se hizo pública una investigación internacional basada en la filtración de 11.5 millones de documentos relacionados con la firma panameña Mossack Fonseca. El trabajo fue realizado por más de 370 periodistas de 78 países afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y su objetivo es mostrar cómo funcionan las empresas offshore y las firmas como Mossack Foseca para la triangulación de fondos en paraísos fiscales de todo el mundo. Se trata de la colaboración periodística más grande de la que se tenga registro y se estima que la revelación es 46 veces más grande que la de Wikileaks.

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En México, Aristegui Noticias y Proceso fueron los medios convocados por el ICIJ para el análisis de los documentos filtrados, en los que se encontró la relación de la empresa panameña con funcionarios públicos, narcotraficantes, empresarios y celebridades del país.

Entre los mexicanos relacionados con Mossack Fonseca se encuentran Juan Armando Hinojosa Cantú —dueño de grupo Higa y proveedor de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la residencia en Malinalco de Luis Videgaray—, Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio —socios de Oceanografía—, Emilio Lozoya —primer director de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto—, Omar Yunes Márquez —hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares—, Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT)—, Edith González —actriz—, el narcotraficante Rafael Quintero, entre otros.

Horas después de la publicación de las filtraciones y durante todo el lunes, diversos actores e instituciones relacionadas con éstas fijaron sus posturas, ya sea para desligarse de la empresa, asegurar que todo fue legal, o exigir que los implicados sean investigados.

Dentro de las primeras declaraciones se encontraba la de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, en las que a través de la directora de prensa de Grupo Salinas calificaba como "amarillismo" y "medias verdades" lo publicado. Por su parte, Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa, aceptó haber que adquirido una empresa en Bahamas con el propósito de comprar un departamento y una membresía a un club de yates, aunque después afirmó que estas compras nunca se concretaron.

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En el caso de Omar Yunes Márquez, fue su padre quien salió en su defensa. "No hay ningún señalamiento importante contra mi familia, hay un señor que se llama Omar Yunes, que nadie dice que sea mi hijo, hay 20 Omar Yunes en mi familia para empezar y muchos fuera de la familia", aseguró.

Niego categóricamente haber tenido relación alguna con el despacho Mossack Fonseca — Emilio Lozoya Austin (@EmilioLozoyaAus)April 4, 2016

En relación con la aparición de su pasaporte en los documentos filtrados de la empresa Mossack Fonseca, el primer director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, negó cualquier relación con el despacho. Sin embargo, el senador panista Ernesto Cordero pidió iniciar una investigación por posible tráfico de influencias, peculado y evasión de impuestos contra Lozoya y Armando Hinojosa, quien supuestamente contactó a la empresa para mover 100 millones de dólares fuera del país.

"Algunos difícilmente podrían justificar un patrimonio de ese tamaño sin que hayan usado su influencia política. Estamos hablando de Hinojosa y Emilio Lozoya", aseguró Cordero.

Por otro lado, tras enterarse de las filtraciones, diputados federales anunciaron que buscarán que se active de nueva cuenta la comisión Higa, que en la anterior legislatura se creó para indagar si había conflicto de interés en el asunto de la Casa Blanca, de acuerdo con Rocío Nahlela, coordinadora del partido Morena. En su momento las investigaciones fueron bloqueadas, añadió, pero con la revelación de los más de cien millones de dólares que Hinojosa Cantú sacó del país, la diputada dijo que buscarán el apoyo de otros grupos parlamentarios y recabar las firmas que se requieren para reactivar la comisión.

De acuerdo con Proceso, "en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México".

Ante las revelaciones, Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria, aseguró que los mexicanos involucrados en ésta todavía pueden pagar sus impuestos. Agregó que no es ilegal tener recursos en el extranjero; en cambio, sí es delito que tenga una utilidad, rendimiento o intereses y que no pague los impuestos correspondientes en México.

"La ley no distingue ni funcionarios de alto peso ni de bajo peso, ni de mediano peso, ni empresarios de bajo peso o mediano peso tampoco", dijo.

Nuñez aseguró que que se aplicará la ley a aquellas personas que evadan impuestos y que las multas pueden ir desde sanciones económicas hasta el encarcelamiento. También dijo que la información filtrada es muy valiosa y que se contrastará con la información que posee el SAT, aunque las auditorías podrían llevar hasta dos años.