Debemos hablar sobre legalizar la amapola

Este artículo se publicó originalmente en Vice.

En los últimos años se han logrado grandes avances en la regulación de la mariguana a nivel local en Estados Unidos —el principal país que impulsa, financia y se lucra de la guerra contra las drogas—, por lo que esta planta está quedando fuera del discurso prohibicionista y por fin se empiezan a reconocer sus distintos usos y beneficios. Sin embargo, esa regulación ha generado cambios tanto en la esfera política —local e internacional—, como en el mercado mundial de drogas ilegales, alterando las zonas de producción, la oferta para las personas consumidoras, el producto que se siembra, cosecha o elabora, hasta las rutas de tráfico.

La siembra y cultivo de plantas psicoactivas en México ha cambiado en los últimos años y la amapola ha tomado un papel preponderante en las finanzas del crimen organizado. Estados como Guerrero, Oaxaca o Sinaloa han tenido que adaptarse al mercado creciente que exige cada vez más producción a un menor precio. En algunos lugares de estos estados, las comunidades llevan sembrando y cultivando mariguana y adormidera —como se le llama comúnmente a la amapola— por generaciones. La prohibición se insertó en la vida de esas comunidades con la pretensión de cambiar sus actividades económicas y culturales, y actualmente son de los principales afectados por la disputa de los territorios y la persecución policíaca o militar a causa de la prohibición y el combate a la producción de amapola. Además son ellos quienes se llevan la menor ganancia en las cadenas de producción.

En el estado de Guerrero, con las zonas de mayor producción en México, han surgido iniciativas de ley a nivel local y federal que promueven la regulación y producción de amapola y sus derivados con fines medicinales. Sin embargo, por la falta de una visión crítica de la política de drogas esas iniciativas han quedado congeladas una y otra vez.

La amapola es una flor originaria de la zona mediterránea, estrechamente vinculada a la historia de la humanidad. El primer registro escrito que se tiene del uso del opio es en tablillas sumerias de alrededor del año 3,000 a.C. Desde entonces se ha sabido de los valores medicinales, terapéuticos y recreativos que tiene el opio. Distintas culturas lo adoptaron como una herramienta para el cuidado de la salud y como un bien cultural, lo que lo llevó a esparcirse por distintas partes del mundo.

En México se tiene registro del cultivo de amapola desde alrededor de 1880 en estados como Sinaloa. A lo largo de la primera mitad del siglo XX sus usos medicinales y recreativos eran aceptados y reconocidos, a tal grado que se podía comprar en las boticas; la heroína se adquiría como cualquier otro medicamento. Fue apenas en 1926 que se prohibió el cultivo y la venta de amapola.

En 1940 hubo un intento por regular principalmente la mariguana, cocaína y heroína que habían sido prohibidas en los años previos. El presidente Lázaro Cárdenas intentó implementar un modelo que integrara el abasto seguro a la sustancia para las personas usuarias con la desvinculación y debilitamiento financiero de quienes controlaban el tráfico para terminar con la corrupciónque invadía a las instituciones de gobierno. El gobierno de Estados Unidos presionó a México a través del Comité Central Permanente, creado a partir de la Convención del Opio de 1925, con sede en Ginebra, con un embargo a la importación de medicamentos que se levantaría en cuanto se derogara el Reglamento Federal de Toxicomanías que normaba el modelo, por lo que la política de regulación de drogas con perspectiva de reducción de daños sólo duró cinco meses en México. Desde entonces se han mantenido prohibidas con un modelo de persecución judicial.

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2017 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen, la producción de opio a nivel mundial ha ido en aumento constante y México es el tercer lugar en producción de amapola. Las principales zonas de producción de opio y sus derivados son Asia y América Latina —principalmente Afganistán, Myanmar y México— desde donde se abastece a los mercados europeo y estadounidense. Sin embargo, la producción de opioides sintéticos de origen farmacéutico para Estados Unidos ha aumentado considerablemente, al grado que hoy en día se considera que Estados Unidos vive una de sus peores crisis históricas de salud por el alza en el número de personas usuarias y sobredosis derivadas de la falta de información y la sobremedicación farmacéutica combinadas con la adulteración de la heroína y otras sustancias psicoactivas con opioides sintéticos de origen farmaceútico.

Frente a esta situación a nivel global y regional, la Comisión Global de Política de Drogas conformada por expresidentes de distintos países, artistas y empresarios reconocidos, así como exdiplomáticos de la ONU, ha manifestado la necesidad de incorporar en un sistema de regulación a la amapola y todas las sustancias derivadas, con fines medicinales y perspectiva de reducción de daños y derechos humanos. Para ello incluyeron diez recomendaciones en su informe El impacto negativo del control de drogas en la salud pública: una crisis global de dolor evitable de las cuales vale la pena destacar las siguientes:

• El llamado a los Estados y organismos internacionales a reconocer que más del 75 por ciento de la población mundial no tiene acceso a medicamentos para prevenir el dolor, en su mayoría opiáceos.
• La necesidad de que los Estados cumplan con su obligación de garantizar para su población el acceso a medicamentos controlados de acuerdo con el derecho al más alto estándar de salud alcanzable según la legislación internacional de Derechos Humanos.
• La invitación a reconocer que las políticas de drogas tienen un desequilibrio al enfatizar la prevención del desvío de sustancias controladas por encima de garantizar el acceso a los usos médicos de las mismas.
• La urgencia por quitar las barreras y asegurar el acceso universal a medicamentos controlados, basar las políticas de drogas nacionales en la salud pública y derechos humanos en vez de la justicia penal, además de formar a los profesionales y reguladores de la salud para el uso de dichos tratamientos.

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