Secesión mediante desobediencia en Cataluña, ¿primer paso de la ruptura con España?

Con casi diez votos de diferencia: 72 contra 63. Esta ha sido la distancia en la votación de la resolución que da inicio al proceso de ruptura de la comunidad autónoma de Cataluña con el Estado español.

No por esperada esta sesión parlamentaria ha dejado de producir reacciones airadas. En la bancada del conservador Partido Popular (PP) se han desplegado banderas españolas y catalanas y los diputados del partido de izquierdas Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) han mostrado carteles con la palabra "referéndum", mientras los electos que votaron a favor de la propuesta aplaudían.

Los resortes del estado han empezado a funcionar a toda máquina. El jefe del ejecutivo español, el popular Mariano Rajoy, ha anunciado que en el momento de la votación pediría un dictamen al Consejo de Estado para que avale el recurso de inconstitucionalidad que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC). Se espera que este tribunal convoque un pleno extraordinario y desactive la moción secesionista.

El grupo que lidera la oposición en el Congreso de España, el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha mostrado su apoyo al anuncio del presidente del PP a través de su secretario general, el economista Pedro Sánchez.

"Nosotros siempre hemos defendido que la desobediencia es un paso claro para cambiar leyes injustas, y con la desobediencia uno asume las consecuencias que eso comporta. Por lo tanto nosotros las asumimos todas, pues como no legitimamos al Tribunal Constitucional no le damos mucho recorrido", declara a VICE News Eulàlia Reguant de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), una formación de izquierdas que ha brindado su apoyo a la propuesta.

La Fiscalía General española estudia, entre otras opciones, la posibilidad de imputar un delito de conspiración para la sedición a los promotores e impulsores de la iniciativa. De determinar un tribunal el delito de sedición en un parlamentario la pena de prisión prevista iría de los 10 a los 15 años de privación de libertad y los mismos de inhabilitación.

"Hace muchos años que el Tribunal Constitucional se dedica a suspender cualquier iniciativa que vaya un poco más allá de aquellas pocas competencias que han estimado. Ha suspendido leyes y decretos que van contra los derechos fundamentales de la población, como puede ser el decreto de pobreza energética. Entendemos que hace falta obedecer la legalidad catalana desobedeciendo a este tribunal, que está respondiendo a criterios políticos y no a criterios jurídicos", sigue Reguant.

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A la situación actual se ha llegado después de una escalada de la tensión entre los gobiernos de Madrid y Barcelona que tuvo su punto de partida en 2006 con la aprobación de un nuevo Estatuto autonómico para Cataluña por parte del parlamento catalán, y el compromiso verbal del gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero para implementarlo.

Un Estatuto que nunca llegó a entrar en vigor porque el TC declaró inconstitucionales algunos de sus puntos tras una enmienda del PP. Este hecho provocó la primera gran movilización en Cataluña el 10 de julio de 2010. La llegada de los populares y Mariano Rajoy al Gobierno en noviembre de 2011 tensó aún más la cuerda entre ambas administraciones.

De pedir una mejor financiación para la región, la formación de centro derecha Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que gobernaba la autonomía ha pasado a abrazar las tesis independentistas como único camino para "tener un estado más justo". La falta de diálogo entre Madrid y Barcelona ha provocado que desde 2012 miles de catalanes se hayan echado cada 11 de septiembre (día nacional de Cataluña) a las calles a favor de la independencia. Unas manifestaciones donde la sociedad civil ha jugado un papel muy importante más allá de las formaciones políticas.

La CUP ha votado a favor de esta propuesta independentista junto a Junts pel Sí (JxS), un artefacto electoral impulsado por la conservadora CDC y la socialdemócrata Esquerra Republicana de Catalunya junto a otras formaciones y colectivos. Esta amplia coalición pretendía devenir un sustitutivo del referendo convocado el pasado 9 de noviembre de 2014, que hoy lunes cumple justo un año.

Entonces se denominó a la votación "proceso de consulta" como vía para eludir la suspensión del TC.

Aunque un análisis detallado del apoyo a la propuesta en términos cuantitativos añade más confusión a la sesión parlamentaria: se ha aprobado por dos partidos que contaron con el apoyo de 1,95 millones de personas en las elecciones del pasado 27 de septiembre (JxS y la CUP) frente a cuatro grupos que recogieron 1,97 millones de votos. La ley electoral española es proporcional, hecho que favorece la representación en la cámara de la autonomía de los municipios con menor peso demográfico.

Pero un matiz necesario: CSQP no se opone a la independencia, pues algunos de los sectores que integran el partido estarían en disposición de hacer campaña por la secesión si se convocara un referendo pactado.

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"Aquí se da por sentado que una minoría clara en votos y aprovechando una ley electoral del Estatuto de Sau del año 1979, que está absolutamente desfasada, se puede tener una mayoría de escaños. Pero con una mayoría de escaños paupérrima se pretende subvertir el ordenamiento democrático, pasar por encima del estatuto y de la Constitución", opina a VICE News Matías Alonso, diputado de Ciutadans, el segundo partido en número de votos y el primero que defiende el actual ordenamiento jurídico.

"Afortunadamente estamos en el siglo XXI y estamos en un estado social y democrático de derecho dentro de la Unión Europea, por lo tanto, los mecanismos del estado son más que suficientes. El desafío va a tener un recurrido nulo. Nosotros defendimos que ni siquiera debería haber seguido su curso el debate: el propio gobierno debería haber recurrido la adminisión a trámite de esta moción", sostiene el diputado, que tilda de "reunión informal la junta" de portavoces donde se tomó la decisión.

"Estoy convencido que el Consejo de Estado avalará la presentación de este recurso. Respecto a la posibilidad de que se pueda llegar a producir la intervención de alguna de las competencias de la comunidad autónoma catalana eso está en el ordenamiento jurídico español. Esto bebe de otras fuentes constitucionales de otros países de nuestro entorno: no es ningún anacronismo de la Constitución española. Es un simple mecanismo de defensa y de garantía de los derechos del conjunto de ciudadanos", acaba Alonso, quien se refiere al artículo 155 de la Carta Magna, que preveé la intervención de la autonomía.

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