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ESPAÑA

Preso en España y a cientos de kilómetros de los tuyos: ¿deben pagar también los familiares?

El caso de un recluso vasco condenado por sabotajes ilustra la política de dispersión que España y Francia aplican a presos vinculados con el independentismo. De telón de fondo sigue el debate del desarme y la reparación a las víctimas de ETA.

por Quique Badía
21 Enero 2016, 9:50am

Imagen por Javier Etxezarreta/EPA

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Jon Crespo tiene 38 años y décadas de prisión por delante. De forma sucesiva, varios tribunales le impusieron penas que, en total, sumaban 52 años de reclusión: entró en un centro penitenciario a los 24. Entre estas condenas no hay ningún delito de sangre ni hecho delictivo que implicara lamentar daños personales graves.

Pero a la pena de cárcel hay que añadirle, desde hace bien poco, un castigo suplementario: le trasladaron de centro el pasado viernes, y ni su familia ni sus amigos supieron dónde se encontraba hasta el pasado martes. Hacía más de una década que estaba en la prisión de Topas, en Salamanca, a 400 kilómetros de su casa. Desde ayer está en Murcia, a 800 kilómetros de su hogar.

"Eso es un castigo para la familia. Él va de una prisión a otra prisión. Todas las cárceles se parecen, pero quienes lo sufrimos somos nosotros", cuenta a VICE News por teléfono Antonio Crespo, el padre de Jon. "De 400 kilómetros que estaba, le envían a 800 kilómetros. ¿Pero a qué estamos jugando?", añade a este medio Mariví Ortega, su madre.

Su reclusión está sujeta a la llamada política de dispersión, una política penitenciaria excepcional que, desde 1989, encarcela a los presos vinculados por la justicia a organizaciones armadas lejos de sus entornos para garantizar su reinserción individual. Los gobiernos implicados entienden que la presión grupal de los colectivos de apoyo era un escollo para el arrepentimiento. No es el caso de Jon: entre sus condenas no está la de integrar un grupo terrorista.

Las organizaciones pro presos esgrimen el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que la reclusión debe hacerse efectiva en la cárcel más cercana a su hogar. Pero, el año pasado, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dio por acorde a derecho la política de dispersión española. Es una declaración sin efectos jurídicos, pero su dimensión política es notable.

La dispersión se aplica en España y en Francia, y el colectivo de presos vinculados al independentismo vasco son sus principales perjudicados.

Los familiares y amigos de los reclusos recorren una media de 700 kilómetros de carretera para visitarles: algunos hasta 1.200, y sólo de ida. Desde que se implantó esta política ha habido 16 muertes en carretera de personas que iban a encontrarse con sus seres queridos. Algunas veces, como en el caso de Jon, los visitantes se han encontrado con que el recluso había sido trasladado sin previo aviso una vez que ya habían hecho el viaje, explica a VICE News Urtzi Errazkin, hermano del convicto Ugaitz Errazkin.

La incertidumbre es una constante en los traslados de los reos. Mariví Ortega transmitió a este medio su congoja ante la imposibilidad de saber en qué centro se encontraba su hijo y si estaba bien. Las autoridades aducen a motivos de seguridad para evitar excarcelaciones.

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Contexto político y desarme de ETA

Aunque, de fondo, la organización armada secesionista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, que en euskera significa "País Vasco y Libertad"), sostiene desde 2011 un "cese definitivo de la actividad armada" sin condiciones, cómo se refirió al mencionado en un comunicado; un llamado proceso de desarme unilateral que cuenta con la supervisión de una Comisión Internacional de Verificación (CIV), formada por agentes implicados en otros procesos de desarme en Sudáfrica e Irlanda del Norte. Este desarme unilateral llega después de que la organización terrorista tenga 800 asesinatos en su haber.

Pero el gobierno español rechaza cualquier tutela internacional. "Para adquirir sus armas ETA no necesitó de verificadores. Si de verdad quiere desprenderse de unas armas, con la Guardia Civil y la Policía nos basta. No son los 'verificadores' los que derrotaron a ETA. No nos hace falta, con todos los respetos, porque los mejores son la Guardia Civil y la Policía", declaró el ex titular del Interior español, Jorge Fernández Díaz, el febrero de 2013 ante la iniciativa de desarme de la banda.

El conflicto tiene otras voces: las de las víctimas de ETA. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) sostiene a VICE News, a través de un email, que van "a exigir siempre la aplicación de la ley".

"En España, es el gobierno de turno quien tiene la potestad de decidir dónde cumplen sus penas los presos. El anterior gobierno estableció tres requisitos [para el acercamiento]: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista", explican fuentes de la organización.

Penas 'desproporcionadas'

Crespo fue detenido en 2002 acusado de integrar la denominada kale borroka, "lucha en la calle" en euskera. Periodistas y policías denominaron así a los combates callejeros que jóvenes independentistas protagonizaron, de forma especialmente intensa en los 90, en el País Vasco y Navarra. Tras la detención de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, se pasó de 86 casos de violencia en las calles en 1990 a 1.262 en 1996.

Fue entonces cuando se procedió a una reforma del Código Penal a finales de los 90 que el 16 de noviembre de 2000 se concretó en un endurecimiento de las leyes para combatir este fenómeno. Tras estos cambios legislativos la kale borroka no sólo se penaría por los daños materiales y físicos que pudiera producir, sino que se equiparaba al terrorismo.

En España se da una paradoja en la que un delito de este tipo conlleva una condena determinada si se da en una comunidad autónoma u otra o si está ejecutado por un colectivo determinado. La reforma del Código introdujo el componente de motivación ideológica por el que Crespo fue condenado a medio siglo de reclusión.

El abogado Endika Zulueta recordaba el pasado verano al periódico Diagonal que "tirar una piedra a una sucursal bancaria en Cádiz se considera una gamberrada, mientras en Rentería pasa a ser un acto terrorista".

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Denuncias de tortura

"En los interrogatorios me obligaban estar en posturas anómalas: con las piernas abiertas (todo lo que podía), la cabeza contra la pared y los brazos levantados. Los golpes eran patadas en los tobillos y rodillas, y con las manos abiertas en la cabeza. Así solíamos estar durante un buen rato", este es sólo un ejemplo de las torturas que Jon Crespo aseguró haber sufrido durante su detención.

Esta situación se habría dado al amparo de la llamada Ley Antiterrorista. En 1979, el Congreso de los Diputados español prorrogó el régimen de detención previsto por el franquismo en casos de terrorismo.

Tras sucesivas reformas, la norma que ha llegado a nuestros días y bajo la cual se detuvo a Crespo prevé una detención de cinco días sin ver a un juez y la incomunicación a un máximo de 13 días. Organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado varias veces esta ley, pero el Gobierno español siempre ha negado malos tratos sistemáticos bajo custodia policial.

Masiva movilización por el acercamiento

El primer fin de semana de enero decenas de miles de personas pidieron en Bilbao, y Bayona, al otro lado de la frontera estatal, el fin de la política de dispersión.De entre los presentes cupo destacar la presencia de Rosa Rodero, viuda del sargento de la policía autonómica asesinado por ETA en 1993, Joseba Goikoetxea.

"Estamos pidiendo unas cosas que son normales, el acercamiento de los presos, algo que está en la ley penitenciaria y no hacemos ningún mal por reivindicarlo", declaró Rodero el día de la concentración. Su postura ilustra una voluntad de reconciliación entre partes de las sociedades española y vasca que, aunque minoritaria, empieza a abrirse camino en este estado del sur de Europa.

El debate está servido. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, se dirigió a Rosa Rodero mediante una misiva publicada en un medio digital: "No me acuesto ni un solo día sin preguntarme si he estado a la altura de la batalla de principios que lidiaron tu marido, mi hermano y tantas víctimas del terrorismo. A ellos les costó la vida. Yo pelearé por que no nos cueste la dignidad".

COVITE entiende que la disciplina y la obediencia de los reclusos vinculados a ETA a las directrices de la organización es la única responsable de esta lejanía de sus hogares: "En sus manos, y no en las del resto de la sociedad, está revertir su situación", declaran tajantes fuentes del colectivo a VICE News.

En 2016 se cumplirán 5 años de cese de la violencia de ETA, los familiares de los presos aseguran que no se ha dado el visto bueno a ninguna petición de acercamiento. Hoy hay más de 400 reclusos en prisión por causas relacionadas con este conflicto.

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