Así persiguen ultracatólicos y gobierno español a las asociaciones de planificación familiar

"Sancione a la Federación de Planificación Familiar Estatal por publicidad ilegal de Fármacos". "Quiero que sepa que la FPFE es parte de un entramado internacional de promoción del aborto llamado Planned Parenthood, que está siendo investigado en Estados Unidos por traficar ilegalmente con los órganos y tejidos de los fetos que aborta en sus centros". "¿Crees que promover el aborto y sus 'clínicas' es una actividad de utilidad pública? Hoy el Ministerio del Interior ha premiado a la filial de Planned Parenthood con ventajas fiscales por realizar estas 'tareas'?"

Son algunas de los mensajes aparecidos en las redes sociales y en diferentes campañas de recogida de firmas organizadas desde hace casi un año por la Asociación de Abogados Cristianos, que se define como una entidad contraria al aborto que califica la vigente Ley de plazos como "la Cultura de la Muerte".

Todos los comentarios se refieren a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), una entidad española sin ánimo de lucro que lleva casi 30 años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional e internacional, que coordina varios centros jóvenes de anticoncepción en varias ciudades y a la que hace apenas un mes el Ministerio del Interior le revocó la condición de utilidad pública que acababa de concederle tras admitir un recurso de la propia asociación de letrados cristianos.

El gobierno en funciones argumenta que tomó la decisión al saber que la Federación había "ocultado" durante el proceso de petición de declaración de utilidad pública que había sido sancionada por la Comunidad de Madrid por una deficiencia en la publicidad de medicamentos, según señala a VICE News una portavoz del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Para los abogados cristianos la revocación supone una victoria y para la Federación es un capítulo más en la campaña emprendida en todo el mundo por los sectores ultraconservadores contra los derechos sexuales y reproductivos y las entidades que los defienden y que siente un precedente que les preocupa mucho.

"No es algo que está ocurriendo solo en España sino que también lo estamos viendo en EEUU y en más países europeos [recientemente en Polonia lo grupos anti elección han promovido una campaña para restringir aún más el acceso al aborto] y el problema es que aquí está surtiendo efecto", explica a VICE News Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE, en relación a la resolución del gobierno.

El que una asociación sea declarada de utilidad pública — competencia de Interior — supone para la entidad que puede beneficiarse de ciertas exenciones fiscales, como el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, o acceder a ayudas económicas que de otra manera es imposible. "Es una llamada de atención muy importante porque está diciendo a otras entidades que también pueden ir contra ellas y con ello empezar a eliminar programas de prevención o educación sexual", reflexiona Sánchez.

La primera recogida de firmas impulsada por la asociación de abogados contra la Federación se produjo en agosto pasado coincidiendo con la campaña iniciada en EEUU por grupos ultra católicos contra Planned Parenthood, una organización que tiene más de 800 centros por todo el país que ofrecen anticoncepción, atención a la salud sexual de cerca de siete millones de mujeres sin recursos y donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, salieron a la luz unos vídeos, que luego se demostró que eran un montaje, en los que se les acusaba de lucrarse con la venta de tejidos fetales.

"Así es como los desalmados de Planned Parenthood buscan conseguir órganos, músculo, tejidos y huesos de los bebés abortados para luego venderlo. Y nosotros hemos denunciado a la filial de Planned Parenthood en España, la Federación de Planificación Familiar Estatal, por publicidad ilegal de fármacos", describía la asociación cristiana en su primera campaña, que logró reunir cerca de 7.000 rúbricas.

Tras la denuncia de los abogados, la Comunidad de Madrid multó a la Federación con una sanción leve de 1.500 euros, y no de 600.000 como deseaban los letrados cristianos. La multa se produjo después de que la FPFI colgara en su página web varios números de su revista Diálogos, en la que se publicitan anticonceptivos. La publicación está destinada al colectivo médico, entre el que sí se permite la publicidad de medicamentos que requieren receta, pero al subirse los ejemplares a la página quedó a la vista del público en general durante un mes.

Tras la notificación de la sanción, la Federación "subsanó" el error, que se produjo en mitad del proceso de solicitud de utilidad pública a Interior, y es el argumento que ahora ha utilizado el departamento que dirige Fernández Díaz para aceptar la revocación.

En noviembre del año pasado, los abogado cristianos iniciaron una nueva campaña de recogida de firmas para que los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Empleo y Seguridad Social elimine las subvenciones a la Federación. Argumentan que es una entidad "filial" de Planned Parenthood, "que trafica con fetos humanos", y que fue sancionada por "llevar siete años financiándose con publicidad ilegal de fármacos con prescripción médica".

La realidad es que la Federación, tal como acreditó Sanidad en el informe que envió a Interior para declarar a la entidad de utilidad pública, es una asociación sin ánimo de lucro, por lo que no se financia por la publicidad y la sanción fue por el mes que las revistas estuvieron colgadas en la web.

El 7 de mayo, al día siguiente de que el Boletín Oficial del Estado publicara la declaración de utilidad pública de la Federación, la asociación de letrados cristianos puso en marcha la campaña para pedir a Interior que revocara su decisión. Su argumento: "La promoción del aborto no es utilidad pública". Ese mismo día también envió el recurso de reposición al departamento de Fernández Díaz. La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellano, niega a VICE News la existencia de una campaña por parte de su entidad contra la Federación. "No tenemos nada en su contra, nosotros solo hacemos campaña contra el aborto", señala.

A la Federación no solo le sorprende la rapidez con la que el ministerio ha resuelto la revocación -apenas 20 días desde que recibió el recurso de la asociación de los letrados cristianos en un proceso que suele llevar más tiempo porque deben intervenir todos los ministerios competentes y los plazos de alegaciones son mayores- sino que también le llaman la atención los argumentos empleados en Interior para admitir a trámite el recurso.

"Ellos no están legitimados en el proceso porque ni son parte en él ni están afectados y nuestros argumentos y jurisprudencia es la misma que usándola Abogacía del Estado para rechazar los recursos frente a otras resoluciones de declaración de utilidad pública", explica a VICE News el abogado de la FPFE, Padua Ortiz.

En la resolución que revoca esta condición a la entidad, el Ministerio del Interior argumenta, sin embargo, que la Asociación de Abogados Cristianos está "legitimida" para presentar el recurso en tanto que en sus fines "figura específicamente la defensa y la protección de la vida humana, de la concepción a la muerte natural". Y continúa: "[…] la publicitación [sic] ilícita de determinados medicamentos anticonceptivos contraviniendo la normativa reguladora de publicidad de medicamentos de uso humano puede suponer un riesgo para la vida humana".

El departamento que dirige Fernández Díaz, hombre de convicciones religiosas muy conservadoras y que durante la pasada legislatura [llegó a imponer una medalla al mérito policial a una virgen](llegó a imponer una medalla al mérito policial a una virgen ), equipara con estos argumentos las píldoras anticonceptivas con la abortiva, completamente diferentes, como acredita la OMS, pero son los mismos razonamientos que siempre emplean los grupos anti elección y más conservadores para oponerse al uso de métodos para prevenir embarazos no deseados.

La Federación, que ya prepara el recurso contra la decisión de Interior, cree que su decisión también tiene ver con una "concesión" a los votantes más conservadores del PP a las puertas de unas nuevas elecciones. "El gobierno no aprobó la ley del aborto que ellos querían y le han criticado mucho or ello, así que ahora os damos esto", señala el presidente refiriéndose así al proyecto de ley presentado hace dos años por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y que pretendía eliminar la ley de plazos pero que tras la gran oposición que hubo en las calles el ejecutivo lo decidió retirar.

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