Mientras hablamos de Catalunya, a Bárcenas le han perdonado años de cárcel

Mientras discutías en el curro sobre si los que recorrieron ayer Barcelona eran la Catalunya silenciosa o afiliados al PP y VOX de otras ciudades de España, a Bárcenas le rebajaban tres años la pena de prisión.

Mientras conjeturabas sobre la posibilidad de que mañana Puigdemont declare la independencia o googleabas la cronología del Estatut para saber cómo hemos llegado hasta aquí, se confirmaba la acusación al Partido Popular como presunto responsable civil de la Trama Gürtel.

Y es que el mundo sigue girando. Siguen pasando cosas fuera de Catalunya. Cosas como que el juicio a la Gürtel, uno de los más largos de la Historia de España, haya entrado en su recta final. Tras más de un año de vista oral que nos ha dejado momentazos para el recuerdo como la declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional, hoy la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado la petición de penas definitiva para el núcleo duro de esta corruptela.

A la espera de que el miércoles las defensas de los acusados anuncien sus peticiones, la Fiscalía ha seguido fiel a sus propuestas, aunque con algunas modificaciones: a Bárcenas se le piden 39 años de prisión en lugar de los 42 a los que se le quería condenar inicialmente, a su mujer, Rosalía Iglesias, también se le ha rebajado la pena en 3 años y López-Viejo ha logrado que se le retire un delito contra la Hacienda Pública gracias a su cooperación con la Justicia (sus confesiones, vaya). El que no se libra es Correa: siguen pidiendo para él 125 años de cárcel.

El Partido Popular, por su parte, continúa siendo acusado por su papel como presunto responsable civil a título lucrativo en la trama de corrupción, y también la exministra de Sanidad, Ana Mato, a la que se acusa de haberse beneficiado de más de 28.000 euros en concepto de regalos y servicios turísticos del Ayuntamiento de Majadahonda.

Tras las peticiones de la defensa el próximo miércoles 11, se prevé que los informes definitivos saldrán a la luz el 23 de octubre, día en el que los acusados tendrán que acudir al Juzgado. Y, teorías conspiranoicas aparte, resulta curioso que en Génova estén demasiado ocupados luchando por la indivisibilidad de la patria como para rendir cuentas por esos más de 40 millones de euros que, según la Fiscalía, han sisado durante años.